Un ministro, cuando no solo no era ministro, sino que no tenía nada que ver con la cosa pública, decidió hacer caso a un asesor fiscal y constituyó una sociedad. Buscaba pagar menos impuestos. Curiosamente esto, algo que todo el mundo admite cuando se trata de uno mismo, está mal visto si introducimos el factor ideológico: los de izquierdas te hablan de lo importante que es que todo el mundo pague SUS impuestos —como si no fuera discutible la cifra— y que son los de derechas los que creen que el dinero está mejor en sus bolsillos y no a disposición de los necesitados, mientras que los de derechas dirán que los de izquierdas son unos cínicos que siempre hablan de impuestos a los ricos hasta que empiezan a serlo, momento en el que descubren el proceloso mundo de las contradicciones vitales.
La pregunta que podría desactivar esta guerra es la siguiente: ¿es malo pagar menos impuestos? Para responderla hay que partir de un malentendido previo: todo el mundo puede usar su dinero para ayudar a los demás. Incluso para dárselo al Estado. Pero los impuestos se caracterizan porque se imponen, porque son obligatorios. Y como lo son, su configuración es legal. Es la ley y no la moral la que nos dice cuánto tenemos que pagar. Pero la ley a veces está mal hecha —incluso mal hecha a propósito— y nunca puede prever todos los supuestos. La realidad económica es tan compleja, la libertad es un factor tan esencial para la prosperidad y la simplicidad lo es para la eficacia, que es imposible que no exista un margen de ambigüedad. Así que, siendo como son los impuestos una obligación, es perfectamente admisible interpretarla para pagar lo menos posible. No hay nada amoral en ello; insisto, si quieres usar lo que te queda en el bolsillo para la filantropía, nadie te lo impide.
La cuestión, sin embargo, es más compleja. El Estado debe preocuparse porque los impuestos se paguen. Y no cumpliría con esa misión si no introdujera incentivos. Por esta razón, se consideró delito el fraude fiscal a partir de una cifra. Sucede que fraude es algo más que no pagar, y no solo porque todos los delitos hayan de ser dolosos, sino porque el fraude exige una conducta mendaz o el uso de artificios destinados a engañar. El delincuente sabe y asume que paga menos porque miente, ocultando información o, por ejemplo, incluyendo gastos inexistentes para rebajar su cuota. Para proteger a la Hacienda Pública —que no somos todos, no se crea la propaganda— se decidió castigar a los que dificultaban el acceso a la realidad sobre la que se calcula el tributo.
La ley no se paró aquí. También para incentivar el pago creó las infracciones tributarias. No constituyen un delito, pero sí se deriva de ellas la imposición de una sanción. El funcionario de Hacienda tiene derecho a interpretar la ley de forma diferente a la tuya y, si estima que has declarado menos de lo que debes, a exigirte lo que no pagaste con intereses. También puede ir más lejos: si piensa que tu comportamiento es negligente o doloso, te puede sancionar. Aquí ya se admite que la negligencia sea causa para sancionarte, no como en el caso del delito. No eres negligente si la discrepancia se basa en una «interpretación razonable de la norma». Pero sucede que, aunque tu interpretación sea negligente, conforme a ese estándar, o dolosa, la sanción puede ser leve, grave o muy grave, y se da la circunstancia de que solo puede ser leve si no se oculta información, si no se utilizan facturas o contabilidades falseadas —aunque no sean fraudulentas— o si no se usan «medios fraudulentos».
Volvamos al ministro: basándose en una interpretación de la ley, decidió crear una sociedad que contratase y facturase con terceros por trabajos que hacía él. No inventó facturas, ni falseó contabilidades. Esa sociedad compró un inmueble y decidió deducir como gasto las facturas relativas a la adquisición y la parte que podía amortizar. También dedujo la sociedad como gasto lo que pagaba al ministro por sus servicios —una suma muy inferior a la que cobraba la sociedad—. El ministro no falseó los documentos. No inventó contratos, ni facturas. Los servicios eran reales y se especificaban en los contratos. También lo eran la compra del inmueble y los gastos que se deducía. No ocultó ingresos, ni creó un entramado dirigido a ocultarlos. Tampoco innovó: era una práctica inveterada y consentida y, aunque existían signos y cambios legislativos que anticipaban lo que vino, no tengo por qué pensar que el ministro tuviera que conocerlos. Hablo de lo que había, no de lo que yo, por ejemplo, he pensado sobre estas prácticas: siempre he sostenido que eran una fraude de ley. Aclaro, fraude de ley, no fraude fiscal.
El funcionario de Hacienda decidió que la interpretación de la ley que hacía el ministro no solo no era correcta, sino que era negligente. Más aún, declaró que no había buena fe, que la sociedad no contaba con medios humanos y materiales independientes que añadieran valor al trabajo personalísimo del ministro y que las deducciones de gastos por ese inmueble no tenían que ver con la actividad de la sociedad. No levantó el velo, afirmando que la sociedad no existiera: de hecho, corrigió la suma que la sociedad debía pagar al ministro al alza (con lo que esto suponía de declaración por IRPF), pero no lo hizo hasta el punto de llegar a la diferencia entre el ingreso de la sociedad y los gastos sí imputables a la actividad. Es decir, la sociedad era real y se admitía un margen de ganancia, pero se corregía este margen atribuyéndoselo personalmente al ministro.
De ahí salió la cuota. Lo interesante es que la sanción que se le impuso al ministro no lo fue por la deducción de gastos del inmueble playero. Se le impuso por el cálculo de lo que la sociedad —que controlaba el ministro, único socio y único administrador— debía pagarle. Es decir, eso que tanto ha escandalizado a muchos, la deducción de gastos de la casa de vacaciones por su dueña, la sociedad, ni siquiera dio lugar a una sanción. El inspector, simplemente los eliminó. La negligencia no estaba ahí, sino en la cifra de retribución pactada al no contar la sociedad con medios personales o materiales que le hubieran permitido fijar una retribución inferior al mercado. Le hubiera bastado, posiblemente, al ministro, con haber creado una estructura con algún empleado, unas oficinas, trabajos de apoyo, para poder aplicar esa presunción entonces vigente en la ley. Y, en todo caso, la sanción fue leve: es decir, no hubo ocultación o uso de medios fraudulentos. ¿Se puede hablar de fraude fiscal cuando no hay ocultación, Hacienda tiene acceso a toda la información y coincide con la realidad, no se utilizan medios defraudatorios y la discrepancia se refiere a una forma de entender la ley tributaria?
El ministro no estuvo de acuerdo con la decisión y recurrió. Imagino que, en esto, se dejó guiar por completo por el consejo de su abogado. Para hacerlo tuvo que pagar o avalar. La fase judicial de su recurso se inicia con una demanda que interpone él. El tribunal no podía condenarle, como han dicho tantos medios, a nada. Ya había sido sancionado. El tribunal solo podía estimar la demanda o desestimarla. De hecho, la única condena es la relativa a las costas del proceso. El tribunal, en suma, solo establece que la decisión del funcionario fue correcta. También la sanción.
El ministro no solo no era ministro. Tampoco era diputado o alcalde. Ni tenía visos de serlo hace diez años. El ministro no ha mentido siendo ministro como sí mintió otro que dio tres explicaciones diferentes sobre sus sociedades en paraísos fiscales. Y todos sabemos por qué el ministro ganaba ese dinero: por trabajar en televisión presentando un programa y haciendo publicidad. No se trata de un dinero que le cae de golpe, pagado por un gobierno extranjero, por realizar un informe sobre algo que no domina; informe que ni siquiera muestra.
¿Dónde vamos a parar? ¿Vamos también a pedir a los políticos que nos enseñen toda la información sobre su vida privada previa? Por ejemplo, ¿les pediremos que nos enseñen sus pleitos civiles o laborales? ¿Si un ministro pleiteó temerariamente con un hermano sobre la herencia de sus padres solo para joderlo, vamos a pedir que dimita? ¿También vamos a investigar sus relaciones personales? ¿Exigiremos saber si trató bien a sus padres o a sus hijos, o si fue buen vecino? No hablo de conductas con consecuencias penales. ¿Vamos a pedir que nos den un listado de parientes y amigos para entrevistarlos y juzgar? Por poner un ejemplo: hace poco, un amigo me dijo de una ministra del actual Gobierno, a la que conoce por razones personales y profesionales, que es muy capaz, pero que es una trepa y un bicho de cojones, más mala que la quina. ¿La incapacita esto para ser ministra? ¿O quizás la consecuencia es justo la contraria?
Vivimos tiempos excesivos, cargados de un énfasis enfermizo y de la imposición de un cínico puritanismo civil. Las prisas y la mala fe han sido la gasolina. Al final, más que la bondad de las políticas públicas y de las leyes que se aprueban, lo importante es el titular, la imagen o la etiqueta. La simplicidad se impone porque vende, y es instantánea y manejable. El Torquemada de turno pega fuego a cualquier intento de mostrar la complejidad y los matices se convierten en anatema. Todo es igual a todo, y solo se admite un modelo inhumano —por eso más falso que Judas— que consiste en un currículum que nos muestra a robots inmaculados que maravillosamente cumplían desde que nacieron con los requisitos que exige la corrección política actual, aunque se refiera a la conducta de hace décadas. Estos extraños seres que alimentan nuestra parafilia de entomólogos de insectos morales se muestran como si ya estuvieran en la lista de los elegidos por Dios para la salvación. Pero como somos imperfectos, a muchos el juicio les empieza a titubear cuando el pecador es de los nuestros, e inventamos justificaciones estúpidas para intentar ocultar la incoherencia con nuestra conducta previa del día ese en que linchamos a aquel facha o aquel rojo. Todo mejor que admitir que nos hemos pasado.
Esta deriva, además, lo ha infectado todo. Ya no solo exigimos a un cargo público que cumpla estándares éticos a menudo disparatados —salvo que queramos que nos gobiernen tipos que rocen lo psicopático o lo heroico, aunque de hecho sean auténticos inútiles— sino que hemos terminado extendiéndolos al universo mundo. Si eres conocido, un actor, un presentador de televisión, un empresario de éxito, también has de ajustarte al modelo, o pagarás las consecuencias. La masa ha adquirido el derecho a juzgarte, en juicio sumarísimo y casi siempre inane, y la pena es siempre la misma: el destierro. Es lo mismo ser un violador o que una mujer afirme que hace años le miraste las tetas demasiado rato. Como mucho, y ya veremos lo que dura, se te permite pedir perdón. Perdón a un montón de seres anónimos que creen estar libre del escrutinio y que actúan como pequeños nerones, subiendo o bajando el dedo pulgar. Lo creen, pobres diablos, como si esto no pudiera ir a más. Como si esta carrera hacia la total confusión entre la denuncia y la condena tuviera una meta.
Soy perfectamente consciente de que es inútil pretender parar esto. Tampoco es nuevo. Años atrás, en un artículo que se publicó en esta revista, escribí:
El libertinaje era una «riqueza de lujo». Al entrar en los palacios, revolvimos en los arcones, nos pusimos sus pelucas y comimos hasta hartarnos. Al menos así lo hicieron los que se atrevieron. Eso fue la revolución sexual. No podía basarse en la violencia o la dominación porque la arbitrariedad había muerto, pero ¿lo demás? ¡Lo demás era maravilloso! Despojado del lado turbio, parecía una vuelta a un edén desordenado.
Ahora, tras esa comilona, ha vuelto la normalidad. Vivimos en un deseo de pequeño potlatch permanente. Creemos que podemos aspirar a hacer lo que queramos y que no hay nada que no esté a nuestro alcance porque tenemos el catálogo a mano. Que podemos derrochar como aquel marqués de Osuna que tiraba los platos de oro al Neva para asombrar al zar de todas las Rusias. Pero no, la «moralidad» se está recomponiendo bajo las leyes de lo políticamente correcto. No podrás tirar tus platos al Neva, aunque sean de hierro, porque la propiedad está limitada por su utilidad social; no podrás excederte en tu comportamiento sexual, no sea que alguien vea en ello una cosificación del otro, sobre todo si es mujer; no podrás comer demasiadas grasas porque la obesidad será un vicio; no podrás pensar nada que vaya contracorriente, porque serás un apestado; no podrás autodestruirte, en alguna forma que te haga felizmente desgraciado, porque la sociedad tutela tu bienestar.
No se está recomponiendo. El golem está vivo y manda.
¿Cuál es tu nick en Fantasy, Tsevan?
Más falacias y me explota la cpu.
y en el otro lado del cuadrilátero…
https://www.eldiario.es/escolar/mentiras-Maxim-Huerta-fraude-fiscal_6_781881824.html
Llevarte mal con la familia y escaquear impuestos para luego hacerte cargo de una institución que depende de ellos para su existencia son cosas comparables al huevo y la castaña, pero qué sabré yo
Estoy de acuerdo en eso de que la ley a veces está mal hecha —incluso mal hecha a propósito – tal como dice este artículo, pero es que esto España !!. Es ese país donde un preso político da clases de filosofía en la cárcel y un fraudulento tertuliano de programas de telebasura es nombrado ministro de cultura. Yes Jot Down « Spain is different» !!.
¿Preso político?
¿Clases de filosofía en la cárcel?
No sé cuál de las dos cosas es más jocosa.
Spain is different, yeah, donde en la región nororiental gobierna un racista de sus propios conciudadanos, raro, raro, raro y los pobres oprimidos son los más ricos
Jejeje aunque estoy parcialmente de acuerdo con la segunda mitad del artículo, creo que lo has colado con calzador para justificar el caso Huerta. Este señor cometió fraude para pagar menos impuestos, punto. Ni linchamientos ni puritanismo civil. Busca un ejemplo mejor.
Pues si el listón se pone así de alto, después de muchos años de estar bajo el nivel del mar, habrá que ir a buscar
cargos públicos libres de pecado a Suecia o Dinamarca.
Por ejemplo, ya está tardando el PP en exigir a Arias Cañete su dimisión
¿Por qué no plantearnos el argumento al revés? ¿No será más bien q el nivel de exigencia hacia nuestros políticos era tan bajo q ahora que se ha subido el listón un poco hacia lo q yo llamaría «comportamiento mínimo exigible» a algunos os parece exagerado lo q en otros países es normal?…
Que fatiga. El símil de Hacienda con la Inquisición. Por partes:
Sí que hay obligación moral de cumplir lo contenido en las leyes. No creo que usted no mate porque se lo dice el código penal únicamente. Además si queremos rematar el punto de vista extremo de positivismo jurídico de este planteamiento, podemos preguntarnos ¿por qué cumplimos todos la ley y no nos arrojamos al caos? pues sencillo: nos asiste una necesidad moral de que cumpliendo la ley hacemos algo moralmente bueno, no solo nos damos seguridad jurídica (véase la pirámide jurídica de Kelsen inspirada en el categórico kantiano).
Segundo, cuando se incluye el artículo 15 de la ley general tributaria, se intenta tratar el fenómeno del fraude. Que siendo diferente del artículo 16 (simulación) es un coladero fiscal para aquellos que tienen recursos para recurrir a la ingeniería fiscal. La simulación es inventar cosas que no existen. Falsear en definitiva. Algo flagrante como poner en una cuenta un gasto que no se da. El conflicto en la aplicación de la ley general tributaria se da para aquellos casos en los que recurriendo a maniobras legales, extremadamente artificiosas, se consigue un ahorro fiscal. Ello puede ser por ejemplo, y mucha gente lo hace, constituir una sociedad para ahorrar el impuesto de sucesiones.
Por tanto es posible (y no legal) recurrir a instrumentos legales y ahorrar impuestos. No porque la ley esté mal hecha (no lo está del todo). Menos aún está intencionadamente mal hecha para aspectos del sistema tributario tan básicos (a nivel internacional sí hay muchos desajustes, pero cuando hablamos dentro de un mismo ordenamiento jurídico las previsiones son enormes).
Constituir una sociedad es legal; sirve para llevar una empresa limitando la responsabilidad. Las sociedades pagan menos impuestos por sus operaciones por una cuestión de incentivos. Aportar patrimonio a las sociedades es legal. Liquidarlas también. Aportar una herencia a una sociedad y liquidarla para repartir dicha herencia utiliza dos mecanismos legales. Y en conjunto es una operación ILEGAL porque no busca más que ahorrar impuestos. Esa sociedad no sirve para otra cosa.
La LGT y los procedimientos de gestión e inspección están revestidos de múltiples garantías. Y si bien la vía administrativa es sesgada a veces a nivel de inspección porque no se separa la investigación y la decisión, luego tenemos tribunales económico-administrativos y finalmente la vía judicial. Muchas veces los jueces le paran los pies a la Agencia Tributaria y si en este caso no lo han hecho por algo será.
No pagar aquello que te corresponde (no se trata de «un ahorro», es no pagar) se traduce en una minoración de servicios públicos. Y estos mecanismos para no pagar, están normalmente en manos de quien tienen dinero suficiente para pagarle a un ingeniero fiscal o constituir sociedades. Cuando una ambulancia tarda en llegar a casa hay que pensar en que los impuestos son los que permiten o impiden que ello pase. Es robar a lo público, en definitiva: no disfracen de víctima de la inquisición a este señor ni a nadie. No es comparable con el peso de hacienda sobre las clases trabajadoras bajas, las cuales pagan sus impuestos SÍ o SÍ.
Hacienda tiene sus errores, pero sáquenmelos a relucir cuando hablemos de por qué según las estadísticas las clases bajas y las rentas del trabajo están tan atadas y las del capital no lo están tanto.
Al menos te has exprimido un poco la cabeza para defender lo indefendible sin hacer un ytumás estilo wyoming.
Si supierais los fanáticos y apesebrados de lo que ahora dice representar la izquierda que solo os diferencia el color de los mismos apesebrados del centro derecha os daba un jamacuco devastador.
La diferencia es que este ha dimitido en dos días, como debía de ser. Sacar a una banda de ladrones del Gobierno ha costado Dios y ayuda. Y siguen manteniendo que ellos no han robado nada. Incluso su gurú espiritual, ese gran hombre que montó todo el tinglado, y al que, parafraseándolo, no hay que ir a buscar en montañas inaccesibles de algún país lejano, se ofrece una vez más a salvar el país.
Señor Rabtan: este pollo metió su chalet de la playa como gastos de empresa. Así no se puede formar parte de ese tinglado moderno llamado «gobierno», que persigue, repito: QUE PERSIGUE, al que no paga impuestos. Y punto. Y se acabó. Y no hay más.
Me parece a mí que después de hechar abajo un gobierno por corrupción, no queda muy elegante que miembros del actual gabinete tengan comportamientos cuestionables. Acá el asunto es ser honesto, y además PARECERLO. Ambas cosas son necesarias.
Un error cometido hace 10 años en su vida privada parece marcarle de por vida.
Una sociedad que no perdona ni sabe diferenciar este tipo de cosas, es una sociedad que da asco, tanto a izquierda como a derecha.
El ya ex-ministro le ha echado bastante cara. La Agenia Tributaria comente muchísimos y graves excesos. Como botón de muestra, se dice que en los tribunales la Agencia Tributaria pierde el 50% de los casos; me gustaría dar una fuente fiable, pero es que a nuestras administraciones no son muy dadas a facilitar ciertos datos que les puedan dejar en evidencia. La sentencia judicial está redactada en unos términos tales que dejan fuera de toda duda que lo hecho por el ya ex-ministro se pueda reducir a discrepancias en la interpretación de las normas tributarias. Criticar a la Agencia Tributaria, a la orgía de moralistas y también al despilfarro de las administraciones son todas cosas muy necesarias; tomar a Màxim Huerta como banderín de enganche es una pésima idea.
«Exigimos a nuestros políticos cumplir estándares éticos a menudo disparatados».¿Pagar los impuestos que te corresponden es un estándar disparatado?. Madre mía que sarta de sandeces para defender lo indefendibe
Joder, ha tardado usted 3 lineas en, como dicen por ahi, empezar a enterrar su propio articulo en falacias y asunciones inciertas que le joden todo el chiringuito individualista posesivo. ¿No sera usted de los que van por ahi intentando convencer a la gente de que el ser humano es egoísta por naturaleza?
Hay que tener una cara como para pisársela el no decir ni una palabra sobre la actitud de pura cepa pepera, sí, pepera, (que es como decir, «española») en cómo salió este individuo a defender su tropelía (que yo también haría, por supuesto, pero si luego me proponen ser lo que le han propuesto a este piernas, me lo hubiese pensado dos veces llevando a mis espaldas ese oscuro pasado…), con ese autoritarismo, esa chulería, ese mirar a los que le pagamos su cuantiosísimo sueldo por encima del hombro, ese desprecio típico al ciudadano, ese llamarnos «jauría», etc., etc., etc. ¡¡¡Y sólo llevaba un par de semanas en el cargo y ya se había encaramado a la poltrona del escupidero sobre los ciudadanos!!! En fin: marca Españistán, sobran las palabras.
A anonimo87049, un par de matices sobre lo de que la AEAT pierde el 50% de los juicios.
1) a juicio va una parte minoritaria de las actuaciones. Si de 100 actuaciones llegan a juicio 2, y una sale positiva y otra no, el 50% de los juicios se han perdido. Pero eso no indica que la mitad de las otras 98 que no fueran a juicio estuvieran mal.
2) las actuaciones que llegan a juicio son, normalmente, de personas que están convencidas de haber actuado bien (y a las que les asiste el derecho a que se revise lo que el funcionario ha dicho, faltaría más). El hecho de que el porcentaje de gente que está convencida de haber actuado bien sea naturalmente mayor entre los que recurren, hace que el porcentaje de gente que tenía razón sea naturalmente mayor ahí que entre las actuaciones que no van a juicio. Si te han pillado, y lo sabes, es más fácil que presentes conformidad. Y la mayoría de los que se pillan, presentan conformidad. Con lo cual medir el % de juicios perdidos no es un registro fiel del % de actuaciones de la AEAT que son correctas.
3) En ese porcentaje (que en realidad es en torno al 40%), se incluyen las estimaciones parciales de lo recurrido. Es decir, Hacienda liquida a un contribuyente por las razones X, Y y Z, el contribuyente va a juicio, y el Juez determina que en lo de X tenía razón el contribuyente. En lo de Y y Z, no. Ese caso entra dentro de la estadística de «casos ganados por el contribuyente y perdidos por Hacienda.»
En conjunto, la AEAT tiene razón en la inmensa mayoría de los casos. Y en los que no, asiste al contribuyente una serie de garantías, de recursos, revisiones y controles, para que otros organismos velen por la correcta actuación.
En resumen, al señor Maxim le pillaron con el carrito del helado, como a tantos otros.
Entonces podría usted explicarnos esto?
https://www.google.es/amp/s/www.elconfidencial.com/amp/economia/2018-05-18/hacienda-declaracion-granada-fraude-multinacionales-desigualdad-impuestos-subditos-ciudadanos-equidad-nacionalismos-cantonalismo-fiscal-culpabilidad-inocencia-seguridad-juridica_1565286/
La realidad es que los inspectores tienen unos pluses por liquidaciones complementarias que no pierden aunque el contribuyente posteriormente recurra en vía judicial y anule esa liquidación.
Más de un inspector, ante las quejas por los abusos contesta con un significativo: eso lo gana usted en el TEAR!!!!
Este artículo es simplemente lamentable. ¿Pero es que alguien puede creerse que este ‘panfleto’ es algo que ha surgido espontáneamente de la mente de su autor? ¿Quién ha pagado por esta defensa a ultranza de un defraudador?
La sociedad, afortunadamente, ya no permite que sus representantes, y menos aún un ministro, hayan defraudado a hacienda en el pasado, da igual que sea a título privado.
La sociedad, afortunadamente, ya no perdona esa actitud porque «es lo que todos haríamos si pudiésemos».
La sociedad, afortunadamente, a veces ni olvida ni perdona a quienes le roban y expolian.
La sociedad, afortunadamente, a veces avanza.
La sociedad, afortunadamente, a veces mejora.
Es muy necesario mejorar en comprensión lectora, si no de que nos sirve leer…..