I
Qué tiempos en los que hay que defender lo obvio, dijo alguna vez Bertolt Brecht. Empecemos pues por recordar algunas cosas. Desde hace casi cuarenta años, España es una democracia constitucional, perfectamente homologable con los regímenes democráticos de otros países de la Unión Europea, de la que forma parte. La Constitución de 1978 fue aprobada en referéndum por el 88,54% de los votantes en todo el país, y por un 90,46% en Cataluña, donde los votos en contra no llegaron al 5%. De acuerdo con la Constitución, España se ha organizado territorialmente como un Estado de las autonomías ampliamente descentralizado, en el que las comunidades autónomas disfrutan de alto nivel de autogobierno. Cataluña está reconocida como ‘nacionalidad’ histórica y las competencias que conforman su autogobierno están recogidas en el Estatuto de Autonomía. Con objeto de garantizar el autogobierno, el Estatuto queda constitucionalmente protegido como parte del bloque de constitucionalidad; si como sucede en cualquier Estado complejo, con varios niveles de gobierno, surgen conflictos entre el Gobierno central y los Gobiernos de las comunidades autónomas en cuanto al reparto o ejercicio de las competencias, tales conflictos han de ser resueltos por el Tribunal Constitucional como árbitro e intérprete de la Constitución, al igual que sucede en Alemania o Canadá. Por supuesto, las competencias del autogobierno y el propio Estatuto están abiertos al debate político y pueden ser reformados, como ha sucedido, siempre que se haga siguiendo los procedimientos legalmente establecidos y respetando el marco constitucional vigente, como es de esperar en cualquier país democrático.
Lamentablemente, lo que está sucediendo estos días en Cataluña con relación a la convocatoria del referéndum del 1 de octubre dista de ser lo que cabría esperar en una sociedad democrática normal. Con objeto de forzar una secesión unilateral, el Gobierno catalán y los grupos parlamentarios que lo apoyan han decidido convocar un referéndum ilegal en esa fecha. Para ello, invocando el supuesto derecho a decidir, aprobaron las leyes del referéndum y transitoriedad en las sesiones del 6 y el 7 de septiembre saltándose para ello los requisitos legales exigibles y el procedimiento parlamentario, sin el menor respeto por los derechos de los parlamentarios de la oposición, que se vieron forzados a abandonar la cámara. Todo ello con una mayoría parlamentaria que representa el 47,8% de los votos (no alcanzan los dos millones de votos sobre un censo de cinco millones y medio de electores) y que sería insuficiente para reformar la ley electoral o el propio Estatuto. La convocatoria del referéndum se ha presentado, con ingenuidad más o menos fingida, como la única forma de consultar a los catalanes acerca de la independencia. Sin embargo, dichas leyes representan en realidad la propia declaración de independencia. Convierten de facto al Parlament en una «dictadura soberana», como diría Carl Schmitt, suspendiendo la Constitución y el Estatuto de autonomía en Cataluña; y con ello los derechos civiles y políticos de los ciudadanos de Cataluña. Conviene subrayarlo puesto que los partidarios de la secesión presentan la convocatoria del referéndum como una exigencia democrática inocua e impecablemente democrática. Pese a la suspensión por el Tribunal Constitucional, el Gobierno autonómico y los partidos secesionistas han decidido continuar adelante con la convocatoria de un referéndum sin garantías, en lo que supone un claro desafío a la legalidad y al orden constitucional. Además, animan a sus partidarios a desobedecer las leyes y movilizarse para impedir su aplicación por parte de las autoridades judiciales, como estamos viendo en los últimos días.
No es de extrañar, por tanto, que la incredulidad inicial haya dado paso a la alarma ante lo que está sucediendo: los abusos cometidos por las autoridades autonómicas, la extensión de los actos de desobediencia callejera, el acoso a los discrepantes y, en general, el resquebrajamiento de la convivencia. Estamos seguramente ante la crisis política más grave de la España constitucional desde el golpe de estado del 23 de febrero de 1981. Un simple repaso a la prensa de las dos últimas semanas ofrece abundantes testimonios de esa alarma por parte de analistas sosegados, templados, nada dados a excesos grandilocuentes. Por citar solo unos pocos ejemplos, entre los que incluyo por razones obvias a algunos catalanes, Lluís Bassets ha explicado que las instituciones del autogobierno, empezando por la norma suprema que es el Estatuto, han quedado invalidadas en la práctica por quienes juraron respetarlas. Joaquim Coll señaló con tiempo el empeño insurreccional del independentismo catalán y Daniel Gascón ha descrito el proyecto secesionista como un «golpe de Estado posmoderno». Un manifiesto firmado por más de doscientos profesores de universidades españolas ha llamado la atención sobre la gravedad de los hechos y la responsabilidad de los secesionistas, cuyo ataque contra la Constitución y el Estatuto pone en grave peligro la convivencia democrática y la paz civil en Cataluña y en toda España. Y hace pocos días Manuel Arias Maldonado expresaba el vértigo que produce volver a ver en una sociedad democrática, europea y próspera, escenas de algaradas callejeras y discursos nacional-populistas más propios de los convulsos años treinta del siglo pasado.
La perplejidad que muchos sentimos ante estos acontecimientos puede resumirse con algunas preguntas. ¿Cómo es posible que esta agitación enarbole la bandera del victimismo en una de las comunidades con mayores niveles de bienestar en España y que goza de un amplio autogobierno? ¿Cómo es posible que se pretenda romper la convivencia en una sociedad democrática y abierta como la española, cuyos ciudadanos disfrutan de derechos y libertades constitucionalmente garantizados similares a los de cualquier democracia avanzada de nuestro entorno? ¿Cómo es posible que el Gobierno autonómico trate, en un ejercicio de aventurerismo político, de subvertir la legalidad vigente en un Estado miembro de la Unión Europea, que se define como una comunidad de Derecho y entre cuyos principios fundamentales está el imperio de la ley (the rule of law)?
II
Entre las justificaciones que esgrimen los partidarios del referéndum y la aventura secesionista está desde hace años el llamado «derecho a decidir». Ha sido un poderoso recurso retórico, detrás del cual se esconde el derecho a la autodeterminación de los pueblos o a la secesión. Ese supuesto derecho sencillamente no existe en el ordenamiento constitucional español ni está amparado por el Derecho internacional. Así lo vino a explicar la célebre sentencia del Tribunal Supremo de Canadá de 1998 sobre la secesión de Quebec, tantas veces invocada en tiempos recientes y cuya lectura sólo cabe recomendar. En esto la Constitución Española, cuando atribuye la soberanía al conjunto de los ciudadanos españoles, no hace más que seguir la norma de las constituciones de los países democráticos, como la francesa que considera la República indivisible, o la República Federal de Alemania, cuyo Tribunal Constitucional dictaminó en abril de este mismo año que Baviera no tiene derecho a celebrar un referéndum de independencia porque violaría la Ley Fundamental. Los estados federados (Länder) «no son los dueños de la Constitución», decía la sentencia, puesto que la soberanía corresponde al pueblo alemán en su conjunto.
Tampoco el Derecho internacional, pese a lo que algunos cuentan, ampara el supuesto derecho de autodeterminación en el caso catalán. La Corte Suprema canadiense recordaba, a propósito del supuesto derecho a la autodeterminación de Quebec, que un derecho a la secesión bajo el principio de la autodeterminación de los pueblos solo es reconocido en el Derecho internacional en aquellos casos en los que un pueblo forma parte de un imperio colonial o está sometido a la dominación y explotación por parte de una potencia extranjera. En todos los demás casos rige siempre el respeto por la integridad territorial de los Estados, un principio fundamental del orden internacional. Por ello, tratándose de un Estado democrático, cuyos ciudadanos en su totalidad están representados en las instituciones y son tratados sin discriminación y de forma igual, el ejercicio de autodeterminación debe realizarse de «forma interna», es decir, dentro del marco del Estado existente. El Tribunal Supremo concluía que ninguna de las condiciones anteriormente formuladas se aplicaban a la provincia de Quebec, donde los ciudadanos gozan de una ciudadanía igual al resto de los canadienses y disponen de instituciones de autogobierno dentro de la federación. No veo cómo podría razonablemente extraerse una conclusión distinta en el caso de Cataluña.
¿Por qué a pesar de todo ha tenido tanto éxito el lema del «derecho a decidir»? Entre los nacionalistas es obvio, pues creen, como decía Ernest Gellner, que el Estado y la nación están hechos el uno para el otro, que toda nación ha de tener su propio Estado y todo Estado debe ser el Estado de una nación. Es lo que llamaba el «principio nacionalista de legitimidad», de acuerdo con el cual el único Gobierno legítimo sería el autogobierno nacional y las fronteras políticas deberían trazarse de forma acorde. El derecho a la autodeterminación, o a la secesión, se sigue naturalmente de dicho principio de legitimidad. Es lo que en la literatura se conoce como teoría adscriptiva de la secesión, según la cual el derecho a la secesión sería un derecho «natural» anterior al Derecho que tendría toda nación por el hecho de serlo. Como ejemplo ilustrativo cabe recordar el lema de la manifestación que convocó Esquerra Republicana de Catalunya allá por 2006 con el lema «Som una nació i tenim el dret de decidir». Para un nacionalista, los dos enunciados unidos por la conjunción copulativa que conforman el eslogan deberían leerse así: «tenemos el derecho a decidir» porque «somos una nación».
Ello explicaría la búsqueda nacionalista de rasgos diferenciales o señas de identidad para el reconocimiento de la existencia de la nación, pues una vez concedida su existencia se seguiría necesariamente el derecho correspondiente. De ahí cierta obsesión ontológica del pensamiento nacionalista, que suscribe, por seguir con Gellner, una visión de las sociedades humanas como si fueran un cuadro de Modigliani, compuesto por grandes manchas de color internamente homogéneas y perfectamente delimitadas unas de otras. En otras palabras, el nacionalista cree en la existencia de un pueblo singular, diferenciado por la tierra, la sangre y la lengua, que persiste a través de los avatares de la historia. Si la sangre y la raza no resultan ya de buen tono, siempre cabe reemplazarlos por la identidad, la lengua y la cultura propias, como equivalentes al viejo Volkgeist o al carácter nacional de los románticos. De lo que tampoco cabe duda es de la tendencia a sustancializar las naciones, lo que un estudioso del nacionalismo como Rogers Brubaker ha llamado el «realismo de grupo», tanto en el imaginario popular como también, desafortunadamente, en el discurso de algunos académicos. De Prat de la Riba a Jordi Pujol esa ha sido una veta importante en el nacionalismo catalán.
Naturalmente, como el propio Brubaker ha puntualizado, uno no necesita creer en la existencia de naciones, y hasta puede declararse agnóstico en tales materias. Y tampoco parece razonable sostener un supuesto derecho natural a la secesión, con independencia del Derecho, atribuido a agregados colectivos como las naciones. Puestos a hablar de personas artificiales (persona ficta), solo el Derecho puede concederles personalidad legal y, en consecuencia, obligaciones y derechos. Y en el caso en que uno crea en la existencia de derechos morales anteriores a la ley, como resultado por ejemplo de la lectura de Locke, lo razonable es considerar a las personas individuales como únicos titulares de tales derechos morales.
Por eso es más interesante fijarse en otra forma de ver el derecho a decidir por razones no nacionalistas. Es importante considerarla para entender por qué muchas personas ajenas al nacionalismo en Cataluña y fuera de Cataluña han encontrado atractivo o defendible el supuesto derecho, especialmente en ciertos sectores de la izquierda. Es aquí donde puede verse mejor la eficacia retórica del eslogan, pues el derecho a decidir se asocia con valores atractivos como la libertad o la autonomía para elegir cómo conducir nuestra vida. En términos colectivos evoca el principio democrático, según el cual corresponde a los ciudadanos, considerados conjuntamente como cuerpo político, la titularidad última del poder y por tanto la capacidad de decidir acerca de los aspectos fundamentales del orden político, bien directamente o por medio de representantes libremente elegidos. De esta asociación deriva la creencia de tantos en las impecables credenciales del derecho. Tal y como se hace en la literatura sobre la secesión, se podría hablar aquí de una «teoría plebiscitaria» del derecho a decidir, según la cual el derecho a decidir sería una elemental exigencia democrática, sin adherencias ni complicaciones nacionalistas, pues no dependería del carácter nacional de la comunidad, sino que bastaría la voluntad de un conjunto de ciudadanos territorialmente localizado.
Como salta a la vista, tal concepción plebiscitaria difícilmente resiste el análisis o sobrevive a las múltiples objeciones que genera. Un primer problema es obvio si nos preguntamos quiénes tendrían derecho a decidir, pues el funcionamiento del proceso democrático presupone la existencia de un demos bien delimitado. La cuestión de quiénes forman parte del cuerpo político, con derecho a participar en las decisiones con su voto, es cualquier cosa menos secundaria o trivial. La política democrática se desarrolla necesariamente dentro de un marco político dado, que define la existencia de un cuerpo político de ciudadanos que colectivamente deciden sobre las cuestiones fundamentales que afectan al orden político y su organización institucional. Solo dentro de ese marco político establecido cobra sentido el principio democrático y tiene aplicación la regla de las mayorías. Simplemente, no puede haber democracia sin demos ni soberanía popular sin un pueblo constituido. A falta de lo cual, la invocación del derecho a decidir conduce a un impasse o gira en el vacío dando lugar a resultados disparatados por contradictorios. Comparada con la versión plebiscitaria, la versión nacionalista ofrece al menos un soporte al derecho a decidir: una idea de cuál debe ser el ámbito de decisión y el pueblo al que corresponde ejercer ese derecho a decidir.
Dada su falta de concreción, las consecuencias de la aplicación irrestricta del derecho a decidir no son nada atractivas. Cualquier colectivo podría invocar el derecho a decidir para ajustar a conveniencia el ámbito de la decisión, asegurando por ejemplo una mayoría. En caso de disentir de la decisión mayoritaria, la minoría discrepante podría poner en cuestión la legitimidad de la decisión proponiendo un marco político alternativo o amenazando con romper el ya existente, socavando de esa manera las bases mismas de la política democrática.
Por lo demás, las democracias que conocemos, en Norteamérica o en la Unión Europea, son democracias constitucionales. En un régimen constitucional democrático el funcionamiento de las instituciones políticas y el ejercicio del poder político por parte de los ciudadanos o sus representantes están sujetos a la Constitución, cuyo cumplimiento es inexcusable y susceptible de revisión por los tribunales. En otras palabras, en una democracia constitucional no se puede decidir acerca de cualquier cosa, en cualquier momento o por cualquier mayoría. Por el contrario, las cuestiones fundamentales del orden constitucional se sustraen al juego de las mayorías y a la lucha partidista. Los principios y normas fundamentales recogidos en la Constitución quedan blindados por procedimientos de reforma costosos, que exigen mayorías cualificadas.
Es algo que con cierta frecuencia se pasa por alto cuando se discute sobre el derecho a decidir. Peor aún, como hemos presenciado estos años, algunos plantean una oposición entre democracia y Constitución, como si la segunda fuera un obstáculo para el derecho a decidir. Planteada así la oposición, parece implicarse que la Constitución tendría que ceder ante una voluntad mayoritariamente expresada. El derecho a decidir, como expresión del principio democrático, nos dicen, no puede encontrar trabas o frenos en la Constitución, si esta es genuinamente democrática. A pesar de las apariencias, esa contraposición y la inferencia sugeridas son completamente contrarias al sentido mismo de una democracia constitucional (o de una Constitución democrática, que viene a ser lo mismo). Por decirlo de forma deliberadamente provocativa: en una democracia constitucional no se puede y tampoco se debe decidir acerca de cualquier cosa. Hay cosas que deben ser sustraídas a las decisiones de cualquier mayoría, por amplia que pueda ser. Tal es el sentido mismo de la Constitución, como señalaba Giovanni Sartori: consiste en fijar límites al poder, a cualquier poder, incluso al que ejercen los ciudadanos en tanto que cuerpo político unos sobre otros, con objeto de asegurar la convivencia en libertad. Una formulación clásica de ese viejo sentido del constitucionalismo se encuentra en el artículo 16 de la Declaración de derechos del hombre y el ciudadano de 1789, que reza: «Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución». Que las dos cosas, la limitación del poder y la protección de las libertades, no puedan disociarse es el mejor legado del constitucionalismo liberal.
Por tanto, allí donde existe una Constitución democrática no puede haber un derecho a decidir irrestricto, que sería absolutamente incompatible con la primera. Es ciertamente más fácil hablar del derecho a decidir, implicando con ello que ser libres es poder elegir lo que queramos, que comprender que para ser verdaderamente libres debemos restringir nuestras elecciones, porque hay cosas que no podemos elegir. Y que tales restricciones aseguran políticamente nuestra libertad: los derechos y libertades fundamentales garantizan la inviolabilidad y la independencia moral de las personas así como la igualdad fundamental de los ciudadanos; por eso no deben quedar a disposición de ninguna mayoría.
Cabría alegar que cuando se habla del derecho a decidir en un contexto democrático se dan por supuestas tales cautelas, de modo que cualquier decisión deberá salvaguardar esos derechos y libertades fundamentales de las personas. Pero la cosa no parece nada clara. En términos democráticos, las cuestiones fundamentales del orden constitucional nos conciernen a todos, y puesto que nos afectan a todos deben ser decididas por todos. O, lo que es lo mismo, cuando se trata de esas cuestiones fundamentales acerca del orden político, todos tienen igual derecho a tomar parte en la decisión. Sin embargo, cuando se invoca el derecho a decidir se hace en nombre de una parte de los ciudadanos y no de la totalidad. Pero los ciudadanos que se ven excluidos de una decisión que les concierne verán tal exclusión como un menoscabo de sus derechos políticos y del principio de igualdad entre los ciudadanos. En nombre justamente de ese principio democrático elemental, la igualdad entre los ciudadanos, que se traduce en la exigencia de igual participación en las decisiones que afectan a las cuestiones fundamentales del orden político, cabe preguntarse: ¿con qué derecho un subconjunto de ciudadanos se reserva el derecho a decidir por los demás? Pensemos que así se vuelve en su contra la acusación utilizada a favor del derecho a decidir: si otros deciden por nosotros en lo que se refiere a los aspectos fundamentales del orden político, se ha alterado la simetría esencial entre ciudadanos.
El asunto es particularmente grave porque se invoca el derecho a decidir para cambiar el marco político a través de la secesión y alterar precisamente la composición del demos. No se trata de una decisión cualquiera; al contrario, bien podría decirse que plantea la cuestión más seria en la política democrática. Como han explicado Stéphane Dion o Juan Claudio de Ramón entre nosotros, no hay decisión política más grave que convertir en extranjeros a nuestros conciudadanos. Una decisión así afecta dramáticamente a los fundamentos mismos de la relación entre ciudadanos, puesto que algunos, pongamos una mayoría local, se arrogan el derecho a alterar la condición de ciudadanos de los otros, con serias consecuencias para sus derechos y libertades, por no mencionar sus otros intereses, y cambiando en suma su situación ante las instituciones políticas. Una perspectiva inquietante en una democracia constitucional, pues abre interrogantes de justicia política y no solo consideraciones de prudencia.
Por lo demás, la prudencia política justifica sobradamente que se contemple con toda cautela el derecho a decidir. Si se invoca el derecho a decidir como principio democrático, no hay límites a su aplicación. Cualquier colectivo podría apelar a ese derecho, y también cualquier subconjunto de ciudadanos dentro de ese colectivo, y así ad infinitum. Y cualquier minoría en un marco más amplio podría delimitar el ámbito de decisión erigiéndose en mayoría, aunque exponiéndose al mismo tiempo al mismo peligro. Lo que no parece coherente, de acuerdo con la concepción plebiscitaria, sería exigir ese derecho como parte de un todo y luego negar esa misma posibilidad a las partes de las partes. Por poner un ejemplo lejano, aunque los hay cercanos, no parece razonable exigir el derecho a decidir de Quebec para separarse de Canadá y negárselo al mismo tiempo a las poblaciones aborígenes o a las poblaciones anglófonas dentro de la Belle Province en nombre de la integridad territorial y la intangibilidad de las fronteras.
No sé si hace falta recalcar que las consecuencias indeseables a las que conduce la concepción plebiscitaria del derecho a decidir valen igualmente para la versión nacionalista. Es importante señalarlo porque la apelación al derecho a decidir depende al final de la existencia de reivindicaciones nacionalistas. Sin ellas simplemente no se hablaría políticamente del supuesto derecho. El discurso nacionalista es sustancialmente distinto a la concepción plebiscitaria, pues adscribe el derecho a la autodeterminación a cierta clase de colectivos sociales, las naciones, y solo a ellas. Sin la ontología social nacionalista, el presunto derecho a decidir se mueve sencillamente en el vacío. Con todo, el uso retórico del derecho a decidir ha resultado útil para dar una pátina democrática a las aspiraciones nacionalistas ante una audiencia no nacionalista. De hecho, podemos sospechar que su principal función retórica ha sido negativa: inhibir o reducir el rechazo a las demandas nacionalistas, revistiendo estas como radicalismo democrático. Una buena parte de la izquierda española prueba que la estrategia tiene éxito.
III
La discusión anterior se refiere grosso modo a lo que en la literatura se conocen como teorías adscriptivas y plebiscitarias de la secesión. Hay, además, una tercera forma de justificar la secesión, según la cual esta podría justificarse moralmente como único remedio a una situación de grave injusticia. Es lo que se denomina «teoría de la causa justa». Esta línea de justificación está próxima a las estrictas condiciones que fija el Derecho internacional, como vimos, para contemplar la secesión bajo el principio de autodeterminación de los pueblos, es decir, en el caso de situaciones coloniales o de sojuzgamiento y opresión de una población por parte de poderes extranjeros. Tales injusticias tendrían que suponer violaciones masivas, muy graves y generalizadas de los derechos humanos de la población en cuestión; a lo que cabría añadir como segunda condición que la secesión fuera el único modo de poner fin a esas violaciones graves y sistemáticas de los derechos de la población oprimida.
En los últimos meses, si no en los últimos años, hemos visto que los defensores del referéndum de autodeterminación recurren sin recato a todas las justificaciones a la vez, alternándolas o combinándolas: la autodeterminación sería una exigencia democrática, el derecho de la nación catalana y, además, el modo de remediar la explotación y opresión que sufren los catalanes en el Estado español. Esta última estrategia de justificación cada vez cobra más fuerza o estridencia. Llevamos años escuchando cosas como «Espanya ens roba» o el maltrato fiscal a Cataluña. Como era de esperar, en las últimas semanas se han incrementado las voces que denuncian con dramatismo impostado toda clase de agravios e injusticias, pensando sobre todo en la opinión pública internacional. Los portavoces del independentismo saben muy bien que ni la justificación plebiscitaria ni la nacionalista despertarían la simpatía o comprensión de la prensa internacional o del público de otros países, por lo que tienen que recurrir a la justificación de la causa justa. Si quieren hacer avanzar la secesión con los argumentos de la causa justa, necesitan probar que los catalanes sufren graves injusticias y violaciones de derechos por parte del Estado español. Eso tropieza con un importante obstáculo: España es un Estado social y democrático de Derecho, cuyas disposiciones constitucionales y ordenamiento legal garantizan a todos sus ciudadanos sin discriminación un amplio catalogo de derechos, que ha suscrito los grandes tratados internacionales en materia de derechos humanos así como la Convención Europea de Derechos y Libertades, además de ser miembro de la Unión Europea y del Consejo de Europa. Por ello los defensores de la secesión se han dedicado a lanzar toda clase de acusaciones, sospechas y descalificaciones sobre el autoritarismo del Estado español, la falta de libertades o la continuidad de la monarquía parlamentaria con el franquismo. Estamos viendo de todo en las redes sociales: analogías de los catalanes con los esclavos del Sur o con los judíos perseguidos, fotos de Tiananmén, y hasta el propio Mas ha llegado a compararse con Mandela y Martin Luther King. Mucho me temo que la cosa no va a cesar por la razón expuesta y vamos a oír cosas peores en los próximos días.
El texto de Carles Boix publicado en Jot Down se acoge también a la teoría de la causa justa, por lo que es de agradecer que adopte un tono más mesurado en su defensa del referéndum del 1 de octubre. La estructura argumental de su trabajo es relativamente sencilla. Primero afirma que la historia de España como Estado nacional ha sido un fracaso. Como consecuencia, ese fracaso ha dejado «un conjunto de países infelices en la península ibérica» (sic). El pacto constitucional de 1978 abrió una oportunidad para la esperanza de remediar tanta infelicidad, pero fracasó también en 2010 con la sentencia de Tribunal Constitucional sobre el Estatuto. Si se ensayara en el futuro alguna reforma federal, como algunos proponen, también fracasaría; es más, incluso si tal reforma siguiera las líneas de un federalismo asimétrico, fracasaría igualmente. La conclusión es obvia: a los catalanes, minoría débil y oprimida en el Estado español, solo les queda como única salida ante esta situación injusta el ejercicio del derecho de autodeterminación.
Como se ve, la argumentación de Boix se ajusta como un guante a la concepción de la causa justa. Cosa bien distinta es si resulta convincente, pues uno tiene la impresión de que todo está forzado para extraer la conclusión que se desea. Cuestiones complejas y controvertidas son reducidas a frases tajantes, si no simplistas, afirmadas en varios casos sin mayor justificación. Lo que es peor, el relato histórico adquiere un aire indudablemente maniqueo, como una historia de buenos y malos, opresores y oprimidos. Me temo que ese aire maniqueo viene exigido por el guion de la causa justa. Lo más desconcertante, sin embargo, es que su exposición descansa sobre el protagonismo de entidades colectivas, a las que confiere voluntad, sentimientos, personalidad («Cataluña no pudo imponer», «no sintiéndose cómodamente española») y hasta la posibilidad de ser felices, o infelices. Podría alegarse que es simplemente un modo de hablar, una forma de abreviar; pero ese modo de hablar no carece de consecuencias que conviene señalar. Por terminar de decirlo, a medida que leía el texto más se transparentaba la ontología social nacionalista que subyace a la argumentación. Eso tendría su importancia si al final el argumento de la causa justa reposara sobre supuestos nacionalistas.
No voy a entrar en el detalle de unos apuntes históricos que traza a vuela pluma. Afortunadamente el autor no se remonta hasta 1714, como aquellos que presentan una guerra de sucesión por el trono de España como si hubiera sido una guerra de liberación nacional. Pero sí llama la atención el modo en que presenta la tesis del fracaso de España: «España no ha conseguido llegar al fin hegeliano de la historia». Dicho así, quienes no somos hegelianos ni creemos en el fin de la historia bien podríamos poner en duda tal fracaso. La descripción de ese supuesto fin («una comunidad nacional sin fisuras, articulada bajo un Estado aceptado como legítimo por todos sus ciudadanos») no hace la cosa menos dudosa. Los brochazos históricos con los que apoya esa conclusión, además, son más bien gruesos. Afirma por ejemplo que la «España de matriz castellano-andaluza no consiguió imponer una solución a la francesa» y la explicación es que «la revolución liberal fracasó en España», lo que se afirma sin más. Una afirmación así difícilmente da cuenta de las vicisitudes del liberalismo decimonónico español o de la experiencia histórica de la Restauración, por ejemplo. Pero lo que más me interesa es el retrato en blanco y negro que va sugiriendo con pinceladas aquí y allá. Francia tuvo éxito como Estado centralizado porque «París ofreció al Midi un trato de iguales»; luego sugiere que Madrid nunca lo hizo con Cataluña, que la relación siempre fue de dominación. O añade: «la fuerza de las armas nunca es suficiente para forjar un solo pueblo con un solo sentimiento nacional», lo que sugiere que la relación con Cataluña siempre estuvo mediada por la fuerza de las armas y la imposición. En esta línea, los gobernantes en Madrid son retratados como «élites reaccionarias, antiliberales», sin más distinciones. Que juzgue el lector si no es una visión simplista y distorsionada de la historia.
Lo que me importa es el modo en que introduce a los protagonistas de su relato. Como resultado del fracaso histórico, emergen «un conjunto de países infelices», «incapaces de mantener entre sí una relación mínimamente fraternal», con «personalidades nacionales diferenciadas y proyectos políticos divergentes». En suma, una mayoría cómoda con la idea de España unitaria y «una minoría —Cataluña— luchando para sobrevivir como nación cultural y política». Esta relación es infeliz, de dominación, entre desiguales, hasta el punto en que aplica la dialéctica hegeliana del amo y el esclavo para analizarla. Pero este es un boceto «à la Modigliani», muy del gusto nacionalista como hemos visto, con poblaciones humanas perfectamente encuadradas en pueblos internamente compactos y claramente separados unos de otros por bordes rotundos, cada uno con su personalidad e identidad diferenciada. Es peor aún si se presentan tales pueblos o naciones, Cataluña o España, como una suerte de «animales metafísicos», dotados de personalidad, intereses o proyectos propios. Para quien no suscribe la ontología social nacionalista, el relato así construido es sencillamente increíble. La argumentación de Boix se sustenta enteramente en ese relato, pues el problema para él es cómo poner remedio, o fin, a esa relación infeliz entre entidades colectivas. Y ese no es el problema.
Esa forma de plantear las cosas no es inofensiva. En términos analíticos, siempre me ha parecido intelectualmente higiénico el individualismo metodológico con objeto de evitar la reificación o sustancialización de los agregados sociales como si existieran como entidades reales o presentados antropomórficamente como agentes supraindividuales con intereses aparte. Lo que me interesa subrayar ahora es el modo en que esa manera de abordar el asunto encubre u oculta los conflictos ideológicos e intereses divergentes que se dan en el interior de esas comunidades pretendidamente homogéneas. Boix habla de los catalanes o de Cataluña como si formaran un bloque monolítico, todos a una, con un mismo proyecto político o identificados con una causa. De esa manera escamotea lo que es el dato crucial de la actual crisis política (y en la historia de Cataluña): la pluralidad interna de la sociedad catalana. No es un conflicto entre Cataluña y España, como gustan de decir los nacionalistas, pues las líneas de fractura pasan en primer lugar por la propia sociedad catalana, internamente dividida en relación con el proyecto de secesión. Los bancos vacíos de los parlamentarios de la oposición cuando se votaron las leyes del referéndum y de transitoriedad son una prueba más que elocuente, por si hiciera falta.
Se ha dicho que la sinécdoque es la figura retórica favorita de los nacionalistas, por su tendencia a hablar en nombre de todos los catalanes, siendo solo una parte de ellos. Lamentablemente, por inadvertencia o inercia, muchos otros les siguen la corriente. Lo vimos el otro día en la sesión de control en el Congreso cuando un grupo de diputados catalanes abandonaron la cámara y después pudimos ver en titulares y comentarios que «los diputados catalanes se marcharon», como si no hubiera diputados catalanes en el PP, en el grupo socialista o en Ciudadanos, por ejemplo. El texto de Boix es un juego constante con la sinécdoque donde la parte se toma como un todo y el todo por una parte, en las relaciones entre Cataluña y España, pero también al presentar a los catalanes como un todo unido en torno a las reivindicaciones y aspiraciones de una parte de ellos.
Si el lector no acepta el juego de Boix con las sinécdoques, toda su justificación de la causa justa se viene abajo. Sin remontarnos a la supuesta historia de opresión de Cataluña, veamos por qué dice que fracasó la Constitución de 1978: «porque no garantiza la posición de igualdad de las naciones peninsulares». Y eso quiere decir la igualdad entre España y Cataluña como naciones distintas. Más adelante aclara la gran lección del periodo democrático iniciado en 1978: que la estructura constitucional de España no garantiza a los catalanes su espacio soberano. En resumen, la actual Constitución ha fracasado porque no concede la soberanía a Cataluña y establece relaciones de igual a igual entre ambas naciones. Esa es la injusticia fundamental que esgrime el texto: que los catalanes no ven reconocida su soberanía nacional. La desigualdad a la que se refiere varias veces no es más que la existente entre naciones. Pero entonces lo que parecía una argumentación basada en la teoría de la causa justa se revela como un planteamiento nacionalista, según el cual Cataluña es un pueblo distinto y como tal tiene derecho a la autodeterminación. No debería extrañarnos, por tanto, que concluya defendiendo la legitimidad del referéndum del 1 de octubre. Todo estaba ya en las premisas.
A muchos, sin embargo, no nos importan la felicidad de las naciones, o la dignidad de los pueblos, si es que eso significa algo. Cualquier pacto o arreglo constitucional tiene como propósito asegurar la convivencia en libertad y la igualdad de todos los ciudadanos bajo la ley, no la de los pueblos. Y tiene que reconocer el pluralismo como hecho fundamental de una sociedad democrática moderna, cuyos ciudadanos están divididos por concepciones morales, filosóficas y religiosas antagónicas, lo que incluye su creencia o falta de creencia en la existencia de naciones. Por eso, como decía Rawls, una sociedad democrática no puede contemplarse como una comunidad en torno a una fe compartida, ya sea religiosa o secular. El orden constitucional debe garantizar el pluralismo protegiendo los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Ahí radican las garantías últimas que ofrece la Constitución y que ningún proyecto o causa debe poner en peligro.
Por eso la justificación de la causa justa no puede esgrimir agravios contra las naciones, sino que tiene que probar, a falta de una situación de dominación colonial o explotación por una potencia extranjera, la existencia de graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos. En la España constitucional de 2017 simplemente no se da el caso. Que los deseos de independencia de una parte del electorado catalán se vean frustrados por la Constitución y la ley no representa la grave injusticia que necesitan para justificar el referéndum. Eso podría explicar seguramente la promiscuidad de justificaciones (nacionalista, plebiscitaria o la causa justa) a la que se recurre en defensa de la secesión y el uso oportunista, cambiando de unas a otras según convenga, que se hace de ellas.
IV
En un reciente artículo decía Miguel Aguilar que cuando hablamos de la «cuestión catalana» convendría distinguir dos problemas diferentes. Uno de largo alcance tiene que ver con la organización territorial del Estado de la autonomías y el encaje de Cataluña. Es un problema que requiere tiempo y negociaciones complejas, y que podría culminar en una reforma de la Constitución. De hecho, a principios de septiembre se ha creado una comisión de estudio para la reforma del modelo territorial en el Congreso de los Diputados. El Partido Socialista, promotor de la iniciativa, propone una reforma federal y un mejor reconocimiento del carácter plurinacional del Estado, todavía por especificar. El sistema de financiación de las comunidades autónomas, técnicamente complejo, está abierto a la discusión al igual que el sempiterno problema de la reforma del Senado como cámara territorial. Hay además otras iniciativas interesantes que surgen de la sociedad civil como el proyecto de una ley de lenguas oficiales que han defendido Juan Claudio de Ramón y Mercè Vilarrubias, por ejemplo. Cabe discutir de muchas cosas para mejorar el Estado de las autonomías. Pero ahora el problema inmediato es otro. El Gobierno de la Generalitat y los partidos que lo apoyan quieren forzar una secesión unilateral con la convocatoria de un referéndum ilegal, han dividido a la sociedad catalana con su proyecto y pretenden suspender de facto la Constitución y el Estatuto. Lo urgente es restablecer la legalidad y velar, con firmeza y prudencia, por el mantenimiento del orden constitucional. Están en juego el imperio de la ley y los derechos de todos.
Sólo tengo aplausos al autor contra el charloteo del sr Boix y sus zanahorias rojigualdas.
Insisto… CIU 30 años haciéndole el juego a Felipe y Aznar… y de repente uy! que se nos escapa el Poder
Mas y Puigdemont solo piensan en sus amigos ricos… que son no pocos en Cataluña
Por qué no se habla más del papel de CIU en todo este chantaje con forma de campaña electoral perpetua??
El nacionalismo es un invento de la burguesía. Y no es otra cosa que la ley del embudo: contribuir lo menos posible a cambio de las mayores concesiones. En España, sólo se puede hablar de una burguesía verdadera en el País Vasco y en Cataluña.
Jajajaja, sabia que tras un articulo pro referendum sacariais otro al dia siguiente antirreferéndum.
Y eso le parece a Ud. de risa.
Le animo a comparar un artículo con el otro, sin incluir en la comparación la parte en la que obviamente el profesor Toscano tiene ventaja, ya que puede rebatir lo escrito anteriormente por el profesor Boix.
Así a vuela pluma, le diría que mientras el profesor Toscano referencia su artículo a más de veinte pensadores, el profesor Boix…
Por último, le recomendaría releer el párrafo en el que el profesor Boix explica detalladamente como Hitler se cargó la Constitución apropiándose en dos meses del poder legislativo…me parece a mi que hay cierto paralelismo con lo que hicieron Puigdemont y compañía con el Estatut, pero batiendo un record internacional, sólo en veinticuatro horas. Vaya por dios, en que jardín se ha metido Ud. solito profesor Boix.
Me parece a mi, claro; que soy un tío raro al que lo de la convivencia entre ciudadanos y el intercambio de pareceres, le da cualquier cosa menos risa.
Con la misma legitimidad se habla de una cosa y de la otra. ¿O impera el concepto de razón exclusiva o la dualidad provocación-reapuesta?. Le has dado la razón total al artículo.
Era una apreciación sobre la linea editorial de la revista. Cuando leí el anterior supuse que al dia siguiente saldria otro artículo argumentando lo contrario. El jajaja es porque se confirmaron mis sospechas (así como también las de que tendria respuestas interpretando mi comentario, si no, me igual me habria olvidado de volver a entrar)
Pues nada hombre. Si la risa era por una sospecha democrática, bienvenida sea…
«La perplejidad que muchos sentimos ante estos acontecimientos puede resumirse con algunas preguntas. ¿Cómo es posible que esta agitación enarbole la bandera del victimismo en una de las comunidades con mayores niveles de bienestar en España y que goza de un amplio autogobierno? ¿Cómo es posible que se pretenda romper la convivencia en una sociedad democrática y abierta como la española, cuyos ciudadanos disfrutan de derechos y libertades constitucionalmente garantizados similares a los de cualquier democracia avanzada de nuestro entorno? ¿Cómo es posible que el Gobierno autonómico trate, en un ejercicio de aventurerismo político, de subvertir la legalidad vigente en un Estado miembro de la Unión Europea, que se define como una comunidad de Derecho y entre cuyos principios fundamentales está el imperio de la ley (the rule of law)?»
Ahí está, para quien sepa leer. Más claro, agua.
Más claro aun el manifiesto de los tanques (aka manifiesto de los 234 profes universitarios) que firmó el autor de este artículo: «requerimos al Gobierno para que, como poder ejecutivo, haga uso de la fuerza legítima que al Estado le corresponde en exclusiva». Pues 900 heridos ha habido, en un solo día. Toda ella gente pacífica que sólo quería votar. No robar o declarar la independencia: sólo votar. Alegre debe estar el autor, profe de Ética y doctor en Filosofía. Por supuesto, todo esto ha sido un escándalo internacional completamente incomprensible en países realmente civilizados, como no podía ser de otra manera.
Un razonamiento impecable.
A ver si el señor Boix tiene valor para oponer otro razonamiento mínimamente serio y que no recurra al nacionalismo ni al victimismo.
El autor dice: «¿Cómo es posible que esta agitación enarbole la bandera del victimismo en una de las comunidades con mayores niveles de bienestar en España y que goza de un amplio autogobierno?»
Es posible porque ni el bienestar ni el autogobierno no son tan maravillosos ni elevados como quieres dar a entender.
Llevamos muchos años oyendo propuestas y futuras reformas (federales, etc..), como las que explicas, que nunca han progresado y un grupo importante de la población de Catalunya se ha cansado. Ya no nos lo creemos.
Simplemente queremos organizarnos sin tener que depender, en un alto porcentaje, del resto del estado español.
Y creo que en que un grupo de personas tienen el derecho a preguntarse si quieren seguir igual o cambiar.
Y la decisión de ese grupo de personas es la primera que tiene valor. Con posterioridad, estoy de acuerdo en que tendremos que ponernos de acuerdo con los vecinos del mundo si esa nueva organización es posible o no.
Pero en primer lugar tendremos que saber el deseo propio, y no podemos anteponer la posibilidad o no de un nuevo orden, al conocimiento de nuestros propios deseos.
La Ley va detrás de nuestra voluntad democrática. Y la voluntad de una parte importante de los ciudadanos catalanes es votar para saber qué quiere la mayoría.
Pero desde hace varios años, la voluntad del gobierno español es negar completamente la posibilidad de hacernos esa pregunta y no ofrece ninguna alternativa. Es decir, niega a una parte importante de la población el deseo de saber que opinamos nosotros mismos.
Como no tenemos alternativa, ¿qué propones que hagamos?
saludos cordiales,
«creo que en que un grupo de personas tienen el derecho a preguntarse si quieren seguir igual o cambiar.
Y la decisión de ese grupo de personas es la primera que tiene valor. Con posterioridad, estoy de acuerdo en que tendremos que ponernos de acuerdo con los vecinos del mundo si esa nueva organización es posible o no.»
¿Me puede explicar que significa eso exactamente? ¿Que se organize un referéndum vinculante y si sale que si independencia, pero si en las negociaciones resulta que nos tocaría vivir peor entonces no cale?.
En cuanto sale el sí es la independencia.¿Que es eso de ponerse de acuerdo en si es posible a posteriori?
Relea Ud. de nuevo la parte del artículo en la que se explica porque un grupo de personas no se puede auto erigir en sujeto de derecho.
Imagínese por un momento que el resto de vecinos de su casa deciden que Ud. (precisamente Ud.) sobra. ¿El motivo? El que Ud. quiera: político, religioso, lingüístico, racial o futbolístico… a cual más estúpido.
Llega un día en que votan que Ud. se va a la rúe porque «tienen el derecho a preguntarse si quieren seguir igual o cambiar», «… la decisión de ese grupo de personas es la primera que tiene valor» y «La Ley va detrás de su voluntad democrática».
Siguiendo su respetable ejemplo, esto no va de echar a ningún vecino. Esto va de que hay un vecino que quiere cambiarse de piso por los problemas de escalera y el resto de vecinos no se lo permiten. Creo que es muy diferente.
Hombre David, el ejemplo está puesto para tratar la cuestión de un grupo de personas que se intentan arrogar un derecho contrario a la ley, apelando a una supuesta voluntad democrática que lo justifica todo: el famoso «derecho a decidir».
Pero aceptando su tesis, yo matizaría; no es que el vecino se quiera cambiar de piso… es que se lo quiere llevar.
En este caso particular de Cataluña, aparte de la cuestión legal, estructuralmente el piso es un primero y los problemas que crea el que algunos de Uds. se lo quieran llevar son morrocotudos; tanto para Uds. como para los que nos quedamos.
Fíjese la que hay liada con las negociaciones del Brexit y eso que sólo estaban de «alquiler».
Aparte de lo que ya le han respondido hay otra respuesta: ya se votó esto el 27 de septiembre de 2015, hace justo dos años, y perdistéis los de la independencia.
Como se dice el artículo vuestro ideario va de neofascismo estelado para imponer vuestra catalanidad a la mayoría de la población de Cataluña. Lo que se ha venido en llamar limpieza étnica desde la guerra de los balcanes.
Mis felicitaciones al articulista. Expone con profundidad cuestiones claves. Y aunque no comparto totalmente el fondo – pues entiendo que en la Constitución cabe cualquier reforma siempre que se apruebe por el procedimiento y ley establecido – (no veo autolimitación) – estoy muy de acuerdo con las restantes reflexiones. Este tipo de reflexiones debieron ponerse en el alero mucho antes por parte de los políticos del marco constitucionalista para parar el relato épico que maneja hoy el nacionalismo catalán y que, como bien señala el autor, enarbolan como su causa justa. Saludos.
Enhorabuena por un gran articulo, claro y conciso.
El nacionalismo fue la pesadilla del siglo XX, casi destruyo europa, y convirtió a países como alemania, el país de los filósofos y músicos, en un infierno.
No me cabe en la cabeza que haya gente que superponga el derecho del «pueblo» a la «ley».
Nada de todo es gratis, estamos poniendo en jaque la reconciliación nacional y nuestra integración en Europa.
No lo puedo entender…
Bien por poner dos artículos pro y contra, ofrece una visión bastante amplia. Por lo demás, en lo que a mí respecta, los reclamos a la constitución o «la ley» como un algo inamovible y que garantiza la convivencia, simplemente no comulgo. El mejor ejemplo es lo que está pasando en Cataluña, un % de ellos no quieren participar de esta misma ley, con lo que apelar a la misma como garantía de unión y de felicidad me parece un poco vacuo. Otra cosa son las visiones sesgadas que pueda tener de la historia que justifique esto o aquello, cuando desde el otro lado se puede ofrecer la misma perspectiva de «interpretar» los hechos históricos al gusto de cada bando. Por desgracia me parece bastante chorra cuando hablamos de una cuestión sentimental. Idéntico a lo que veo cuando un autor habla de «Cataluña» como algo monolítico para sus intereses mientras estamos rodeados de medios que hablan de «España» como un ente con una idea concreta (bueno, y de los Catalanes también).
A mí, la verdad, me la suda kilos que ninguna nación occidental contemple un «derecho a decidir» dentro de un estado, no me sirve como justificación de que aquí tampoco deba existir, como si todos los estados fueran idénticos en particularidades, intereses, composición e interpretaciones de las historias de las diversas naciones que componen (o no) dichos estados. Un % muy importante ha decidido romper esa baraja y no se sienten parte, es tan entendible como irracional (en un sentido no despectivo, el nacionalismo tiene un componente muy importante de romanticismo, alguien apelaba a como el nacionalismo casi destruye Alemania, pero en parte también ayudó a crearla), y no hago más que leer apelaciones a esta misma baraja como solución al problema (no me refiero a este gran artículo en concreto).
Este referéndum en cuanto a garantías me parece una cagada, es de cuchufleta, y su tramitación es puro Berlanga, pero ha tenido una consecuencia muy esperada por los que lo apoyan, y es visibilizar un problema que el gobierno central se ha dedicado a ningunear, ponerlo tan en las narices que difícilmente se va a solucionar apelando a una ley que la mitad de allí ni se traga ni comparte, con lo que me da que a medio plazo el asunto va a ser enfocado a conseguir otro con más garantías y realmente representativo. Por mi parte espero que lo consigan, y espero que gane el «No» (que esa es otra, independentistas hay unos cuantos, gente que simplemente quiere poder contestar hay otro tanto)
El autor no ha dicho que la Constitución sea algo inamovible, sino lo siguiente: «Los principios y normas fundamentales recogidos en la Constitución quedan blindados por procedimientos de reforma costosos, que exigen mayorías cualificadas». Es decir, como marco jurídico de convivencia que es, las reformas deben hacerse bajo un amplio consenso. A mí, a diferencia de usted, este enfoque me parece bastante acertado, no me gustaría que el marco jurídico sobre el que se mueve mi estado sea susceptible a cambios de calado en función de las mayorías temporales que defina el electorado. Imagínese que eso que hacen cada legislatura con las leyes de educación, lo hicieran con la Constitución.
Cierto es. Tampoco me estoy refiriendo de manera concreta a este artículo, divago bastante en todo lo referido a este asunto y en cómo lo tratan diferentes medios según en qué lado están. Y en lo referido al medio «unionista» esa es la visión más extendida.
También, aún estando de acuerdo en lo difícil que resulta modificar la constitución como garantía de que la misma no puede ser utilizada en función de los intereses de una minoría…pues esto es cierto, y también está la trampa, esta constitución se ha reformado unas tres veces (hablo de memoria) desde los años 90, sin referéndum y utilizando la mayoría de 2/3 del congreso, la última para fijar el máximo de deuda. No me parece un ejemplo de modificación siguiendo los intereses de una mayoría ciudadana. Aunque yo soy bastante particular y me jode bastante que el voto sea visto en este país como una carta blanca para nuestros representantes.
Volviendo al asunto de Cataluña, la particularidad del problema está en que, como se señaló en el Parlament, no puedes decir que la única solución es la reforma constitucional a un grupo de gente que nunca tendrá el alcance político para cambiarla, pero que representan un % muy importante en un territorio y tienen un sentimiento de nación propio. Al final, entre unos y otros, se acaba en una situación sin salida, pero de doble ganancia, porque a ambos interesa esta tensión.
Tanto este comentario como el anterior suyo me parecen tanto en tono y en fondo necesarios.
Bravo!
Mi comentario no pretende ser una defensa cerrada de la Constitución. Existen muchos puntos en los que esta es claramente mejorable y como llevan muchos partidos en sus programas, es necesaria la apertura de un proceso constituyente.
En mi opinión hay varios partidos de carácter estatal que están dispuestos a aceptar una reforma en la constitución para dar cabida a la visión de esa mitad de Catalanes. Desde luego, el PP no está entre éstos. Ahora bien, el independentismo se encuentra en una paradoja, pues le interesa un PP fuerte en Madrid que alimente sus ascuas, pero a la vez sabe que nunca podrá pactar con ellos. Con un PSOE o Podemos en el gobierno, el independentismo se desinflaría bastante y su fuerza en una posible negociación por la reforma sería menor. Por este motivo, creo, han optado por la confrontación. Básicamente, porque les interesa el escenario de trincheras y de un PP desatado. Es decir, malos tiempos para los que no son ultras.
No he supuesto que fuera una defensa cerrada, en ningún momento. Yo también creo que habría que ampliar el debate sobre el asunto, como proponen algunos partidos. También me parece en parte un debate algo «falso», ya que la misma Constitución, por su forma, está abierta a interpretaciones diversas (en el otro artículo se comenta el caso de Quebec, donde la autodeterminación tampoco está explicitada en su constitución, si no que se interpreta que cabe dentro), algunas de ellas sometidas a interpretaciones muy diversas.
Si creo que es cierto que la estrategia de la confrontación funciona para ambos, pero también creo que tampoco es necesario desatar al Pp, porque el Pp se desata sólo, un buen ejemplo es el estatuto del 2006, que el Pp denunció en muchas partes que eran idénticas a las del estatuto de Andalucía, que no supuso ningún problema ni para el Pp ni para el TC (por ahí abajo han puesto los comentarios).
En el tema del crecimiento del movimiento independentista la cuestión del estatuto es fundamental a nivel de globalizarlo dentro de la sociedad catalana, mucho más incluso que el tema de «Espanya ens roba», que sí estaría muy presente mucho antes en aquel 15% de independentistas de hace unos diez años, el resto, un cabreo bastante lógico en mi opinión, porque hablamos de que el partido del gobierno denuncie cosas en un estatuto y no en otro, lo que supone una discriminación. Esta cuestión sale comentada en varios artículos de «El País» en cuanto a explicar motivos del crecimiento del movimiento pro referendendum (comentado por TODOS los entrevistados). Lo curioso es que ni comenten (ahora) el tema del estatuto andaluz, que sí apareció en un artículo en el 2010. Curioso, no?
Pero aún con eso, si, unos necesitan de la tensión de los otros, pero unos son unos partidos que sabían a lo que venían y hace un tiempo que no se cortan en decirlo y no han eludido el debate (aunque fuera quedando en ridículo como Mas en tv) y el otro es el partido del gobierno, que ha ignorado el asunto, se ha negado a negociar más allá de la ley o sobre la propia ley o las interpretaciones de la misma, y que en lo que llevamos de crisis se ha limitado a dejar el asunto en manos de jueces y fuerzas y cuerpos de seguridad negando la realidad de que este es un asunto bastante más gordo.
El verdadero problema de este asunto es que se ha generado una dinámica perversa en la que tanto a los independentistas como al PP les interesa un escenario de confrontación y de trincheras. Las agresiones del PP (como la que comentas del Estatut) son miel para los oídos del independentismo, de la misma forma que los «Espanya ens roba» son gasolina para el fuego del electorado más conservador español.
Lo verdaderamente triste de esta situación es que las posturas intermedias, o las voces que defienden los matices en las posturas están siendo acallados por el tono que ha alcanzado el tema fruto de esa confrontación.
Es grave, sobre todo, porque la discusión pierde los matices, los discursos se vuelven intransigentes a la crítica (la autocrítica ni está ni se le espera).
Para mí, esta postura intermedia es la mayoritaria en España, y también en Cataluña, y es la vehemencia en el discurso la que está silenciando los argumentos.
Excelente artículo.
Totalmente de acuerdo, también en que son mayoría los moderados y que optan por el diálogo en ambos bandos. Pero claro, es más fácil como sentimiento agregativo-pasional-electoral la postura «contra algo», a la que hay que añadir que el cántaro vacío es el que más suena tan típico de este país (y de Cataluña). Al final las posturas se atrincheran tanto que la impresión es que hay que estar en un bando o en el otro, cuando yo creo que tanto unos como otros llevan su razón
Esto iba para Kunabi, que me he liado
Ahora que se menciona el tema de Baviera, también se podría hablar de Flandes, la Padania, etc. (todas con un alto nivel de bienestar), una de las cosas que más me sorprenden es que verdaderamente se piense que es un problema de autoritarismo español y que la UE acabaría posicionándose a favor de Cataluña. Me parece de una ingenuidad alarmante y me hace plantearme en qué clase de mundo paralelo habita la gente que lo cree porque supone una desconexión absoluta de la realidad.
Cierto que es más fácil escribir una réplica que iniciar la discusión. Pero la diferencia de profundidad en la respuesta (fuentes citadas, ejemplos, explicaciones didácticas sobre el funcionamiento jurídico…) muestra la altura intelectual del autor. Sólo su argumentario es magnífico, pero en la réplica brilla especialmente como desmonta la retórica victimista como un cirujano, de manera fría y desapasionada pero certera e incisiva. Un artículo está escrito desde la emoción y la pasión (y no se confundan, hace falta pasión y emoción en esta vida) pero también desde la cerrazón y la mística; mientras que el otro está escrito desde la frialdad y el analisis. Bravo y chapeau.
Brillante artículo.
Es una lástima que ya el primer parágrafo, frase a frase, sea todo una falacia, una mascarada, una careta. Por ello, todo lo que viene detrás tiene tan poco valor. Y lo peor de todo es que afecta a los españoles tanto o más que los catalanes.
Los españoles ni se enteran de las condiciones en que viven, como la oligarquia franquista (tal como suena, despierten!) sigue gobernando a la sombra, sigue ampliando sus prebendas legales (via BOE) e ilegales (via corrupción). Si alguien se entretuviera a escribir los lazos familiares del entramado político-funcionarial-judicial-empresarial español, se nos pondrían a todos los pelos de punta. Luego se puede revestir todo de legalismos y legitimidades, pero, señores, lamento decirles que España es un gran cortijo. Un sólo ejemplo, vean quien es y que lazos familiares tiene el coronel que han nombrado mando único policial en Cataluña. Da pavor.
Si en lugar de mirar la Sexta o A3 (vaya, el grupo Lara) o leer el País o el Mundo, o el ABC, leyeran el New York Times, o el The Guardian, o Le Monde, o tantos otros periódicos de Europa, Norte y Sudamérica, se darian cuenta de la erdoganización creciente de la democracia española. Y se indignarian ustedes al ver como los medios de comunicación españoles estan berlusconizados, en manos de unos pocos, y emiten información intencionadamente sesgada. En este sentido es mejor un Losantos, un facha que dice lo que piensa y da la cara aunque le cueste demandas, que unos «progresistas» Wyoming o Ebole postrados a los pies del Principe de las tinieblas (Mauricio Casals).
Aunque no lo crean así, la única manera que España sea de verdad una democracia homologable es la independencia de Cataluña, que obligaria al Estado español a refundarse, a ser por fin un estado democratico de verdad.
«Los catalanes ni se enteran de las condiciones en que viven, como la oligarquia nacionalista (tal como suena, despierten!) sigue gobernando a la sombra, sigue ampliando sus prebendas legales, (vía DOGCa) e ilegales (vía corrupción). Si alguien se entretuviera a escribir los lazos familiares del entramado político-funcionarial-judicial-empresarial catalán, se nos pondrían a todos los pelos de punta.»
La guerra de los espejos conduce a la neutralización del conflicto real, el de clase. Desconozco si usted participa de este fenómeno siendo consciente o no de este hecho fundamental en su origen y consolidación. Pero llegados a este punto, al menos no me venga con cucharadas de condescendencia. No buscan la independencia para que el Estado español, llamado España, se refunde y se convierta en democrático. Como si esa condición dependa del dni que luzca cada cual. La independencia de Cataluña sólo traería un poderoso despliegue del nacionalismo español, consolidando para décadas la subordinación del conflicto social a la consolidación del nuevo país mutilado. Y eso, los más espabilados de los independentistas lo saben de sobra.
Pero entre el que prefiere ir al talego como mártir de la patria antes que como chorizo del 3%, y el que se cree que si triunfa la secesión va a pagar menos impuestos, y gozar de las mismas prestaciones, hemos llegado a este punto.
No traten de vendernos enciclopedias. Si se marchan, no es por opresión ninguna, es por la cartera. Y precisamente por eso, no se marcharán.
Si tengo un momento, el lunes día 2 ya hablamos de lo que el pueblo puede o no puede hacer.
Excelente artículo. Recuerdo a algunos que el de Boix se publicó antes que en JD en una revista del Instituto de Estudios Catalán o algo así, y dudo que ahí publiquen éste como réplica.
Una curiosidad al respecto: los nacionalistas se hartan de nombrar los casos de Escocia y Québec. Sin embargo, no ha salido de ellos una palabra (ni de la prensa en general), de territorios como Nagorno Karabaj, Abjasia, o Transnistria, repúblicas declaradas independientes de forma unilateral (lo que ellos pretenden), no reconocidas por la ONU, y olvidadas por el derecho internacional (las micronaciones serían otro ejemplo). Aunque claro, no les interesan tales precedentes.
Julian Assange participó ayer, via videoconferencia, en un coloquio con estudiantes de la UB.
Su primera idea ha sido contundente: la situación que vive hoy Cataluña es determinante en el curso de la historia occidental. Assange ha asegurado que las actuaciones llevadas a cabo durante las últimas semanas por parte del estado español escenifican «un modelo sin precedentes de represión en una sociedad moderna y conectada» que «la era moderna» contempla por primera vez y ha advertido que podría ser un camino a imitar por otros países occidentales.
asegurado que las actuaciones llevadas a cabo durante las últimas semanas por parte del estado español escenifican «un modelo sin precedentes de represión en una sociedad moderna y conectada» que «la era moderna» contempla por primera vez y ha advertido que podría ser un camino a imitar por otros países occidentales.
También ha alertado de que Cataluña vive un proceso de represión por parte de unos servicios de inteligencia que utilizan métodos de vigilancia masiva «contra gente que sólo quiere comunicar sus deseos políticos». Por todo ello, ha remarcado la importancia de que «la población en conjunto «pueda» observar, entender y actuar «antes de que el estado español y no sólo reaccionar a sus ataques, ya que ellos juegan con» la ventaja de la vigilancia electrónica «.
Assange, que ha equiparado el estado español con China y otros estados autoritarios del mundo que «censuran las comunicaciones», también ha alertado a los catalanes que agencias de seguridad de otros países están en conexión permanente con el gobierno de Rajoy para hacerle llegar «la información que interceptan».
Si. También publicó un Twitter hace unos dias instando al pieblo catalán a levantarse en armas. Por que una población de 7 millones de personas con 1 millón de hombres en forma colapsaria las capacidadea del ejército español.
Assange esta loco, no hay que hacerle caso.
La gente no se quiere dar cuenta que Julian Assange es un Zaratustra moderno que, de repente, ha decido bajar de la montaña (lease Embajada de Ecuador), via Twitter, para hacernos ver la luz de forma completamente independiente, ecuánime y, por supuesto, desinteresada.
Me parece increíble que a estas alturas de la película haya gente que se toma la opinión de Assange como si fuese la de Immanuel Kant. Assange es un señor muy sesgado que no sólo carece de la formación para tratar como «experto» el tema de España-Cataluña sino que además (y esto es obvio y difundido por medios de relevancia internacional y analistas de prestigio) es un señor muy coincidente en sus intereses con los del Kremlin, por decirlo de manera que no suene a que está a sueldo de Vladimir Vladimirovich. Que lo usen como referente es, cuanto menos, kafkiano.
Vistos los comentarios, parece que lo de Assange (pero también Wikileaks, de quien está desvinculado) duele. Es lo que hay, amigos.
Pues vais apañados si lo que hay es el lunático del Pancho Sánchez.
Lo mismo quiere que, si Cataluya se independiza, lo acoja su embajada, que seguro no va a estar tan enclaustrado. Aquí el que no corre vuela.
En primer lugar, felicidades por el artículo.
El autor señala que: «Por supuesto, las competencias del autogobierno y el propio Estatuto están abiertos al debate político y pueden ser reformados, como ha sucedido, siempre que se haga siguiendo los procedimientos legalmente establecidos y respetando el marco constitucional vigente, como es de esperar en cualquier país democrático.» Y esto se hizo, en 2006. Y luego, se recortó y recortó el estatuto aprobado «legalmente establecidos y respetando el marco constitucional vigente». Hasta aquí todo bien. Se aprobó legalmente y se recortó legalmente. Nada que decir.
Ahora bien, ¿por qué se aprobaron estatutos en otras comunidades autónomas con puntos idénticos a los recortados y no aprobados en Catalunya? ¿Por qué el Partido Popular de Mariano Rajoy consideró anticonstitucionales artículos del estatuto catalán de 2006, pero no los consideró anticonstitucionales en el estatuto, por ejemplo, de Andalucía? (fuente:https://elpais.com/diario/2007/07/05/espana/1183586424_850215.html)
El articulista se descubre el solito. Cuando uno se extiende se acaba descubriendo.
El tono es aquello tan manido del «yo no creo en las naciones o en los pueblos, sólo cuentan los ciudadanos». Pero vaya, luego se descubre el pastel. Según el autor, la independencia convertiría a nuestros conciudadanos en extranjeros. De lo que se deduce que, ser español no es un hecho administrativo (como lo sería ser ciudadano catalán) sino una esencia. Los españoles lo son por naturaleza y si, por un motivo u otro, tienen que cambiar el pasaporte se les está privando de un derecho natural. En fin, la retórica del nacionalismo español, pero mejor presentada que en un «discurso» de Rajoy. Muy españoles y mucho españoles, y respecto a la segunda, ya tal….
Y toda la bonita legalidad descrita en el artículo, dónde queda cuando se hacen o intentan registros sin orden judicial? Cuando se intenta entrar en sedes de partidos políticos sin orden judicial, cuando se cierran páginas web sin orden judicial, cuando la Audiencia nacional acepta investigar por sedición (por sedición? 50000 personas hubieran podido acabar facilmente con 12 guardias civiles si realmente hubieran querido) las concentraciones de la semana pasada.
La legalidad española és una gran mentira al servicio del status quo.
Magnífico artículo.
me parece sorprendente que se utilice como argumento el hecho de que España no ha sido capaz de dar encaje a las minorías como sí han hecho otros estados europeos.. que básicamente las han laminado, si algún día las tuvieron. Se pone como ejemplo, a veces de forma explícita, otras implícita a Francia. ¿Francia?¿En serio? No me cabe duda de que es una sociedad realmente avanzada, pero ¿respeto a las regiones?¿Cuales?
Se usa como argumento, precisamente, que el Estado concediera autonomía y luego no diera satisfacción a los (lógicamente, dadas las circunstancias) crecientes deseos de más autonomía. Se acusa a España de centralista y represiva precisamente por no haber sido centralista y represiva… curioso.
Creo que mucho pensaron que las cesiones autonómicas de la Constitución del 78 eran el final, el máximo de cesión y el punto inamovible. Ha resultado que, una vez desarrolladas esas cesiones, no fueron más que el principio, la base para más y más y más exigencias. Traición.
Esclavos y tiranos de las sinécdoques.
A buen entendedor…
Ante la pregunta ¿que ocurre en una sociedad moderna si varios millones de ciudadanos deciden que no están contentos con el contrato social que les obliga a formar parte de una sociedad? el argumentario del señor Boix, detallado y con evidencias y referencias, es que hay que buscar la forma en que dicha sociedad no se vea presionada e impedida a buscar una relación de iguales con el resto de las partes. Mientras que el argumentario del Señor Toscano, detallado y con evidencias y referencias es «que se jodan y aguanten».
Yo le respondo gustoso.
En el hipotético caso de que una minoría de la totalidad de los sujetos a ese contrato social al que usted se refiere, decidiera no observarlo más, de manera unilateral y contraviniendo en el proceso partes sustanciales del contenido de ese contrato, la obligación del Estado como garante de los intereses de la totalidad de los sujetos al mismo, frente a los intereses de una parte de esa totalidad que pretende desatender las obligaciones contractuales, alias constitución y legislación, es adoptar las medidas necesarias en pos de retomar el correcto funcionamiento de dicho acuerdo.
Acuerdo que, como todos, incluye cláusulas para desvincularse. Pero todas requieren de mayorías que los independentistas catalanes no alcanzan. Motivo por el que aceleran los acontecimientos en busca del momento de no retorno.
O como diría Marcial Escribano Delgado, «al que le dé le ha dao».
«Me parece sorprendente que se utilice como argumento el hecho de que España no ha sido capaz de dar encaje a las minorías como sí han hecho otros estados europeos.. que básicamente las han laminado, si algún día las tuvieron. Se pone como ejemplo, a veces de forma explícita, otras implícita a Francia».
Otra gran ironía. Un país al que se mira con muy buenos ojos desde Cataluña cuando es uno de los máximos exponentes europeos de centralismo y asimilacionismo.
Marcial Ruiz Escribano, ese era el autor de la cita y no el otro Marcial, fruto de una macedonia de apellidos.
Extraordinario y brillante artículo
Si, al menos, una mínima parte de tanto escrito en estos últimos años sobre la cuestión -desde cualquiera de las posiciones- hubiese sido sostenida con el rigor intelectual de este artículo, es posible que ahora estuviéramos preocupados de forma muy diferente sobre este tema.
Mis respetos al autor.
Sólo indicarle lo que, creo, es un pequeño error en su escrito: por cómo se refiere a los cuadros de colores planos y diferentes separados por «fronteras» lineales, entiendo que quiere hacer referencia a la obra de Mondrian, no de Modigliani.
Es una anécdota que, en nada, interfiere en la cuestión tratada. Pero no he querido dejar de comentársela. Saludos.
Señor Toscano, vea lo que dice la ONU sobre la actuación del Estado español: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22176&LangID=E
De este artículo pocos independentistas opinan.
Publicado en catalán.
O a lo mejor no es por eso.
Pues no es por eso.
Entre otras cosas, para no perder el tiempo y madrugar mañana para ir a votar.
Pues no es por eso.
Entre otras cosas, para no perder el tiempo y madrugar mañana para ir a votar.
Señor Toscano, he leido su artículo con gran interés y me parece magnífico. Muy elocuente.
Tengo 2 preguntas: La primera es si tiene usted una respuesta a su propia pregunta ¿cómo es posible que varios millones de ciudadanos de una comunidad próspera que apoyó masivamente la transición, 40 años después quieran marcharse? Porque estas manifestaciones o algaradas a mí no me sugieren los años 30. Me recuerdan más bien a las manifestaciones de los años 70 para exigir libertad, amnistía y estatuto de autonomía.
La segunda se refiere a cuando se legitima la aparición de un nuevo «demos». Han aparecido varias decenas en los últimos cien años en Europa: Irlanda, Noruega, etc. ¿Qué es lo que convierte el deseo de esos ciudadanos en legítimo?
Vuelvo a agradecerle su elocuencia
«Es peor aún si se presentan tales pueblos o naciones, Cataluña o España, como una suerte de «animales metafísicos», dotados de personalidad, intereses o proyectos propios. Para quien no suscribe la ontología social nacionalista, el relato así construido es sencillamente increíble.»
Afortunadamente, no creo que haya nacido nadie que no suscriba la ontología social nacionalista, y desde luego no es usted esa persona, señor Toscano. Como todos los críticos del nacionalismo, ven la paja en el ojo ajeno sin ver la biga del propio.
«Un primer problema es obvio si nos preguntamos quiénes tendrían derecho a decidir, pues el funcionamiento del proceso democrático presupone la existencia de un demos bien delimitado.»
«En otras palabras, en una democracia constitucional no se puede decidir acerca de cualquier cosa, en cualquier momento o por cualquier mayoría. Por el contrario, las cuestiones fundamentales del orden constitucional se sustraen al juego de las mayorías y a la lucha partidista. Los principios y normas fundamentales recogidos en la Constitución quedan blindados por procedimientos de reforma costosos, que exigen mayorías cualificadas.»
Fantástico, ¿y quién decide quiénes constituyen ese demos, y por tanto, de qué mayoría de personas estamos hablando? El autor, en un ladrillo infumable de cinco mil palabras, jamás lo menciona pero parte de la base insoslayable de que ese demos es el pueblo español. Cosa rara, porque puesto que él declara no creer en tales representanciones, con lo que el pueblo español por ende no existe y por tanto, no puede haber un demos definido con capacidad para decidir mayorías.
Al final todo el farragoso texto se resume en que los catalanes son españoles, lo quieran o no, porque lo dicen los españoles, y por tanto deben seguir los cauces legales de la legalidad española. Hace no mucho un miembro del ISIS proclamaba que Al-Andalus era parte del califato, lo que supongo que significa que a partir de ahora, cualquier decisión política que deba llevarse a cabo en España deberá de ser votada entre los españoles y toda la comunidad musulmana global. Lo llevamos crudo entonces, porque son más de setecientos millones, pero oye, si ellos dicen que nosotros somos parte de su pueblo, habrá que aceptarlo y asumirlo con la misma cristiana resignación que los catalanes admiten que deben obedecer la ley española porque los españoles lo dicen.
Las leyes no son más que normas codificadas para regular el comportamiento de un grupo. Si cuatro tíos se reúnen para levantar un cobertizo en seguida surgirán una serie de normas no escritas para llevar a cabo su tarea con el mínimo de roces y problemas. La netiqueta surgió espontáneamente de la nada a partir de grupos de gente anónima en internet. Siempre que hay un colectivo con un objetivo o una tarea común, surgen las normas. Cosas de ser animales gregarios en lugar de depredadores solitarios – descendemos del mono, no del tigre.
Es lo mismo para un estado. Las leyes son normas escritas que nos imponemos a nosotros mismos para conducirnos en sociedad. Pero es evidente que primero tiene que existir ese colectivo de gente que desea convivir en sociedad, y luego van las leyes. Los franceses no obedecen las leyes españolas, ni los suecos tampoco. Si los catalanes no son españoles entonces es evidente que tampoco obedecerán las leyes españolas. Aparentemente la única justificación que tiene el señor Toscano para exigir que los catalanes se plieguen a la legalidad española es que hace quinientos años un tal Fernandito decidió follarse a Isabelita en vez de Juanita o a Margarita, y por culpa de eso la gente nacida en una determinada área geográfica cinco siglos más tarde debe resignarse a que su voluntad se sublime junto a la de otros treinta millones de personas con las que quizá no siente afinidad alguna. Y si quieren que su voluntad sea soberana, primero deben de conseguir que ERC gane las próximas elecciones generales. Y ya puestos, que el Gramanet gane la liga y la champions.
Hablas como si el 100% de la sociedad catalana quisiese la secesión del estado Español cuando no es ni mucho menos así.
Pongamos que se realiza el referéndum y gana el SI, que diria la otra mitad de la sociedad catala? Deberían hacer un nuevo referéndum para separase del nuevo estado o plegarse ante las nuevas leyes como dice usted que ocurre actualmente en Cataluña?
El elefante en la habitación que nadie menciona en este asunto es que de los 5,5 millones de habitantes de Cataluña con derecho a voto, algo menos de tres son nacidos y criados allí. Los 2,5 millones restantes son españoles residentes en Cataluña.
No todos los catalanes están a favor de la independencia, y entre los españoles residentes los hay favorables a la independencia, pero en realidad el apoyo a la independencia entre la población catalana es bastante mayor del 50%. Ese es el principal miedo que debería de tener España, porque un millón y pico largo de españoles residentes en Cataluña llegaron allí en los años 60 y por tanto, tienen más de 70 años de edad. Sus hijos y nietos no son tan ciento por ciento pro-España como ellos, lo que supone que en los próximos diez años, si nada cambia, el viento demográfico sopla a favor de los independentistas.
Tampoco es tan difícil la respuesta.
Un Estado es Estado por que el resto lo reconoce como tal. No hay más.
Siempre ha sido así y siempre lo será.
Los estados no se gastan una millonada al año en diplomacia, reconocimientos mutuos y tanques por gusto. Lo hacen por que si no el resto de chicos del cole irían a por ellos (oeee) como buitres.
De hecho, si tienes los amigos adecuados ni legislación internacional ni legalidades ni ostias te independicas y punto. Ya se buscaran luego los formalismos legales. Es lo que paso con Yugoslavia, una Europa y EEUU voraces y una Rusia muy debilitada (hoy no pasaria). Si no tienes los amigos o tu enemigo los tiene mejores pues no te independizas
Y ahí seguimos.
Rios de tinta y bombo y platillos.
Bailando el juego a la burguesía manipuladora apoltronada y rica de la región más autónoma de Europa.
Meses bailando el mismo baile.
Aquí seguimos.
Como idiotas.
CIU tenía poder y pela para rganizar esta Campaña de años.
Y nos la han metido.
El independentismo no es más que un sentimiento cultural como puede haber 40 por toda la península.
La Constitucion fue un pacto, imperfecto o no, y los pactos hay que cumplirlos.
Totalmente de acuerdo.
Lo que me gustaría saber a mí es por qué el proyecto nacional español debería tener prioridad sobre el proyecto nacional catalán. Y también por qué se confunde entre referendum e independencia, entre ilegalidad y delito y entre Derecho y democracia. Y también me gustaría mucho saber por qué se ignora que un referendum consultivo de independencia es perfectamente posible con la CE actual y que la interpretación que de ésta hace un TC totalmente deslegitimado es completamente contingente, aunque se venda como la única posible.
Como dijo Borges del conflicto Argentina-Reino Unido por las Malvinas: «son dos calvos peleándose por un peine». Pues eso. Ni la legitimidad/dignidad democrática española es tan prístina como aparece en este artículo ni el independentismo catalán tiene suficiente respaldo social ni el captal ético necesario para emprender esta aventura. Los dos extremos quieren/necesitan retroalimentarse para posicionar bien sus opciones en las próximas elecciones. Mientras tanto y como siempre, a la mayoría gris y silenciosa, que no gusta de envolverse de ninguna bandera porque sí, que le vayan dando.
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Desde el País Vasco, os escribe una hija de emigrantes que ha vivido en primera persona la fractura social. Es inútil negarla aquí. El genial «Vaya Semanita» lo plasmó con humor y un punto de ternura pero también con crudeza (los artistas tienen siempre esa increíble capacidad, si no pensad en «La Vida es Bella») . Yo puedo decir que aquí los que no pensamos como Otegui o Urkullu, para entendernos, y al menos en mi caso, siempre hemos tenido miedo a expresarnos con libertad, salvo en círculos de mucha confianza. Estos días, la cuestión catalana me ha animado a hablar con más libertad con algunos compañeros de trabajo (no con todos) y he podido comprobar la inmensa autocensura que aún nos aplicamos en el día a día. «Aquí en las sociedades gastronómicas no se habla de política» habrán escuchado en la tele. Y es así. Es tristísimo y castrador. Vivo con inmensa pena lo que está pasando en Cataluña, porque no quiero para ellos una situación similar.
Lo siento, de veras. Es lo que pasa por vivir rodeada de gente que se cree especial por tener más riqueza. Etnicismo identitario posmoderno y clasismo de toda la vida.
Lo mismo puede decirse de los que creen ser superiores porque su nación es, supuestamente, la más antigua de Europa y su lengua es hablada por más de 500 millones de personas. Gente que es nacionalista aunque niega serlo, incluso de buena fe. Un nacionalismo, el españolista, que ha provocado además gran cantidad de muertos en España: sólo en 1936-39 (y aliado al reaccionarismo más zafio) unos 150 000 asesinados. Y ayer mismo, el 1-O, casi 900 heridos en Cataluña. Pero hay quien prefiere tomarla con un nacionalismo tradicionalmente pacífico como el catalanista. Una lástima.
Luisito, todo nacionalismo deviene en violencia en alguna fase de su desarrollo. Todo nacionalismo persigue dinero, poder y auto-engrandecimiento; como el vuestro, el nacionalismo catalán. Yo entiendo que os quejéis de las barreras que impone la democracia española. No a vosotros, los ciudadanos, sino a vuestra élites políticas. Qué más quisieran ellas que disponer, por ejemplo, de un poder judicial no sujeto jerárquicamente al español; cuánto más fácil habría sido para ellos dar este golpe al Estado sin la presencia de jueces no sujetos al movimiento que opera en todos los ámbitos que hasta ahora son de vuestra (su) competencia, que son casi todos los que puede tener un Estado moderno independiente.
Pero más allá de esas trabas democráticas y administrativas a la ambición sin límites de vuestras élites políticas, el nacionalismo catalán poco puede quejarse del nacionalismo español, dado que en Cataluña prácticamente ha desaparecido el Estado, dejando lo que antaño era un oasis a la entera disposición del independentismo, de sus organismos de presión e influencia dentro y fuera, de la maquinaria de propaganda en radio, prensa, TV, etc., amén de un sistema Educativo que no escatima esfuerzos en engañar sobre la Historia y en fabricar un enemigo exterior (homogéneamente antipático y posfranquista) que todo nacionalismo necesita, incluido el vuestro. Qué más quisiera Mariano tener algo parecido para él y su tropa pepera. Maquinaria de escala ciclópea si tenemos en cuenta el modesto tamaño de la población catalana. Menos mal, que toda esa megaestructura cuenta con el valioso respaldo financiero de vuestra élite económica. Responsable por fuera, independentista por dentro, a la espera sólo del momento/oportunidad adecuado para darle la orden precisa al Puchi y sus coleguis xenófobos/supremacistas y anti-capitalistas, para que salgan al balcón y declaren la DUI porque ellos lo valen.
PD: el nacionalismo catalán no-violento… A ver, no quiero dar lecciones de Historia. No tengo tiempo ni ganas, pero basta leer un poco, casi nada, para saber que no han sido pocas las vidas que se han llevado por delante cada una de las rebeliones que han partido de las élites de la Generalitat. No del pueblo; de las élites. Porque si éstas no lo aprueban no hay rebelión, ni movimiento, ni urnas, ni DUI, ni nada.
“Gente que es nacionalista aunque niega serlo, incluso de buena fe”. Hace poco me dijo una persona que no se fiaba de los que nos declaramos ciudadanos del mundo (una expresión muy trillada, ya lo siento, pero es la única con la que me identifico), porque, venía a decir, si no nos sentíamos arraigados a nuestro territorio,patria, etc.. más cercano, era porque necesaria e inconfesadamente nos sentíamos arte y parte de la unidad mayor que contenía a aquel…No sé si me he explicado, sin usar la palabra nacionalista se entiende el concepto ¿verdad?¿y qué podía decirle yo a este hombre ante un razonamiento tan simple? ¿es que no ha oído hablar nunca del humanismo, del liberalismo, del socialismo genuino…? Todas estas ideologías, en origen, prescinden del nacionalismo. Supongo que siempre habrá quien quiera echar raíces, pero en esta vida también estamos los que preferimos tener alas. Aunque a algunos les cueste entenderlo, o aceptarlo, aquí estamos, de verdad, de «buena fe».
A lo que yo me refería es simplemente a la existencia de algo llamado nacionalismo banal o cotidiano o de baja intensidad, propio de ciudadanos de Estados maduros como España, que dan por supuestas cosas tan discutibles como la existencia de su propia nación: el nacionalismo de las selecciones deportivas nacionales, de las banderas en edificios oficiales, de himnos, monumentos y festividades. Es lamentable que el trabajo de Michael Billig sea tan poco conocido.
Y, por supuesto, estoy completamente de acuerdo en que existen los no nacionalistas: no todo el mundo es necesariamente nacionalista. Pero sí hay demasiada gente que ignora que lo es, como estamos viendo ahora mismo en España. Esa gente que cree que manifestaciones llenas de señeras (o esteladas) o ikurriñas son un evidente ejemplo de nacionalismo pero las manifestaciones llenas de rojigualdas no lo son.
El nacionalismo banal definido por Michael Billig no se reconoce como nacionalismo sino como «patriotismo», lo que lo convierte en una fuerza positiva, que proporciona estabilidad y sentido de identidad, y considera al nacionalismo como algo irracional y peligroso propio de fanáticos, que opera en la periferia del Estado o de la civilización occidental, y que consiste en sentimientos negativos proyectados contra otras comunidades nacionales. Los mecanismos utilizados son: el lenguaje (nosotros frente a ellos), la prensa, la educación (canto del himno, juramentos de lealtad, izada de la bandera, lectura de poemas nacionales, historia y mapa del territorio nacional..), banderas en el exterior de los edificios públicos, en películas, camisetas, balcones…, eventos deportivos (cánticos, símbolos, victorias deportivas convertidas en triunfos nacionales…)..”
Algunos de estos mecanismos de sugestión nacionalista banal están bastante diluidos en Euskadi (del resto no puedo hablar). Como comenté, el único “nosotros y ellos” que he padecido es el proveniente del nacionalismo vasco. Todos los incluidos en el paréntesis escolar me suenan pelín añejos. Yo viví la EGB y jamás pasé por esos trances, ni siquiera el geográfico, de hecho sólo consigo situar correctamente las provincias españolas, no podría hacer lo mismo con ninguno de sus gloriosos ríos y montes. En cuanto a la historia, yo estoy aprendiendo ahora pero les reto a preguntar a un adolescente actual: si consigue situar “nuestra” guerra civil en la década correcta tendrán delante al cerebrín de la clase. En cuanto a las banderas, he visto camisetas con ikurriñas en Castilla este agosto. Y pueden venir a Euskadi luciendo una rojigualda en su camiseta…pueden. En fin, el resto de mecanismos siguen plenamente vigentes: la prensa y las festividades religioso-patrióticas (aberri eguna, semana santa, fútbol) son usados sin pudor en todas partes y en sus diferentes variantes.
Luisito, no. Yo hablo de volkischs separatistas, que es de quienes se queja Marie. Mi concepto de nacion es racionalista y político, no romántico.
Que haya nacionalistas identitarios españolistas, no hace que otros que tenemos un concepto distinto lo seamos.
Sobre la comparación de los 900 heridos de ayer con las víctimas de la GC, a un nieto, biznieto y sobrino de asesinados y muertos en combate republicanos como yo, me suena, como poco, ofensivo.
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Lo mejor que se ha escrito sobre el Temita
Sumando las fuerzas que estan a favor de un referendum pactado y vinculante ( que hubiera sido lo ideal) obtenemos 56.74 % sumando votos , dentro de «Catalunya Sí que es Pot» hay una parte que esta por la independencia y otra no.
Las ultimas encuestas de medios afines al unionismo situan la cifra de partidarios del independentismo en el 51% y si se trata de menores de 30 años en 60% ( y estamos hablando de su futuro)
Y las tendencias de intencion de ir a votar ( en cualqueir sentido) en un referendum pactado se situan entorno al 70%.
Se puede pactar/dialogar con personas que portan un arma pero no con personas que portan una papeleta de papel, sin dudar un ejemplo de democracia.
¿porque hay cosas que no se pueden elegir ?
En este momento de nacionalismo catalan, entendido como tal, no hay mucho ,
la indignacion viene por otros temas, de respeto de dignidad, de trato,economico por supuesto y otros adicionales.
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Bueno, y ahora qué?
Felicidades por el artículo. Escribe en otros medios?