Futuro imperfecto #30: Mataderos de ancianos, S. A.

Las investigaciones de la fiscalía por muertes de ancianos en residencias de nuestro país no han dejado de crecer, comenzaban siendo ochenta y seis a finales de abril, y el pasado miércoles su número ya se había elevado hasta las doscientas. Es un verdadero tsunami motivado por las sospechas de negligencia en el tratamiento de los mayores, a las que se suma la posible orden de que no fueran trasladados a los hospitales si enfermaban. 

El proceso de decisión a la hora de ingresar a un paciente, y concretamente a uno con neumonía por coronavirus que precise UCI, corresponde a los médicos. Tener a una persona conectada a un respirador durante un mes tiene un elevado coste físico, deja secuelas y supone un elevado coste económico en personal y medios. Por eso en condiciones normales el profesional sanitario evalúa si la terapia UCI va a ser útil para el paciente. 

En las condiciones de saturación hospitalaria de la cuarentena lo que tuvieron que evaluar es a qué paciente sería más útil. Si en un día normal se habría descartado a personas con dolencias geriátricas como parálisis, demencia o enfermedades crónicas, en aquellos momentos se sumaron los mayores de setenta años o más. Un organismo envejecido responde peor a las terapias y tiene menos posibilidades de sobrevivir.  

La decisión de los médicos no es cuestionable, se basa en razonamientos científicos, y a muchos de ellos les ha supuesto sufrir cuadros de estrés postraumáticos, porque al fin y al cabo estaban privando de cuidados a personas que seguramente morirían. Lo que sí resulta inadmisible es que una administración pública decidiera por los médicos. En nuestro país y en todo el mundo trata de aclararse si tal cosa sucedió, porque el COVID-19 ha convertido las residencias en mataderos. Aquí más de un tercio de los fallecidos por la enfermedad, 18 251 ancianos, murieron en las residencias. 

Ancianos no, gracias

La Comunidad de Madrid ha copado la actualidad informativa de la semana debido a las investigaciones del periódico Infolibre. Comenzó publicando seis documentos de la Consejería de Sanidad madrileña que ordenaban no trasladar a los mayores desde las residencias. Siempre según esta fuente, el protocolo fue enviado a dieciocho altos cargos, y además ha sido entregado a la fiscalía por familiares de residentes. El periódico ABC recogía además el testimonio de los sindicatos de hospitales, quienes aseguraban haber recibido esa misma orden de la dirección de sus centros. También las actas de inspección policial recogieron denuncias de los centros contra la prohibición de trasladar a los ancianos. 

El lío es monumental, porque además hubo hospitales madrileños que no admitieron recibir a pacientes mayores de setenta y cinco años de las residencias. ¿Por criterio médico? Así lo defiende la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, esgrimiendo como argumento los 10 300 traslados que sí se realizaron desde las residencias. Además de poner el foco en que esta asistencia está infrafinanciada por las administraciones. 

A raíz del protagonismo de los casos madrileños CEAPs, Círculo Empresarial de Atención a Personas, la patronal que agrupa a los empresarios dedicados a la gestión de residencias, también se ha pronunciado. Según declaraciones de sus directivos en la Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha tenían órdenes o protocolos similares a los de Madrid, destinados a no hospitalizar ancianos. Pero por el momento no hay documentos firmados que lo demuestren, sino protocolos específicos manejados por cada comunidad autónoma. Las investigaciones de la fiscalía apuntan a residencia específicas en todo el territorio nacional, lo que sigue apuntando a posibles delitos cometidos por cada centro denunciado, y no por un modelo de gestión colectiva. 

¿Qué tal atendidos han estado en las residencias?

Según la plataforma Envejecimiento en Red del CSIC en España hay 5417 centros de atención a ancianos, entre residencias, viviendas tuteladas y otras tipologías. Lugares donde viven y duermen, que excluyen los centros de día. La mayoría de estos centros (77%) son privados, aunque comparten con los públicas su modelo de residencia social, encaminada a proporcionar un lugar donde vivir al mayor. Como no se consideran centros sanitarios no están integradas en los sistemas de salud de las comunidades autónomas, sino en los servicios sociales, con leyes específicas que las regulan. 

Distribución de residencias de mayores en España por CCAA, titularidad y plazas. Fuente: Envejecimiento en Red, CSIC

Los especialistas en geriatría vienen pidiendo desde hace años cambiar a un modelo medicalizado, porque el perfil de los ingresados es ahora más sanitario —con más edad y patologías geriátricas—. Es un coste adicional para cualquier presupuesto autonómico, que se ha evitado trasladando a los ancianos a hospitales o centros de salud para ser atendidos. Eso carga el coste a la seguridad social del atendido y al sistema público y evita contratar personal especializado para las residencias. Es posible que aquí esté la causa de lo desvelado por el diario El País, que los ancianos con seguro médico privado sí fueron trasladados e ingresados. Los demás quedaron al cuidado de los trabajadores, saturados por la carga de trabajo y sin medios ni preparación para atender emergencias médicas… 

… por lo que los ancianos murieron de sed

Un estudio llevado a cabo en la Île-de-France ha hecho el hallazgo de que el exceso de muertes en residencias de la región de París se debió más a la sed que al COVID-19. Es habitual que muchos ancianos pierdan la capacidad de sentirse sedientos, a la par que la deshidratación aumenta los cuadros de demencia y su incapacidad para comunicarse. El confinamiento y la reducción de personal por bajas médicas influyó en que nadie les llevara un vaso de agua a los labios con regularidad en ese área francesa. Pero como la ausencia de cuidadores se dio en todos los países, no podemos descartar que esta causa de mortalidad haya afectado universalmente a las residencias en otras partes del mundo. Ha muerto muchos, no solo de coronavirus, y los testimonios de familiares nos lo recuerdan día a día. 

Además las mayoría de residencias investigadas, y otras muchas que no lo están siendo, no se pusieron en comunicación con los familiares durante la cuarentena. A las limitaciones de desplazamiento impuestas por el estado de alarma se sumaba las de personas mayores incapacitadas para usar un teléfono. Sus allegados no sabían qué les estaba pasando, hasta que una llamada les informaba que su padre o madre había fallecido en la propia residencia. 

Sacrificados en todos los países

En Bélgica un 51% de los fallecidos por COVID-19 eran ancianos ingresados en residencias; en Francia un 38%; en España un 30%; en Italia se ha estimado un 37%. Estas cifras las proporciona un informe actualizado a 25 de mayo proporcionado por LTCcovid, que agrupa las observaciones e investigaciones de una red de centros en todo el mundo dedicados a evaluar el impacto de la COVID-19 en enfermos dependientes, ancianos y cuidadores. 

Las altas cifras de los cuatro países citados tienen además un par de características comunes. El elevado caso de contagiados en su territorio y haber dictado la orden, directo o indirecta, de que sus personas mayores no fueran llevadas a los hospitales. 

En Bélgica fue la Asociación Nacional de Geriatras, recomendando que la muerte en sus residencias sería más humana. El argumento era que sus cuidadores iban a tratarles como a miembros de la familia. Pero la falta de equipos de protección contra el COVID-19 causó tal cantidad de bajas entre los trabajadores que finalmente tuvieron que desplegar al ejército para atender a los ancianos. 

En Francia se investigan hasta el momento cinco residencias por homicidio, omisión del deber de ayuda y delitos contra la seguridad. Según su prensa esto es apenas la punta del iceberg, pues en el inicio de la expansión del virus faltaban concentradores de oxígeno en los centros, lo que obligó a solicitar el envío de los ancianos a los hospitales. Pero los médicos se negaron, por el criterio de supervivencia, como se explicaba en el inicio, y por la saturación. Por la elevada mortalidad resultante, que también ha afectado a las cárceles, se han presentado sesenta denuncias contra el primer ministro Edouard Philippe y contra el ministro de Salud Olivier Véran, además de contra altos funcionarios. Esta semana el fiscal general ha abierto otra investigación destinada a aclarar si los encargados de tomar decisiones cometieron actos criminales al desatender a estos enfermos.

Los italianos han comenzado a llamar a lo ocurrido en sus residencias «la masacre silenciosa», denunciando trabajadores sin equipos de protección, y ancianos sin oxígeno ni sábanas, abandonados y moribundos en sus camas. Como en el caso francés, la fiscalía investigará al ejecutivo. Esta semana los familiares han comenzado a presentar las primeras denuncias.  

La siempre polémica Suecia también ha padecido una masacre. El 90% de fallecidos en ese país tenían más de setenta años, y la mitad de ellos residían en viviendas para ancianos. Los trabajadores de las residencias suecas afirman que les dieron órdenes de no llevar al hospital a nadie mayor de sesenta y icinco años. El personal sanitario asegura que no ha tenido ingresados nacidos antes de 1970. Y un anestesista especializado en cuidados intensivos, Mikael Fjällid, afirma que como parte de la política de no actuación del país, se aceptó que un 20% se curarían sin tratamiento. Pero en su opinión un 20% más hubiera sobrevivido en las residencias con una atención tan básica como una mascarilla de oxígeno. 

Y ahora el futuro

Hasta que el COVID-19 desaparezca o hasta que exista una vacuna nuestra esperanza de vida queda drásticamente reducida. A partir de los setenta, a veces antes, tendremos grandes posibilidades de morir si contraemos la enfermedad. En cuanto a los supervivientes, es bastante probable que por las condiciones sociales y laborales y el aumento de esperanza de vida acaben ingresados en un centro residencial. Que sea para vivir o para morir dependerá de que repensemos profundamente el modelo de residencias de ancianos atendiendo más a lo que tengan que decir sus profesionales. Lo que tenemos, en todos los países, solo servirá para que sigan muriendo.