Nuevos pasos de baile en la política cultural

Tú me dejaste de querer cuando más te necesitaba.

C. Tangana

Es posible que buena parte de la cultura nacional tarareara este verso cuando el ya cesado ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, dijera al poco de comenzar la pandemia «Hoy toca pensar en los enfermos, en salvarles la vida y en parar el virus. Y cuando lo consigamos haremos todo para reactivar la cultura. Porque, como dijo Orson Welles, primero va la vida y luego el cine aunque la vida sin el cine y la cultura tiene poco sentido». Más allá de que estamos en un momento en el que cualquier comentario de casi cualquier político se toma a la tremenda y se huye de los matices como de la peste, donde la sutileza parece un pecado mortal, lo cierto es que el gran problema de este comentario por parte de Uribes estaba en que para el sector cultural confirmaba lo que ya intuía, tanto con su nombramiento como con la salida de su predecesor en el ministerio.

En un primer e inesperado giro de los acontecimientos (bueno, en realidad el primer giro tiene que ver con el ministro más breve de la democracia española, pero ese es otro tema) el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cesó a José Guirao como ministro de Cultura para entregarle la pequeña batuta de las políticas culturales de este país a un desconocido (para el sector) José Manuel Rodríguez Uribes. La cultura patria estaba razonablemente esperanzada con la labor que había comenzado a tejer Guirao, un gestor cultural de larga trayectoria, conocedor del tapiz cultural y sensible a sus necesidades. El cambio les/nos cogió a trasmano, por inesperado y porque había cierto consenso en la valoración razonablemente positiva de su trabajo. Este cambio no sentó bien, por quien salía y porque no se conocía a quien entraba. Si bien esto segundo no era tampoco un obstáculo insalvable para Uribes, lo cierto es que su declaración orsonwelliana terminó de confirmar esa falta de sintonía con el sector. La pandemia y la imposibilidad que de facto ha conllevado de desarrollar en este año y medio políticas culturales de peso, ha sido seguramente la puntilla a un experimento que ya nació con el pie cambiado.

Cuando el sector se encontraba instalado en una cierta aceptación crítica de una gestión que no terminaba de despegar por casi ningún frente, llega el segundo y también inesperado giro en esta historia, cese de Uribes y nombramiento de Miquel Iceta. Doble shock, primero porque no por deseado era esperado el cese de Uribes, y segundo porque nadie esperaba que un ministro que acababa de llegar a la cartera de Políticas Territoriales pasara así de repente a Cultura, repitiendo en gran medida el pecado original de su predecesor, desconocer el sector profesional y empresarial de la cultura de la piel de toro. Pero sorprendentemente, o quizás no tanto, esta mancha de nacimiento, esta falta de vinculación con la cultura, no ha sido tan mal recibida como lo fue en el caso de Uribes y digo que quizás no es tan sorprendente porque en el fondo está el alivio que conlleva la salida de alguien no querido, lo que anestesia el pecado original. 

Sobre el nuevo ministro del ramo que nos ocupa han sonado algunas críticas sobre su falta de carrera universitaria. Pero resulta tan esnob y tan alejado de la realidad, sobre todo en este sector, que la crítica de titulitis apenas ha calado. Lo que sí se ha valorado positivamente es que sea un ministro de peso y experiencia política, lo que sin duda puede facilitar su tarea dentro del Consejo de Ministros y dar más peso a la cultura en el mismo. Algo que será absolutamente necesario para afrontar algunos de los grandes retos de su recién estrenado mandato.

Vamos con los deberes que se va a encontrar el nuevo ministro en su mesa, que no son pocos. 

Hay dos grandes retos en el actual panorama cultural, retos que además son nuevos, que no vienen de atrás, como podría ser por ejemplo la manoseada ley de mecenazgo, el falso El Dorado de la sultura al sur de los Pirineos. Estos dos grandes retos son: las ayudas europeas y la municipalización de las políticas culturales. El primero, el porcentaje de las ayudas europeas que se van a destinar a la cultura ya supuso un quebradero de cabeza para Uribes, porque el runrún y algunos datos daban a entender que la cultura no iba a ser uno de los sectores más beneficiados del maná europeo, lo que aumentó el desasosiego y la desconfianza. El reto del nuevo ministro está en conseguir un aumento significativo del trozo de tarta cultural europea. Más allá de proyectos como la Nueva Bauhaus, buena parte del sector necesita la inyección económica de estos fondos para reiniciarse y superar los estragos pandémicos, pero también lo necesita como gesto, como símbolo de que la cultura española forma parte de la agenda política del gobierno de forma equitativa a su valor social y económico.

Más allá de datos, más o menos manoseados, más allá de si la cultura supone el 3, el 4 o el 5 % del PIB nacional (en 2020 supuso el 3.4 %), lo cierto es que también lo merece por la imagen de país que transmite, hacia el interior y hacia el exterior. La cultura merece una atención política que no ha tenido desde hace muchos gobiernos. Un reparto razonable de los fondos europeos que incluya al sector de forma seria supondría un espaldarazo, una muestra de cariño político tan justa como necesaria. Por no hablar de la cantidad de empleo, no deslocalizable, que se generaría y de la mejora de las condiciones laborales de muchos trabajadores y autónomos culturales. Y luego, una vez conseguida la financiación habrá que gastarla, y aquí viene el problema en un ministerio falto de personal y con una burocracia paralizante que, a priori, hace casi imposible que se puedan tramitar las ayudas en los plazos establecidos. Este objetivo, conseguir aumentar los fondos y gestionarlos en tiempo y forma, va a ser uno de los criterios que definirá el paso de Iceta por el ministerio.

El segundo de los retos de inicio al que me refería en el párrafo anterior, la municipalización de las políticas culturales, supondría dar carta de realidad a un hecho incontestable, las acciones culturales se desarrollan en los territorios donde en gran medida son gestionadas por los ayuntamientos. Esta realidad ha tenido muy poco peso tradicionalmente en el Ministerio de Cultura. El giro que se adivina en el nuevo Consejo de Ministros con la incorporación de tres alcaldesas hace entrever que el municipalismo va a ganar protagonismo en la acción de gobierno. Esto supone una oportunidad de desarrollo para las políticas culturales estatales, demasiado centralistas, principalmente con Madrid y Barcelona como protagonistas casi exclusivos, y con poca vinculación con los municipios más allá de programas de giras escénicas y musicales. La descentralización de las políticas estatales que supuso en su momento la creación de las comunidades autónomas quedó en stand by cuando el siguiente paso en ese proceso, el que llevaba a diputaciones y municipios, quedó varado y ahí sigue.

Sin embargo, en materia cultural y bajo el amparo de la Constitución que da las atribuciones culturales a todas las administraciones públicas, los ayuntamientos y las diputaciones han sido las principales administraciones en desarrollar políticas culturales en los territorios. Las comunidades autónomas también han desarrollado ambiciosas políticas culturales, pero su gran campo de juego ha tendido a ser las capitales de provincia, dejando de facto en las diputaciones el desarrollo cultural de los municipios de menor tamaño y capacidad presupuestaria. Esta apuesta por reforzar la municipalización de las acciones culturales por parte del Ministerio de Cultura podría suponer uno de los mayores avances en esta área en todo el periodo constitucional. Así el ministerio podría generar normativa y sobre todo reformar la actual de forma que se blinden las acciones culturales de los municipios y se les dé un marco legislativo adecuado y operativo, facilitando e incentivando la creación de público, es decir, la difusión de la cultura, y el apoyo a los creadores locales. No olvidemos que ambos objetivos son mandatos constitucionales.

El peso político de Miquel Iceta también puede ayudarle en el reto de la aplicación del Estatuto del Artista. De hecho en su toma de posesión se encontraba la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ya ha tenido algún que otro gesto hacía el sector cultural cuando el patinazo orsonwelliano. El Ministerio de Hacienda es básico de cara a implementar las medidas incluidas en el Estatuto. No es el único involucrado, Empleo es otra pieza clave, pero es Hacienda el que puede abrir de par en par la puerta a su desarrollo efectivo. Así pues, en lo que al estatuto se refiere, y no olvidemos que se aprobó en el congreso por unanimidad de todos los grupos, se empieza con buenas sensaciones, sobre todo a tenor de la aprobación por el Consejo de Ministros de una comisión interministerial para el desarrollo del citado estatuto, adscrita además a Cultura.

La gestión cultural pública en nuestro país tiene sobre su cabeza una espada de Damocles que ya ha empezado a clavarse y de forma muy dolorosa, la nueva ley de contratos del sector público. Esta norma está llevando a la paralización de facto de muchas iniciativas culturales públicas además de generar numerosas úlceras en técnicos de cultura y técnicos administrativos. Esta ley aprobada en 2017 venía a adaptar la ley anterior a la normativa europea, concretamente la Directiva 2014/24/UE. Dicha normativa europea recogía la excepcionalidad de los contratos públicos culturales y lo hacía de forma razonable y normal, es decir, sin el menor atisbo de duda hacía la necesidad de que la cultura tuviera un marco de contratación específico que atendiera a sus particulares, dicho de modo sencillo, no es lo mismo comprar mil tornillos que comprar libros para una biblioteca pública, no es lo mismo contratar un servicio de seguridad que una obra de teatro o un concierto.

Pues bien, esta especificidad que contemplaba las directrices europeas se traslada mal a la ley española, algo reconocido por los propios legisladores en una mesa redonda sobre este tema en la feria de teatro Mercartes de Valladolid en 2018. Juan Antonio Estrada, en este artículo, lo resume técnicamente así: «La penalización del uso del contrato menor, y la restricción de los procedimientos negociados, figuras esenciales en la contratación en la cultura y en particular de las artes escénicas, ha conllevado a un aumento significativo de las trabas burocráticas para contratar con las Administraciones Públicas». En el día a día de las administraciones públicas, y me atrevería a decir que principalmente en las de los ayuntamientos, esto ha llevado a una complejidad en los contratos y trámites, a una exigencia de documentación a artistas, representantes y programadores aberrante, que para más inri consume una ingente cantidad de tiempo en unas plantillas públicas ya raquíticas por las exageradas limitaciones a la hora de contratar personal y reponer las plazas de los jubilados. Todo esto conlleva a que en muchos casos, pese a contar con presupuestos razonables en materia cultural, sea de facto imposible poder invertirlo todo. Por no mencionar los contratos que se quedan en el camino víctimas de reparos, suspensivos o no, desde las intervenciones, sobrecargadas de responsabilidades y de poderes desde la nefasta ley Montoro. Este es el mayor problema práctico que sufre la gestión cultural en nuestro país y que lastra considerablemente a un sector ya de por sí tocado. Este nuevo Ministerio de Cultura tiene la oportunidad de presionar en el Congreso de los Diputados de cara a realizar —lo ideal sería por vía de urgencia si fuera posible— las necesarias modificaciones en la ley de contratos del sector público, que ni son tantas ni tan complejas. Sin duda sería un enorme balón de oxígeno para todos los agentes culturales, tanto públicos como privados, de nuestro país.

Luego estará el trabajo con sectores específicos, el cine, el que más titulares suele generar, las artes escénicas, las artes plásticas ¿se sigue diciendo así?, el cómic (el gran y eterno olvidado en la mayoría de iniciativas culturales), la música, el libro (con un nuevo Plan de Fomento de la Lectura para los años 2021-2024 que se debería haber presentado a principios del verano), etc. Cada uno es hijo de su padre y de su madre, cada uno parte de una posición distinta, con necesidades diferentes y con distintas capacidades de interlocución. En este caso el trabajo será de cirujano y dependerá del complicado equilibrio entre las inercias de políticas heredaras, las necesidades reales y la capacidad de presión, o de lobby si lo prefieren, de cada medio, sin olvidar la diferente manera que ha tenido la pandemia de incidir en cada uno. Aquí el reto además de responder a las necesidades de cada uno estará en no dejar a ninguno atrás. La capacidad de negociación de Iceta, demostrada con el recién estrenado acuerdo para acabar con la temporalidad de los interinos, le será de gran ayuda en estas procelosas aguas.

Hay un tema reiterativo, que es como el Guadiana, que aparece y desaparece del debate sobre las políticas culturales de este país, el de la Ley de Mecenazgo. Presentada por algunos como la panacea para la viabilidad financiera de las políticas culturales cuando en realidad esta ley nunca podría sustituir en nuestro país a la financiación pública de la cultura. Durante los años de la crisis inmobiliaria se esgrimía esta ley como justificante para los recortes en cultura; el mantra era que con el dinero que los particulares y empresas invertirían directamente en cultura se compensaría la bajada de la inversión pública y al final habría más dinero para la cultura y sin que el malvado Estado «supercontrolador» pudiera poner sus sucias manos encima. La realidad es que al final llegaron los recortes y el Ministerio de Hacienda, con Montoro al frente, jamás apostó de forma decidida por esta ley. O sea, mal y peor.

Lo cierto es que la ley de mecenazgo, o más correctamente, su reforma, es necesaria aunque no para sustituir la financiación pública. El mecenazgo bien entendido es una herramienta más para el desarrollo de las políticas de las que llevamos un buen rato hablando, ni sustituye, ni salva, simplemente ayuda. Aun así, sabiendo que no es la panacea, la reforma de esta ley es muy necesaria, por un lado porque tal y como está redactada ofrece muy poco margen de acción a la inversión privada en cultura. Por ejemplo, en el caso de los eventos y efemérides declarados acontecimientos de especial interés público, el proceso es tan enrevesado y poco operativo que no se consiguen patrocinios privados relevantes en la gran mayoría de los casos. Y por otro lado es necesaria esa reforma de cara a que permita a comunidades autónomas y ayuntamientos desarrollar a su vez medidas de fomento del mecenazgo efectivas más pegadas a los territorios, no ha de olvidarse que un mecenazgo mal planteado podría llevar a un exceso de atención a los grandes proyectos culturales como el Prado, por ejemplo, y un olvido de facto a pequeños proyectos culturales fuera de las grandes urbes y de los grandes nombres.

Charcos tampoco van a faltar. El que parece que va a ser el primero, heredado de los dos anteriores ministros, es la nueva ley de patrimonio, que acaba de pasar la fase de alegación al anteproyecto. Una ley necesaria ya que la anterior es de 1985. Quedaban muchos aspectos fuera y se han ido generando una serie de conflictos competenciales con algunas comunidades que el borrador de la nueva ley quiere clarificar. Pero pese a la necesidad de la misma y pese a los aciertos que contiene como la inclusión del cine como patrimonio a conservar y proteger y otros más, la polémica ha saltado con el anteproyecto de la ley, primero con la Iglesia, a la que se le prohíbe vender sus bienes declarados BIC salvo al Estado; y en segundo lugar por la creación de comisiones de control con, al parecer, un peso excesivo del Estado frente a municipios y comunidades en lo relativo a los bienes incluidos en la lista de Bienes de Interés Mundial. Habrá que ver si esta injerencia es real o solo responde a una interpretación interesada del anteproyecto de ley. Sea como sea, es un charco a pisar por el nuevo ministro.

Evidentemente hay muchos más temas en los que el Ministerio de Cultura va a tener que entretenerse, estamos ante un sector amplio, complejo y de una riqueza simbólica y emocional importante y que hace tiempo que no tiene el protagonismo político que merece. En los dos años que quedan de legislatura tampoco va a dar tiempo a hacer todo lo necesario; los políticos, aunque buena parte de la sociedad no lo crea o no lo quiera creer, no son seres divinos que todo lo pueden. Pero pese a las limitaciones de tiempo y de recursos sí que es posible realizar algunos de los cambios significativos que el sector necesita casi angustiosamente y dejar encarrilados el resto de acciones que redefinan las políticas culturales patrias a nivel estatal. Mantener la inercia actual llevaría a precarizar aún más al sector, a perder muchas iniciativas de desarrollo y a frenar buena parte del desarrollo social y económico del país. 

Y para terminar como empezamos, no está de más recordar que a la hora de diseñar las distintas políticas, en la cultura, como en casi todo, no hay demasiadas mujeres. La perspectiva de género debería impregnar aún más toda la acción del ministerio.