Futuro Imperfecto #25: Próximo derrumbe en la justicia

Desbordados por la carga de trabajo: así se manifestaban siete de cada diez jueces españoles en una encuesta de transparencia internacional anterior a la crisis de la COVID-19 Señalaban a los Juzgados de lo Social y los de Primera Instancia como los más colapsados. Una situación que, como la de la sanidad, no era desconocida. Hace dos años el Consejo General del Poder Judicial avisaba de que el 60% de los juzgados no daban abasto. Hace solo seis meses ya se hacía un ranking con los diez más colapsados del país. Acabamos de ver en sanidad lo que ocurre cuando tienes un ratio de camas UCI menor a la media europea, y estamos a punto de ver lo que pasa en justicia cuando la media de jueces por cada cien mil habitantes es once, y no veintiuno, como el ratio europeo. Porque se les viene encima una avalancha.

Muchos divorciados pedirán la revisión de las pensiones de alimentos a sus hijos y al cónyuge si han perdido ingresos por ERTE o paro. La asistencia a víctimas de violencia de género, a la que no afectaba la suspensión decretada por el CGPJ el 14 de marzo, se ha reducido en un 50%. Los desahucios están en suspenso, y las PAH prevé una aluvión cuando vuelvan a permitirse. 

La fiscalía ya tiene abiertas cien investigaciones por la muerte de ancianos en residencias. Algunos trabajadores que reclaman EPI adecuados en esos lugares están siendo despedidos. Quién duda que familiares, víctimas y trabajadores necesitarán justicia. La mayoría de muertos por coronavirus han fallecido allí.

Las multas han seguido llegando, y se cuestiona que muchas de las impuestas por Tráfico hayan sido cobradas por los bancos mediante embargo, ilícitamente y sin dar opción a los veinte días de plazo para recurrirlas. Que se lo digan a Mariano Rajoy: las sanciones también caminan rápido. ¿Recurrirá el expresidente a los juzgados?

No sabemos si él, pero sin duda sí muchos de los sancionados por saltarse el confinamiento, y más aquellos que fueron multados por razones cuestionables, como sentarse en un banco o ir en bicicleta al trabajo por deporte. Entre una parte de la población se ha sentido que policías y guardias civiles se creían de pronto como el juez Dredd, ese antihéroe del cómic que ejercía de  policía, juez, jurado y verdugo. Si quieren saber más, aquí un poco de metal explicativo. Para contrarrestar sus posibles excesos, ni el presidente de la Generalitat ni la alcaldesa de Barcelona tramitarán de momento estas denuncias, así que cuando lo hagan llegarán en tromba a los juzgados de Cataluña.

Todo esto cuando varios juristas explican en medios sociales que el estado de alarma no impide la movilidad, y unos cuantos estudios demuestran que somos el país que más rigurosamente ha cumplido con el confinamiento, a la par que el que más multas nos han puesto, con diferencia. A finales de marzo llevábamos ya tres veces más que Italia con menos población y menos tiempo de confinamiento. 

Los que están de vuelta de que los multen son los 50 000 empresarios que se declararán en quiebra este 2020, de diferentes colectivos y sectores profesionales.  En 2019, por comparar, hubo 6599 quiebras, la cifra más alta desde 2014. ¿Por qué tantas antes del COVID-19? La economía iba regular, y ahora son 500 000 empresas las que han solicitado ERTE. Por no hablar de las que lo revirtieron y decidieron directamente ir al ERE o al cierre, para no prolongar su agonía durante 2020. Un ejercicio que muchos dan por perdido. España contaba con 3,6 millones de empresas en 2019. Con menos de 10 empleados operaban 1 923 976 empresas. Industriales apenas eran 199 076, comercio, hostelería y resto de servicios sumaban 2 547 527 compañías. Hagan sus números, pero todos los procesos de quiebra, despidos, reclamaciones y asociados tienen que pasar por los juzgados.

En previsión de todo esto el gobierno publicó un Real Decreto destinado a paliar el previsible colapso en la justicia. Su medida más significativa, abrir los juzgados en agosto y celebrar juicios también por las tardes. Eso, y medidas de protección para quienes trabajan en ellos que ríanse de las bolsas de basura con las que enfermeras se fabricaban EPI. La Administración de Justicia, según EFE, aseguró que fotos como la del enlace, enviadas por abogados, procuradores y funcionarios eran anecdóticas. Luego saltó la primera voz de alarma, emitida por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, avisando que no se permitirían en los juzgados elementos de protección no homologados. ¿No hubiera tenido que emitir esa indicación, más instrucciones claras, el CGPJ?

Lo de abrir en agosto suscitó quejas inmediatas de abogados, procuradores y graduados sociales: eso les dejaba sin vacaciones. La mayoría de ellos son profesionales autónomos que de por sí ya tenían difícil irse unos días, dado el funcionamiento del sistema judicial. El sistema LexNet puede notificarles en cualquier momento, y no es necesario que el destinatario abra su notificación para dar por hecho que ha sido avisado, y por tanto corre el plazo. Es decir, tienen que estar siempre atentos para contestar procedimientos relacionados con sus clientes entre los dos y los cinco días siguientes. Ahora también en agosto. 

La falta de vacaciones no rige para jueces y fiscales, porque son funcionarios. En teoría, ni siquiera el gobierno puede hacer un Real Decreto para que trabajen de forma excepcional en vacaciones, por las circunstancias excepcionales de la pandemia. Cualquier norma emitida por ellos sería de rango menor a la Constitución, cuyo artículo 40.2 especifica que «los poderes públicos (…) garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas (…)». Y son los poderes públicos quienes emplean a los funcionarios de la justicia. 

El Real Decreto gubernamental también especificó que los juicios se celebren vía telemática, y eso abre otro de los frentes largamente padecidos por el ámbito judicial. En cuestiones informáticas están todavía en la versión Windows 95. Durante el estado de alarma, únicamente los secretarios judiciales han tenido acceso al teletrabajo. El acceso telemático a los expedientes judiciales por cada uno de los funcionarios es un riesgo para la seguridad. Como es material sensible, se ha dejado sin acceso desde casa durante años a los funcionarios. Quién podía prever que fuera necesario el teletrabajo en el siglo XXI. A los secretarios judiciales se les ha provisto de una VPN, y en el otro extremo han estado los funcionarios de clase C y D. Debido a su rango la Administración no les dota de equipos informáticos ni teléfonos móviles. Así que han estado en sus casas imposibilitados para teletrabajar. Sus equipos propios, de tenerlos, no cumplirían las exigencias de seguridad. No es extraño por tanto que entre los jueces predomine el escepticismo cuando el Real Decreto habla de juicios online. A lo mejor, en vez de videoconferencia, deberían plantearse usar un chat. 

¿Podría ser que los trabajadores y funcionarios estuvieran exagerando solo porque quieren tener vacaciones? Las cifras nos dicen que el problema va más allá de un mínimo y necesario descanso. El CGPJ fija una carga de trabajo para los juzgados, y reconoció en 2014 que casi la mitad soportaba un 150% más de la asignada. Seis años después, los juzgados de primera instancia en Madrid tienen esa misma cifra de exceso de carga, y los de lo mercantil, un 346% más. Hablar de que se nos viene encima un colapso judicial, ahora que entrarán muchos más procedimientos, parece bastante realista. 

Todo lo anterior puede explicarse con un razonamiento sencillo: los juzgados de nuestro país han administrado justicia, o lo que sea que se pueda hacer con estos recursos y carga de trabajo, por encima de sus posibilidades. La COVID-19 está dejando expuestas las vergüenzas judiciales de nuestro Estado, como ya ha dejado expuestas las de la sanidad y muchas otras más. A los sanitarios se les ha sacrificado con medios insuficientes y turnos interminables. Ahora les toca a los autónomos que trabajan en lo judicial, y seguramente también a sus funcionarios, aunque tengan vacaciones, o quizá porque no las tengan.

El problema de fondo es mucho más grave. En una sociedad moderna, sana y civilizada, la separación de poderes y una justicia rápida, sólida, eficaz y coherente, es absolutamente vital. Los recursos del poder judicial los decide el legislativo, y es conocida y discutida su influencia en la elección de miembros del CGPJ, en contra de los preceptos de la UE. Los jueces, fiscales, abogados de oficio, procuradores y demás agentes del sistema, necesitan recursos desde hace mucho tiempo. 

Por no hablar de la vital necesidad de contar con educación a todos los niveles en el funcionamiento y trabajo del poder judicial. No es posible que políticos de todo tipo y color estén discutiendo sentencias sin leerlas cuando no les gustan y alabando a los jueces cuando las sentencias les son favorables. Que se presione y se señale a jueces. Que se utilice de manera emocional cualquier decisión para fomentar enfrentamiento y polarización. Los legos cuando queremos aprender o entender una sentencia, o simplemente cómo funciona la justifica y por qué se toman unas decisiones u otras, terminamos buscando los análisis en Twitter de gente como Lady Crocs, Judge The Zipper, Borja Adsuara, Javier de la Cueva, Natalia Velilla, David Bravo o José María de Pablo, en lugar de en unos medios cada vez más ideologizados y necesitados de audiencia. Gente que, después de su jornada laboral, y sin descanso, dedican su tiempo en medios sociales a leer y explicar, a menudo a petición del respetable.

¿Cambiamos descansos por aplausos? Dos sectores han sido maltratados durante años sin que quisiéramos enterarnos, y ahora pesa la sospecha de que en las próximas semanas, o meses, acabará tocándonos a todos y cada uno de nosotros pasar por alguno de ambos.