Políticas culturales municipales

La nación española proclama su voluntad de proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de sus culturas y tradiciones y de promover el progreso de la cultura.

(Preámbulo de la Constitución Española)

De la Constitución española se han dicho muchas cosas pero una de las que menos se repite es que es una Constitución cultural, una carta magna en la que la cultura tiene un protagonismo fundamental. Aparece, además de en el preámbulo, en los artículos 9.2, 20, 44.1, 46, 48, 50, 148.1 y en el 149. De estos, el más importante en lo que a la cultura es el 44.1 en el que se señala que «Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho» lo que conlleva, entre otras cosas, que las políticas culturales sean competencias de todos los poderes públicos, de las distintas administraciones, desde la estatal a la local, pasando por las comunidades autónomas y las diputaciones. 

Aprovechando que estamos a las puertas de unas elecciones municipales, voy a tratar de desgranar cuáles son, a mi entender, las claves de las políticas culturales a nivel local. Que por otro lado, son el primer escalón del acceso a la cultura.

De entrada insistiré en lo que acabo de señalar. Las políticas culturales municipales son la piedra angular de todo el desarrollo de la cultura desde la administración pública. Lo son por dos motivos principales. El primero de ellos es que son los ayuntamientos (en los pequeños municipios con una aportación destacada de las diputaciones) los que sustentan la mayor parte de las propuestas culturales. Son pues la puerta de entrada de la ciudadanía a la cultura. Y en segundo lugar y en clara sintonía con el primer motivo, son los ayuntamientos y diputaciones los que más porcentaje de sus presupuestos dedican a la cultura. Según datos del Anuario de Estadísticas culturales del Ministerio del ramo para 2022, (con datos de 2020) el Estado invirtió en cultura 73 476 600 €, las comunidades autónomas 135 507 500 € y los ayuntamientos 300 378 600 €. El Estado dedicó a las políticas culturales un 0.21 % de su presupuesto con un gasto de 15.5 € por habitante. Las comunidades autónomas un 0.55 % con 28.6 € por habitantes y los ayuntamientos un 4.15 % con 63.5 € por habitante. Resulta más que evidente que en nuestro país son las administraciones locales quienes soportan la gran mayoría de la financiación de la cultura o, dicho de otro modo, son la principal herramienta de cara a cumplir de forma efectiva el mandato constitucional del artículo 44.1.

Existe un lastre que está marcando las políticas culturales en nuestro país que afecta a todas las administraciones y que supone, me atrevo a decir, un factor negativo aún mayor que los grandes recortes que vinieron con la crisis inmobiliaria. Y si no peor, al menos igual. Este lastre no es otro que las consecuencias por un lado de la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012, conocida como la ley Montoro y la nueva ley de contratación del sector público de 2017. La primera impuso a las administraciones locales una serie de limitaciones a la hora de gestionar los presupuestos públicos e hizo a los interventores responsables con su propio patrimonio de los posibles fraudes (incluso simples errores) en las tramitaciones de expedientes, lo que ha conllevado de facto un efecto cascada de freno a multitud de expedientes, incluso a los de muy baja cuantía motivados por un exceso de celo en el control administrativo (no ya solo en el económico). A esto se le ha sumado la segunda de las leyes citadas, que trataba de adaptar el ordenamiento jurídico español respecto a las contrataciones públicas a las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Desgraciadamente en esta transposición la parte relativa a los contratos culturales ha quedado mal parada, generando una maraña de nuevos trámites administrativos y de requisitos burocráticos que ha paralizado aún más la gestión de los recursos presupuestarios destinados a la cultura. Trámites que no estaban tal cual en las directivas europeas, que sí recogían sin ambages la excepcionalidad de la cultura en los contratos públicos.

Para entendernos, no es lo mismo comprar dos toneladas de tornillos que contratar la última obra de teatro de José Sacristán, no es lo mismo comprar una remesa de paquetes de folios para una impresora que los libros para una red municipal de bibliotecas. Si por un lado aumenta el control hasta límites exagerados y por otro aumentamos los trámites y procesos administrativos, el freno a las iniciativas culturales se puede ver claramente pero si se suma un tercer elemento como es la llamada tasa de reposición cero, por la cual no es que no aumente el cuerpo funcionarial para poder responder a las nuevas cargas de trabajo que conllevan los dos factores referidos, que ya tendría resultados graves, si no que debido a la ley Montoro ni siquiera se pueden cubrir todas las jubilaciones. En resumen, mucha más carga administrativa, más procesos de control (efectivo o no, preventivo o no) y menos personal. Lo dicho, la tormenta perfecta. Un ejemplo perfecto ha sido la dimisión de Miguelanxo Prado como director del Festival de Cómic de A Coruña. Con dos grandes y graves consecuencias, la limitación de los ciudadanos a acceder a la cultura (limitando de facto su derecho constitucional) y un freno al desarrollo económico de muchas empresas y autónomos, limitando la creación de riqueza a nivel local.

Esta tormenta perfecta, aunque afecta a todas las administraciones no las afecta a todas por igual. Si los ayuntamientos destinan, como hemos visto, un mayor porcentaje de su presupuesto a la financiación de la cultura, entenderán que sean precisamente estos lo que más están sufriendo los efectos del desaguisado burocrático. Urge por tanto una reforma de la nueva Ley de Contratos del Sector Público (que, afortunadamente ya se está discutiendo en el Congreso gracias a la iniciativa del sector de las Artes Escénicas, esperemos eso sí, que se aplique a toda la cultura y no solo a este sector) y una reforma/derogación de la ley Montoro. Aquí el papel de la Federación Estatal de Municipios y Provincias debería ser el de protagonista de la tan evidente reclamación. Una adecuación de los trámites a la realidad del sector y de las capacidades burocráticas de los ayuntamientos supondría un revulsivo importante para el mundo de la cultura. A todos los niveles pero sobre todo al local, sería el inicio real de la salida de la crisis. Y también supondría de facto un control mucho más eficiente tanto de los procesos administrativos como del gasto.

Frente a este gran lastre están las oportunidades que la gestión de la cultura desde lo local suponen para la ciudadanía. Y que deberían ser el objetivo real, suplantado poco a poco en la última década por el propio trámite administrativo convertido en el fin último de todo, en el dios supremo de la administración. 

Entrando ya en materia sobre la programación cultural propiamente dicha, está claro que no se puede, ni es buena idea, montar un Prado en cada ciudad o pueblo. Ya pasamos afortunadamente la época de las grandes infraestructuras culturales, de los grandes presupuestos para construir lo que fuera mientras fuera grande y cultural. Hoy día las principales líneas de trabajo desde las áreas de cultura de los municipios van, en la gran mayoría de los casos (aún quedan insensatos por ahí), por otros derroteros, centrados en mantener una programación cultural abierta y de calidad, adaptada a la realidad de cada municipio, con todos los matices que se puedan imaginar, por supuesto. Ni todos hacen lo mismo, ni todos lo hacen igual de bien o igual de mal. Pero a trazo grueso podemos decir que por aquí van los tiros. 

Y estos tiros tienen dos direcciones, por un lado la oferta cultural para la ciudadanía y por otro el fomento de la creación local. Estos caminos no deben ser ni opuestos ni paralelos, deben cruzarse y mucho. Ya se trate de artes plásticas, escénicas, literatura, cómic, música, o del medio artístico que sea, lo importante es generar una programación, atendiendo a los presupuestos y a la población de cada municipio, en el que además de creadores de referencia tengan cabida, si fueran alguna vez mezclados incluso mejor, creadores locales. ¿Se imaginan a Derby Motoreta’s Burrito Kachimba de teloneros de Bruce Springteen?

Existe una moda un tanto peligrosa en muchas ciudades, que llegan mayoritariamente desde colectivos patrimonialistas, que consiste en que cuando se restaura un edificio patrimonial inmediatamente se piensa en dedicarlo a usos culturales. Por un lado está muy bien querer dotar a la cultura de espacios dignos, pero no siempre es una buena idea, y desde que se está convirtiendo en moda, la mayoría de las veces no lo es. Primero porque el ser un edificio patrimonial no significa que pueda adaptarse de forma racional a los diferentes usos culturales. En ocasiones esas adaptaciones requieren una inversión alta que detrae recursos económicos de otras áreas de gasto o de otros espacios más necesitados de reformas. Y por otro porque estos edificios suelen estar en los centros de las ciudades, que ya suelen tener una adecuada dotación de espacios culturales. Quizás sea más útil reforzar las redes de centros cívicos o culturales de barrio que querer crear nuevos espacios culturales de referencia (que quizás luego nunca tenga). Por no mencionar que a día de hoy es tarea hercúlea poder dotar de personal estos nuevos espacios sin recurrir a la contratación externa para todo (con los dolores de cabeza administrativos y de gestión que suele acarrear, y si no miren la conflictividad laboral en muchos de los museos del país a cuenta de los servicios externalizados).

En los municipios de mediano y sobre todo de pequeño tamaño es donde los circuitos artísticos, ya sean de artes visuales, de escénicas, de música o literarios pueden dar los mejores frutos y donde más necesarios son. Tanto como oferta cultural como revulsivo para los creadores locales que pueden entrar en contacto con otros artistas y compartir experiencias y conocer detalles de cada uno de los sectores que les ayudarán profesionalmente. Aquí, en el tema de los circuitos, es donde las comunidades autónomas y el Estado más pueden hacer por cumplir el mandato constitucional además de apoyar esa política cultural de base que se desarrolla, siempre, en los municipios. Sin duda alguna las diputaciones han asumido en este aspecto un papel protagonista en todo el país.

Los procesos de apoyo a creadores locales, tanto emergentes como ya experimentados, es otro de los campos donde las políticas culturales locales pueden dar los mejores resultados. Es en el propio territorio donde mejor se puede tomar el pulso de la creación, especialmente entre los jóvenes. Aquí la colaboración con colegios, institutos y universidades (donde las haya) es un terreno abonado y diría que casi obligado.

Las bibliotecas deberían ser los cimientos de todo lo que estoy hablando, no ya solo como espacios de lectura (o estudio), sino como los mejores espacios culturales de los municipios. Más allá de actividades que requieran edificios y equipamientos concretos, un teatro, auditorio, sala de exposiciones, etc., las bibliotecas pueden y deberían ser espacios de referencia en la programación local (de hecho en no pocos pueblos ya lo son), una especie de ágoras de la cultura que vayan más allá de las letras aunque estás sean siempre el eje central.

Un elemento que cada vez está ganando más protagonismo es la mediación cultural, desde la que se generan, a través de la cultura, redes de colaboraciones y trabajos entre personas de diferentes ámbitos sociales, nacionales, edades y/o culturales. Es un área de desarrollo que complementa la programación tradicional, con un marcado carácter social y que ofrece a los territorios y a los creadores nuevas formas de ofrecer cultura, generar nuevos públicos y nuevas formas de acceder a la misma así como una mayor cohesión de los propios municipios. 

Y la calle, posiblemente el mejor escenario para la cultura de base. Las actividades culturales al aire libre son por un lado una oportunidad magnífica para provocar encuentros entre la ciudadanía y las distintas expresiones artísticas y por otro de descentralizar la oferta cultural, especialmente en ciudades de mediano y gran tamaño, en todo caso siempre es una de las mejores maneras de poner en valor el territorio, ya sea en pueblo o en barrios y una de las más efectivas opciones de difundir la cultura.

He querido empezar este artículo con la espada de Damocles de las políticas culturales, espada que ya se está clavando, porque entiendo que sin solucionar de forma efectiva este problema será imposible para los municipios desarrollar acciones culturales útiles. Lo que se ha explicado a continuación han sido trazos sobre las líneas estructurales que debería contemplar la acción de gobierno cultural de los ayuntamientos en muchos casos con el apoyo de las diputaciones. No se ha tratado de redactar un programa electoral, ni mucho menos. Tampoco creo que se pueda hacer uno genérico. Se ha buscado ofrecer una estructura, lo más general posible y por tanto poco detallada, de lo que supone gestionar la cultura desde lo local. Creo que además son líneas asumibles sin dificultad por la mayoría de partidos políticos, siempre y cuando exista una preocupación real por el sector y por cumplir el mandato constitucional, claro está.