‘Argentina, 1985’ y los juicios que vinieron después

La película Argentina, 1985, dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín —estrenada en cines hace algunas semanas y ya disponible en Amazon Prime—narra el llamado juicio a las Juntas, el proceso judicial que llevó al banquillo de los acusados al exdictador Jorge Rafael Videla y a otros ocho miembros de las fuerzas armadas que gobernaron el país durante la última dictadura cívico-militar, entre 1976 y 1983. Esos hombres fueron los máximos responsables de los crímenes más aberrantes de la historia del país: miles de secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas, horrores para cuya concreción se utilizó todo el aparato del Estado.

Vemos la película. La disfrutamos. Sin duda nos conmovemos. Nos quedamos con la sensación de que hemos revivido uno de esos escasos capítulos de la historia en que las cosas salieron bien. «El juicio a las Juntas fue la primera vez en la historia universal en que un tribunal civil condenó a una dictadura militar», nos informan los textos del final. Los criminales han recibido penas ejemplares. Van a pasar muchos años en la cárcel. Se ha hecho justicia. Nos quedamos satisfechos.

Pero esos mismos textos añaden: «A pesar de las leyes de impunidad que marcaron los años siguientes, el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia no se detuvo». Y también: «Desde la reapertura de los juicios, hay más de mil condenados por delitos de lesa humanidad y cientos de causas continúan siendo juzgadas». ¿A qué «leyes de impunidad» se refieren? ¿Por qué hablan de una «reapertura de juicios»?

Entonces repasamos los años siguientes al juicio a las Juntas y descubrimos un panorama desolador. Para finales de 1990, todos los militares que habían sido condenados ya estaban libres, indultados por el entonces presidente Carlos Menem. ¿Cómo pudo suceder una cosa así? ¿Cómo fue que, en tan solo un lustro, se había escurrido entre los dedos de la sociedad algo que había sido un verdadero triunfo de la democracia? ¿Qué pasó después? Las respuestas a estas preguntas requieren de varios capítulos.

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A la usanza de muchos otros regímenes dictatoriales, poco antes de abandonar el poder, los militares argentinos —en retirada ya desde el desastre de Malvinas, a mediados de 1982— promulgaron una ley de autoamnistía, con el objetivo de volver a los cuarteles y continuar con la vida como si nada hubiera pasado. Pero Raúl Alfonsín ganó las elecciones presidenciales de 1983 con la promesa de juzgar a los miembros de las tres primeras juntas militares que habían gobernado en los años anteriores. Solo cinco días después de asumir su cargo, en diciembre de ese año, Alfonsín firmó el decreto a través del cual ordenaba el juicio. Al menos para los excomandantes, la autoamnistía quedaba sin efecto.

La primera instancia para juzgar a los militares era el ámbito castrense: el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, una ley de febrero de 1984 reformó el código de justicia militar y estableció que las apelaciones a sus fallos se realizaran en las cámaras federales. Es decir, la justicia civil. Esa fue la llave para que el juicio a las Juntas de 1985 fuera posible. Más o menos ahí empieza la película de Mitre.

El caso es que Alfonsín pretendía que la historia empezara y terminara con el juicio a las Juntas. Pero no fue eso lo que ocurrió: la sentencia del tribunal estableció —además de las condenas— que la investigación de crímenes tan atroces no podía detenerse allí, sino que debía continuar hacia los cargos subalternos que habían ejecutado las órdenes de las juntas. Aquello fue como abrir una caja de Pandora: miles de militares y policías podrían ser juzgados. En 1986 se realizó un segundo juicio, contra Ramón Camps, quien fuera jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, y varios de sus secuaces. También terminó con condenas ejemplares para los acusados.

Lamentablemente, esa primavera de justicia solo llegó hasta ahí.

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Por entonces, las fuerzas armadas concentraban todavía mucho poder. Numerosos responsables de la represión ilegal seguían en sus cargos, y comenzaron a ejercer presiones de tinte extorsivo contra el gobierno de Alfonsín. Hay que tener en cuenta lo que entonces era el pasado reciente de la Argentina: los golpes de Estado, las dictaduras militares y la violencia política habían sido moneda corriente de 1930 en adelante. La democracia era joven y aún no del todo sólida. La situación era compleja.

El resultado de esas presiones fue la aprobación, a finales de 1986, de una ley que pasaría a la historia como Ley de Punto Final. Establecía un lapso máximo de sesenta días desde su sanción para realizar nuevas imputaciones por crímenes cometidos durante la dictadura. Superado ese lapso, ya no se podrían presentar acusaciones nuevas. Fue una señal de debilidad del gobierno: los militares comenzaban a ganar la pulseada.

De todos modos, en esos sesenta días, los organismos de derechos humanos y algunos funcionarios judiciales trabajaron a destajo y lograron la imputación de unas cuatrocientas cincuenta personas. A las fuerzas armadas y de seguridad eso les pareció demasiado, y durante la Semana Santa, en abril de 1987, hubo un alzamiento militar demasiado parecido a un golpe de Estado.

No hubo derrocamiento del gobierno, pero sí un nuevo retroceso de la justicia y más impunidad: se sancionó la llamada Ley de Obediencia Debida, que establecía que solo eran punibles los jefes y altos mandos. Todos los demás hombres no podrían ser juzgados, ya que «solo cumplían órdenes». A menos, eso sí, que hubieran cometido «excesos». ¿Los innumerables secuestros, las sesiones de tortura, los homicidios y las desapariciones forzadas eran «excesos»? No. Los «excesos» eran los delitos sexuales, la apropiación de inmuebles y la apropiación de niños y niñas.

De esta forma se cumplía el deseo inicial de Alfonsín: que el castigo se limitara a las cúpulas. Sin embargo, la cosa iba a empeorar todavía más. El sucesor de Alfonsín, Carlos Menem, asumió la presidencia en julio de 1989 y apenas tres meses después, con el argumento de «pacificar» el país para lograr la «reconciliación nacional», indultó a cuatro decenas de militares que habían sido condenados por sus crímenes.

Un año después, en diciembre de 1990, Menem dictaminó lo que en ese momento pareció la estocada final contra las ilusiones de un pueblo: un nuevo indulto que alcanzó a los pocos militares que quedaban condenados o procesados por sus crímenes durante la dictadura. Entre ellos, Videla y los demás miembros de las juntas condenados en el juicio de 1985. Cinco años después, el juicio a las Juntas, todo el histórico juicio que retrata la película de Santiago Mitre, parecía no haber servido para nada.

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La primera mitad de la década del noventa constituyó el ápice de la impunidad en Argentina. Los represores estaban libres y nada parecía poder hacerse al respecto. Sin embargo, no cejó la lucha de los organismos de derechos humanos, entre ellos asociaciones como Madres de Plaza de Mayo y Abuelas de Plaza de Mayo, así como de otros familiares y sobrevivientes de la dictadura. Así, con el tiempo, esa impunidad que llegó a parecer un bloque compacto e irrompible comenzó a horadarse. Y en ese camino hubo algunos hechos significativos.

Uno de ellos fue la reforma de la Constitución Nacional, en 1994, que estableció que «los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes». A partir de ese momento, los numerosos pactos que la Argentina había firmado —entre los cuales se hallaban la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establecen el carácter imprescriptible de los crímenes de lesa humanidad— estaban oficialmente por encima de las leyes de impunidad.

El mismo año, esa imprescriptibilidad fue avalada por la Corte Suprema de Justicia, al conceder la extradición de Erich Priebke, quien llevaba décadas viviendo en la ciudad patagónica de San Carlos de Bariloche. Se trataba de un exoficial de las SS, quien luego fue condenado en Italia a cadena perpetua por su actuación durante la Segunda Guerra Mundial.

Además, el poder de los militares y su influencia sobre la vida social y política del país mermó de forma notoria en esos años. Por varios motivos. A la condena social por los crímenes aberrantes de la dictadura —revelados no solo en el juicio a las Juntas sino también en el Nunca más, el informe de la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas, publicado en 1984— y por la insensatez de Malvinas, se sumó un contexto regional de dictaduras en retirada: con la salida de Pinochet en Chile en 1990, se acabó un largo periodo de regímenes militares en todo el Cono Sur. La democracia se ha impuesto desde entonces.

Todo sea dicho: el poder económico también se dio cuenta de que ahora podía aplicar las mismas políticas sin necesidad de violentar el sistema constitucional. De hecho, como parte de esas políticas neoliberales, que incluían una reducción enorme del gasto público, la presidencia de Menem rebajó muchísimo el presupuesto de las fuerzas armadas. Eso también les quitó poder. Y otro mazazo se lo dio la eliminación del servicio militar obligatorio, en 1995, después de que un joven conscripto muriera —tres días después de sumarse a la mili— por la golpiza que le propinaron un oficial y dos soldados. 

En el mismo año, por cierto, se rompió el hasta entonces inexpugnable pacto de silencio: un militar, el excapitán de corbeta Adolfo Scilingo, describió con lujo de detalles cómo eran los «vuelos de la muerte», una de las formas más siniestras con que la dictadura mataba: arrojaba a hombres y mujeres anestesiados e inconscientes, desnudos, desde aviones en vuelo a las aguas del Atlántico sur. Una muerte «cristiana y poco violenta», según contó Scilingo que le dijeron los capellanes en los que buscó, ya en esos momentos, alivio para su consciencia.

El testimonio de los sobrevivientes de la represión permitía saber que los «vuelos de la muerte» habían existido. Sin embargo, por primera vez los admitía y los narraba uno de sus perpetradores. Lo absurdo era que, pese a su confesión, Scilingo permanecía a salvo de cualquier acción judicial, protegido por las leyes de impunidad.

Y un nuevo actor social apareció en escena: los hijos e hijas de desaparecidos, que ya eran adolescentes y jóvenes adultos organizados que se sumaron a los reclamos de las Madres y las Abuelas de la Plaza de Mayo y a otras agrupaciones de derechos humanos. Cuando el 24 de marzo de 1996 se cumplieron veinte años del golpe de Estado con el que comenzó la última dictadura, las movilizaciones populares contra la impunidad fueron masivas. A tal punto que —según cuenta el investigador Eduardo Anguita en su libro Sano juicio, de 2002— inspiraron al fiscal Carlos Castresana a denunciar a las juntas militares de Argentina y Chile ante la Audiencia Nacional de España, lo cual dio lugar a la recordada detención de Pinochet en Londres.

Un lustro había pasado desde el juicio a las Juntas hasta la impunidad total de los indultos de Menem. Otro lustro después, germinaban las condiciones para que la báscula volviera a inclinarse hacia el lado de la justicia.

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En ese renovado clima de época, a finales de 1996, las Abuelas de Plaza de Mayo iniciaron acciones judiciales para demostrar que la apropiación y sustitución de la identidad de unos quinientos niños y niñas durante la dictadura no habían sido casos aislados sino parte de un plan sistemático, cuya responsabilidad llegaba hasta los más altos jerarcas del régimen. Hay que recordar que el robo de niños era uno de los «excesos» no amparados por las leyes de impunidad. La causa avanzó. En junio de 1998 logró lo que hasta hacía poco parecía un imposible: el exdictador Videla volvía a estar preso. Tras él cayeron el exalmirante Emilio Massera y muchos otros criminales.

Un par de meses antes de la detención de Videla, en marzo, el Congreso había aprobado una ley mediante la cual se derogaban otras dos leyes: las de Punto Final y Obediencia Debida. En la práctica, la medida no tenía consecuencias efectivas, porque impedía la aplicación de esas leyes en el futuro, pero estas ya habían cumplido su misión más de una década atrás. No obstante, a nivel simbólico fue otro paso fundamental.

Al mismo tiempo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había dispuesto que los familiares de las víctimas tenían derecho «a la verdad» y «al duelo». Ante eso, el Estado argentino echó mano de otro recurso ad hoc, es decir, otro invento: la realización de juicios con todas las reglas del proceso penal, excepto una: la sanción. Por eso se los llamó Juicios por la Verdad. El primero comenzó en La Plata en 1998; luego hubo otros en Bahía Blanca, Mar del Plata, Rosario, Salta, Jujuy, Chaco, Mendoza y Buenos Aires.

Durante sus audiencias —orales y públicas— cientos de víctimas y familiares dieron testimonios (los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, también citados a declarar, casi siempre callaron) que permitieron seguir armando el rompecabezas del horror de un par de décadas atrás. Aunque reconstruir la verdad sin la posibilidad de un castigo efectivo podía parecer un mero «paliativo» ante los reclamos de justicia; esos juicios también contribuyeron con el clima de época. El hartazgo ante la impunidad era evidente. Por eso en los años siguientes, y gracias a la honestidad y la buena voluntad de algunos funcionarios judiciales, primero, y del poder político, después, toda la infraestructura de injusticia construida a finales de los años ochenta terminó por derrumbarse.

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A comienzos de 2001, tres años después de la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, el juez Gabriel Cavallo emitió un fallo en el que declaraba que esas leyes eran inconstitucionales. Dado el principio de supremacía constitucional, si contradecían a la carta magna, tales leyes no podían tener efecto. Y eso fue lo que, en la práctica, desde ese momento comenzó a suceder.

Así, con el comienzo del nuevo siglo, la Argentina retomó la senda de la justicia. En parte, al menos. No hay que olvidar que hablamos del año en cuyas últimas semanas se instauró el famoso «corralito», renunció el presidente Fernando de la Rúa y la inédita inestabilidad política hizo que se sucedieran cinco presidentes en poco más de una semana. Pero la crisis, por fortuna, no cambió el rumbo que la búsqueda de memoria, verdad y justicia había asumido en los años anteriores.

Por el contrario, la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia —en mayo de 2003— ratificó y profundizó ese objetivo. Apenas tres meses después, en agosto, el Congreso aprobó por ley la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

El efecto fue inmediato: se reabrieron causas que habían quedado «congeladas» desde los años ochenta y se iniciaron otras nuevas. Poco a poco, el andamiaje de la justicia se puso en marcha. La Corte Suprema, en sendos fallos de 2007 y 2010, también declaró nulos los nefastos indultos de Menem. Dos décadas más tarde, el cerco de impunidad levantado en el lustro posterior al juicio a las Juntas quedó, por fin, completamente desmontado.

Las causas avanzaron, desde entonces, con lentitud pero con firmeza. Los primeros juicios dos tuvieron lugar en 2006; en 2007 hubo otro dos; en la década y media que vino después ha habido más de 200. Entre ellos, algunos muy significativos, como la llamada «Megacausa ESMA». La ESMA, Escuela de Mecánica de la Armada, fue el mayor centro clandestino de detención, tortura y exterminio de la dictadura. Por allí pasaron más de cinco mil detenidos desaparecidos. La megacausa constituyó el proceso judicial más grande de la historia argentina: duró más de cinco años (entre 2012 y 2017) y contó con más de ochocientos testigos. Terminó con cuarenta y ocho condenados por los delitos de asociación ilícita, secuestros, aplicación de tormentos y torturas, robo de bienes, desaparición forzada, asesinatos y apropiación de menores.

En otros fallos, la justicia también dio por probada la existencia (y condenó a los responsables) de un plan sistemático de apropiación y sustitución de la identidad de hijos e hijas de personas desaparecidas. Hasta hora, las Abuelas de Plaza de Mayo lograron restituir la identidad a ciento treinta personas. Pero los «nietos» que faltan todavía son casi trescientos. Otro fallo importante fue el que condenó a los responsables del Plan Cóndor, una asociación ilícita integrada por miembros de las dictaduras de Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil que se encargó de perseguir, torturar, desaparecer y matar a disidentes políticos.

Como dicen los textos finales de Argentina, 1985: «Desde la reapertura de los juicios, hay más de mil condenados por delitos de lesa humanidad y cientos de causas continúan siendo juzgadas». Cuando se conoce la historia adquieren otro sentido, se leen de otro modo.

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El camino ha sido largo, sinuoso, difícil. Pero el saldo, pese a los errores, a los retrocesos, a las dilaciones, es positivo. En estas casi cuatro décadas, la Argentina ha logrado revisar su historia y juzgar y condenar a muchos de los culpables de los mayores crímenes cometidos en este país.

«La condena de estos crímenes representa una reparación a las víctimas y sus familiares y permite fortalecer el proceso democrático iniciado en 1983», dice un cartel en el predio de la ex-ESMA, donde desde 2004 funciona el Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos. En sus diecisiete hectáreas se distribuyen el Archivo Nacional de la Memoria y varios museos y centros culturales. Está abierto a la comunidad; se puede visitar, como se pueden visitar Auschwitz y otros excampos de concentración nazis. Hacerlo ayuda a conocer la historia, a salvaguardar la memoria, a valorar la paz y el respeto por los derechos humanos.

El citado cartel completa su mensaje con estas palabras: «Los juicios son un ejercicio de memoria colectiva que garantiza a las futuras generaciones la no repetición de estos hechos». Que así sea.

El autor agradece a Lucas Miguel, sin cuyo trabajo e inestimable colaboración no habría podido escribir este artículo.