Alberto Yelmo: «El sistema antidopaje español ha hecho que el dopaje no sea punible»

En pocos medios como en Jot Down Sport se ha puesto de manifiesto el desastre que es antidopaje en España. El marchador Álvaro Martín denunció que era «para echarse a llorar», mientras que el abogado especializado en antidopaje Alberto Yelmo (Madrid, 1986) denunciaba en sus columnas el escándalo que acaba de estallar; un escándalo nacional, pero que ha sido provocado por la Agencia Mundial Antidopaje. En España hay que hacer una seria reflexión en esta materia y los dos partidos que se turnan en el poder tienen muchas actuaciones y nombramientos que analizar y explicar. Por lo pronto, aquí tratamos que Yelmo explique al detalle las irregularidades que se han cometido en esta última etapa. 

¿Qué ha pasado con el sistema antidopaje en España?

Es año olímpico y desde hace bastante tiempo se venía oyendo la voz de muchos deportistas españoles sobre la situación del antidopaje, casi siempre en relación con positivos en pasaporte biológico que pasa el tiempo y no aparecen sancionados oficialmente. De mantenerse esta situación los positivos, cinco según un comunicado reciente de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), van a prescribir haciéndose imposible su sanción, que ya de por sí es poco eficaz porque llegaría muy tarde. 

La Agencia Mundial Antidopaje ha intervenido.

Sí, el 5 de enero. La Agencia Mundial Antidopaje emitió un comunicado muy duro sobre la organización nacional antidopaje de España, la Celad, anunciando que en 2023 nos despojó de tres casos de pasaporte biológico que estarían en la Unión Ciclista Internacional y la Federación Internacional de Atletismo desde el mes de julio. Mientras tanto, la CELAD, por orden de la AMA, acaba de resolver dos positivos más que guardaba desde noviembre de 2019 y febrero de 2020 sin tramitar como expediente sancionador, pero cualquier sanción ahora ya sería inútil. Todos estos años han estado compitiendo como si esos positivos no existiesen. 

¿Y desde dentro?

El Consejo Superior de Deportes también emitió un comunicado el mismo día manifestando que no se puede consentir la más mínima sospecha o duda en relación con la lucha contra el dopaje y anunció una revisión del funcionamiento interno de la Celad en aras del máximo control y transparencia. Desde el principio el CSD ha subrayado su total predisposición a colaborar lealmente con la Agencia Mundial Antidopaje, en un proceso complejo que va a llevar un tiempo.

¿Se podía prever lo que ha sucedido? 

El comunicado de la Agencia Mundial Antidopaje no es una acción imprevista, durante varios meses la AMA venía detectando problemas en España relacionados con los controles antidopaje y la gestión de los resultados positivos. Finalmente han decidido hacer público que son conscientes de problemas profundamente arraigados en el sistema antidopaje español que hay que corregir.

¿Desde cuándo? ¿Hay un antes y un después de los Juegos Olímpicos de Barcelona en materia de dopaje en España?

No necesariamente antes y después de Barcelona, aunque en España hay obsesión desde el Estado por superar las medallas de aquellos Juegos. Creo que sobre todo hay un antes y un después en 2013, que es cuando la agencia antidopaje, actualmente llamada Celad, antes Aepsad, absorbe todas las competencias en materia de control y sanción del dopaje en el deporte. Desde ese momento ya no son las federaciones deportivas y la comisión de control y seguimiento del Consejo Superior de Deportes los que se ocupan de la lucha contra el dopaje, sino una agencia pública independiente, a la que en 2022 curiosamente vuelve a llamarse comisión, como en el sistema previo a 2013, que ahora tras mucha lucha se va a dejar atrás definitivamente. 

¿Y qué supuso ese cambio?

Pues supuso eso, sobre todo que haya una agencia antidopaje propiamente dicha que absorbe todas las funciones en materia de control y sanción del dopaje y ya no son las federaciones las que tienen que sancionar a sus propios deportistas, que eso a veces creaba conflictos de intereses porque, claro, las federaciones dan servicio de todo tipo a los deportistas, lo cual podía resultar incompatible con la sanción de conductas irregulares como el dopaje. Una agencia antidopaje autónoma e independiente, sin embargo, sí puede cumplir esta función pública sin que otros intereses entren en juego.

Entonces ahora se supone que la situación tendría que haber estado mejor.

Ahora la situación orgánicamente debería estar mejor, pero el presidente del Consejo Superior de Deportes no puede ser al mismo tiempo el presidente de la Celad, esto debería modificarse, ahí hay un problema de base. Luego, lógicamente, depende de quién dirija la Celad, qué intervención del Consejo Superior de Deportes tenga, si realmente funciona de forma independiente o es un organismo más dentro del CSD. Pero orgánicamente está mejor. 

¿Y en la práctica?

En la práctica la agencia antidopaje desde 2013 ha pasado por dos etapas muy diferentes coincidiendo con sus tres directores principales. Ana Muñoz y Enrique Gómez Bastida entre 2013 y principios de 2017 y el doctor José Luis Terreros desde entonces. En 2016 la Agencia Mundial Antidopaje declaró a España en incumplimiento porque el legislativo no aprobó a tiempo la ley antidopaje. Y Gómez Bastida fue relegado de la dirección de antidopaje justo cuando se iba a cerrar judicialmente la Operación Puerto, que él mismo había dirigido y conocía bien. 

Esa declaración de incumplimiento de la AMA en 2016 y lo que realmente se ha conseguido con ella, que es volver al pasado en antidopaje, da mucho que pensar. En ese momento, además de la AMA entró en acción el entonces secretario de Estado para el deporte José Ramón Lete, que cesó a Gómez Bastida, un policía, y nombró a Terreros, un médico que llevaba en el Consejo Superior de Deportes desde el año 2009, un hombre de la casa.

La cuestión es simple: ¿hay un interés del Estado por encubrir el dopaje o lo ha habido?

En principio…

¿Es una acusación pertinente?

Esa acusación es sensible. En principio el Estado tiene un interés en luchar contra el dopaje y sancionar las infracciones, porque así lo dicen los estatutos de la Celad, pero la agencia antidopaje es un organismo público que, como cualquier otro, puede torcerse en un momento dado. 

¿Qué pasa entonces?

Que a determinados niveles deportivos o con determinados deportistas puede haber cierto interés en no exponerlos públicamente, mantener determinados positivos a espaldas de los aficionados, sin sanción oficial, tanto positivos analíticos de toda la vida que se detectan en los laboratorios antidopaje, como positivos en pasaporte biológico analizados por unidades especializadas de la Agencia Mundial Antidopaje. Se dice que esto, no tramitar determinados positivos, se ha hecho por prudencia, sin intención de ocultarlos, pero si hubiese sido así tampoco se reconocería públicamente.

Entonces ahí sí puede haber un cierto conflicto si el Estado considera que merece más la pena ocultar esos positivos por el nivel del deportista que sancionarlos y divulgarlos públicamente.

Si se hace o no se hace con esa intención ya es una conclusión de cada cual. Puede haber una sospecha, pero no está acreditado ni hay todavía una resolución judicial que diga que los métodos empleados para no sancionar eran, no solo irregulares, sino arbitrarios. Eso es lo que la Fiscalía General del Estado y el Consejo Rector de la Celad están estudiando. 

De momento, la Agencia Mundial Antidopaje está investigando los casos pendientes y la no tramitación o dilación de la sanción que ha afectado a varios positivos. Los hechos más graves ya han sido enviados por el Consejo Superior de Deportes a la Fiscalía General del Estado, lo que evidencia la gravedad de la situación. A partir de ahora se iniciarán procedimientos administrativos y judiciales que pueden ser complejos y largos, así que hay que ser pacientes. 

Hoy, para poder sancionar positivos necesitaríamos el reglamento del pasaporte biológico, ¿no?

Sí.

¿Y por qué no lo tuvimos a tiempo?

La Celad recomendó no hacerlo porque supuestamente podría crear un obstáculo para la aplicación del Código Mundial Antidopaje en España, pero la realidad es la contraria. A finales de 2017 empezaron a conocerse algunos resultados con los que se podría incoar expedientes por pasaporte biológico. Aunque el reglamento ya estaba elaborado, se paró su tramitación y no se envió al Consejo de Ministros. 

Esta decisión seguramente no se explicó bien a la Agencia Mundial Antidopaje, porque favorece a los infractores. En 2023, la propia Audiencia Nacional, ajena al Gobierno, ha tenido la oportunidad de pronunciarse al respecto y como se esperaba ha confirmado que el reglamento del pasaporte biológico es necesario y estaba pendiente de ejecución desde 2017. El pasado mes de noviembre de 2023 se aprobó finalmente, pero hasta cinco o seis positivos han visto dilatada su tramitación y su sanción durante años, que es lo que motiva la intervención de la Agencia Mundial Antidopaje.

Y no se pueden decir los nombres de los deportistas.

Correcto, al no haber una sanción oficial en España el nombre de los deportistas detrás de los cinco o seis casos, o los que sean realmente, bajo investigación de la Agencia Mundial Antidopaje no puede aparecer en ninguna lista de sancionados por dopaje, en el registro público de la Celad que precisamente se denomina Sanciona2. 

Ahí no están ninguno de los casos por pasaporte biológico señalados por la AMA el pasado 5 de enero. Extraoficialmente, se han filtrado a los medios de comunicación dos nombres de atletas de la Real Federación Española de Atletismo en una estrategia por trasladar el foco de la sospecha hacia los atletas españoles en su conjunto. 

Dos expedientes que se incoaron en julio de 2023 y que se han resuelto y divulgado públicamente muy rápido, en unos meses, pero con eso no se logran tapar las irregularidades en antidopaje, más bien evidencia que podían guardarse positivos durante años sin consecuencias.

¿Y qué es esto de que el número de esos positivos ha ido bailando con el tiempo?

Bueno, como el número de positivos se ha ido ofreciendo realmente a través de los medios de comunicación más que a través de datos oficiales…

Se ha ido filtrando, ¿no?

Se ha ido informando, justo, como si al hacer visible la existencia de positivos sin sanción, cuatro, cinco, seis… desapareciese la irregularidad. Al principio, a finales de 2017, simplemente se dijo que ya había datos que podían dar lugar a procedimientos sancionadores, luego se habló de media docena de casos, hubo otro periodista que dio la cifra de ocho positivos entre ciclistas y atletas, posteriormente se ha dado otra cifra que es cuatro. 

El propio director de la Celad habló de cinco o seis casos en suspenso en una entrevista ya de forma muy directa en enero de 2022. Desde entonces nunca se ha vuelto a hablar de media docena ni de seis casos, sino de cinco, que es el dato que actualmente maneja la Agencia Mundial Antidopaje. Lo único que se sabe oficialmente es que dos casos corresponden a expedientes incoados y suspendidos el mismo día en 2019 y que tres casos han sido trasladados a las federaciones internacionales el año pasado. Más los dos casos que acaban de recoger los medios de comunicación, que se incoaron en julio de 2023 y esos ya sí están resueltos, aparentemente sin sanción por una cautelar.

Para quien no lo sepa, ¿qué es el pasaporte biológico?

El pasaporte biológico es una herramienta de control del dopaje, es una herramienta estadística que se nutre de los datos que se obtienen de las muestras tomadas a los deportistas a lo largo del tiempo, de orina y sangre. Una vez que se incluyen esos datos en esta herramienta informática el sistema determina si el deportista ha utilizado métodos dopantes, sin dar positivo en una sustancia prohibida concreta, que muchas veces es difícil detectarla. 

Esta herramienta de la Agencia Mundial Antidopaje arroja un resultado completamente fiable de forma que si no hay dopaje el deportista se mantiene en sus valores medios habituales. Cuando se utiliza un método dopante salta la desviación y una serie de expertos evalúan si estamos ante un resultado adverso, un positivo en términos coloquiales.

¿Eso salta en Lausana?

Bueno, salta en varios laboratorios porque hay varios que tienen una unidad especializada en pasaporte biológico, pero en el caso concreto de España ha saltado en el laboratorio de Lausana porque entre 2017 y 2021 la unidad de evaluación de los pasaportes españoles fue la del laboratorio de Lausana, en Suiza. 

En 2022 la Celad, antes de la actual investigación de la AMA, decidió cambiar de unidad y se elige para ello a la de Barcelona, es decir, traemos a España el análisis de nuestros propios pasaportes. No se conoce que desde 2022 tengamos ningún positivo por pasaporte biológico, pero podría haberlo. 

Sería una cuestión a analizar porque la unidad de evaluación de Lausana estaba funcionando bien, aunque la mayoría de los positivos no se tramitaban o se suspendían el mismo día. 

Una casualidad…

Sí, de momento, a ver, es llamativo, pero también haría falta preguntar al laboratorio de Barcelona qué número de adversos en pasaporte biológico está dando desde que se ocupa de la evaluación de los pasaportes españoles. La memoria anual de la Celad debería recoger este dato, el número de resultados adversos en pasaporte biológico al año, para comprobar si los mismos se tramitan y desembocan en sanciones oficiales o no. Y cómo de eficaz es el laboratorio de Barcelona en comparación con el de Lausana u otros. Esta transparencia sería beneficiosa para el sistema antidopaje.

¿Se está utilizando esta falta de reglamentación por la Agencia Antídopaje para no sancionar positivos en pasaporte biológico?

Sí, se ha utilizado esta falta de reglamentación y también a la Agencia Mundial Antidopaje para retrasar la sanción de varios positivos, supuestamente porque el Código Mundial establece un periodo de prescripción de diez años, así que no habría prisa por sancionar. Se ha jugado con este margen, que es muy amplio, pero que no puede utilizarse para decidir cuándo se tramita y sanciona un positivo, porque la ley establece que debe hacerse tan pronto como se conoce y sin superar los doce meses de tramitación, para que la sanción sea útil y eficaz. 

A la Agencia Mundial Antidopaje se le convenció para que recurriese ante los tribunales españoles el caso de un deportista menor, entre 2019 y 2023, y ese recurso judicial se ha utilizado en la práctica para suspender la tramitación de otros positivos durante varios años, hasta ahora que interviene la AMA. Este tipo de movimientos son muy sospechosos porque lo que hay detrás, lo que se genera, son positivos sin tramitar o sancionar.

¿Entonces has visto retiradas sospechosas que se pueden interpretar como causas de positivos encubiertos?

¿Hay algo, no?

Todo llevado sin ningún tipo de transparencia.

Ninguna transparencia. Transparencia sería publicar esos seis adversos opacos a través de la correspondiente sanción, que es de cuatro años, en el portal de la Celad, Sanciona2, y que las federaciones internacionales publicasen también esos nombres en sus listas. Mientras tanto, es imposible saber qué deportistas están detrás de los positivos en pasaporte biológico, porque no hay transparencia y no se debe especular. 

Se han opacado durante varios años aunque para justificarlo ahora se utilice una sentencia judicial cuyo resultado en 2023 ya era conocido desde que se inició el procedimiento en 2019. La propia Abogacía del Estado alegó desde el principio, para lograr la inaplicación del pasaporte biológico en España, que desde 2017 no se había reglamentado, señal inequívoca de la trascendencia de esta irregularidad y que ya entonces debió encender las alarmas de la AMA. 

Su recurso judicial ha permitido a la Celad la suspensión de varios casos positivos durante años, pero ahora, a unos meses de los Juegos Olímpicos de París, han saltado.

Se ocultan por este círculo vicioso de que no hay reglamentación para sancionar, que el gobierno no la hace, los jueces… ¿Cuánto tiempo puede pasar para que antidopaje borre todo lo de 2017 a 2021, diez años?

Sí, el periodo de prescripción es de diez años. Lo que hizo la Agencia Mundial Antidopaje en este caso menor de pasaporte biológico, conocido como caso Ibai Salas, fue recurrir contra la Celad al Tribunal de Arbitraje Deportivo de Lausana, al TAS, donde sí se impuso la sanción prevista en el Código Mundial Antidopaje. 

Seguramente la AMA ahora coja todos los casos que evidentemente no corresponden a Ibai Salas, al menos los cinco que señala en su comunicado, y garantice su sanción a través de las federaciones internacionales y el TAS, aunque el objetivo fundamental parece que es lograr un cambio estructural en la agencia antidopaje española.

Otra cuestión que has puesto de manifiesto es la inmensa cantidad de defectos que se estaban produciendo en los procedimientos de control. 

Sí, comencé a verlo en 2018, tras reincorporarme a mi trabajo como abogado asociado en un despacho de Madrid. Estando ya pendiente de otro tipo de casos tras una etapa de varios años en antidopaje, recibí una llamada en nuestro despacho de un deportista amateur perseguido por José Luis Terreros. 

Se le habían abierto dos expedientes, uno en 2017 y otro a mediados de 2018, justo antes del verano, y la apertura de este segundo expediente se acababa de filtrar a dos medios de comunicación. Todo bastante extraño. Pero gracias a la publicidad que se dio a este caso aparentemente intrascendente retomé el contacto con antidopaje antes de tiempo, desde fuera del sistema, y comencé a analizar qué podía estar pasando y a descubrir irregularidades muy graves en los procedimientos de control que podrían utilizarse para parar los positivos incluso de oficio, mientras que en otros casos como el que tenía encima de la mesa se habían intentado ocultar de forma muy flagrante. 

Estas irregularidades parecían un método para sancionar o no sancionar a los deportistas según el caso y decidimos involucrarnos más en la investigación, por si no era un caso aislado. 

¿Y cuáles son los métodos que se emplean? 

El más significativo era la ausencia de un segundo agente en los controles a los deportistas. Este requisito legal, vigente desde 2009, estaba incluido por el propio departamento de control del dopaje de la Celad en un trámite de revisión para pasar o no al procedimiento sancionador. 

Y aun así se siguieron haciendo de esta forma, con una sola persona habilitada como agente de control, a pesar de que en la propia Celad se estaban archivando positivos por esto, mientras que otros positivos, ante la misma anomalía, se tramitaban e incluso se sancionaban. Todo esto está bajo investigación porque este sistema es arbitrario, si unos positivos se tramitan y otros no ante idénticas circunstancias. 

Y la empresa prestadora del servicio los cobraba…

Se abonaban con fondos públicos a la empresa que se ahorraba el coste del segundo agente, a pesar de que este defecto se utilizaba repetidamente para no tramitar los positivos. 

En 2022 ya no se pagaron más estos controles, porque no tramitar positivos por esta razón bueno, está bajo investigación de la Agencia Mundial Antidopaje y la Fiscalía, pero utilizar fondos públicos entre 2017 y 2021 dirigidos a la empresa privada que realizaba esta práctica parece lo más grave. 

El comunicado público de la dirección de la Celad en su propia defensa es preocupante, al mismo tiempo que se dice que no se tramitaban positivos porque no había dos agentes en los controles se reconoce que se abonaron con fondos públicos y que solo en 2022 cesaron estos pagos, supuestamente por una sentencia de diciembre de 2021, cuando la normativa nacional está vigente desde 2009 y se incluye en todos los contratos de adjudicación desde que España retomó la situación de cumplimiento en marzo de 2017.

¿Quién debía controlar estas prácticas?

Según los pliegos administrativos, era el jefe del departamento de control de la Celad el que debía garantizar el cumplimiento de la normativa por la empresa Professional Worldwide Controls y otras empresas adjudicatarias, pero toda la dirección de la Celad, mediante este comunicado el 10 de enero de 2024, ha manifestado estar al tanto de que los controles con un solo agente se hacían y se abonaron entre 2017 y 2021, en 2022 ya no. 

El 14 de marzo de 2019, mucho antes de la sentencia de diciembre de 2021 tan citada por José Luis Terreros durante los últimos días, la propia Celad ya archivó un positivo por esta cuestión, sin entrar a valorar si era dopaje, si había algún tipo de causa médica, nada, lo que acredita que era una decisión propia según el caso.

¿Esta era la única irregularidad tipo? 

No, otra irregularidad era la cadena de custodia, por ejemplo, que no estaba firmada por los agentes de control o no se documentaba la recepción de las muestras en el laboratorio. Esta irregularidad también estaba recogida en el propio formulario de revisión de casos adversos del departamento de control del dopaje de la Celad y aun así se repetía. 

Y otra, la caducidad, que consiste en dilatar un expediente y la notificación de la sanción durante más de doce meses, lo que lleva a su anulación sin sanción real. Si posteriormente no se abre un nuevo expediente y se tramita correctamente dentro del plazo previsto legalmente el positivo queda impune, pero a efectos de la Agencia Mundial Antidopaje puede parecer que se ha tramitado un expediente y que el caso está cerrado de forma regular. 

Esto ha sucedido al menos en dos ocasiones. Transparencia ha obligado al director de la Celad a proporcionar información pública sobre esta práctica, repetida al menos en dos casos. Hay varias gateras por las que se han estado escapando los positivos.

¿Así se está comportando la Celad? 

Todos estos casos están a disposición de la Agencia Mundial Antidopaje. Hay resoluciones de la Celad, del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) y de los tribunales españoles, en las que hay prueba de todas estas irregularidades y de su resultado, la impunidad de los positivos en España y el incumplimiento del Código Mundial Antidopaje. 

Aunque estos hechos se nieguen públicamente hay traza documental de todo ello a disposición de la AMA, de la Fiscalía y del Consejo Rector de la Celad. No son fantasías ni malas interpretaciones, se acaban de conocer dos casos positivos más de noviembre de 2019 y febrero de 2020 no tramitados hasta julio de 2023. Esto está ocurriendo en la agencia antidopaje española y no es ningún invento de nadie, es la realidad.

¿Cómo podríamos describir este comportamiento? Como realmente extraño, ¿no?

Para mí es un comportamiento irregular, esa es nuestra tesis. Aparte es extraño que pase tanto tiempo sin que ningún mecanismo de control haya alertado de ello, y también es irregular que si la ley establece que en doce meses se tiene que haber incoado, instruido, resuelto y notificado la sanción correspondiente, se haga después. 

Si se deja pasar el tiempo, pues hombre, se beneficia al infractor, como no reglamentando el pasaporte biológico o no haciendo los controles de acuerdo con la normativa. Son métodos para no sancionar heredados del pasado. 

¿Y no hay manera de saber quiénes son los positivos ocultos?

No se sabe quiénes son los deportistas porque las resoluciones que se proporcionan al ciudadano a través de Transparencia, donde se ven estas irregularidades, son anonimizadas, es decir, sin el nombre del deportista, porque el ciudadano no tiene derecho a conocer al deportista infractor si no ha sido sancionado oficialmente, pero sí tiene derecho a conocer cómo funciona la agencia antidopaje y bajo qué parámetros actúa. 

El administrado no debe acceder a datos personales, solo a los documentos realizados por la Celad en el ejercicio de funciones públicas, como la sanción del dopaje en el deporte, para controlar su actuación. Esto sí está amparado por Transparencia.

¿Y cuántos deportes abarca esto? ¿De qué amplitud podemos hablar?

Podemos hablar de cualquier deporte. Uno de los casos de caducidad es en esquí náutico, imagínate. A veces públicamente se ha intentado decir que me he centrado en el atletismo, pero no es cierto, he visto irregularidades en otros deportes como ciclismo, esquí náutico, fútbol, o sea, en cualquier deporte. 

Los casos existentes en atletismo, teniendo en cuenta que el presidente de la federación es además consejero de la Celad, pueden ser más llamativos, también porque es el deporte rey de los Juegos Olímpicos y porque hay varios casos por diferentes infracciones que han acabado en nada, por lo que no parece algo casual. Pero hay más deportes.

¿En fútbol qué situación había? ¿Había varios futbolistas que habían dado un positivo pero no se sabía nada de ellos?

Sí, en fútbol hubo más de una decena de positivos entre 2017 y 2021. Es un dato oficial comunicado públicamente por la propia Agencia Mundial Antidopaje. Hacen una memoria anual donde se ven los positivos por deporte de todos los países y salía que España tenía varios positivos en fútbol. 

Al preguntar a la Celad a través de Transparencia qué ha pasado con estos positivos se indicó que solo uno había dado lugar a un expediente sancionador, el resto no por «justificación médica». Toda esta información pública ayuda a entender mejor el sistema, lo que puede estar pasando y cómo se habría logrado evitar los controles de la AMA durante tantos años.

¿La justificación médica es el famoso TUE?

El famoso TUE es una autorización de uso terapéutico previa a la utilización de una sustancia dopante, pero en la respuesta que yo recibí sobre los positivos en fútbol no se decía exactamente que hubiese una TUE previa, solo se decía que había, en general, justificación médica.

Eso es un término muy vago, ¿no?

Eso es un término muy vago, sí. Lo que interpreté es que en todos estos casos en fútbol se consideró, no sé a través de qué figura legal exactamente, que el uso de la sustancia prohibida no era dopaje, sino que era un asunto médico, un tratamiento. 

Entonces, claro, como lo que está sancionado es el dopaje, pero no la medicina, si el deportista utiliza una sustancia prohibida pero a posteriori se considera por la agencia nacional antidopaje que no era con fines dopantes, sino con justificación médica, se archiva el positivo por esa sustancia prohibida inmediatamente.

Porque para eso existe el CAUT.

Para eso existe el CAUT, sí, el Comité de Autorizaciones de Uso Terapéutico. El TUE es la autorización y el CAUT es el comité que proporciona estas autorizaciones de forma motivada, tras revisar los hechos y su encaje en la normativa de autorizaciones terapéuticas, que es muy restrictiva para evitar fraudes. 

De hecho, el CAUT actúa de forma independiente a los departamentos de dirección y control del dopaje de la Celad y bajo la supervisión de un comité análogo de la AMA, pero aún así hay casos que no están lo suficientemente claros todavía.   

¿Entonces?

Lo que pasa es que las resoluciones del Comité de Autorizaciones de Uso Terapéutico de la Celad no son públicas. Es difícil saber exactamente si hay una resolución administrativa soportada por la normativa o simplemente se determina en la Celad en un caso concreto que había justificación médica y por lo tanto se archiva el positivo a través de un certificado. 

Eso se puede colgar en el sistema ADAMS de la Agencia Mundial Antidopaje y se cierra el caso, pero lo importante es revisar la resolución del CAUT y ver que cumple con la normativa administrativa sobre autorizaciones de uso terapéutico. 

¿No hay ninguna vigilancia, tenemos que confiar?

Para mí no hay una obligación de creer o no creer en el sistema antidopaje mientras no se pueda acceder a las resoluciones para ver su fundamentación y que efectivamente los hechos probados y la decisión adoptada se corresponden con la normativa. 

Por ejemplo, si el CAUT de la Celad otorga una autorización con efectos retroactivos, es decir, después de un positivo, con muchos meses de retroactividad para cubrirlo, esa resolución tiene que ser pública, incluso por la credibilidad del propio deportista positivo. 

Según el camino que cojan los positivos en España pueden ir a dos comités diferentes de la Celad, el sancionador o el de autorizaciones terapéuticas, pero las resoluciones de ambos comités tienen que ser públicas, revisables por los ciudadanos y por los deportistas. 

Entonces, ¿quién vigila?

La Agencia Mundial Antidopaje.

¿Que se supone tiene acceso a todos los casos?

Sí, la Agencia Mundial Antidopaje tiene acceso a todos los casos a través de este sistema que se llama ADAMS, una base de datos mundial donde aparece cuándo se hacen los trámites y todas las resoluciones de las organizaciones antidopaje. 

Además, hay una obligación de enviar resúmenes en inglés, el idioma oficial de la Agencia Mundial junto al francés, precisamente para que ellos no solo vean la decisión adoptada, sino que puedan entender lo que dice esa resolución en su propio idioma y si algo resulta llamativo, pues se pueda pedir más documentación, incluso recurrir una resolución de archivo o revisar previamente que una autorización terapéutica con efectos retroactivos se puede otorgar a un deportista que ha dado positivo por la agencia antidopaje de su propio país. El control de la AMA es esencial.

Entonces, la Agencia Mundial Antidopaje en todo esto es la que al final tiene que investigar.

Sí, de hecho ya ha comunicado que lo está haciendo desde hace varios meses. Estas investigaciones se realizan por una unidad especializada que es independiente de la propia Agencia Mundial Antidopaje, a la que luego se envían los resultados en un informe, al Comité Ejecutivo. 

Es independiente porque la propia AMA podría tener alguna responsabilidad por falta de vigilancia, entonces hay que separar las funciones. En España, el Consejo Rector de la Celad es el órgano que tiene competencia para investigar los hechos y depurar las responsabilidades. Y la Fiscalía General del Estado, a la que ha involucrado el propio Consejo Superior de Deportes, puede intervenir también, pero solo respecto de los hechos en los que pueda apreciar un componente delictivo. 

Entonces, tan opaco no es el sistema, ¿no? Si está la Agencia Mundial por medio.

No, en mi opinión es opaco para los aficionados y los deportistas, es opaco fuera del sistema antidopaje. Dentro del sistema no es opaco porque la Agencia Mundial Antidopaje tiene conocimiento día a día de todo lo que están haciendo todas las organizaciones antidopaje, a través del sistema ADAMS. 

Revisan todas las resoluciones que se emiten y cuando se propone una autorización retroactiva una vez descubierto un resultado positivo tiene que aprobarse por la AMA previamente, precisamente para evitar tratos de favor a nivel nacional.

La opacidad entra cuando no formas parte del sistema antidopaje y quieres conocer lo que está pasando como periodista, como aficionado, como abogado, como deportista, como cualquier otro rol que no esté dentro del sistema. En mi opinión, ahí empieza la opacidad y es muy grande. Es muy difícil acceder a las resoluciones para controlar las decisiones adoptadas, que es precisamente lo que busca la ley de transparencia.

Hiciste tu tesis doctoral sobre la Agencia Mundial Antidopaje entre 2014 y 2017.

Sobre el programa de la Agencia Mundial Antidopaje y la crisis del sistema a raíz del caso Rusia. Se detectó un sistema que había pasado desapercibido a los mecanismos internacionales de control y decidí estudiarlo en profundidad y exponerlo, desde una perspectiva jurídica pero también desde la perspectiva de la inteligencia y las investigaciones, los dos ámbitos en los que yo me movía profesionalmente en antidopaje hasta que finalicé mi tesis doctoral y retomé en 2018 mi carrera como abogado.

Uno de los capítulos fue sobre la Operación Puerto.

Sí, porque precisamente la Agencia Mundial Antidopaje tuvo una intervención muy activa en toda ella, desde que se inició hasta que finalmente se cerró en junio de 2017. Durante más de diez años estuvo pendiente la AMA del resultado judicial de ese caso, pero se ha demostrado que utilizar los procedimientos judiciales para paralizar la actuación de antidopaje en el ámbito administrativo y deportivo es contraproducente, lleva a la impunidad de muchas infracciones.

¿Por qué se produjo esa operación? ¿Qué impacto tuvo?

El Consejo Superior de Deportes y la Guardia Civil tenían información de posibles conductas de dopaje en España desde antes de la Operación Puerto, que saltó en 2006, desde años antes ya tenían bastante información. 

Mediáticamente ha tenido un impacto impresionante, muy grande, pero legalmente yo diría que no a excepción de algunas sanciones aisladas fuera de España. Es un caso del que debemos aprender para no reproducir los mismos errores.

¿Cómo lo habían descubierto?

De otras operaciones y seguimientos.

¿Y se encontraron con esa red?

Sí, en otras operaciones, algunas en deporte amateur y otras ya en deporte de élite y en la propia Operación Puerto. Empezó a verse que en España había dopaje relativamente sofisticado, con congeladores, un médico y un entrenador, planes estructurados, apartamentos en los que se realizaban estas prácticas…

¿Y eso fue a partir de una ley que les obligaba a perseguirlo?

No, bueno, la ley que obligaba a perseguir el dopaje era de 1990. La ley del deporte, actualizada hace poco, ya obligaba a perseguir el dopaje, pero a nivel deportivo. A nivel de salud pública no, no estaba tipificado el delito de dopaje cuando se empiezan a tener todas esas informaciones. 

Aquí nuevamente encontramos un decalaje que fue trascendental, ya que en lugar de aprobar la ley antidopaje, que se conoció como Ley Lissaveztky, y luego hacer las intervenciones policiales para perseguir el delito de dopaje, se hizo al revés. Primero se entró en los domicilios del doctor Eufemiano Fuentes y el resto de involucrados, se obtuvieron las pruebas de dopaje deportivo, y posteriormente, en 2007, se aprobó la ley antidopaje, a posteriori.

Lo que ocurre con los positivos en pasaporte biológico…

Lo que ocurrió fue una cosa muy parecida a lo que ha ocurrido ahora con el pasaporte biológico. Si no se reglamentan las conductas infractoras antes de obtener las pruebas que las acreditan lo que se consigue es que queden impunes, aunque hayan logrado probarse suficientemente. Ha pasado dos veces y en ambas ocasiones con las mismas sospechas desde fuera y ya también en nuestro propio país.

¿Y por qué se hace así?

No sé, no le encuentro explicación. En el momento quizás no se evaluó, bueno, yo personalmente en 2006 era mucho más joven, estaba en la mitad de la carrera de Derecho, seguramente entonces no hubiese llegado a este tipo de reflexiones. La gente que sabía más, no lo sé… 

Pero ahora en 2024, es decir, casi quince años después, sabiendo lo que sabemos ahora y cómo una conducta prácticamente idéntica se ha replicado con otra cosa que no tiene nada que ver, que son los positivos en pasaporte biológico, con el mismo resultado que es la impunidad, hace replantearte algunas cosas, por qué se actúa incorrectamente cuando ya se conoce que el resultado es contrario a la protección del deporte limpio. 

Terreros niega las irregularidades denunciadas por el CSD.

La dirección de la Celad lógicamente se defiende, por ejemplo acusando a la Agencia Mundial Antidopaje de estar al tanto de todo y de haberlo aprobado, los positivos sin tramitación, la suspensión de varios expedientes positivos por pasaporte biológico…, pero habría que ver qué explicaciones se han ido dando a la AMA durante estos años para que haya dicho lo que ha dicho el pasado 5 de enero. 

La Agencia Mundial Antidopaje no conoce con tal grado de detalle el derecho español y cómo puede utilizarse para sortear su propio sistema. Ahora hay que colaborar con este organismo. Se pudo dibujar a la AMA un escenario jurídico inicial que en realidad a medio plazo no servía para sancionar el dopaje, sino todo lo contrario, y esto ha acabado teniendo consecuencias, es insostenible un sistema así y por eso la AMA ha reaccionado antes de los Juegos Olímpicos.

Hace que no sea punible el dopaje.

Este sistema lo consigue, no sé si intencional o negligentemente, o por simple desidia o falta de capacidad en una función pública que es trascendental para nuestro deporte, pero el resultado es el que es, hasta el punto de que al final la Agencia Mundial Antidopaje, como se preveía desde hace tiempo, ha tenido que actuar solicitando un cambio estructural en España. 

Habría que hacer un proceso para…

Habría que hablar con la gente que ha tomado ciertas decisiones y preguntarles por qué, aunque todo el mundo tiene derecho a mentir, a negar ahora que los hechos son irregulares, a ser investigado y juzgado con todas las garantías. Ese es el debido proceso y hay que respetarlo. Todo esto va a ser largo porque no es una investigación sencilla y hay muchas áreas que investigar.

¿Dentro de las mafias del dopaje existe el asesoramiento para asegurarte de que no vas a dar positivo con lo que te estás metiendo?

Sí, eso sí existe. Se ha hablado de ello internacionalmente. Se conoce que existen determinados especialistas que muchas veces son del propio antidopaje, que precisamente ese conocimiento lo utilizan para jugar a dos bandas al mismo tiempo. Por ejemplo, salió en el tema de Rusia el director del laboratorio, él mismo al final contó a un medio de comunicación cómo jugaba este doble rol simultáneamente. 

Por un lado, era el director del laboratorio, pero por otro ayudaba a lo que llamaban lavar; lavar las muestras que se tomaban a los deportistas rusos para que estuviesen limpias. Era una situación que él mismo acabó rechazando.

Si conoces los protocolos de detección, sabes cómo eludirlos…

Justo. Conoces los protocolos de detección y al mismo tiempo sabes cómo se metabolizan esas sustancias en el cuerpo del deportista, porque tienes unos conocimientos de fisiología avanzados que el resto de personas, que no somos médicos, no tenemos. 

Y también conoces los protocolos de control y sanción del dopaje, y sabes que incumpliendo determinados procedimientos o exigencias legales se neutraliza cualquier posible sanción. Eso no es legal, se da una apariencia de legalidad, se apela a los derechos de los deportistas que hacen trampas, que lógicamente los tienen, pero como sistema antidopaje debe investigarse. 

El resultado es contrario al Código Mundial, se convierte en una metodología para no sancionar que la AMA no acepta, ni en España ni en ningún país. 

El doctor Terreros volvió antidopaje con Lete en el 2017.

Sí, hasta 2023. El pasado 5 de enero de 2024, el Secretario de Estado para el deporte, Rodríguez Uribes, pidió su dimisión inmediata, pero como no se ha producido voluntariamente se tiene que convocar el Consejo Rector de la Celad, que es el órgano competente para ejecutar esta decisión. 

Pero seguía ahí después de que en el pasado se informara en el Congreso de que había cientos de formularios que tenían incorrecciones que permitían anular los controles. 

Esa es la comparecencia que hizo Ana Muñoz, la primera directora de la agencia antidopaje, a finales de 2012, después de los Juegos Olímpicos de Londres. Empieza a analizar lo que estaba sucediendo en los controles y descubre en los formularios que hay irregularidades muy relevantes que permiten anular los adversos. 

Y es justamente lo que descubro yo desde 2018 en algunos expedientes, los analizamos y es cuando empezamos a ver irregularidades en los formularios que coinciden o siguen la misma sistemática que ya había sido denunciada por la directora de la agencia antidopaje ante el Congreso varios años antes.

Entonces ahí se ve que si no es un sistema, por lo menos sí es una práctica repetida que a mí me suena a lo que había estado leyendo y que el resultado es el mismo, la posible anulación de los adversos. 

Conseguimos la anulación de tres expedientes por irregularidades en los controles y es cuando surge la duda de cuántos positivos, por las mismas causas, se han anulado de oficio, y si sería posible acreditar esta arbitrariedad, es decir, que ante las mismas irregularidades unos positivos se tramitaban con sanción y otros se guardaban en un cajón. 

Lo estamos estudiando a través de la defensa de varias personas con conocimiento de los hechos y la documentación de la que disponen, a las que el sistema antidopaje tiene que proteger porque son fundamentales en todo este proceso.

¿En tu labor profesional defiendes a personas perjudicadas por las prácticas de la Agencia Antidopaje?

Entre muchos casos que no tienen nada que ver con el deporte estamos defendiendo a diferentes personas que mantienen haber sufrido graves perjuicios por parte de la dirección de la Celad, por haber observado estas irregularidades desde mediados de 2017 y no estar de acuerdo con ellas. 

Los primeros signos, como te decía, nos llegan en el año 2018 mediante un expediente en el que figura un documento en el que se dice que en el control antidopaje había dos agentes, cuando en realidad solo había uno. 

Se expuso a un instructor de la Celad esta anomalía y con la intervención de la división jurídica de la Celad se archivó el expediente en marzo de 2019, precisamente porque el control no cumplía la normativa. Se confirmó que no había dos agentes a pesar de que lo que se decía en ese documento. 

Esta irregularidad no se había considerado ni por José Luis Terreros ni por el director del departamento de control del dopaje desde julio de 2017, hasta que intervino el jefe de la división jurídica de la Celad durante el primer trimestre de 2019, mientras que en otros casos sí lo consideraron y no se tramitaron los positivos.

¿La Celad entendió lo que estabas viendo en esos expedientes? 

A raíz de este primer descubrimiento la Celad, supongo que con conocimiento de José Luis Terreros, intentó mi inhabilitación ante el Colegio de Abogados, que archivó una denuncia que carecía de sentido. 

Este médico lo que buscaría sería neutralizar mi labor profesional como abogado en su propio beneficio, instando mi inhabilitación profesional y sanción administrativa a través de personas de su confianza, la última vez a través de dos trabajadoras externas del área de protección de datos. 

Esto no es correcto, evidencia la gravedad de lo que estaba sucediendo en la Celad hasta que la Agencia Mundial Antidopaje ha intervenido. Cuando se represalia o intenta represaliar desde la agencia antidopaje a quienes colaboran con el esclarecimiento de este tipo de sistemas, por detectar y comunicar prácticas sospechosas, una luz de alarma se enciende, porque lo normal sería premiar al que lo hace, no castigarle.

Los predecesores de Rodríguez Uribes defendieron a Terreros.

Sí, no sé si lo hicieron conociendo plenamente los hechos, los que acaba de trasladar el Consejo Superior de Deportes a la Fiscalía General del Estado y al Consejo Rector de la Celad, o por inercia. 

El momento más sensible yo creo que fue cuando los deportistas españoles empezaron a darse cuenta de todo lo del pasaporte biológico, que había rivales que habían dado positivo y no se les estaba sancionando y empezaron a preguntar qué podían hacer contra esto. En lugar de llamar a la agencia antidopaje, supongo que por desconfianza. 

Fue justo en ese momento cuando se organizó un evento público en Europa Press con el expresidente del CSD y el director de la Celad, de ratificación del cargo, cuando ya se sabía de la existencia de expedientes positivos en pasaporte biológico cuya resolución se estaba dilatando, de forma cada vez más comprometida de cara a la Agencia Mundial Antidopaje. 

Todo esto, esencial para la credibilidad del sistema antidopaje, se dejó a un lado quizás pensando que España no iba a ser investigada por la AMA, y se dio una imagen pública de normalidad.

Y confirmaron la confianza en él.

Y se confirmó públicamente la confianza del anterior secretario de Estado en la dirección de la Celad. No sé si fue casualidad o que ese evento ya estaba previsto previamente, pero es cierto que llegó en un momento en que quizás podía haber ocurrido lo contrario, porque los problemas en la Celad se estaban acumulando y la presión por parte de la Agencia Mundial Antidopaje ya podía preverse. Se hablaba públicamente de positivos sin sanción como si fuese normal, de varios casos, cinco, seis…

Y son los dos partidos principales, PP y PSOE, los que han mantenido esta situación. 

Bueno, la política juega un papel importante en el deporte y los dos partidos debían ser conscientes de lo que estaba pasando. No ha habido una llamada al Congreso para aclarar todo esto hasta estos últimos días, que ya es tarde porque ya ha intervenido el propio Rodríguez Uribes solicitando la dimisión de José Luis Terreros. 

¿Se están falseando y desapareciendo documentos en la Celad, sí o no? ¿Se están haciendo controles con un solo agente que se están abonando con fondos públicos, sí o no? ¿Los positivos por pasaporte biológico son cinco, son seis, por qué no se han sancionado a tiempo? 

No se han exigido explicaciones desde marzo de 2017, quizás pensando que todos estos problemas nunca tendrían la magnitud que han alcanzado. Ahora ya ha llegado la Agencia Mundial Antidopaje desde fuera y la situación trasciende cualquier tinte político, ahora hay que actuar sí o sí porque hay mucha gente pendiente de los movimientos del Ministerio y de Rodríguez Uribes, el nuevo presidente de la Celad.

¿Qué pasará ahora? ¿Cambiará algo?

Los hechos están en manos de la Agencia Mundial Antidopaje, la Fiscalía General del Estado y el Consejo Rector de la Celad, que pronto podrá reunirse. Colaboraremos con todos los organismos porque puede haber riesgo de destrucción de pruebas desde el 5 de enero, que es cuando la AMA y el CSD emitieron sus comunicados sobre la investigación de la Celad. Lo que pase con la información proporcionada, las sanciones que se puedan imponer o los fondos públicos que se puedan recuperar, le corresponde a las autoridades administrativas y judiciales, a las que hay que dejar trabajar. Al margen de estos procedimientos, que serán largos, la AMA espera de España un cambio estructural en la Celad profundo e inmediato. Lo lógico es que se produzca durante las próximas semanas debido a la proximidad de los Juegos Olímpicos de París.