En lo que algunos han definido como una invasión, casi seis mil inmigrantes cruzaron esta semana la frontera entre Marruecos y España. La guardia civil se declaró desbordada, y el presidente Sánchez retrasó su viaje a París para viajar a Ceuta, asegurando que defendería «su integridad como parte del país ante cualquier desafío». Esas palabras, y el despliegue del ejército, incluidos los tanques, sugerían el temor a una nueva Marcha Verde, la histórica invasión marroquí del Sáhara español, que terminó con un acuerdo cuyas consecuencias arrastramos hoy. La reclamación de que Ceuta y Melilla pertenecen a Marruecos no es nueva, ni siquiera ha dejado de estar en la agenda de nuestro país vecino. En diciembre del pasado año Saadeddine El Othmani, primer ministro marroquí, defendía que ambas ciudades son tan marroquíes como el Sáhara.
Y es que el Sáhara es un conflicto diplomático que nunca hemos terminado de cerrar. La ministra González Laya ha continuado la tradición de todos sus predecesores, afirmando que la soberanía de este territorio no puede arreglarse bilateralmente entre España y Marruecos, sino en la ONU. La cual tiene desde 1991 una misión de paz, la MINURSO, para celebrar un referéndum en el Sáhara Occidental, empleando el censo español de 1974 y entregando la decisión de qué hacer con su territorio al pueblo saharaui. Es la respuesta histórica al no reconocimiento del Acuerdo Tripartito de Madrid, que cerró la crisis causada por la Marcha Verde y supuso el abandono de las pretensiones españolas sobre su «colonia».
Según un cable secreto de Estados Unidos, Juan Carlos I llegó a considerar la cesión de Melilla para zanjar los problemas con nuestro vecino del sur. Un ejemplo más de un problema que arrastramos desde el siglo XIX, aunque ambas ciudades hayan sido posesiones españolas desde mucho antes. En la actualidad Marruecos se niega a cualquier otra cosa que no sea el reconocimiento internacional del Sáhara como parte de su territorio. Idea a la que une la reclamación de la isla de Perejil, peñón de Vélez de la Gomera, Ceuta, Melilla, y en su interpretación más radical también las Islas Canarias como reivindicación del Gran Marruecos. Si bien esta idea de fondo se usa generalmente como una medida de presión diplomática y política, más que como una amenaza de conquista real.
Si la presión se ha acentuado en los últimos meses, y Marruecos ha hecho finalmente un llamamiento a sus ciudadanos y a los emigrantes africanos en su territorio para cruzar a España, es por una decisión de la ministra de exteriores González Laya, al admitir el ingreso en nuestro país del líder del Frente Polisario (que abandera la liberación del Sáhara de Marruecos), Brahim Gali, de setenta y tres años. El motivo para admitirlo el pasado 22 de abril fue humanitario, se haya en un hospital tratándose de un cáncer digestivo en estado avanzado. Alemania se había negado previamente a acogerlo, así que fue trasladado desde Argelia, pero bajo un nombre falso, y el ministro de Interior, Grande-Marlaska, advirtió a Laya de la crisis diplomática que podía originar. La falsa identidad proporcionada a Gali por el CNI no iba a ser suficiente, por la gran cantidad de informadores que Marruecos tiene en nuestro país. Así fue, su presencia se filtró, y para mayor complicación la Audiencia Nacional ha aprovechado para reabrir una causa contra él por genocidio.
Pero en un primer momento se negó que la crisis migratoria tuviera este origen, puntualización desmentida primero por la embajadora de Marruecos en España, y luego confirmada por el ministro marroquí de Derechos Humanos, el cual confirmó que este era el precio a pagar por subestimarles. El lugar escogido para que los emigrantes se reunieran y pasasen al lado español no fue azaroso, la playa del Tarajal es el punto más blando de nuestra frontera. La voz de que la policía no iba a actuar había corrido, y muchos subsaharianos se organizaron para llegar a Ceuta, aunque de los seis mil más de la mitad eran de Marruecos, alentados por sus autoridades. Efectivamente, cuando llegaron las fuerzas marroquíes no estaban para impedir su paso.
Marruecos recibe apoyo económico de la Unión Europea vía España para hacer de policía de fronteras, y acabamos de ver qué sucede si abandona sus funciones. El mensaje fue tajante, la frontera española es europea y ellos tenían que cumplir sus compromisos. Nuestro gobierno acaba de entregarles 30 millones de euros para que lo hagan, lo que no es nuevo. En 2019 aportamos 26 de los 140 millones que la UE acordó pagarles para que dedicaran a este mismo objetivo. Y en Bruselas lo tienen claro, Marruecos usa a los emigrantes para conseguir sus objetivos.
España también se beneficia de la economía marroquí. Unas 1455 empresas con capital español invierten allí 4750 millones de euros, y muchas tienen la vista puesta en los 55 000 millones de euros que Marruecos dedicará a infraestructuras, con el objetivo de conseguir contratos.
A final de la semana ya se habían hecho devoluciones en caliente muy rápido por el despliegue del ejército, aunque las ONG recordaron al gobierno que el Tribunal Constitucional no las avala. Según Interior el 70 % de los inmigrantes habían sido devueltos, a excepción de los menores de edad. Esto ha provocado una batalla campal con la policía marroquí en Castillejos, cuando los antidisturbios han comenzado a frenar otra vez a quienes intentaban, como días atrás, pasar la frontera por El Tarajal… muchos recién devueltos desde España.
Porque desde luego tras la emigración hay también un drama humano, y no está fuera. La voluntaria de la Cruz Roja a la que captaron las cámaras ayudando a un subsahariano ha tenido que cerrar sus redes sociales por acoso y amenazas. El hombre llevaba veinte minutos en el agua y no sabe nadar, un amigo medio ahogado era ayudado por emergencias detrás de él. La imagen del guardia civil rescatando un bebé del agua también ha dado la vuelta al mundo, aunque a él no le han acosado. Pero incluso sin imágenes fuertes hemos visto casos casi incomprensibles, como niños de entre siete y nueve años que no querían emigrar y piden ser devueltos a sus casas en Marruecos.
Ha llegado el verano, y ya tenemos encima el drama cotidiano, individual y familiar diario en la frontera sur de Europa. Desde Grecia a Italia, donde también encontramos llegadas masivas en las últimas semanas.
Más de cincuenta, una dosis de AstraZeneca, y atemorizados
Se había retrasado la administración de la segunda dosis de AstraZeneca a quienes les tocaba por temor al efecto secundario de las trombosis. Sanidad encargó un estudio científico (CombiVacs) a la universidad Carlos III para ver si podía administrárseles otra vacuna, cuya respuesta fue afirmativa. Ahora pueden recibir Pfizer, pero algunas comunidades autónomas como Madrid y Murcia se oponen a esta combinación, alegando que la muestra del estudio científico es demasiado pequeña para ser concluyente. Y reflejando también el miedo de algunos ciudadanos a cambiar de vacuna, aunque los científicos insistan en que es seguro. Sanidad ha tomado una decisión salomónica: permitirá a quien lo desee recibir la segunda dosis de AstraZeneca pero si firman un consentimiento informado donde se les advierta de los riesgos.
Para los menores de cincuenta la vacunación comenzará el próximo mes, dentro de nueve días.
En vigor la ley de protección de la infancia y adolescencia sí
El jueves terminó su trámite con la aprobación en el Congreso de una ley pionera en el mundo, que ha tardado once años en conseguirse. Su objetivo es detectar, asistir y prevenir la violencia sobre niños y jóvenes en todos los ámbitos, y especialmente en el familiar, donde más agresiones se producen. Contiene aspectos importantes para las víctimas, como privar a sus padres de la patria potestad y permitirles denunciar hasta los treinta y cinco años de edad, en lugar de hasta los dieciocho actuales. Este último extremo responde al largo período que necesitan los adultos que fueron abusados de niños para comprender y superar su trauma.
El abuso sexual infantil puede llegar a afectar a un 15 %-20 % de la población y es un fenómeno invisible porque se supone que la infancia es feliz, que la familia es protectora y que el sexo no existe en esa fase de la vida. La nueva ley contempla este aspecto, pero también se compromete a luchar contra la pobreza infantil, extremo importante si consideramos que España es uno de los países UE con mayor tasa de pobreza entre los niños.
Ley Trans: de momento no
El ministerio de igualdad de Irene Montero impulsó un proyecto de ley para regular la transexualidad, y amparar los derechos de estas personas a cambiar de sexo, ver reconocido su derecho y no sufrir discriminación por ello. Desde el primer momento chocó con la ministra socialista Carmen Calvo por uno de sus puntos más relevantes, el derecho a la autodeterminación de género. O lo que es lo mismo, que alguien pueda declararse hombre o mujer independientemente de su género biológico de nacimiento, sin necesidad de prueba sicológica y médica. El colectivo LGTBIQ+ considera que esto lleva a humillación, y Calvo defiende que en lo que afecta a menores no debe bastar una opinión en algo tan determinante para el futuro de la persona. No han llegado a un acuerdo, ni a punto medio. El martes la ley se presentó en el Congreso con el apoyo de ERC, JxCat, Más País, Compromís, Nueva Canarias y la CUP pero el PSOE se abstuvo, y la ley no ha salido adelante. La ministra Montero promete que lo hará antes del fin de la legislatura.
La ciencia y la solidaridad continúan consiguiendo milagros
Ambas capaces de cosas maravillosas, como hacer posible la vida de un bebé de dos meses, Nadia, que precisaba un transplante de corazón. Lo consiguió gracias a una intervención pionera en el mundo, realizada en el hospital público Gregorio Marañón de Madrid, por el cirujano navarro Juan Miguel Gil Jaurena, y con un corazón de un grupo sanguíneo diferente. Algo anteriormente inviable, que abre la posibilidad de que otros niños con enfermedades muy graves sobrevivan también. Y una maravillosa muestra de solidaridad por parte de esa familia que acababa de perder un hijo, los donantes.
