Nino Di Matteo: «La mafia necesita de la política como nosotros del aire que respiramos»

Una vez superado el control policial de la puerta, el periodista sube las escaleras en compañía de un escolta. Nino Di Matteo (Palermo, 1961) lo recibe en la puerta y lo acompaña a una sala que cierra con una puerta corredera, en la que podrán conversar a solas. Su hablar es pausado, como si quisiera sopesar cada palabra. Las manos reposan inmóviles sobre la mesa, apenas se agitan para gesticular puntualmente. Hay en él una mezcla de serenidad y de melancolía, características de alguien que sabe que eligió el camino correcto, y que también bucea cada día en mares de sufrimiento.

Desde que ingresó en la magistratura en 1991, ha investigado casos como los crímenes de los jueces Falcone, Borsellino, Chinnici y Saetta, así como la llamada Negociación Estado-Mafia, que ha provocado sonadas polémicas en Italia. El gran capo de los corleoneses, Totò Riina, manifestó su deseo de acabar con la vida de Di Matteo, y a buen seguro no es el único mafioso que proyectó atentar contra él. En 2019 accedió al Consejo Superior de la Magistratura. Y en el momento de hacer esta entrevista, se preparaba para su candidatura a la presidencia de la República Italiana.  

El año pasado se celebró el centenario de Leonardo Sciascia. ¿Le apetece recordar qué relación tuvo usted con el gran escritor siciliano?

Yo he sido un apasionado lector de sus novelas, y además me he visto en una situación muy peculiar, ya que en Palermo, cuando era niño, mi familia fue vecina de la familia Sciascia: en el mismo edificio y en la misma planta. El profesor Sciascia murió en 1989, yo no vivía ya aquí desde el 86, de modo que no puedo decir que lo frecuentara. Pero sí me lo encontraba, y había un hecho que me impresionaba respecto a su fama, su enorme autoridad, su prestigio: la humildad de su trato humano, cómo se acercaba cuando nos encontrábamos. Él y la mujer se llevaban muy bien con mis padres. Yo, ya en el instituto, era un apasionado de cuanto tuviera que ver con la mafia, de todas las relaciones entre criminalidad y poder. Puede imaginar la emoción que me produjo leer, por ejemplo, El día de la lechuza o Todo modo. Me sentía orgulloso de conocer a un siciliano que tenía un profundo sentido de la justicia y de la libertad. Un siciliano sobre todo anómalo para aquel tiempo, siempre dispuesto a encontrar entre los pliegues del poder lo que otros no podían o no querían ver. Hoy, tras treinta años de actividad en Sicilia, con una experiencia que me ha hecho ocuparme sobre todo de los procesos de mafia, sobre la relación entre la mafia y el poder, sigo viendo la obra de Sciascia como un punto de referencia. Él nos enseñó que la violencia más peligrosa es la que viene ejercitada bajo la cobertura del poder institucional.

También provocó Sciascia una tormenta de opiniones sobre la magistratura, sobre todo a raíz de aquel artículo, «Los profesionales de la antimafia», en el que acusaba a algunos jueces de hacer carrera gracias a la lucha contra el crimen organizado. ¿Usted lo entendió?  

Viví con cierta sorpresa la polémica desencadenada por aquel artículo publicado en la primera página del Corriere della Sera. Yo todavía no estaba en condiciones de comprender, no conocía bien la situación, ni los mecanismos internos de la magistratura. Recuerdo que mi padre, que era abogado, me expresó su opinión sobre aquel asunto que se refería sobre todo a Paolo Borsellino como procurador de Marsala: creía que quizá Sciascia había estado mal aconsejado por algunos magistrados amigos suyos. En el fondo, aun ejerciendo su autonomía de pensamiento, podía estar condicionado por aquellos amigos, que tal vez aspiraban al puesto de Borsellino. Estoy convencido, a la luz de mi posterior conocimiento del mundo de la magistratura y, sobre todo, de la magistratura antimafia, que el profesor Sciascia se equivocó, sobre todo de objetivo. Pero también estoy seguro de que este episodio, en mi corazón, no ha erosionado mínimamente mi imagen de Sciascia como un intelectual y un italiano libre, valiente y profundamente antimafioso.          

Hay quienes hoy piensan que Sciascia erró el objetivo, pero no el fondo del asunto. Incluso creen que solo se equivocó en los tiempos, y que hoy hay más carrierismo en la antimafia que en aquellos años. ¿Qué les respondería?

Algo de eso seguramente ha ocurrido, pero, sobre todo aquí en Sicilia, hay que estar muy atento a distinguir bien los hechos y las situaciones de las personas. Porque hace el juego de la mafia dirigir el objetivo hacia el mundo de la antimafia. Es un interés de los mafiosos convencer, difundir el mensaje de que la antimafia es como la mafia, ¡o incluso peor! Que tiene sus mismos mecanismos de búsqueda del poder político y económico, de ambición. Es verdad que la actividad antimafia ha sido a veces instrumentalizada, pero es necesario estar atentos a no generalizar, porque la generalización colabora con la mafia y con quien, no siendo mafioso, se sigue nutriendo de una mentalidad mafiosa. Este es el peligro. En estos últimos años me he preguntado muchas veces qué habría pensado, y sobre todo qué habría escrito, Sciascia. Él no vivió, porque murió antes, la campaña de atentados del 92 y el 93, Capaci y la calle D’Amelio [donde fueron asesinados respectivamente los jueces Falcone y Borsellino junto a sus acompañantes; N.d.r], los contactos entre el Estado y la mafia de aquel periodo, las desviaciones de algunas estructuras de los servicios secretos, la reacción que el Estado tuvo en los años siguientes a los atentados. Y la «normalización», entre comillas, tras la reacción fuerte y decidida de parte del Estado y de la magistratura. Sin duda, habría sido fundamental con sus aportaciones, y habría buscado la verdad procesal sin limitarse al rango de la mafia militar, sino indagando en la oscuridad del poder político, económico, institucional.

Sciascia estaba también contra la política de beneficios a los pentiti [arrepentidos], que apenas empezaba a ponerse en práctica. Treinta años después, ¿piensa usted que esta política ha sido eficaz?

Creo que viendo lo ocurrido desde los años 90, también el profesor Sciascia habría considerado el pentitismo como una especie de mal necesario. En el sentido de reconocer que los beneficios a los colaboradores de justicia con declaraciones fundadas y verificadas, ha sido en un momento dado el factor decisivo para evitar que la mafia se apoderara literalmente del poder en Italia. En aquellos años, que el profesor no vivió, Cosa Nostra se puso al mismo nivel del Estado. Perseguía, con la estrategia de las bombas, el objetivo de condicionar la legislación, de dictar por primera vez las reglas de la política. Hasta ese momento, existía la mafia que había intentado convivir con la política, encontrar su propio espacio en un ámbito de gestión del poder que, en primera instancia, era administrado por otros. En ese momento, con el dominio de los corleoneses, de [Totò] Riina en particular, cambió la relación, no en la búsqueda de la convivencia, sino de una situación en la cual las instituciones deberían someterse. Sigo pensando que el fenómeno de los colaboradores de la justicia ha sido muy positivo, con algunos excesos, pero que no son debidos a la negatividad del fenómeno en sí, sino causados por un exceso de superficialidad por parte de quien ha conducido las investigaciones o ha emitido la sentencia. Como decía Falcone, el pentitismo hay que manejarlo con cautela, porque puede ser explosivo.

¿Se ha hecho caso de aquel consejo?

Hoy seguramente hay una mayor cautela y profesionalidad media de los magistrados, y paradójicamente temo que parte de la política trabaje para apagar de manera definitiva este fenómeno que desde hace años está en fuerte declive, desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. Evidentemente, algunas modificaciones legislativas han ralentizado el fenómeno. Sobre todo, desde una perspectiva de la disminución de aquella diferencia entre la punición al mafioso irreductible, que no colabora, y al mafioso colaborador. Se están abriendo las puertas a la posibilidad de beneficios también a quien no colabora. Del otro lado, con los colaboradores se han colocado muros más altos, en el sentido de que se debe descontar una parte significativa de la pena de cárcel, de modo que no hay estímulo para elegir la colaboración. Porque hoy el problema es si la colaboración deriva de un arrepentimiento moral o no. Es un problema en el que nosotros, los magistrados, no debemos entrar. No se puede generalizar ni en un sentido ni en otro, ni a la justicia le debe interesar. Es una cuestión íntima, no procesal. A la justicia debe interesarle el hecho de que los colaboradores, con su conocimiento, amplíen el patrimonio de conocimiento de los investigadores, no que digan algo ya conocido. Se trata de evitar que, como en los años 80, todos los procesos de mafia concluyeran con insuficiencia de pruebas. El salto de calidad se ha logrado con los colaboradores de justicia y con las indagaciones técnicas, las interceptaciones telefónicas y ambientales.

Se dan casos como los de Giovanni Brusca, mafioso que sale en libertad con una ley impulsada por Falcone, el juez que él mismo asesinó. ¿Entiende a los ciudadanos a los que les cuesta aceptar que algo así pueda suceder?

Claro, comprendo perfectamente la desorientación de la opinión pública. Pero haría falta pararse a pensar por un momento cuánto han ayudado las declaraciones de Brusca a encontrar a otros responsables de graves delitos, y cuándo delitos han sido evitados gracias a las declaraciones de todos los colaboradores de la justicia.

¿Podemos hablar todavía de Italia como el país de las cuatro mafias: Cosa Nostra, Camorra, ‘Ndranghetta y Sacra Corona Unita? ¿O esta división clásica ha quedado superada?               

En mi opinión, hablar hoy de país de cuatro mafias no corresponde a la realidad. Aquel concepto estaba un poco anclado en el tiempo en que la mafia era vista solo como un fenómeno que interesaba al sur de Italia, un fenómeno regional. Hoy no se puede seguir hablando de mafias distintas y separadas. El sistema mafioso criminal ha demostrado siempre una colaboración no solo operativa, sino también estratégica, entre las diversas mafias, en particular entre la mafia siciliana y la ‘Ndanghetta calabresa. Pero la gran novedad, desgraciadamente, es que la mafia se ha extendido al norte de Italia.

La palma va al norte…

La palma va al norte, como decía el propio profesor Sciascia. Esto ha sido posible gracias sobre todo a la superficialidad con la cual ha sido abordado el tema, con su infravaloración por parte de la política nacional también. Hoy, sin embargo, creo que no hay espacio para sostener que sea un problema de infravaloración. Por desgracia, también en el norte industrial hay un consenso, no popular, sino una búsqueda de la mafia por parte de un tejido económico enfermo que no duda en volverse hacia ella para ser revitalizado con dinero sucio. Pecunia non olet. Por eso digo que hablar de cuatro mafias es un poco anacrónico.

¿Cómo funcionan, pues?

El sistema integrado se ha apoderado de manera tortuosa del tejido económico y financiero de este país. Y esto es muy peligroso. Por otro lado, este fenómeno ha comportado para la mafia la exigencia de no hacerse muy visible, para no crear alarma social. Recurre a homicidios solo cuando es necesario, después de haber intentado todos los demás modos de neutralizar el peligro. Y este hacerse invisible de la mafia ha abierto, en cierto modo, las puertas para entrar en el circuito económico aparentemente legal. Yo digo que en los últimos veinte años las mafias se han ido «legalizando», entre comillas, a través de algunas actividades empresariales, comerciales, en los sectores de la gran restauración, el turístico, el vitivinícola… Algunas veces se hace difícil distinguirlas. Nos arriesgamos, sin saberlo los ciudadanos, a acceder cotidianamente a servicios, tiendas, centros comerciales que son financiados por capital mafioso y cubren intereses mafiosos. Esto es lo que más debería angustiarnos, la escasa reconocibilidad de la mafia en este momento.

¿Era por eso que Letizia Battaglia me dijo una vez que hoy no podía fotografiar a los mafiosos, que tal vez había que buscarlos en la bolsa de Milán o en los consejos de administración de grandes empresas?

Sí, esa mafia fotografiable, en parte, se ha disuelto.

Estos días, en Palermo, algunos me han contado que cierta lucha antimafia se ha convertido en una excusa para los políticos ineptos, que descuidan los servicios básicos del ciudadano, pero se escudan en la militancia antimafiosa para justificarse. ¿Hacen daño a la causa?

Desgraciadamente, creo que quienes dicen eso en el fondo quieren reprochar a quienes hablan contra la mafia el hecho de hacerlo. La mafia, como decía antes, no soporta que se hable de mafia. En mi opinión, es siempre bueno hablar de mafia. Sciascia ha sido el primero en hacerlo a otro nivel…

Sí, en la época en que se negaba la propia existencia del fenómeno, y hasta que se trataba de una estrategia del norte para desacreditar al sur…

Exacto. Pero no es suficiente hablar de mafia. La política debería afrontar la situación con una conciencia, y es que es ella la que debe guiar la lucha contra la mafia, no la magistratura ni las fuerzas del orden. En el sentido de que no solo la política es el lugar se aprueban las leyes, sino porque incluso en sede local, a menudo, tiene conocimiento de intereses económicos de tipo mafioso. Antes incluso de que empiecen a investigar los jueces o la policía. En cambio, la política ha descargado toda la responsabilidad en la lucha contra el crimen organizado en la magistratura. Esa parte importantísima de la actividad política era una acción de denuncia de hechos y situaciones, antes incluso de que estuvieran bajo el objetivo de la justicia. Hoy, en cambio, el drama de fondo es que ha dado un paso atrás, sobre todo cuando afirma que, ante tales situaciones, se debe esperar a la sentencia definitiva de la magistratura. Esto es un equívoco peligroso, porque respecto a ciertas conductas no es solo importante si estas conductas son constitutivas de delito, sino si constituyen un hecho del cual puedan derivarse responsabilidades políticas. Si yo quiero proponerme como alcalde de esta ciudad y, sabiendo quiénes son los representantes mafiosos del barrio, cada domingo por la mañana doy un paseo del brazo del capo de turno, no cometo ningún delito. Pero debería derivar una responsabilidad política de ello. «Veremos qué dice la magistratura», se limitan a decir. Pero la magistratura solo alcanza a la responsabilidad penal. A menudo se dice en Italia que la magistratura ha invadido el campo de la política. No estoy de acuerdo: es la política la que ha renunciado a jugar en su campo. Obviamente es un discurso general, seguramente habrá magistrados que se hayan metido en ese terreno, pero son casos limitados.

Restaurantes que se llaman Don Vito, camisetas con la efigie de Al Pacino… En Colombia se da un caso similar con el icono de Pablo Escobar en los souvenirs para turistas. ¿Hay todavía una fascinación popular por la figura del mafioso?

Estas situaciones me irritan mucho. Porque alimentan el mito de una mafia con la que se debe convivir, con mafiosos que representaban ejemplos positivos. No sobrevaloro la carga negativa de estas cosas, pero muchos sicilianos nos molestamos por ello, como si se nos asignara una identificación de Sicilia con la mafia que nos ha pesado mucho. Cuando yo era joven y proyectaba algún viaje, siquiera al norte de Italia, cuando descubrían que yo venía de Palermo, de Sicilia, lo primero que decían era «ah, la mafia». Podemos ofendernos en nuestro orgullo y negarlo, pero sería un gran error. Es más justo decir que Sicilia, sí, es tierra de mafia, pero también de gran reacción a la mafia. No solo de la magistratura y la policía, también de intelectuales, sindicalistas, sacerdotes… Nosotros, aquí, hemos tenido la sensación de vivir en un lugar donde el bien y el mal se confrontaban al máximo nivel. El crimen organizado más despiadado y las reacciones más bellas y puras de esa gente que ha desafiado la mentalidad mafiosa a costa de un alto precio, incluida la vida. Siempre se he pensado que la lucha contra la mafia era una lucha del pueblo. Pero este debe ser en cierto modo guiado por altas figuras, políticos, escritores, periodistas, gente que esté en condiciones de explicar qué representa la mentalidad mafiosa respecto a la violación cotidiana de los derechos fundamentales. La mentalidad mafiosa es la negación de la igualdad, de la igualdad, del derecho a la iniciativa económica, de todo lo que está en nuestra Constitución.

El proceso sobre la Negociación Estado-Mafia, ¿en qué momento se encuentra ahora?

Partamos de un hecho objetivo: el proceso ha sido definido periodísticamente como «el de la negociación», pero es una definición impropia. En el Código penal italiano no existe el delito de negociación. Existe el delito de amenaza al cuerpo político del Estado. En esto caso, hemos considerado que, entre 1991 y 1994, al menos tres gobiernos que se alternaron en ese periodo fueron amenazados a golpe de bomba y de atentados por la mafia. Es decir, la estrategia de Riina y otros era obtener determinados beneficios, sobre todo legislativos, poniendo de rodillas al Estado por la fuerza, con la esperanza de que el Estado viniera a negociar con ellos. El delito atribuido a esos mafiosos era, pues, amenaza al cuerpo político del Estado. A altos oficiales de los carabinieri y políticos se les acusa de concurso en ese delito, por haber hecho de puente entre los mafiosos y el Gobierno, y haber comunicado las peticiones de los mafiosos para cesar su estrategia. En primer grado, tras cinco años de audiencia, con cientos de testimonios, colaboradores de justicia, decenas y decenas de horas de interceptaciones telefónicas y ambientales, una sentencia de 5552 páginas ha condenado a todos los imputados: no solo mafiosos, también los pertenecientes a las instituciones y los políticos. En apelación, en cambio, han sido condenados solo los mafiosos, y han sido absueltos los carabinieri. Ahora esperamos las motivaciones de estas sentencias.

¿En qué se basó la fórmula absolutoria?

En que el hecho no era constitutivo de delito. Evidentemente, el hecho ha sido probado, pero probablemente no ha sido considerado el dolo derivado de la pertenencia a una institución. Pero estoy orgulloso de que la sentencia haya sacado a la luz hechos que ni siquiera la sentencia absolutoria puede desmentir: que la mafia puso bombas para doblegar al Estado, y que una parte de este preguntó a los mafiosos qué querían para cesar los ataques. Y un tercer hecho: cuando Riina comprendió que una parte del Estado lo buscaba para dar con una solución, pensó que la estrategia de la violencia era la justa. Era necesario que el Estado se arrodillara definitivamente, para que él pudiera dictar las condiciones. Roma, Florencia, Milán, no fueron atentados como el de Capaci: en Capaci se quería eliminar a un enemigo histórico de la mafia, Giovanni Falcone. Los otros tenían una óptica diversa, no eran una vendetta mafiosa: querían provocar el pánico para obtener ventajas. No querían acabar con Fulanito o Menganito, sino sembrar destrucción y muerte entre ciudadanos comunes, dañar el patrimonio histórico-artístico italiano, justo porque el Estado había empezado a negociar. Y Riina quería que, en esas negociaciones, el peso de la violencia fuera siempre el más grande. Desde este punto de vista, también las sentencias que han absuelto a algunos imputados no pueden negar que los hechos ocurrieron así. Es grave porque demuestra cómo, cuando el Estado desciende al nivel de la mafia, provoca un daño enorme, porque reconoce la autoridad del interlocutor. Y lo convence aún más de que se encuentra en el camino correcto.

¿Usted no cree que la relación entre la mafia y el Estado se remonta antes de aquellos años? Se habla siempre del caso de Giuliano en Portella della Ginestra, incluso antes…

Está en el ADN de la mafia, sobre todo de la Cosa Nostra siciliana, intentar convivir con el poder oficial. No es exacta la consideración del actuar mafioso como una simple acumulación de riqueza. Es más importante el ejercicio del poder, y quien quiere ejercitarlo lo hará a pesar de, o incluso junto al poder institucional. Lo que ha cambiado con el tiempo, estoy convencido, no es la voluntad de la mafia de tener relación con la política: tienen esa necesidad como nosotros necesitamos el aire que respiramos o los peces del agua en que nadan. No ha cambiado la estrategia, solo la técnica y el acercamiento. Mientras que antaño era más fácil recurrir a la relación directa entre el mafioso y el político, a través de encuentros, discusiones, reuniones, a raíz del fenómeno de los arrepentidos han entendido que era demasiado arriesgado involucrar al político directamente. A partir de los 90, estas relaciones se han caracterizado por la intermediación. Sujetos que formalmente pueden tener motivos lícitos para frecuentar a unos y a otros, y que sirven como correa de transmisión. En un momento en que el mafioso, en muchos casos, ha mudado la piel, ha puesto a estudiar a sus hijos y nietos, los ha convertido en médicos, abogados, políticos, existe el peligro de que un mafioso acceda directamente a la gestión pública. Hay que mantener muy alta la guardia sin caer en la generalización, sin ver por todas partes la relación con la mafia. Aunque esta la busque siempre. Y la política debe aprender a cerrarle la puerta en la cara al mafioso, aunque no haya sentencia definitiva. Un político que conoce el territorio, que lo vive, sabe mejor que nadie con quién no debe meterse.

1992-1993 fue el momento de máxima popularidad de los jueces, con cientos de personas jaleando su labor en las calles. ¿Qué ha ocurrido en estos treinta años para que se llegue al mínimo nivel en este sentido?

Creo que este fenómeno tiene raíces muy complejas. En primer lugar, hay quien ha trabajado, también a nivel mediático, a partir del 93 o el 94, para impulsar siniestras campañas de deslegitimación de la acción de la magistratura. Recuerdo por ejemplo la primera y feroz campaña de prensa, y televisión sobre todo, en el 94, contra la acción de magistrados de Milán en el proceso Mani Pulite. O contra la procura de Palermo, en aquel momento encabezada por Giancarlo Caselli. Solo que en aquel momento era muy fuerte la emoción de las calles, el involucramiento de la opinión pública respecto a las investigaciones sobre Tangentopoli en Milán, de modo que aquellos intentos no repercutieron de forma inmediata en la popularidad de la magistratura. Pero con el tiempo, cuanto más nos íbamos alejando de aquel estado de ánimo, más estos intentos ha dado sus frutos. No obstante, debo decir que, aunque la magistratura ha contribuido a esta pérdida de prestigio, por un lado porque —lamentablemente, hay que decirlo— una parte de la magistratura había vivido la acción de Falcone, Borsellino y otros jueces antimafia como una molestia. Y también vivieron como una molestia la acción del ministerio público de Milán. Así, cuando han podido tomar distancia, no inmediatamente, lo han hecho con mucho gusto.

¿Fue ese el principio del descrédito?

Sobre todo la magistratura hoy, en Italia, ha perdido gran parte del consenso, de la credibilidad, de la autoridad, porque muchos aspectos de la vida de la magistratura han estado condicionados por mecanismos políticos. Por ejemplo, en la nómina de procurador jefe, de presidente de tribunales, han contado más las pertenencias a una u otra corriente, que el mérito. Luego, se ha verificado una degeneración del sistema, que ha vivido una excesiva prisa en la carrera, en el acceso a puestos directivos o semidirectivos. En los últimos años, algunos de estos hechos han salido a la luz gracias a investigaciones de la magistratura, que han revelado cómo algunos componentes del Consejo Superior de la Magistratura no decidieran quién debe ser el jefe de la procura de Roma en función de los méritos, el currículum o la historia de los candidatos, sino sobre la base de acuerdos de tipo político, incluso con el input de exponentes políticos. Yo, sin embargo, creo que con estos hechos hemos tocado el fondo. Pero solo quien toca el fondo puede renacer.

¿Es optimista al respecto?

Estoy convencido de que la magistratura es un cuerpo en el que hay una metástasis, pero que está aún sano. Debemos reaccionar, no negando sus grandes culpas: cometeríamos un gran error si adoptáramos una defensa corporativista. Sin embargo, necesitamos una operación de verdad, individuando y sancionando a través de expedientes disciplinarios a los magistrados que se han comportado de forma indigna. Y para quienes hayan cometido delito, procesos de condena penal. Me permitirá, no obstante, expresar un orgullo, siendo usted un periodista que no es de mi país, pero de un país que siento muy cercano por cultura y tradición: el orgullo de recordar que en Italia, en los últimos cincuenta años, han sido asesinados veintiocho magistrados. Porque la magistratura ha representado, de una parte, el verdadero baluarte contra los poderes desviados de la mafia, el terrorismo y sus cómplices. De otra parte, el trabajo cotidiano de los jueces ha sido decisivo para tratar de afirmar los principios constitucionales en la vida real del país: la igualdad, la tutela de los menores, del derecho a la salud, de los trabajadores… Eso se debe al coraje y a la acción en la interpretación y aplicación de la ley. Cuando oigo hablar de ataque a la independencia de la magistratura, recuerdo siempre que la autonomía de esta no es un privilegio de los magistrados, es una garantía para los ciudadanos. Solo si cada magistrado siente esa independencia, puede tutelar los derechos de los ciudadanos, también de aquellos que no son gratos al poder político de turno.

En la presentación de su nuevo libro con Saverio Lodato, usted llamaba a la indignación de sus colegas. También en esas páginas habla de «la necesidad de refundación» de la magistratura italiana. ¿Cree que ambas cosas son realmente posibles?

Para ser sincero, no estoy seguro del resultado. Pero creo que se debe hacer todo para garantizar este cambio. Estoy seguro de que la magistratura tiene aún la fuerza, sobre todo en esa parte que ha vivido experiencias de asesinados. Yo mismo era pasante en Palermo cuando Falcone y Borsellino saltaban por los aires, y mi generación no olvidará jamás aquellos momentos. Así que hay una parte de la magistratura que tiene aún una fuerte conciencia y el deber de honrar su historia y sus muertos. Y luego estoy convencido de que los magistrados más jóvenes sabrán abandonar esa praxis de degeneración actual, de colateralismo con la política, de ese carrierismo que ha lastrado la magistratura. Hoy muchos magistrados jóvenes saben que deben recuperar la ética, también personal, de la distancia del poder. Y déjeme decirle una cosa: si no soñamos un cambio, estaremos condenados a una muerte lenta.

En España se habla siempre de la fuerte tentación de la política de controlar la justicia. La renovación del Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, se escenifica como una lucha entre partidos un tanto bochornosa. ¿Es inevitable?

Yo temo que la tentación de la política será siempre fuerte y, en cierto modo, inevitable. La magistratura, a su vez, debe rechazar la tentación, por espíritu libre o por ambición, de hacerse controlar. El control efectivo, el colateralismo… Para mí no es totalmente correcto o exacto hablar, como se habla en Italia, de una guerra entre política y magistratura. En realidad, la guerra ha sido entre esa parte de la política y esa parte de la magistratura que forman parte del sistema, y que encuentran en él una conveniencia recíproca; y una parte de la magistratura que efectivamente, teniendo una fuerte conciencia de su autonomía y su independencia, con sus investigaciones quiere controlar cómo es ejercitado el poder. Es muy simplista hablar de guerra entre magistratura y política, como me parece equivocado hablar de contraposición entre justicialistas y garantistas. Yo mismo he sido definido muchas veces como magistrado justicialista y populista. Si por justicialista se entiende un magistrado que cree que todos los delitos deben ser perseguidos, y que los procesos deben acabar no con una declaración de prescripción o de imperseguibilidad, sino con una sentencia de condena o de absolución, yo me considero el primero de los justicialistas. Pero me siento también el primero de los garantistas, porque creo que al resultado procesal, de condena o de absolución, debe seguir una aceptación de la verdad procesal en la que las garantías de cada investigado e imputado tengan la máxima explicación. Creo que deberíamos ser todos un poco justicialistas y un poco garantistas, ambos conceptos se pueden integrar.

De Andreotti a Berlusconi, ¿no existe la impresión de que hay una parte del poder a la que la justicia no alcanza? ¿Qué los pesos pesados de la política siempre escapan a su acción, mientras la cárcel se llena de robagallinas?

A quien piensa así podemos decirle que es mucho más difícil procesar a esas personas que a cualquier otro ciudadano. Pero podemos decir también que la magistratura italiana ha sido capaz de procesar a muchos potentados. En Sicilia lo hicimos con exponentes políticos de primer nivel, incluido el presidente de la Región, que fue condenado por diversos hechos. Es verdad que nombres que ha mencionado como Andreotti o Berlusconi no han sido nunca condenados. Pero no es menos cierto que de algunas sentencias definitivas han emergido hechos de los que podrían derivarse responsabilidades políticas. De Andreotti han salido, antes de 1980, conexiones con exponentes de la mafia siciliana para hablar, primero, sobre la actividad política de Piersanti Matarella, entonces presidente de la región y hermano del actual presidente de la República; y tras su muerte, de los motivos por los cuales fue asesinado. Una situación de este tipo debería activar mecanismos de responsabilidad política. En cambio, Andreotti, tras su absolución —incluyendo la prescripción de delitos antes de 1980— fue poco menos que beatificado. Del mismo modo, una sentencia definitiva que ha condenado a uno de los fundadores del partido Forza Italia, Marcello dell’Utri, ha señalado que dicho imputado había sido el intermediario y garante de un acuerdo, estipulado en 1974, y respetado entre ambas partes al menos hasta 1992, que involucraba al empresario Berlusconi y a las familias mafiosas palermitanas. Un acuerdo que se sustanciaba en un intercambio de protección personal y empresarial que Berlusconi recibiría de la mafia, y en el pago periódico de grandes cantidades de dinero. Incluso cuando no había llegado a la condena, la magistratura a menudo ha aceptado estos hechos. Si de estos no deriva nunca una responsabilidad política, el problema no es de la magistratura, es una cuestión de salud democrática.

En España, algunos magistrados se han mostrado favorables a la legalización de la droga, que en los 80 y los 90 fue una fuente de enriquecimiento de la mafia. ¿Usted cree que serviría para combatir al crimen organizado?

Mire, debo reconocer que en esta cuestión soy muy discutido, en el sentido de que, de una parte, racionalmente, soy consciente de que liberalizar las drogas provocaría, al menos de forma inmediata, una gran dificultad a los traficantes, y por tanto a la mafia. Pero sé también que las mafias se saben adaptar a las exigencias externas. Liberalizar las drogas no supondría un golpe mortal para ellas. Porque la mafia ya ha diversificado su actividad, se dedica por ejemplo a las apuestas clandestinas, online… Saben dónde colocarse. Frente a esta situación, prevalece en mí la contrariedad. Yo comprendo las razones de quienes querrían liberalizarlas, sobre todo las drogas blandas. Pero no sería en mi opinión un paso verdaderamente decisivo para poner en crisis a la mafia. Mi idea personal es que un Estado que contribuya de cualquier forma a difundir en el propio pueblo, entre sus jóvenes, una situación de escaso control de sí mismos, no es un Estado que protege a sus ciudadanos. En parte, estos motivos están ligados a consideraciones que hago como magistrado, y en parte como ciudadano y padre de familia.

Usted vive desde 1993 con escolta. Tras treinta años así, ¿se acostumbra uno alguna vez a esta situación? ¿Tiene el miedo un lugar en su vida cotidiana?

He reflexionado mucho sobre esto, especialmente en los últimos años. Al principio, no lo piensas, te dejas llevar por la situación y por la necesidad de sentirte seguro y protegido por hombres armados. Con el tiempo, ha empezado a pesarme más. Mis hijos han crecido, me he dado cuenta de que he perdido muchas posibilidades de vida normal con mi mujer, mi familia, mis amigos. Sinceramente, quizá no sea este el momento, pero espero alcanzar pronto la libertad en este sentido, aun teniendo la más sincera gratitud hacia todos los que en estos años han cuidado de mi vida con gran profesionalidad, sacrificio y humanidad. Debo saber encontrar el momento en el que poder atenuar los riesgos y renunciar a la escolta, porque de los órganos competentes difícilmente vendrá esta decisión.

Para terminar, una pregunta personal: ¿qué hace un juez como usted en su tiempo libre, si dispone de tiempo libre?

Creo que un buen magistrado no debe solo trabajar. Trabajamos con personas, de modo que cualquier estímulo en el conocimiento de los hombres, de la historia, de la tradición, de las religiones, cualquier enriquecimiento cultural puede ser un enriquecimiento para el hombre que ejerce de magistrado. Así, cultivo muchos intereses, algunos aparentemente banales, como el deporte, soy un gran apasionado en particular del fútbol…

¿Es tifoso del Palermo?               

Sí, y del Inter.

Se puede contar en la entrevista, ¿verdad?

Sí, sí [sonríe]. Durante unos años Palermo jugaba en una división muy inferior, por lo que me hice del Inter. Me apasiona también el fútbol español. Y el cine, los libros… Un juez no debe ser nunca un técnico ni un burócrata. Intento no dejar que mi trabajo me lleve a olvidar que, en cualquier informe, en cualquier dosier de los que manejamos, hay historias dramáticas, de gente que sufre.