«No nos envenenéis». El lema de aquella protesta del 20 de junio de 2023 no podía ser más explícito. La lideraba un grupo de campesinos de Söyüdlü, una localidad montañosa en el oeste de Azerbaiyán. Muchos de ellos estaban enfermos por el rastro letal de la minería del oro: toneladas de cianuro y mercurio llevaban más de diez años vertiéndose sin control a un lago artificial, y el Gobierno pretendía construir uno nuevo.
La extracción de oro es una de las actividades mineras más peligrosas para el medio ambiente y la salud humana. Lo sabe bien Anglo Asian Mining, la minera británica que lo arranca de las tripas de Söyüdlü, y también sus habitantes. Llevan ya muchos años denunciando problemas de salud como extrañas erupciones en la piel, temblores inexplicables y, sobre todo, cáncer. Salieron a la calle, pero la protesta fue reprimida con una violencia totalmente gratuita y descontrolada. Se gaseó y apaleó, se multó y se arrestó a varios campesinos por una serie cargos disparatados que incluían los de «narcotráfico». Por supuesto, se vetó el acceso a la prensa para que no hubiera testigos incómodos, pero AbzasMedia (un digital azerí independiente) consiguió contar aquello. Incluso publicaron vídeos como ese en el que la policía rocía a unas abuelas con spray de pimienta.
Justo tres meses más tarde, el 20 de noviembre de 2023, Ulvi Hasanli, director de AbzasMedia, estaba a punto de subirse a un taxi al aeropuerto de Bakú cuando fue detenido por la policía. Mientras tanto, uniformados registraban la sede de AbzasMedia en la capital azerí. Aseguraron haber encontrado 40.000 euros en metálico, lo que se incluyó como prueba para acusar a Hasanli de «tráfico de divisas».
«Supongo que estábamos poniendo el foco en temas demasiado sensibles para el Gobierno», explica, desde Berlín y por videoconferencia, Leyla Mustafayeva. Es la nueva redactora jefe de AbzasMedia desde el pasado febrero, aunque lleva exiliada desde 2017. Fue entonces cuando su marido, Afqan Mukhtarli, periodista y defensor de los derechos humanos azerí, fue arrestado en Georgia y trasladado a Azerbaiyán. Fue una operación conjunta entre los Gobiernos de Tiblisi y Bakú.
Actualmente, seis periodistas de AbzasMedia se incluyen entre los 23 informadores presos en un país, Azerbaiyán, que ocupa el puesto 164 en la lista de Libertad de Prensa que elabora anualmente Reporteros Sin Fronteras. Observadores locales y foráneos coinciden en que se ha producido una escalada de la represión desde 2023. «Bakú busca silenciar toda voz discordante durante el que ha de ser un gran año para Azerbaiyán», asegura Mustafayeva.
La Cumbre del Clima de Naciones Unidas de 2024 (COP29) se celebra del 11 al 22 de noviembre en Bakú.
«Estado represivo»
Bañado por las aguas del Caspio y apuntalado sobre enormes reservas de gas y petróleo, Azerbaiyán fue el lugar donde magnates como los Rothschild o los Nóbel hicieron sus fortunas hace más de cien años, en plena competencia por refinar crudo. Tras la disolución de la URSS, Heidar Aliyev, un antiguo alto oficial de la KGB, asumió el poder en 1993 previo golpe de Estado. A su muerte diez años más tarde, su hijo, Ilham Aliyev, le sucedió en el cargo tras unas elecciones en las que las urnas ya estaban llenas antes de abrirse los colegios y cientos acabaron arrestados antes de que se cerraran. Ilham Sigue en el cargo porque cada comicio se ha sucedido sin sobresaltos para el régimen. En las presidenciales del pasado 1 de septiembre, Observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa (OSCE) volvieron a apuntar a unos comicios «vacíos de pluralismo político» y conducidos en un «ambiente político y legal restrictivo».
Es sobre ese erial político donde los Aliyev han amasado una inmensa fortuna que engorda una serie de contratos muy lucrativos en sectores como el de la construcción, el transporte aéreo, la banca y, por supuesto, la minería. Según datos recopilados por el Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP en sus siglas en inglés), las hijas de Aliyev y sus asesores cercanos son accionistas principales en al menos ocho de los principales bancos de Azerbaiyán, controlando activos por un valor superior a los 3.000 millones de dólares estadounidenses.
No obstante, son los magros recursos fósiles del país los que fortalecen la estabilidad del régimen, y también los que le abren muchas puertas en la arena internacional. Pero su reputación parece inversamente proporcional a su riqueza.
La oenegé estadounidense Freedom House califica a Azerbaiyán como «uno de los lugares menos libres del mundo». También ocupa el puesto 154 entre 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción de 2023 elaborado por Transparency International, una plataforma que trabaja en 100 países. El pasado 24 de setiembre, Human Rights Watch recordaba que este es el tercer año consecutivo en que la COP se lleva a cabo en un «Estado represivo que limita severamente la libertad de expresión y la reunión pacífica». Los anteriores fueron Dubai y Egipto.
«Se puede decir que Occidente ha fallado a la sociedad civil azerí. Queda claro que la prioridad es la energía, y no los derechos humanos», explica, por videoconferencia y desde Estambul, Arzu Geybulla, periodista azerí independiente de 41 años. No ha pisado su país desde que fuera acusada de «traición» en 2014 por haber trabajado para Agos, un periódico armenio con sede en Estambul. Dice que la cuestión armenia y todo lo que tenga que ver con la familia azerí en el poder desde hace tres décadas son dos de las líneas rojas para periodistas y activistas.
«La represión ha ido a peor en los últimos años. Los periodistas sobre el terreno están completamente indefensos ante amenazas de todo tipo, principalmente porque carecen de protección legal», denuncia Geybulla. Se refiere a medidas como la llamada «Ley sobre la Prensa», aprobada en 2022. El Comité para la Protección de los Periodistas denunció entonces que dicho decreto aumentaba el control gubernamental sobre la prensa, facilitando la suspensión y el cierre de los medios.
Mensajes
El 12 de diciembre de 2022, un grupo de pretendidos ecologistas azerbaiyanos bloqueó la única carretera que conectaba Armenia con el enclave de Nagorno Karabaj. La noticia paso desapercibida al foco mediático más generalista. Quizá fuera demasiado difícil de entender.
¿Qué era eso de que un grupo de activistas medioambientales bloqueara la libre circulación de personas y suministros básicos? Además, ¿dónde está Nagorno Karabaj? Diez meses más tarde, su población huía en masa hacia armenia en una limpieza étnica televisada tras un nuevo ataque azerí. Para cuando el resto del mundo intentaba localizar aquel enclave de mayoría armenia en Azerbaiyán, era ya demasiado tarde. De nada sirvió que voces tan significadas como la del exfiscal de la Corte Penal Internacional, Luís Moreno Ocampo, hubieran avisado del riesgo de «limpieza étnica» y calificaran la agresión azerí de «genocidio».
Desde entonces, la comunidad karabají desplazada contempla con impotencia vídeos subidos por soldados azeríes a las redes en los que estos saquean las casas abandonadas, destruyen sus cementerios, o un patrimonio arqueológico que incluye iglesias de más de mil años. Luego está la preocupación por el estado de los prisioneros de guerra. Bakú reconoce 23, pero organizaciones de los derechos humanos dicen que superan el centenar. La información sobre su estado y sus procesos penales es reservada.
Pero los armenios y los periodistas no son los únicos en el punto de mira. Uno de los casos recientes más conocidos es el de Gubad Ibadoghlu, profesor de Economía en la prestigiosa London School of Economics y reconocido defensor de los derechos humanos en Azerbaiyán. También trabajó en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. El 23 de julio de 2023, el coche en el que viajaban Ibadoghlu y su mujer fue empujado a una zanja por otros tres vehículos. La pareja fue brutalmente golpeada por agentes de paisano antes de ser trasladada a dependencias policiales en Bakú. Tras pasar los seis primeros meses en una pequeña celda compartida con otros cinco presos y privado de sus medicinas (es diabético), Ibadoghlu permanece en arresto domiciliario en espera de juicio por cargos de «falsificación» y «propagación de ideas extremistas». No tiene derecho a usar un teléfono y sus visitas están restringidas.
«Era un mensaje para todos: si pueden detener a alguien como él, pueden detener a cualquiera», explica su hija, Zhala Bayramova, abogada especialista en Derechos Humanos, por teléfono y desde la ciudad sueca de Lund. La policía también dijo haber encontrado 40.000 euros en un armario de su oficina, a pesar de que había una caja fuerte en ella. Además del de una cantidad recurrente, la abogada de 26 años también apunta a un patrón entre las campañas de represión.
«En 2003 se cebaron con la oposición política; con las oenegés en 2013, y hoy contra periodistas, investigadores y académicos», subraya la azerí. «Siempre ha habido presos políticos en Azerbaiyán».
«Diplomacia del caviar»
Durante años, ganar influencia mediante el soborno de políticos europeos a través del lujo ha sido un eje de la política internacional de Azerbaiyán. Se habla de la «diplomacia del caviar»; se destinan sumas millonarias para que parlamentarios europeos limpien la imagen de Azerbaiyán, académicos omitan lo más palmario en sus investigaciones o tours de lujo en los que periodistas occidentales (no se puede trabajar de forma independiente en el país) publican publirreportajes sobre los «progresos» a todos los niveles en esta orilla del Caspio: desde la reconstrucción de las zonas en disputa a través de una red de aldeas «inteligentes» en Karabaj a foros sobre periodismo en ciudades étnicamente purgadas.
Es una estrategia que ha jugado un papel fundamental a la hora de proteger a Azerbaiyán de las necesarias sanciones para contrarrestar el desprecio a los derechos humanos del régimen de Aliyev. También ayudan los acuerdos gaseros entre Bruselas y Bakú de 2022 para reducir la dependencia europea del gas ruso tras la invasión de Ucrania. Que Azerbaiyán lo importe de Rusia tampoco parece suponer un problema para la UE.
Lo que sí queda claro en esta cumbre del clima es que el caviar funciona. Durante once días, miles de políticos y empresarios disfrutarán de la hospitalidad durante un evento que lleva el cuño de la ONU y pensado para que Azerbaiyán consiga uno de sus objetivos principales: lavarse la cara ante los ojos del mundo y desviar la atención de sus problemas estructurales en derechos humanos y democracia. Hay ya muchos periodistas acreditados para cubrir la COP29, pero el desafío sigue siendo contar sus entretelas. Informadores en Azerbaiyán contactados por este medio apuntaron a jornadas de trabajo cada vez más complicadas. «Sacar una sola foto en la calle te puede llevar a la cárcel. Hay policías por todas partes, es como una enorme prisión a cielo abierto», trasladó por teléfono un periodista que pidió no desvelar su identidad por temor a represalias.
Jot Down hizo llegar preguntas vía email al Ministerio de Interior y el Ministerio de Justicia, así como el Departamento de Prensa y la Policía de Bakú, pero no ha obtenido contestación alguna. Mientras tanto, los arrestos se encadenan. El pasado 21 de agosto era detenido Bahruz Samadov, un analista político azerí que cursaba estudios de doctorado en la Universidad de Praga. Tras registrar la policía su apartamento por presuntas sospechas de tráfico de drogas y supuestamente encontrar la previsible cantidad de 40.000 euros en metálico, Samadov fue finalmente acusado de «traición».
Pocos días después, Cavid Aga, otro investigador azerí, era detenido en el aeropuerto para ser interrogado por los servicios de inteligencia sobre Samadov. Se disponía a volar a Lituania para continuar sus estudios, pero ahora tiene prohibido abandonar el país. Docenas de periodistas y activistas sufren hoy ese veto. Aga, de 31 años, se forjó una reputación como observador traduciendo noticias y declaraciones oficiales y aportando contexto durante la guerra de Nagorno Karabaj de 2020.
«Aunque haya una nueva generación en el poder, Azerbaiyán sigue haciendo lo que ha hecho siempre», explica Aga por videoconferencia y desde Bakú. El joven analista está sumido en un proceso legal para aclarar su situación y desconoce cuándo se levantará la prohibición de abandonar el país. Admite ser mucho más prudente en sus declaraciones «por razones obvias». El Gobierno, añade, «ha conseguido que la gente tenga miedo a hablar».
