(Viene de la primera parte)
Este artículo está originalmente publicado en inglés, bajo licencia CC BY en la revista Journal of controversial ideas, la primera revista interdisciplinaria de acceso abierto, revisada por pares, creada específicamente para promover la libre indagación sobre temas controvertidos y que desde Jot Down recomendamos a nuestros lectores. Puedes apoyar la revista Journal of controversial ideas aquí.
Consideraciones para los responsables políticos
Propósitos políticos
La tabla 2 ofrece un resumen de las consideraciones para los responsables políticos. Comenzamos discutiendo tres categorías principales de políticas comúnmente disputadas, si bien reconocemos que no son exhaustivas (por ejemplo, no discutimos las políticas relativas al lenguaje). Esta discusión revela que las políticas pueden variar mucho con respecto a si las facetas del sexo, el género y/o la identidad de género (e incluso qué aspectos de cada una) son más relevantes para el propósito de la política.
Espacios, grupos y servicios solo para mujeres
El primer conjunto de políticas busca promover la privacidad, la seguridad y otras dimensiones del bienestar de las niñas y las mujeres. Un subconjunto de estas políticas se refiere a los espacios íntimos públicos (o estatales) como aseos, vestuarios, refugios y albergues, dormitorios o prisiones, dotándolos de instalaciones propias, de las que se excluye a los hombres (y a los niños a partir de cierta edad). Con respecto a la privacidad, se reconoce que en ciertos contextos (como en los alojamientos comunales o en el caso de una persona empleada como encargada de los vestuarios), la necesidad de privacidad justifica la provisión para un solo sexo (por ejemplo, la Ley de Igualdad del Reino Unido, 2010). En este caso, son las variables físicas del sexo fenotípico o, más concretamente, del sexo social, las más relevantes para estas políticas. Sin embargo, cabe señalar que hay variaciones entre los individuos y las poblaciones en cuanto a la importancia de este tipo de privacidad y en qué contextos. Por ejemplo, la desnudez mixta (por ejemplo, en las saunas) es habitual en algunos países.
Con respecto a la seguridad, esta exclusión se basa en el hecho de que los hombres constituyen la gran mayoría de los autores de la objetivación sexual, el acoso sexual y la violencia sexual. Por lo tanto, este aspecto de la política se basa en la expresión de ciertos comportamientos masculinos y, hasta cierto punto, en una ventaja masculina en la fuerza física que forma parte del sexo fenotípico. Al igual que otras exclusiones basadas en diferencias estadísticas de grupo (por ejemplo, la edad mínima para conducir o la jubilación obligatoria), es una forma de trazado de líneas imperfecta que es a la vez excesiva e insuficiente: excluye a todos los hombres (no solo a la minoría que supone una auténtica amenaza para las mujeres); y no excluye a las mujeres peligrosas. Los miembros de los grupos excluidos pueden considerar estas políticas como denigrantes (por ejemplo, implicando que no son competentes para conducir o trabajar, o que son agresores potenciales), pero estos costes expresivos se consideran justificados, ya que se sopesan con los beneficios prácticos y, en estos casos, con la mejora de la seguridad para las mujeres.
Un subconjunto más «suave» de estas políticas es la institución de grupos y asociaciones formales (por ejemplo, un grupo de apoyo a la menopausia). Una de las razones subyacentes a la creación de este tipo de grupos/asociaciones solo para mujeres es la de crear un tipo particular de entorno emocionalmente seguro o de apoyo basado en experiencias compartidas basadas en el sexo y/o el género. Otro subconjunto de políticas relacionado es el de los servicios solo para mujeres, como un programa nacional de detección del cáncer de cuello de útero, la ayuda a la lactancia materna para las nuevas madres o un servicio de asesoramiento en grupo solo para mujeres para las víctimas de agresiones sexuales. La razón subyacente para la prestación de servicios solo para mujeres es que hay poca o ninguna demanda entre los hombres que demanden la prestación, o que los que la necesitan serán mejor atendidos por servicios especializados en el género. (En este último caso, un grupo solo para mujeres puede considerarse equivalente a un grupo especializado en salud mental para personas de un rango de edad específico, como los adultos jóvenes. Aunque la edad es un atributo protegido, suele considerarse justificada la discriminación por razón de edad para este fin). Para algunas mujeres, en el caso de grupos o servicios que impliquen la discusión de información particularmente privada, íntima o angustiosa (por ejemplo, la recuperación de una violación), parte de la creación de dicho ambiente puede ser la ausencia de individuos con riesgo de expresar ciertos comportamientos masculinos no deseados, y/o cuyo sexo social sea el masculino.
Acción afirmativa (o discriminación positiva)
Un segundo conjunto de políticas adopta la forma de acción afirmativa (por ejemplo, cuotas de género en los consejos de administración; premios, becas, listas de preseleccionados o concursos exclusivos para mujeres; contratación selectiva, talleres, formación o eventos de creación de redes) que busca reducir (y eventualmente eliminar) la desventaja material, política y/o sociocultural que experimentan las niñas y las mujeres como grupo. Estas políticas pretenden crear una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, basándose en el argumento de que esto no se consigue con un trato igualitario (igualdad formal) cuando existe un contexto de fondo de condiciones desiguales.
Aunque solo benefician a algunos miembros del grupo desfavorecido, las medidas de acción afirmativa tratan de romper el nexo entre la pertenencia al grupo y la desventaja a nivel del sistema (Khaitan, 2015). Las formas de acción afirmativa que reservan temporalmente una oportunidad o un recurso para las mujeres son controvertidas. Su legitimidad se basa en la suposición de que la medida tendrá efectos positivos para el grupo en general, y que las beneficiarias ayudarán a cambiar las instituciones estructural, social o culturalmente de manera que contribuyan a deshacer los efectos persistentes de la dominación masculina (véase Fine, 2021). Los mecanismos propuestos por los que se espera que esto se produzca pueden ser bastante complejos y específicos del contexto (por ejemplo, como modelo de conducta para las mujeres más jóvenes, representando los intereses y preocupaciones de las mujeres sobre la base de la identificación con el grupo y/o las experiencias compartidas basadas en el sexo o el género, los efectos de la red social, la creación de una «masa crítica» de mujeres para cambiar la dinámica y el debate del grupo, el desafío de las normas sobre el titular ideal del cargo, etc.). De ello se desprende que diferentes aspectos del sexo y del género pueden ser relevantes para diferentes políticas de acción afirmativa. Por ejemplo, el sexo social puede ser el aspecto más relevante para las políticas con un propósito de promoción de la igualdad que se consigue principalmente proporcionando un modelo para otras mujeres o desafiando los estereotipos de que los hombres son más adecuados para determinados papeles. Por el contrario, las experiencias repetidas de tener interacciones sociales estructuradas por el propio sexo (social) pueden ser más relevantes para las políticas que buscan promover la igualdad principalmente desafiando las políticas, prácticas, productos o servicios androcéntricos (Fine et al., 2020).
Una forma específica de acción afirmativa son las actividades deportivas competitivas segregadas por sexo. Estas proporcionan a las mujeres el acceso a los beneficios de una competición significativa y la posibilidad de alcanzar el éxito competitivo, dado que la mayoría de los deportes populares requieren habilidades y atributos físicos (una faceta del sexo fenotípico) para los que los varones pospúberes, por término medio -y particularmente en los niveles más altos-, están muy aventajados (Coleman, 2017). En cuanto a otros tipos de acción afirmativa, aunque las competiciones de élite solo benefician en última instancia a un número relativamente pequeño de atletas individuales, aportan beneficios a nivel de sistema al desafiar los estereotipos sobre las capacidades deportivas de las mujeres, proporcionar modelos de conducta y elevar el estatus de las mujeres a través de la visibilidad de las celebridades deportivas.
Medidas de transparencia y requisitos de información
Un tercer conjunto de políticas adopta la forma de medidas de transparencia y requisitos de información (por ejemplo, la representación femenina en los consejos de administración de las empresas que cotizan en bolsa, los datos sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres, las estadísticas sobre delincuencia). Algunas de estas medidas pueden considerarse una forma de acción afirmativa (Khaitan, 2015), ya que idealmente contribuyen al cambio sistémico motivando la acción (por ejemplo, «nombrando y avergonzando»). Tales medidas proporcionan datos que pueden documentar las desventajas de los grupos, supervisar los cambios a lo largo del tiempo y ayudar a la planificación y prestación de servicios (Sullivan, 2020). El propósito de estos datos es, por tanto, en parte, hacer un seguimiento de los efectos continuos del género como sistema en los resultados de las mujeres frente a los de los hombres.
Propósitos políticos: Resumen
Como indica esta visión general, el propósito o los propósitos subyacentes de las numerosas políticas que se impugnan actualmente no se refieren simplemente a un atributo, como la categoría de sexo, el sexo fenotípico o la identidad de género. La identificación del atributo pertinente tampoco proporciona «la respuesta» a los criterios de inclusión de una política, porque hay otras consideraciones que hay que tener en cuenta. Además de las cuestiones prácticas de viabilidad, también está la importante cuestión de cómo afectará un cambio de política a todas las partes interesadas.
Considerar a todas las partes interesadas
Una buena política tiene en cuenta los beneficios y las cargas de los diferentes criterios de inclusión para todas las partes interesadas, y cómo se van a distribuir. En el centro de este proceso debe estar, como prioridad, el imperativo moral de que todos puedan participar plenamente en la vida pública y cívica, lo que, como mínimo, requiere estar libre de violencia, acoso, discriminación y explotación personal o económica. En muchos contextos, lograr una distribución justa de los beneficios y los costes requerirá una amplia consulta y/o la recopilación de datos. Cambiar los criterios de inclusión en estos contextos constituye un cambio social importante que, como cualquier otro cambio de este tipo en una sociedad democrática, requiere un debate libre y abierto (Burt, 2020) y una amplia consulta con las partes interesadas.
Además, las percepciones de los riesgos y beneficios suelen estar sesgadas. Por ejemplo, pueden estar sesgadas para ser coherentes con los sentimientos positivos o negativos de la gente sobre un tema (por ejemplo, Finucane et al., 2000), o estar sesgadas por acontecimientos muy destacados o emocionales que tienen el efecto de hacer que acontecimientos muy raros parezcan más probables de lo que realmente son, porque los casos pueden venir fácilmente a la mente (Tversky y Kahneman, 1974). Por ejemplo, los casos mediáticos de mujeres trans que ganan eventos deportivos o que cometen delitos típicos de los hombres, que circulan ampliamente y de forma repetida, pueden dar lugar a la percepción de que esos acontecimientos son mucho más probables de lo que realmente son. Por tanto, es vital que, siempre que sea posible, los responsables políticos se comprometan a tomar decisiones transparentes y basadas en pruebas. Puede ser prudente considerar la posibilidad de realizar cambios políticos a título experimental, con el compromiso de recopilar los datos pertinentes y supervisar el impacto. Por ejemplo, los datos detallados sobre las experiencias de las personas trans en el empleo y en la vida pública y cívica son extremadamente importantes; también lo son las experiencias de las niñas y mujeres cis en los espacios afectados por los cambios políticos.
Al considerar los beneficios y los costes de los diferentes criterios de inclusión, los responsables de la toma de decisiones también deben ser sensibles a la heterogeneidad entre los principales interesados (Burt, 2020). Por ejemplo, es probable que los costes psicológicos de compartir un espacio íntimo con una persona de sexo masculino sean mayores para algunas poblaciones de niñas y mujeres cis, por ejemplo, las que huyen de la violencia masculina (como las usuarias de los refugios de violencia doméstica). Del mismo modo, parece plausible sugerir que los costes de ser excluido de un espacio solo para mujeres (o de una competición sólo para mujeres) serán significativamente mayores para una mujer trans con disforia de género y con transición médica, que para alguien que no tiene disforia de género y no ha hecho la transición médica, o que se identifica como mujer a tiempo parcial. Estas consideraciones deben incluir también la distribución de las cargas entre las partes interesadas. Así, en algunos entornos, los costes para las niñas y mujeres cis de la inclusión de las niñas y mujeres trans pueden limitarse a una incomodidad o molestia ocasional, por ejemplo, para quienes prefieren no compartir los aseos públicos con alguien percibido como hombre. Por el contrario, la ausencia de un alojamiento público seguro debido a los riesgos de utilizar las instalaciones masculinas coartará, para muchas mujeres trans (James et al., 2016), su libertad diaria para acceder a la vida pública y cívica. Y, por supuesto, no debe pasarse por alto la posibilidad de obtener beneficios de una mayor diversidad en los espacios femeninos gracias a la inclusión de las mujeres trans.
Tal vez no haga falta decir que estas consideraciones pondrán de manifiesto conflictos de intereses. Por lo tanto, terminamos con algunas sugerencias sobre cómo podrían mitigarse.
Navegar por los conflictos de intereses
Nuestra primera sugerencia es considerar si los criterios de inclusión tienen que ser un caso cualquiera. Siempre que sea posible, puede ser mejor utilizar políticas relacionadas tanto con el sexo como con la identidad de género. Por ejemplo, es importante que los datos de los censos nacionales recojan información tanto sobre la categoría de sexo (por ejemplo, tal y como se registró al nacer) como sobre la identidad de género (Sullivan, 2020), una política que beneficia también a la comunidad transgénero en cuanto a la mejora de la información sobre sus situaciones y circunstancias, incluidos los efectos interseccionales con el sexo (como en el caso de la Encuesta a personas transgénero de EE.UU. de 2015, James et al., 2016). Los responsables políticos también podrían considerar un enfoque interseccional, según el cual una determinada proporción de las oportunidades para las mujeres (por ejemplo, los puestos en los consejos de administración públicos o las listas de candidatos políticos sólo para mujeres) se reservan para las mujeres registradas por nacimiento (es decir, las mujeres cis, los hombres trans y las personas femeninas no binarias). Los enfoques interseccionales reconocen que el sexo y la condición de transgénero pueden entrecruzarse de maneras que a veces dan lugar a patrones de desventaja muy diferentes. Confluirlos perjudicará tanto a las mujeres cis como a las trans, y puede dejar a los niños y hombres trans desatendidos.
También se ha sugerido que, cuando sea posible, las organizaciones o el Estado proporcionen instalaciones «para todos los géneros», además de las segregadas por sexo (Burt, 2020; Stock, 2021). En algunas situaciones, las soluciones de uso único obvian la necesidad de cualquier tipo de criterio de inclusión, como ha sucedido durante muchos años con las instalaciones sanitarias de los trenes y los aviones. Aunque a veces se argumenta que estas soluciones son inverosímiles, cabe señalar que a los que abogaban por las instalaciones solo para mujeres en el siglo pasado se les informó de que esto era inviablemente caro (véase Rhode, 1989). Estas soluciones podrían realizarse progresivamente a medida que se construyan, actualicen o renueven los edificios, como se ha hecho para aumentar la accesibilidad de los discapacitados.
Nuestra segunda sugerencia es, siempre que sea posible, utilizar criterios que apunten directamente a la base relevante de la desventaja, en lugar de a las «mujeres» per se. Las medidas de acción afirmativa, por ejemplo, pueden distribuir útil y justamente los beneficios sobre la base de un factor relevante que se correlaciona con ser miembro de un grupo protegido, pero no con la pertenencia al grupo per se (Khaitan, 2015). De hecho, este tipo de políticas pueden ser más eficaces a la hora de abordar las desventajas reales. Por ejemplo, en lugar de ofrecer una beca de investigación o un programa de promoción profesional para las mujeres, se puede ofrecer a las que se reincorporan a la investigación después de un determinado periodo de permiso parental o de trabajo a tiempo parcial relacionado con el cuidado de personas. Una política de este tipo distribuye los beneficios entre las personas con responsabilidades de cuidado, que son principalmente mujeres, pero sin excluir a los hombres (cis o trans) o a las mujeres trans, que pueden estar en desventaja por las responsabilidades de cuidado o el trabajo a tiempo parcial más típicamente femenino. Del mismo modo, identificar y mitigar las «predeterminaciones masculinas» en las instituciones puede ser más eficaz para crear igualdad de oportunidades para las mujeres que las formas directas de acción afirmativa, al tiempo que beneficia a cualquiera que no se ajuste a un rol de género masculino tradicional, blanco y de clase media (Cheryan y Markus, 2020; Ely y Meyerson, 2000).
Una tercera sugerencia es considerar si las medidas universales, en lugar de la acción afirmativa, pueden ser adecuadas. Esto incluye políticas como la mejora de las condiciones laborales para los trabajadores mal pagados o inseguros. Estas medidas benefician a los más desfavorecidos económicamente, entre los que los grupos protegidos están desproporcionadamente representados. Alternativamente, cuando las medidas universales no son apropiadas o posibles, los responsables políticos deben reconocer que liberalizar la pertenencia de los que pueden acceder a recursos muy limitados, sin un aumento concomitante de los mismos, probablemente conduzca a un deterioro de las relaciones y a conflictos entre los miembros de los grupos protegidos. La solución obvia para evitarlo es que los responsables políticos aumenten simultáneamente la provisión de recursos u oportunidades disponibles (por ejemplo, un aumento sustancial de la financiación para los refugios domésticos).
A pesar de todo lo anterior, los responsables políticos también deben reconocer que, aunque la toma de decisiones éticas a menudo implica equilibrar diferentes principios, algunos derechos y responsabilidades son más fundamentales que otros (Pike, 2020; Zakhem y Palmer, 2012). Como ejemplo de este enfoque, Pike (2020) ha argumentado, en relación con quién puede jugar al rugby femenino, que la institución que gobierna la World Rugby tiene una responsabilidad especialmente fuerte de dar prioridad a la seguridad de las jugadoras, luego de proteger la equidad de la competición (ya que ésta, argumenta, es un objetivo primordial del deporte), y sólo entonces promover la inclusión a las que se identifican como mujeres.
Observaciones finales: pasos para los responsables políticos
Nuestro examen sienta las bases de cuatro cuestiones que los responsables políticos deben tener en cuenta a la hora de elaborar los criterios de inclusión de las políticas que pretenden promover la igualdad, la seguridad y/o la privacidad de las niñas y las mujeres excluyendo a los niños y los hombres: ¿Cuál es el objetivo subyacente de la política? ¿Está relacionado con el sexo, el género y/o la identidad de género? ¿Cómo afectaría el cambio de la política al propósito subyacente? ¿Cómo se satisfará la igualdad, la seguridad y/o la privacidad de las personas trans? Si estas consideraciones apuntan a un conflicto de intereses, los responsables de la política deben considerar cinco preguntas adicionales: ¿Pueden incluirse tanto el sexo como la identidad de género en una ampliación de la política? ¿Puede la política dirigirse directamente al origen de la desventaja? ¿Pueden aplicarse en su lugar medidas universales? ¿Son imparciales las percepciones del riesgo? ¿Y hay derechos y responsabilidades primordiales que deban priorizarse? Aunque no ofrecemos soluciones a estas difíciles decisiones políticas, esperamos que estas consideraciones ayuden a facilitar una buena toma de decisiones en este polémico contexto político.
Agradecimientos
Agradecemos sinceramente a numerosos colegas su generosidad al proporcionarnos sus comentarios sobre versiones anteriores de este manuscrito.
Se pueden consultar las referencias en el documento original.
