Masturbación con soga al cuello, coprofagia, pornografía y chutes de heroína: la amena vida privada de los políticos británicos

Contó Ian Gibson que cuando los victorianos tramitaron en el siglo XIX la legislación contra la homosexualidad no tuvieron en cuenta el lesbianismo porque nadie se atrevía a explicarle a la reina en qué consistía. Es curioso, porque si ha habido un país obsesionado con el sexo en este mundo ese ha sido la España católica, especialmente durante el periodo franquista, pero parece que el pudor británico caló mucho más hondo que nuestra cegadora luz de Trento. Tal vez el tabú se deba a que fue uno de los países civilizados que más tardaron en abolir los castigos corporales en la escuela. Hasta 1986 estuvieron flagelándose las posaderas en los colegios. Culpa y rectitud están en el ADN nacional británico, con todas repercusiones sexuales en el individuo que acarrea semejante cóctel. Y lo prueba el hecho de que si yo, un humilde españolito lector de prensa, tuviera que pensar qué es lo que más me ha impactado a lo largo de toda mi vida de la actualidad llegada del Reino Unido, no fue ni la guerra de las Malvinas, ni los terribles años de Thatcher, los atentados del IRA o la clonada oveja Dolly; para mí el Reino Unido se traduce clara e inequívocamente en el manantial de un fenómeno concreto: los escándalos sexuales de políticos. 

Nuestros eximios representantes no es que se corten un pelo a la hora de romper a follar con quien se tercie, pero por una cuestión de discreción y vergüenza, no pocas veces de la ajena, sus escarceos no se airean. La doble moral está tan asentada en estas tierras latinas que echarle en cara a alguien algo así es hasta contraproducente. Trasquilado salió, por ejemplo, el socialista Miguel Sebastián cuando le sacó una amante a Alberto Ruiz Gallardón en un debate televisado previo a unas elecciones municipales a la alcaldía de Madrid. Aquí estas cosas pertenecen al terreno personal de cada uno y si trascienden es porque los affaires contienen problemas más importantes que el sexual. Como el caso del senador Casimiro Curbelo, por ejemplo, que se llevó a su hijo a un puticlub madrileño donde organizó un altercado con evidentes síntomas de embriaguez y terminó agrediendo a un policía. El problema no era que gustara de irse de putas, sino el abuso de poder. O el de Javier Rodrigo de Santos, ultracatólico concejal de Urbanismo del PP en Palma de Mallorca, que se metía noches toledanas de cocaína y chaperos, de siete en siete, gramos y chavales. Y su afición no hubiera trascendido de no ser porque los servicios los pagaba con la visa del Ayuntamiento y dejó un cargo de 50 804 euros, amén de que también se le acusó de haber metido mano a unos chiquillos de quince años que frecuentaban la parroquia donde su mujer era catequista. Su esposa le perdonó porque entendía según sus creencias que solo se trataba de una enfermedad y la sociedad alucinó un par de telediarios, pero luego siguió a lo suyo. A sus labores, a su paro y a sus deportes. 

Pero en el Reino Unido esto no ha sido así, bastaba una amante para cargarse toda una carrera política. A veces solo la mera condición de homosexual. La excusa inquisitorial era normalmente que sus señorías quedaban expuestos al chantaje del enemigo. Un subterfugio como cualquier otro, pero que sí que hay que admitir que durante la guerra fría podía tener un pase. De hecho, en ese periodo tuvo lugar uno de los escándalos político-sexuales más sonados de la historia británica, el caso Profumo. Aquí nos enteramos los chavales por una canción de Alaska y Dinarama en su época más gótico-siniestra, «Señora Kleenex». Se refería al ministro de Defensa británico, John Profumo, quien tuvo un affaire con Christine Keeler, una bailarina, que a la vez se estaba tirando al capitán soviético Yevgeny Ivanov, reconocido espía en territorio británico. El suceso acabó con su carrera política, pero peor terminó el que organizó la fiesta donde se supone que se conocieron. Un osteópata, Stephen Ward, que se suicidó después, tras ser acusado de proxenetismo por haberles presentado. Tomen nota los que gusten del tan socorrido rol de alcahueta. 

No obstante, la situación de los homosexuales era bastante peor que la de los adúlteros. Hasta 1967, las relaciones entre hombres estaban perseguidas y sujetas a duras sanciones. Jeremy Thorpe, líder de un entonces en auge Partido Liberal, tuvo que ver conforme subían sus votos cómo salía a la luz un romance que mantuvo en los sesenta, cuando estaba prohibido, con Norman Scott, un modelo. Hasta fue denunciado por este de conspiración para asesinarlo contratando a un sicario, Andrew Newton, que a quien sí se cargó de un disparo fue al gran danés del maniquí. Y el de Thorpe fue tan solo el caso más sonado, con la emoción del perro muerto y tal. Porque durante los cincuenta y sesenta muchos políticos cayeron por esta causa. Como William J. Field, brillante diputado laborista que vio hundirse su carrera cuando en 1953 un agente le detuvo mientras hacía cruising en un urinario público del centro de Londres. 

También, en otras ocasiones, los delitos cometidos por el político de turno eran reprobables, nada que ver con lo sexual, pero cobraban importancia precisamente por ese matiz. Un ejemplo fue el caso de John Stonebouse, laborista, condenado por fraude, robo, falsificación y estafa. En el juicio, su mujer alcanzó cierta fama en Gran Bretaña al mantenerse fielmente a su lado, incluso después de que él fingiera haberse ahogado en una playa para escapar de los acreedores. Pero cuando se conoció durante el proceso que había tenido un lío con su secretaria, la cosa cambió. Inglaterra también se sintió engañada y fue mucho más importante la petición de divorcio de su esposa que los veintiún delitos por los que le estaban juzgando. 

El matrimonio es sagrado, ya se sabe. En los setenta, la primera lesbiana reconocida públicamente del Partido Laborista, Maureen Colquhom, no pudo repetir candidatura a su circunscripción por este motivo. Había abandonado la vida matrimonial y se había ido a vivir con la directora de una revista de lesbianas. Demasiado hasta para la izquierda. Aunque en aquellos tiempos la hipocresía en Gran Bretaña era imposible de ocultar. En 1976, el propietario de una cadena de tiendas de pornografía del centro de Londres admitió que pagaba a la policía para que no se inmiscuyera en su negocio, pero también para que los propios agentes vendieran el material más duro. Teníamos a Scotland Yard, por un lado, distribuyendo en las calles el porno extremo y en la Cámara de los Comunes, en 1979, un diputado laborista, Wille Hamilton, descubrió un armario «lleno hasta los topes» de publicaciones clasificadas equis. «Hay al menos sesenta volúmenes de libros pornográficos que se mantienen bajo llave. Diputados de todos los partidos y especialmente conservadores muestran un interés especial en estos temas», se quejó inútilmente. 

Un año antes la policía ya se había encontrado en un autobús un paquete lleno de pornografía infantil, que, investigación mediante, se averiguó que pertenecía a un diplomático, Sir Peter Hayman. Además, rastreando el origen del envío, dieron con un piso en el que el político almacenaba más material pornográfico y cuarenta y cinco diarios en los que describía sus fantasías sexuales con prostitutas y niños. Al menos al final el servicio secreto decretó al concluir la investigación que la seguridad del reino no había estado en peligro por las debilidades de Hayman. Caso contrario que el de Geoffrey Prime, un funcionario de la Royal Air Force acusado de agresiones sexuales a niñas menores de edad. La policía descubrió en su casa un archivo con 2287 fichas con teléfonos recopilados de anuncios en prensa de adolescentes. ¿Era un pervertido más? Sí, pero no. O no solo eso. Hundido al ser descubierto como pederasta agresivo y metódico, le confesó a su mujer un detallito más sobre su pequeño espacio de intimidad tan necesario en la pareja: también era espía soviético. Ella le denunció ipso facto, Scotland Yard volvió a registrar su casa y, efectivamente, encontró todo el kit. Códigos de radio y cámaras en miniatura. Geoffrey trabajaba en el cuartel general del Foreign Office descifrando los mensajes y señales del Pacto de Varsovia. 

Lo gracioso es que mientras en el resto del mundo se iba digiriendo la revolución sexual de los sesenta y setenta, en Reino Unido, con Margaret Thatcher, la cosa no hizo sino empeorar en su nivel de puritanismo en las altas esferas. En 1983, la prensa británica no se preguntaba por cabos sueltos de la guerra de las Malvinas del año anterior. El 7 de octubre los diarios londinenses abrieron con una pregunta: «¿Desde cuándo sabía Margaret Thatcher que su ministro de Industria mantenía relaciones amorosas extramatrimoniales?». Ya ven qué drama. Cecil Parkinson acababa de dejar preñada a su secretaria. El quid de la cuestión era que la Dama de Hierro tenía que conocer sus hazañas sexuales porque durante la guerra contra Argentina se debió estrechar el cerco de vigilancia sobre los políticos, una vez más, susceptibles de ser chantajeados por el enemigo. Delirante. 

En defensa de este ministro llegó a haber hasta una avioneta dando vueltas sobre el edificio donde se celebraba el 100.º Congreso del Partido Conservador con una pancarta que decía «No echéis a Cecil». Pero, antes de la clausura del acto, presentó su dimisión. La jerarquía de la iglesia anglicana había pedido su cabeza. «Si alguien no es capaz de ordenar dignamente su vida privada difícilmente podrá ordenar la pública», sentenciaron los curas y los tories obedecieron. En la prensa hubo después un acalorado debate. El Daily Telegraph se quejaba porque la secretaria no había abortado para evitarle la ruina política al ministro. Y el Times, por el contrario, decía que la política no podía justificar un aborto. Para salvarle la reputación mínimamente, un compañero de filas declaró a este diario que Parkinson le había ofrecido en innumerables ocasiones a su secretaria casarse con ella, pero no sirvió de nada. 

Y en 1984, solo un año después, cayó Keith Hampson, secretario del ministro de Defensa, Michael Heseltine, por haber sido detenido en un club gay de Londres. El diputado hizo un «asalto obsceno» a un policía de paisano que estaba en el garito. El suceso sirvió al menos para poner de manifiesto en pleno 1984 el exceso de celo de la policía británica para perseguir la homosexualidad en los lugares públicos. «Estamos hartos de que policías con aspecto de homosexuales vengan a nuestros locales, esperen a que alguien les haga una señal y, a renglón seguido, lo detengan por indecente», declaró airado el propietario del club donde empapelaron al aludido diputado conservador. Nuestra opinión sobre la causa de ese exceso de celo de Scotland Yard nos la reservamos para no desencadenar un incidente diplomático. 

La situación era más chunga que en nuestro propio país, donde también, incluso con la democracia, había acoso a los homosexuales en sus bares o clubes de reunión, pero en casos aislados, no en campañas metódicas y concienzudas como se denunciaba en el Reino Unido. La prueba fue que, cuando se debatió en la Cámara de los Comunes por estas fechas qué clase de enseñanza se daba en los colegios sobre la homosexualidad, la sesión fue una trifulca de mucho cuidado. Los laboristas pretendían que la homosexualidad fuese enseñada como una relación familiar aceptable —ahí nos llevaban ventaja— pero los de Thatcher lograron tumbar la propuesta entre gritos de «fascistas» y menciones a los campos de concentración de Himmler donde se exterminaba a los que lucían el tristemente célebre triángulo rosa. Ni siquiera los liberales lograron colar que se explicara a los alumnos que la homosexualidad era una opción sexual más, para los conservadores se trataba de un principio bíblico: era intrínsecamente mala e inmoral. Desgraciadamente, años después, Ron Brown, el diputado laborista que más se significó en esta iniciativa, tuvo que responder ante la ley por destrozar los muebles del piso de su amante, Nonna Longden, que le había dejado por otro. Todo encajaba en sus mentes cuadriculadas. 

Tener una amante era el fin de la carrera política de un diputado automáticamente. Le ocurrió, en el mismo año que a Ron Brown, a Sir Anthony Meyer, rival en las filas conservadoras de Thatcher, cuando el Sunday Mirror publicó que durante veintiséis años tuvo una amante, cantante de blues para más señas. Cuando la prensa española dio la información, explicó de paso que para los ingleses la tolerancia que mostramos los mediterráneos con este tipo de escarceos allí era percibida como propia de una sociedad machista. Toma tomate. 

En este sentido, en 1992, un organismo independiente, la Comisión de Reclamaciones de Prensa británica, proclamó que la vida privada de los políticos era de interés público. La sentencia tuvo lugar días después de que los medios denunciaran que en ministro de Patrimonio Nacional, David Mellor, tenía como amante a Antonia de Sancha, actriz británica de padre español. Los tabloides se lo pasaron pipa con este romance. Contaron que Mellor, cuando se acostaba con ella, recitaba a Shakespeare solo vestido con una camiseta del Chelsea. Como premio de consolación tras ver tambalearse su carrera, el diputado fue ovacionado en el estadio del mencionado equipo cuando volvió a ver un partido. El primer ministro entonces, John Major, no aceptó su dimisión, y justo un año después tuvo que querellarse con dos revistas por publicar que tuvo un romance con una de las cocineras de Downing Street, la residencia presidencial. Los cuchillos morales estaban bien afilados. 

Pero se opuso resistencia y para cuando tener una amante o supuesta querida empezaba a resultar irrelevante, los medios se lanzaron a por Steve Norris, viceministro de Transportes, porque en lugar de cuatro amantes, como se había denunciado públicamente que tenía, resultó que eran cinco, tal y como descubrió The Sun. Solo a eso podía jugar ya la prensa, al no va más. El político estaba casado y tenía dos hijos, pero John Major esta vez se puso de lado de su hombre de confianza. En su defensa, además, salieron las diputadas de su partido que reconocieron que tenía «gran popularidad entre ellas» porque las trataba «con mucho más respeto que los demás diputados» y era «amable, afectuoso y divertido». ¿Acaso es delito ser un donjuán? 

Parecía que estaba pasando algo, que por fin cambiaba esa asfixiante sociedad, pero qué va. De eso nada. En 1994, Tim Yeo, ministro de Medio Ambiente, dimitía al conocerse que una de sus hijas era fruto de una relación extramatrimonial con una concejal de su mismo partido, el conservador. Le tocó en gracia que Major en ese momento estuviese llevando una campaña de defensa de los valores tradicionales y propusiera un regreso a los «principios esenciales de la sociedad». El pobre ministro defenestrado declaró: «He sido un loco, es cierto, pero no creo que nada de lo que haya hecho fuera de mis horas de trabajo deba oscurecer mi labor». 

Y en estas andaban, tratando de salvaguardar mínimamente la intimidad de los diputados, cuando apareció muerto en una «compleja sesión de masturbación» el diputado tory Stephen Milligan. Así lo describió Enric González en El País: 

Al diputado se le paró el corazón mientras se asfixiaba a sí mismo, tendido sobre la mesa de la cocina, con el objetivo de obtener satisfacción sexual. El cable eléctrico ceñido al cuello y la bolsa de plástico sobre la cabeza fueron los instrumentos mortales. La media naranja en la boca, el liguero y las medias, solo compusieron un extraño decorado de una trágica fiesta personal (…) Tratándose de un hombre de solo cuarenta y cinco años, soltero, no mal parecido, popular, diputado y, según sus compañeros de partido, con un formidable futuro político por delante, ¿no tenía un sábado por la noche nada mejor que hacer que travestirse y tumbarse en la cocina para solazarse con unos minutos de masoquismo doméstico? Su familia, sus amigos y sus antiguas novias, que le recuerdan como un hombre sociable y animoso, no consiguen explicárselo. 

Ahí la cruzada por la moralidad de Major hizo aguas. En ese fatídico 1994 también se vio forzado a dimitir el diputado Hartley Booth, casado y con tres hijos, predicador metodista, al que la prensa le descubrió una amante de veintidós años. «Hice lo que tenía que hacer con mi mujer, quererla, durante muchos años», declaró al Sunday Mirror. «Luego llegué al Parlamento y Emily me dejó patidifuso»; la tal Emily era una trabajadora de la Cámara de los Comunes que, oh, ah, antes había posado desnuda. Tras esta lección, pocos meses después, Michael Brown, diputado tory del ala más derechista, vio como News of the World publicó que tenía una relación con Adam Morris, un chico de también veintidós años. Y cinco días después, dimitía además Paul Martin, del Ministerio de Defensa, que también se había tirado al zagal. No se sabe por qué luego dicen que los «diez días que conmovieron al mundo» fueron los de la crisis de los misiles cubanos.

La fiesta no tenía fin. Al año siguiente Rupert Pernnan-Rea, brillante economista, subgobernador del Banco de Inglaterra, también tuvo que dimitir. El hombre había tenido un lío con una periodista económica, Mary Ellen Synon. Se conoce que en un momento dado su mujer, tercera esposa, lo descubrió y le hizo elegir. El banquero se quedó con la familia y la amante montó en cólera. Ya saben cómo es un periodista cabreado. Synon entregó al Sunday Mirror un dosier con todos los datos sobre su romance. Hasta detallaba que follaban en el despacho del gobernador del Banco de Inglaterra y en su baño privado. Pero créanme, a John Major se le quedó peor cara cuando se descubrió un mes después que el doctor Clive Froggatt, asesor médico del Partido Conservador para la reforma del sistema sanitario del Reino Unido, era adicto a la heroína. Le condenaron a doce meses por procurarse la variedad farmacéutica del caballo, la diamorfina, con recetas falsas. Llegados a este punto, la pregunta era por qué los tories nunca habían montado un grupo de rock. 

Un año más tarde, 1996, le tocó el turno a un diplomático, Robert Coghlan. Le habían destinado a la embajada de Madrid y, en el traslado desde Japón, Coghlan se trajo su colección de ciento nueve cintas VHS pornográficas con menores. Tan seguro se sentía que tenía las casetes perfectamente etiquetadas. Por eso le cogieron en aduanas en una inspección rutinaria. En 1997, a otro diputado conservador, Jerry Hayes, casado y padre de dos hijos, News of the World lo sacó en portada tras descubrir que entre el otoño de 1991 y el invierno de 1993 estuvo liado con Paul Stone, un activista conservador que entonces tenía dieciocho años, cuando por esas fechas las relaciones homosexuales con menores de veintiuno estaban prohibidas en Inglaterra. Su amante lo rajó todo en el tabloide. Cenas caras, estancia en hoteles de lujo y mucho sexo: «Lo que más le gustaba era apretarme contra la puerta de su despacho», confesó a cambio de, suponemos lógicamente, un dinerote. Tres días antes del escándalo, John Major había pronunciado otro encendido discurso en defensa de la familia. Una vez más, en vano. Además, dos meses después, Allan Stewart, diputado conservador escocés, dimitió tras conocerse que tenía relaciones con una mujer casada a la que había conocido, pues nada, en alcohólicos anónimos. Rock and roll a volumen once, kolegas.  

Cambió el Gobierno en los noventa, pero a Tony Blair las cosas en esta materia no le fueron muy distintas. Nada más tomar el poder, tuvo que dejar dimitir a su diputado Ron Davies, asaltado a punta de navaja entre la maleza de un parque frecuentado por aficionados al cruising homosexual. Pero Blair pronto quiso parar esta deriva enfermiza como pocas y cambió la forma de afrontar estos escándalos. A su ministro de Agricultura, Nick Brown, le apoyó sin fisuras tras presentar este su dimisión por la amenaza de un antiguo amante homosexual de contar su romance en la prensa. 

La postura del primer ministro desató una caza del político homosexual en su gabinete. El conservador Lord Tebbit equiparó ser gay a pertenecer a una sociedad secreta, como los masones. Pero Blair no se dejó amedrentar. Y, tal vez por su firmeza, el exministro de Defensa aspirante a la Secretaría General del Partido Conservador, Michael Portillo —hijo de un republicano español, por cierto— confesó abiertamente que tuvo encuentros homosexuales durante sus años de estudiante en Cambridge. La prensa dio a bombo y platillo que uno de sus amantes murió de sida, pero la puerta del armario ya estaba abierta y, en 2002, el diputado tory Alan Duncan fue preguntado en The Times a las claras: «¿Es usted gay?», y contestó: «Bueno, ya que me lo pregunta, pues le diré que la respuesta es sí, por supuesto». Ganar la Segunda Guerra Mundial fue un juego de niños comparado con esta batalla que libraron los gobernantes británicos. 

Mientras todo se normalizaba, el escándalo más grave que tuvo que afrontar el Gobierno presuntamente laborista de Blair fue que el hermano del ministro de Exteriores, Jack Straw, fuese incluido en el registro oficial de delincuentes sexuales por intentar abusar de una menor amiga de la familia. Y también se murió de sida el capellán de la escuela a la que acudían sus hijos, los del propio Tony Blair. Un cura que había abusado de varios alumnos, pero esa pelota caía en el tejado de la Iglesia católica, confesión a la que pertenecía dicho centro educativo. Este solo era uno de los treinta casos de pedofilia que se descubrieron en la segunda mitad de los noventa en la iglesia romana del Reino Unido.

En el siglo XXI, pese a todo, siguió pegando fuerte el moralismo. Boris Johnson, diputado en aquel momento, dimitió cuando se supo que tuvo un idilio extraconyugal con Petronella, hija de otro diputado de su partido, a la que dejó embarazada y obligó a abortar. Era noviembre 2004. En diciembre, David Blunkett, ministro laborista del Interior, dimitió tras conocerse que facilitó un visado a la niñera filipina de su amante, Kimberly Quinn. Y resulta que no era un favor a su amada, pues el político, aparte de esa relación extraconyugal, también tuvo una durante tres años con esa asistenta. Del tremendo culebrón, con varios niños sin reconocer, se perdió el rastro en una sucesión de pruebas de ADN. 

En el partido bisagra, los Liberal Demócratas, no se crean, la cosa era igual o peor. Cuando Charles Kennedy, su líder, tuvo que dimitir por sus problemas de alcoholismo, nada menos, uno de los aspirantes a sucederle, Mark Oaten, casado y padre de dos hijos, fue denunciado como cliente habitual de un prostíbulo donde solía acostarse con un chapero de veintitrés años con el que montaba tríos y, según informó el siempre preciso News of the World, actos de coprofagia. El político liberal se defendió alegando que todo se debió a la crisis de la mediana edad. Igual no mentía. 

El caso es que en otros ámbitos de la vida británica las cosas no eran muy diferentes. Por citar algunos ejemplos, el seleccionador nacional, Sven Goran Erickson, desató una crisis nacional cuando se descubrió que se había acostado con una empleada de la Federación Nacional de Fútbol, que a su vez se estaba tirando también al director general. O el sonado caso de Max Mosley, capo dei capi de la Fórmula 1, del que se publicaron fotos de sus orgías sadomasoquistas con prostitutas vestidas de nazis. Hasta el mayordomo de la reina madre, William Tallon, famoso por los gin-tonics que le servía a la viuda de Jorge VI —«nueve partes de ginebra y una de tónica»—, tenía montado en palacio un templo de dominación sexual homo sobre el resto de sirvientes de la madre de la reina Isabel II, con severos castigos para los que no accedían a sus deseos cuando estaba borracho. Porque el hombre, de paso, era alcohólico. Lo que no se precisaba en las informaciones vertidas era si lo fue por culpa de ponerle semejantes «pelotis» a la reina madre. 

Solo podemos decir que amainó la lluvia de aquelarres, y lo hizo solo un poco, con el cierre de News of the World por el escándalo de las escuchas ilegales hace unos pocos años. Su última tirada fue de cinco millones de ejemplares ni más ni menos. Un final en alto para el diario más vendido de toda historia de la prensa mundial. Rupert Murdoch, mentor internacional de nuestro José María Aznar, cerró el periódico cuando The Guardian destapó cientos de casos de escuchas ilegales por parte de sus periodistas. Pinchaban los teléfonos tanto de los famosos como de los políticos, incluida la realeza, y hasta hubo un pinchazo al móvil de una niña desaparecida y asesinada, el desencadenante final del escándalo. El periódico se cargó a tantos políticos por asuntos de bragueta que, además de vender ejemplares como churros, consiguió que nadie desde el poder se atreviera a poner en cuestión las campañas racistas y antiinmigratorias que Murdoch orquestaba desde sus páginas. Y lo mejor es que la policía conocía de sobra estas prácticas ilegales, pero llevaban muchos años lucrándose vendiendo información al periódico como para ser ellos quienes lo denunciaran. Todo esto ocurrió en el país considerado paradigma de la libertad individual. No es de extrañar, por tanto, que la palabra «libertad» esté tan envenenada hoy día y haya que desconfiar por obligación de todo aquel al que se le llena la boca con ella. En la historia occidental reciente, la Inquisición han sido ellos.