Carta abierta a Doña Soledad Fernández Doctor, Directora General de la Agencia Tributaria

Estimada Doña Soledad Fernández Doctor,

Me dirijo a usted en representación de Jot Down, un pequeño medio de comunicación que, como muchas otras pequeñas empresas, lucha diariamente por mantenerse a flote en un entorno económico cada vez más desafiante. El propósito de esta carta es exponer una situación que hemos experimentado recientemente con la Agencia Tributaria y que consideramos profundamente injusta y perjudicial para las pymes.

El pasado 20 de enero nos vimos imposibilitados para realizar el pago de los impuestos relativos a la retención del IRPF del cuarto trimestre, un impuesto que, según la normativa vigente, no permite aplazamiento alguno. Comprendemos y aceptamos las obligaciones fiscales que se nos imponen, pero el proceso que siguió a nuestro retraso resulta, a nuestro parecer, excesivamente severo y desproporcionado.

Con la celeridad que caracteriza a las instituciones recaudatorias, se nos impuso primero un recargo de apremio del 10% que en un plazo corto de tiempo se convirtió en el 20%. Mientras reuníamos la cantidad necesaria para abonar la deuda, esta entró en vía ejecutiva. En consecuencia, la Agencia Tributaria, menos de tres meses después de que tuviéramos que pagar el impuesto,  envió una carta a todos nuestros clientes instruyéndoles a no pagarnos, lo que paralizó por completo la actividad de nuestra empresa.

Pagos en el limbo

Como empresario, entiendo que debemos acatar las normativas establecidas por la Agencia Tributaria y otras administraciones. Sin embargo, lo que resulta inaceptable es que, una vez pagada la deuda de forma electrónica, esta no desaparezca de inmediato. En palabras de los técnicos de la agencia: «Tenemos constancia de que está pagada, pero está ‘en vuelo’», un término que no solo es confuso sino también alarmante. De hecho, al consultar nuestras deudas tributarias, el ingreso aparece registrado, pero la deuda se mantiene. Por la tanto, nuestros clientes deben seguir pagando a la Agencia Tributaria las cantidades que nos adeudan y que ya no corresponden, cuando más falta nos hace. Ese dinero, pagado de más, y que tanta falta nos hace para poder cumplir con nuestros acreedores, es muy difícil de recuperar en el corto plazo, lo que nos puede llevar a otros impagos y nuevos recargos y comisiones entrando en una rueda tan peligrosa como la de las tarjetas revolving.

Me gustaría entender las razones detrás de este procedimiento que tanto daño inflige a las pymes en momentos críticos. ¿Es acaso una forma de prueba de estrés destinada a acabar con los pequeños negocios con dificultades y que así las grandes empresas sigan acumulando poder? En Jot Down, hemos enfrentado esta situación en varias ocasiones y creemos que es el momento de exigir que la administración resuelva estas injusticias que, técnicamente, no deberían presentar ninguna complicación. Esta ineficiencia en la actualización de los pagos realizados es inadmisible y provoca que empresas con problemas puntuales acaben cerrando.

¿Por qué la DGT si puede actualizar las deudas conforme se hace el pago? ¿Por qué lo pueden hacer administraciones autonómicas con sistemas antediluvianos? ¿Por qué puede hacerlo hasta la Seguridad Social? Es evidente que no es un tema técnico si no que esta incapacidad de procesar en tiempo real los pagos de los contribuyentes tiene razones espurias —que ojalá algún lector nos puede aclarar en los comentarios—.

Por ello, exigimos que la anotación efectiva de los pagos se realice con la misma rapidez con la que se nos multa por cualquier retraso. La agilidad en la gestión de los mismos es esencial para la supervivencia de las pymes y la economía en general.

Recargos de apremio disparatados

Por otro lado, es imperativo que nuestro país armonice el porcentaje de recargo de apremio por retraso en el pago de impuestos con el resto de Europa para garantizar un marco justo y equitativo para todas las empresas, independientemente de su ubicación. La disparidad actual en las sanciones y recargos entre los diferentes países crea un entorno fiscal desigual que puede perjudicar a las pymes y a los emprendedores que operan en múltiples jurisdicciones. Damos algunos datos: en Francia¹ el recargo es del 10%, en Italia² un 15% hasta los tres meses de retraso, ¡en los Países Bajos solo se pagan intereses³!, en Reino Unido⁴ un 4% por año como máximo y en Alemania⁵ es del 1% mensual. Lo de España no tiene parangón y nos hace muchísimo daño —Portugal es peor, no lo ocultamos—.

Una normativa homogénea permitiría una competencia más justa y proporcionaría claridad y previsibilidad, facilitando el cumplimiento fiscal y fortaleciendo el mercado único europeo. Instamos a la Agencia Tributaria a considerar la implementación de un sistema de sanciones armonizado que refleje los principios de proporcionalidad y equidad, contribuyendo así a la estabilidad y el crecimiento económico en toda la región.

Agradezco de antemano su atención y quedo a la espera de una pronta respuesta que aborde y solucione estas problemáticas de manera efectiva y que así ayude al conjunto productivo del país homologándolo al resto países de nuestro entorno.

¹https://bofip.impots.gouv.fr
²https://www.fiscoetasse.com/
³https://www.belastingdienst.nl
⁴https://mooreks.co.uk/insights/navigating-the-uk-vat-penalty-system-a-comprehensive-guide
⁵https://marosavat.com/manual/vat/germany/returns