Memoria perdida

En España existen miles de cuerpos de hombres y mujeres, represaliados durante la dictadura franquista, sin recuperar de las fosas comunes en las que fueron enterrados. Rostros a los que la historia ha dado la espalda. Son las segundas y terceras generaciones de los desaparecidos las que reclaman ahora justicia y memoria, antes de que sea, dicen, «demasiado tarde». 

Un silencio que rompe una voz entrecortada. Experimentada, dolida. Pertenece a Helena Villar Janeiro, poeta, escritora y catedrática de la Real Academia Galega, y obedece a su predisposición a recordar. «Perdí a un tío y a un cuñado de mi padre», comienza a decir sin despegar los ojos de sus manos entrelazadas. A sus ochenta y un años no se muestra optimista con la recuperación de cuerpos ni con la acción de las instituciones para con la memoria histórica. «Las víctimas del franquismo son víctimas de segunda, tercera o cuarta categoría, no preocupan a nadie», advierte antes de apuntar que en España «existe mucha falta de memoria democrática». 

Su tío, Ovidio Villar Fernández, al que su padre bautizó con ese nombre en honor al escritor latino, se fue a Barcelona con diecisiete años a trabajar para el cine. «Era un chico con muchas inquietudes culturales», cuenta Helena. Volvió a su casa, en la localidad lucense de Becerreá, tres años después, con el estallido de la guerra. Una en la que vivía también el cuñado de su padre, Rudesindo Fernández Vilor, que era entonces el alcalde de Becerreá por Esquerda Republicana.

Los detuvieron poco después del inicio de la guerra y no tardaron en ejecutarlos. A uno por republicano confeso y al otro, posiblemente, por andar siempre con él. De Villar Fernández se desconoce si en sus años en tierras catalanas se relacionó con algún movimiento político. La causa de la muerte de ambos, según reflejan los registros franquistas, fue un fallo cardíaco. «Siempre figura la misma causa de la muerte», desarrolla Helena. «Es obvio que, si te pegan un tiro, el corazón se para». 

La familia creía que los habían matado cerca de Lángara (Abegondo). Eso decían en el pueblo y eso pensó Helena hasta que, en unas jornadas de memoria histórica, el historiador Bernardo Máiz le dijo que el cuñado de su padre, el alcalde, estaba en una fosa de Aranga. Habían encontrado un distintivo de la alcaldía con su nombre que lo probaba. «Fue una alegría tremenda saber que, por lo menos, uno estaba localizado, pues ni después de morir Franco pensé nunca en la posibilidad de poder encontrarlos», reconoce Helena. 

Poco tiempo después, cuando los calendarios marcaban el año 2012, la Asociación por la Recuperación de los Desaparecidos en el Franquismo (ARDF) se puso en contacto con ella para pedirle permiso para buscar a su tío Ovidio. No lo dudó. «Enterrarlo con mi padre sería una de las cosas más grandes que yo podría hacer en su memoria», confiesa. La fosa que la asociación quería abrir, en la que sospechaban que se encontraban los cuerpos de ambos, Ovidio y Rudesindo, era la de Vilarraso, en Aranga. Lo consiguieron en 2018. Helena no se quiso perder el momento. «Le tengo mucho miedo a la muerte, a los cadáveres, pero en ese momento lo perdí todo», relata. 

Han pasado más de cuatro años y todavía no existe una prueba que confirme científicamente que dos de los casi cuarenta cuerpos de la fosa pertenecen a los familiares de Helena. Las asociaciones, que son las que llevan a cabo los procesos de exhumación, no tienen dinero para sufragar el gran gasto que conlleva realizar las pruebas de ADN. Por eso, dentro de poco, los cuerpos de la fosa se volverán a inhumar. En el mismo cementerio, pero con sus respectivas cajas fúnebres. «Estarán allí, pero con dignidad», señala la poeta. 

Helena, que, según explica, podría pagar la prueba de su bolsillo, ha decidido no hacerlo porque no le parece «justo». «De ninguna manera podría tener la frialdad de financiar un análisis y marcharme», refiere. «Aquí son todos o ninguno. De alguna manera, todos los cadáveres que hay en la fosa son mis tíos». Ella los considera recuperados. Los vio con sus propios ojos y tiene la certeza de que eran ellos. Con el tiempo, dice, una aprende a leer las fosas. La ropa, los zapatos, el tamaño del cráneo, los objetos personales… Una suerte, la de sentir que están localizados, si es que se le puede llamar así, que otros no han tenido. «Creo que no hay voluntad de recuperar a los muertos porque no dan votos», sostiene. 

Más de ciento ochenta mil ejecutados en seis meses 

Los historiadores cifran en seiscientas mil las víctimas totales del franquismo, de las cuales «al menos doscientas mil son civiles», explica Gutmaro Gómez Bravo, historiador y autor de libros como Geografía humana de la represión franquista: del golpe a la guerra de ocupación. Fueron cincuenta mil, señala, los que murieron en el bando republicano durante la guerra y cincuenta mil los ejecutados durante los primeros años de posguerra. En la zona controlada por los sublevados, alrededor de cien mil. «Todavía queda el veinte por ciento del territorio por estudiar, o quizás más», apunta el historiador.

Según Gómez Bravo, aproximadamente el noventa por ciento de los civiles fueron ejecutados en los primeros seis meses de guerra y lejos del frente. Una información, la relativa a las cifras y aproximaciones, que es el resultado de muchas investigaciones «voluntarias», fruto del «esfuerzo de los historiadores y las historiadoras», dice. 

«No es el Estado el que lo ha hecho, a diferencia de otros conflictos». No hay, por ese motivo, cifras consideradas oficiales por las administraciones. «No podemos seguir con estimaciones», reclama Gómez Bravo, que considera que en nuestro país se realiza una «constante apropiación de las víctimas». 

El historiador, que también es profesor universitario en la Facultad de Historia de la Universidad Complutense (UCM), se muestra preocupado por la manera en la que la guerra civil y el franquismo se enseña en los colegios e institutos. «El soporte de los libros de texto es deficiente. Es un poco frustrante que décadas de investigación no se vean reflejadas en la divulgación ni en la educación», confiesa. «Trágico». 

Un sentir compartido también por Villar Janeiro, que cree que el sistema educativo «ha perdido el norte» y que, en vez de empezar por la historia de Grecia y Roma, la más lejana, se debería empezar por «lo que sucedió ayer». 

La humilde tarea de dignificar a las víctimas 

«Las víctimas del franquismo llevan sin justicia desde hace 46 años, x meses, x días y x minutos». Un contador al milímetro. Es lo que se puede leer nada más abrir la página web de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), organización que, desde hace casi veintidós años, vela por la recuperación de la memoria de todas las personas asesinadas durante el franquismo. Es, junto al resto de sus homólogas como la ARDF, quien sostiene el peso de una tarea ante la que, de una manera u otra, las administraciones han decidido desentenderse. Un compromiso, el de la investigación de las desapariciones forzosas, que, según la Carta de la ONU, los gobiernos están obligados a llevar a cabo. 

Motivo, el de no cumplir con dichas órdenes, que le ha servido a España más de una crítica del organismo internacional. «Dado el transcurso del tiempo desde que la mayor parte de las desapariciones forzadas comenzaron a ejecutarse y la edad muy avanzada de muchos testigos y familiares, es urgente que el Estado adopte como una inmediata prioridad la búsqueda de la verdad y en particular sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas», recoge la ONU en el Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, elaborado tras su visita a España en el año 2014. «Las medidas previstas por la Ley dependen de la iniciativa de los familiares que las soliciten, sin establecer una obligación estatal de actuar de oficio, lo que ha creado varias dificultades en el disfrute de los derechos contenidos en la ley», criticaban entonces desde Naciones Unidas. 

En el año 2007 el ejecutivo del entonces presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aprobó la Ley 52/2007, del 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Una norma, aprobada con el fin de «contribuir a cerrar heridas todavía abiertas en los españoles y dar satisfacción a los ciudadanos que sufrieron, directamente o en la persona de sus familiares, las consecuencias de la tragedia de la guerra civil o la represión de la dictadura», según se refleja en el Boletín Oficial del Estado, que no ha conseguido tal fin. Eso dicen buena parte de los familiares de las víctimas, y también las asociaciones que se dedican a la mencionada tarea. «El desentendimiento de la justicia en España y de los gobiernos democráticos que han gobernado este país no ha hecho más que privar a las familias de la recuperación de sus desaparecidos y contribuir, a su vez, a que el miedo que el franquismo incrustó en sus vidas no se haya desvanecido», señalan desde ARMH. Fue en el 2005 y no antes cuando el gobierno destinó, por primera vez, dinero a la recuperación de cuerpos. Exactamente treinta años después de la muerte del dictador. 

Desde el año 2007 y hasta el 2011, según refleja la ARMH, recibieron subvenciones anuales del gobierno de entre 45 000 y 60 000 euros, con la que sufragaron «parte de los gastos de un proyecto anual de diez exhumaciones por todo el país». Esas ayudas que, explican, corrían con «un 20 % de los gastos originados por las exhumaciones», fueron suprimidas en el año 2011. La financiación en su totalidad, no solo la dirigida a la ARMH, cesó en el año 2013, un año después de la llegada de Rajoy a la Moncloa. 

En 2012 fue el único año en el que el Ministerio de la Presidencia del Ejecutivo, bajo el mando de Soraya Sáez de Santamaría, destinó una partida presupuestaria al objeto contemplado en la Ley 52/2007. Fueron 2.5 millones, un 60 % menos que el año anterior. La partida regresó en 2020, tras tres años de la moción de censura a Rajoy y siete después de la última. 

Hoy, aun con la partida presupuestada reestablecida, la situación no se dibuja diferente. Ningún gobierno ha hecho todavía, como piden muchas de las asociaciones de víctimas, una condena pública del golpe de Estado del 1936. «Me siento muy desamparada», confiesa Helena Villar, familiar de dos represaliados que volverán a estar pronto bajo tierra por la falta de presupuesto que ha impedido, durante todos estos años, la confirmación de sus respectivas identidades. 

«Desde el final de la dictadura franquista ningún gobierno de la recuperada democracia ha garantizado sus derechos a las víctimas de la dictadura ni ha reconocido públicamente a las personas que primero lucharon contra el fascismo y después contra la dictadura, personas que eligieron llevar a cabo enormes sacrificios para que regresaran a nuestra vida política unas elecciones democráticas en las que pudieran participar diversas ideologías», exponían desde ARMH en 2018 en un comunicado en el que pedían, precisamente, la condena del golpe del año 1936. El pasado verano, en 2021, volvieron a trasladar la misma petición; de nuevo sin respuesta alguna. El Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT emitió también, en 2019, un comunicado en el que recriminaba a Pedro Sánchez no haber cumplido «con sus compromisos con la memoria histórica». 

La visión de aquellos que tienen los «ojos limpios» 

Un sindicato de electricistas noruegos llamado Elogit (El og IT Forbundet) financia desde el año 2013 exhumaciones en nuestro país. Lo hace en apoyo a la que es la organización más grande de España, ARMH. «Al enterarme de que el gobierno español no estaba cumpliendo con sus obligaciones del tratado de la ONU sobre las personas que desaparecieron involuntariamente, decidí comenzar a trabajar para ayudar a financiar su trabajo, comencé a cooperar con los sindicatos locales y regionales para visitar España, la ARMH y las dos federaciones, CCOO y UGT; y a enviar dinero a la ARMH para ayudar a los familiares a encontrar a sus antepasados, asesinados y arrojados a fosas comunes o zanjas sin nombre», explica Henning Solhaug, presidente del sindicato. 

Solhaug, que se acercó a la historia de la guerra civil española siendo un joven sindicalista, confiesa que no conoció la realidad de los desaparecidos hasta hace aproximadamente quince años. «La información sobre el ‘holocausto español’, como lo llama Paul Preston, era desconocida, o al menos no se contaba en la educación ni en los medios noruegos». 

Fue precisamente Preston, el mencionado historiador británico, quien despertó en él el interés de conocer qué ocurrió en España, más allá de la simple idea de un enfrentamiento entre dos bandos. Un compromiso con la historia que, dice, obedece al «deseo de devolver nombres e historia a las víctimas» y que permite «entender qué es el fascismo, recuperar nuestra propia historia y tomar conciencia de la amenaza que representa el fascismo para la solidaridad, la democracia y la justicia». 

El alemán Miquel González, hijo de emigrantes catalanes, se topó con la realidad de las fosas comunes españolas en otoño de 2015. Se estaba documentando para empezar un proyecto y se tropezó con un artículo que contaba la exhumación del cuerpo de un maestro en una fosa en España. «Me asusté», reconoce. 

Al igual que Solhaug, no sabía que hubiese tanta gente que continuaba desaparecida tantos años después de la muerte del dictador. Sabía, eso sí, por «un interés muy metido dentro» desde que tenía diecisiete años, mucho sobre la guerra civil. 

La sorpresa que le provocó conocer la existencia de tantas fosas le hizo ponerse en contacto con la ARMH y decidir que su proyecto iba a ser recorrer con su cámara muchos de los lugares que habían sido, y en algunos casos, seguían siendo, fosas comunes durante la guerra civil y la posterior dictadura, que duró casi cuarenta años. 

Esta larga travesía por España se condensó en el libro Memoria perdida, publicado en el año 2018. «Hoy en día los cuerpos de hasta 114 000 desaparecidos de la guerra civil española y la dictadura de Francisco Franco, yacen en fosas comunes anónimas, en cuentas, en las afueras de las ciudades y pueblos, en barrancos o campos. Este libro es un  viaje en busca de su memoria perdida», se puede leer en la sinopsis. 

Un trabajo que no fue, según cuenta, nada fácil, y que le hizo entender la falta de concienciación de buena parte de la sociedad española sobre el tema. «En muchos lugares, la gente ni siquiera sabe que ahí había una fosa», refleja González. «En una fosa alguien me gritó «tonterías, no habría que gastarse tanto dinero en esto»». 

Además de la publicación del compendio de imágenes en forma de libro, el fotógrafo organizó varias exposiciones con muchas de las fotografías, con el fin de acercar a los diferentes lugares de la geografía española que pisó durante los años de su investigación a su historia, una que no es, en absoluto, lejana. 

La de los de que observan desde el exterior es una perspectiva diferente. «Esta es una realidad que solo ven con ojos limpios los que lo hacen desde fuera», explica Helena Villar Janeiro. «Lo ven como lo vemos los afectados, aquí la sociedad no tiene claro que eso haya que removerlo». Todos los que «tienen los ojos limpios» coinciden una cosa: la falta de conciencia y compromiso con la memoria del pasado que existe, en general, en nuestro país. «En la puerta del Sol torturaban a la gente, era la central de la policía secreta de Franco y casi nadie lo sabe, es impresionante», dice Miquel González, que evidencia la gran diferencia con otros lugares europeos. «En Berlín, en cada sitio que fue un lugar importante durante el nazismo, hay una placa que lo explica; no hace falta convertirlo todo en museo, pero sí contarlo». 

«Es una vergüenza la destrucción del monumento a la memoria en el cementerio de la Almudena por parte del Ayuntamiento de Madrid, la manera de retomar nombres fascistas en calles y plazas y la destrucción de monumentos que conmemoran a las Brigadas Internacionales y antifascistas», critica por su parte Henning Solhaug. 

Helena tampoco está satisfecha con «el modo en la que las administraciones lo están llevando». No entiende cómo los nombres de generales franquistas llenan muchas calles de ciudades y pueblos ni cómo pasan los años, con la consecuente «pérdida de posibilidades de poder hacer pruebas fiables», sin ningún cambio, en medio de homenajes vacuos. «El monumento realmente sería sacar los cadáveres de donde están».