No más confinamiento
Si como está previsto el estado de alarma decae definitivamente el 9 de mayo, una vez anunciado por Pedro Sánchez que no lo renovaría, varias medidas en vigor desaparecerán. No habrá toque de queda ni cierres perimetrales de comunidades autónomas ni de provincias, y las reuniones de más de seis personas no convivientes volverán a ser posibles. Cabe suponer por tanto que toda fiesta y viaje por el interior serán posible también. Con la única excepción, si se producen, de los cierres de zonas de salud, barrios o ciudades por razones de salud pública, que podrán decretar ayuntamientos y gobiernos locales, previa autorización judicial y sin afectar los derechos fundamentales. El precedente de Cataluña, que acaba de cerrarse de nuevo, podría ser un ejemplo del futuro que nos espera antes del verano. Aunque es previsible que con una vacunación cada vez mayor el problema de contagios y ucis llenas vaya desapareciendo.
Pero la recuperación plena de las libertades civiles de reunión y circulación no es lo único que afecta el estado de alarma. Las administraciones tampoco podrán hacer más contratos de emergencia. Este procedimiento excepcional no precisa respetar los principios de concurrencia, publicidad e igualdad, pueden adjudicarse «a dedo» y el control financiero no es previo, sino posterior. El caso más significativo por repercusión y volumen ha sido el hospital de pandemias Isabel Zendal de Madrid, con 153 millones de euros tramitados de urgencia al final del ejercicio anterior, 2020. Pero desde luego no ha sido el único. Civio ha realizado una investigación que apunta retrasos en la publicación en todas las administraciones, con cuatro empresas como mayores beneficiadas de esta contratación, e incumplimientos para adjudicarlos rápido. A partir de mayo este tipo de actuaciones tendrán que tomarse el tiempo y la supervisión habituales.
Mascarillas de forma indefinida
Vacunados o no, la «ley de nueva normalidad» establece que usaremos la mascarilla masivamente hasta que haya evidencia científica de que la pandemia ha finalizado. La ley publicada el 30 de marzo en el BOE establece su uso obligatorio en todos los espacios, cerrados y abiertos sin excepción, incluso si existe una distancia interpersonal de 1,5 metros, salvo para aquellas personas con dificultades respiratorias o quienes estén practicando deporte al aire libre. Bajo multa de hasta 100 euros en caso de incumplimiento. Pero debido al largo período de tramitación de las leyes la redacción de esta norma, elaborada hace un año, se había quedado algo obsoleta, como reconoció la ministra María Jesús Montero. En reunión del Consejo Interterritorial el miércoles se acordó modificar la norma para que no sea necesario usar la mascarilla en playas, piscinas, deportes acuáticos y paseos maritímos si se mantiene la distancia.
Vacunación masiva, no para todos
Pedro Sánchez ha presentado una previsión de vacunaciones según la cual el 70 % de población estaría inmunizada en verano, antes del final de agosto. Partiendo de la hipótesis de que recibamos suficientes dosis y no haya más incumplimientos de contrato por laboratorios como AstraZeneca, nuestro sistema nacional de salud tendrá que inocular cada quincena a cinco millones de personas. Parece posible a la luz de datos como este, 336 000 dosis administradas en 24 horas.
Quedará todavía un 30 % de la población, 14,07 millones de personas. Si tomamos de referencia los datos del INE y el plan de vacunación, quienes están incluidos ahí son todas las personas de entre 0 y 41 años, que irán siendo vacunados más tarde. Para los niños y adolescentes de hasta 14 años no hay ninguna vacuna aprobada todavía, por lo que quedan fuera. Algunos laboratorios ya están testando ese grupo de edad, pero aún no se sabe cuándo podrán recibirla.
El eterno problema de AstraZeneca
Castilla y León suspendía esta semana la vacunación con AstraZeneca como medida cautelar por su posible efecto secundario, las trombosis. Su justificación era esperar la decisión de la EMA, Agencia Europea del Medicamento sobre esta vacuna, cuyo informe reunió de urgencia a los ministros de sanidad de la UE el miércoles. El motivo, que la EMA había encontrado un vínculo con los coágulos de sangre: sí que los produce, son casos rarísimos que suceden en muy pocas ocasiones, y el beneficio de administrarla es mayor. Lo que quiere decir que la mayor parte de pacientes no lo sufrirán y algunos tendrán muy mala suerte, pero que su cuadro clínico puede ser más grave en caso de covid que de trombo. O que el perjuicio a unos pocos beneficia a la mayoría por eliminar paulatinamente la pandemia.
El informe ha producido un nuevo cambio en la estrategia de vacunación española, porque ahora se administrará a mayores de 60 años, en lugar de a trabajadores esenciales menores de esa edad, como venía haciéndose. También se ha hecho así en Bélgica. Cabe suponer que a partir de este punto, y aunque se detecten casos de trombosis vinculadas, la vacuna continúa administrándose sin más cambios.
Y la polémica Sputnik
La vacuna rusa no ha sido autorizada por la EMA, a quien no se dio acceso a los documentos necesarios para revisar su investigación. Ahora Europa investiga si se cumplieron las pautas éticas. La presidenta Von der Leyen ha puesto el foco además en que el país vende millones de dosis al extranjero pero no avanza en la vacunación de sus propios habitantes. A todo esto podríamos sumar una estrategia UE destinada a beneficiar a empresas de la unión, o a aquellas como AstraZeneca cuyas fábricas están en nuestro territorio. Esto supone, al adquirirlas, que parte del gasto público vuelve a nuestros países como reinversión en forma de impuestos y empleo. Pero no todos están de acuerdo con esta estrategia.
Los más críticos son los votantes alemanes, y Angela Merkel ha tomado nota. Su ministro de sanidad Jens Spahn, negocia un contrato bilateral para adquirir Sputnik al margen de las compras conjuntas de la Comisión Europea. Merkel ya habían negociado con Putin la posibilidad de fabricarla en territorio alemán, y además precisa cumplir con la vacunación antes de las próximas elecciones generales el 26 de septiembre.
Esta semana la presidenta de la CAM Isabel Díaz Ayuso comunicaba que también su gobierno intentó un acercamiento para comprar la vacuna rusa, y asegura que lo hará si es posible, algo que sigue dependiendo, para ella, para Merkel y hasta para el presidente de Francia Emmanuel Macron, también interesado, de la aprobación por la EMA.
Gracias al coronavirus, el mayor avance médico en décadas
Vacunas de ARN mensajero. Son una revolución acelerada por el coronavirus. La diferencia con las vacunas tradicionales es que no nos inoculan un microorganismo en pequeñas dosis. En lugar de eso inyecta una proteína, que nuestro sistema inmunitario aprende a identificar y por tanto a atacar y eliminar como cuerpo extraño. En el caso del covid es la proteína que rodea al microorganismo, y que le hace parecer, en su representación gráfica, una bola de la que salen pinchos.
Este avance se traslada ahora a una vacuna contra el sida, que en los ensayos de la fase I ha logrado la inmunidad del 97 % de los participantes. No es la única prueba en marcha, Johnsonn & Johnsonn prueba su suero Mosaico en pacientes del hospital de Valencia, y Janssen tiene otra ya en fase III, en la que ha usado el mismo mecanismo que en la del covid. Además de esta enfermedad, que afecta a 38 millones de personas en el mundo, este tipo de vacunas se están estudiando para tratar determinados tipos de cáncer y enfermedades como el dengue, el zika, la gripe o la hepatitis C. Puede que se la mayor revolución farmacológica desde los antibióticos.
El definitivo fin de la austeridad
Vivimos una crisis similar en su profundidad y extensión a la producida en 2008. La gran diferencia es que esta vez no se ha optado por recortar la deuda pública y rebajar impuestos, sino por expandir el gasto y ahora también, al parecer, subir impuestos. Un par de noticias de esta semana con origen en Estados Unidos dan idea del cambio que parece ir a aceptarse en todo el mundo. Joe Biden anunciaba un aumento del impuesto de sociedades del 21 % al 28 % para dedicar ese dinero a modernizar las infraestructuras del país. Un plan que se parece a lo que hizo Rooselvelt con su New Deal para salir de la crisis de 1929, aumentar empleo y recaudación mediante inversión en obra pública. Lo novedoso es que Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo y dueño de Amazon, ha dado su apoyo a la medida, quizá porque el impuesto estaba en un 35 %, Trump lo bajó al 21 %, y el nuevo presidente no lo sube tanto. Aunque cuesta creer que Bezos llegue a pagar ese tipo impositivo.
Y ahí está la segunda sorpresa de EE. UU. esta semana. La daba la secretaria del Tesoro Janet Yellen, animando a establecer un impuesto mínimo global a las grandes multinacionales. Supuestamente esto evitaría que algunos gigantes apenas tributen por un 2 % gracias a ingeniería fiscal, desgravaciones y deslocalización, mientras que las pymes abonan entre un 20 % y un 30 % en los países del G-20. Se espera que lleguen a un acuerdo sobre este asunto en el mes de julio, y es previsible que sea también un duro golpe a los paraísos fiscales.
El FMI también ha aportado su grano de arena, apuntando a subir impuestos a los ricos (rentas altas y patrimonios en lenguaje técnico). Es importante entender que lo dicen en previsión de que sea necesario más estímulo de gasto público, algo imposible si no se aumenta la deuda, pero que consideran esto un episodio temporal, después del cual habrá que volver a reducir deuda, la consolidación fiscal y los recortes.
El fin de la censura en el cine italiano
Cuesta creer que una ley de censura vigente desde 1914 siguiera vigente en Italia, y que se haya derogado ahora. El último tango en París de Bernaldo Bertolucci no se vio sin cortes en sus cines hasta hace dos años, y los cortes fueron en su momento motivo de una protesta civil que acabaría aupado a la alcaldía de Roma a uno de sus organizadores, Francesco Rutelli, más tarde ministro de Cultura. En 2012 afectó a la película de terror Morituris por sus escenas explícitas de violación y violencia sexual. Lo importante de este cambio de ley es su relativa irrelevancia. Hoy día, sin cortar internet a todo un país, no hay censura que valga.
