En Occidente, donde desde hace tiempo no conocemos otra forma de vivir que bajo la protección de la democracia y la justicia, estamos asistiendo a un proceso en el que los políticos se vuelven jueces, y los jueces se politizan. Está sucediendo aquí y ahora, con la no renovación del CGPJ, Consejo del Poder Judicial o la reforma del código penal. Pero también fuera, en el juicio político a Trump y el que se sigue a la directora financiera de Huawei en Canadá. Cuando los partidos están en la oposición, se hacen cruces sobre ese atentado contra la separación de poderes. Cuando llegan al gobierno, ¿de quién depende la fiscalía?
Ignacio Cosidó, portavoz del PP en el Senado, tranquilizaba a su partido en el último intento de renovación del CGPJ allá por 2018, mediante un whatsapp. No debía preocuparles, explicaba a los suyos, tener menos vocales conservadores, porque iban a controlar la Sala Segunda, y con ello, el poder judicial desde atrás. Su injerencia hizo saltar el acuerdo por los aires. Incluso el ahora famoso juez Marchena se negó a presidirlo.
Esta vez ha sido el comentario feliz de Pablo Iglesias el que ha alejado una posible renovación, al asegurar que los tribunales europeos han humillado a los españoles en sus decisiones sobre el procés. Y Vox, que antes se oponía ferozmente a este sistema de elección político, pide cartas: ahora que están en la mesa van a jugar como los demás.
Polonia lleva tiempo en el candelero jurídico de la UE por este tema, aquí no hemos llegado tan lejos y no nos han sacado todavía los colores, así que hacemos oídos sordos. Pero comienza a calar fuerte que inmunidad es impunidad, al menos cuando se trata de mis amigos, ayer acérrimos enemigos. Y eso no es nada bueno.
Menos mal que Carlos Lesmes, presidente del CGPJ, intenta frenar la previsible nueva mayoría progresista, renovando los cargos por su cuenta. Después de haberse ganado, eso sí, la fama de liquidar a todos los jueces que pudieron juzgar con la máxima severidad los casos de corrupción del PP. Ernesto Ekaizer lo explicaba magníficamente en «El gran seleccionador» de CTXT. Ahora que han cambiado los partidos en el poder el péndulo debe moverse hacia el lado contrario y beneficiar a los de este lado. Y así siempre.
Luego tenemos ese lupanar organizado en Mallorca con menores, denunciado por los trabajadores sociales desde hace años (noticia de 2015) y respondido con silencio desde la administración. Si ahora que la fiscalía va a investigar llega más arriba y sale alguna cosilla más será importante estar seguros de que tenemos jueces despolitizados. Porque hay responsables políticos. Y para esto sí es necesario el poder judicial.
Los jueces se politizan y la política se judicializa. Un método para conseguirlo es renovar, como ha anunciado el nuevo gobierno, el código penal. Se van a rebajar las penas para el delito de sedición, algo vital y necesario, que llevamos muchos años pidiendo todos y que aparece siempre entre las principales preocupaciones de los ciudadanos. Beneficiará a los presos del procès, y eso puede ser una salida al independentismo positiva para el país, o un traje a medida a los presos del procès que beneficie al gobierno y transmita el mensaje de que saltarse las normas puede compensar. Además se ha hablado de aumentar las penas para castigar violaciones en grupo como las de las manadas, sin dar más detalles.
También el Impeachment a Trump es un juicio, aunque sea político y se lleve a cabo en el Senado. Más de la mitad de los norteamericanos creen que el presidente es culpable y debería ser apartado del cargo. Pero igualmente están convencidos de que los senadores republicanos le salvarán de ser destituido. Lo verdaderamente grave es que los abogados de Trump, y con ellos sus votantes y defensores, aseguran que ningún presidente puede ser depuesto por abuso de poder. O lo que es lo mismo, que no tiene porqué ser justo ni cumplir la ley.
Si a esto le añadimos otras menudencias, como usar Twitter para comunicaciones oficiales del presidente @POTUS para promocionar productos de su familia y allegados; el negociar con su familia cuestiones de Estado; o la batalla con Jeff Bezos y contra Amazon por hacer campaña en su contra con el Washington Post, pinta que los próximos años los viviremos en una versión 2.0 del mundo del nepotismo definido perfectamente por el conde de Romanones. Ya saben, «a los amigos, el culo; a los enemigos, por el culo; y a los indiferentes, la legislación vigente». Esa misma legislación que se aplica según quién esté en el poder.
Que el asunto no va de justicia sino de política lo demuestra el otro juicio que empezó esta semana en Canadá, contra Meng Wanzhou, directora financiera de Huawei e hija de su fundador. Y que determinará si la extraditan a Estados Unidos, país que la acusa de saltarse su prohibición y hacer negocios con Irán. Detrás de esta acusación se esconde una ofensiva diplomática de gran calado. Ríanse de lo de Assange, olvidado ya con el tiempo y la distancia. Esto es un aviso a China para que retire su influencia en Irán, a quien el país asiático necesita para crear su nueva ruta de la seda. Y también una represalia por haberle quitado a Estados Unidos parte del negocio de reconstrucción de Irak. Según los medios chinos, Irak está pagando cien mil barriles de petróleo al día para que China construya sus vías de tren, hospitales y viviendas. Las nuevas guerras comerciales son así, y así nos lo cuenta Jazbierto, español que enseña nuestro idioma en una universidad de aquel país, casado con una china del partido comunista, y autor de interesantes vídeos sobre China y los chinos desde el punto de vista del ciudadano de a pie.
La judicialización de la política es un fenómeno universal, que ya había cobrado cuerpo en el Brasil de Bolsonaro, y que sigue extendiéndose allí con la acusación al periodista Glenn Greenwald. Sus investigaciones ha puesto al descubierto la corrupción del ministro del justicia de Bolsonaro y el fraudulento modo con el que consiguió encarcelar a Lula Da Silva, evitando que se presentase a las elecciones. Un Lula sobre el que siguen existiendo grises. Greenwald fue además uno de los primeros en filtrar la vigilancia de la NSA mediante documentos proporcionados por Edward Snowden. Julian Assange, suma y sigue.
Pero la política no se limita a ejercer de juez. También quiere determinar qué pensamos acerca de la verdad. Ya se anuncia que los bots van a convertirse en directores del debate político, empleando inteligencias artificiales con mucha mayor capacidad que un humano para crear desinformación en internet. Acabamos de ver una de esas campañas, orquestada por los defensores de la censura parental, quienes nos mostraban una serie de vídeos falsos sobre actividades llevadas a cabo en las escuelas públicas españolas. De tan burda que era no se la puede suponer tecnología asociada, pero prendió el debate en las redes sociales… y no aguantó ni un asalto al pasar por el fact-checking de los medios. Si acaso sirvió para revelar que la mayoría de padres no identifican esas charlas como un problema, y que el extremismo de Vox cae a menudo en el club de la comedia… pero funciona. Por eso no son los únicos. El ansia de los partidos políticos por usurpar el papel del periodismo cobra forma en planes como el de Pedro Sánchez e Iván Redondo para combatir las fake news. No se puede ser juez y parte, y por eso cada vez más periódicos, revistas y publicaciones independientes viven de sus suscriptores, personas que buscan medios realmente independientes. El cuarto poder resiste, aunque cada vez con menos poder frente a las plataformas tecnológicas americanas.
Aunque no hay peor, ni mejor lugar que internet para ejercer la justicia. Los tribunales populares juzgan casos como el de Delonte West, que pasó de jugador de la NBA a sintecho, y al que un vídeo viral hizo regresar a las pantallas de televisión esta semana. Gonzalo Vázquez le dio su verdadera dimensión en un artículo que nos revela lo poco cuidada que está la salud mental en el deporte de élite. Las redes son también ese lugar maravilloso que te condena y te absuelve a la vez. O donde te demandan por lo que escribes a grito pelado como si estuvieras en el bar con los colegas. Habrá que buscarse un buen abogado, y el estreno de la sexta temporada de Better Call Saul puede darnos una idea de su perfil.
Si preferimos tomarnos el asunto con seriedad, las recomendaciones 2019 de Red Jurídica Abogados sobre libros relacionados con asuntos jurídicos no tienen desperdicio. Entre ellas destaca El caso Altsasu, que pretende dar una versión sobre por qué se arruinó la vida a siete muchachos y sus familias, y se criminalizó a un pueblo, con base en lo que considera una pelea de bar con guardias civiles fuera de servicio pero que otros consideran un acto de terrorismo. En contrapartida, los homenajes a presos de la banda terrorista en su vuelta a casa siguen siendo una constante ignorada. No parece que estos pueblos vayan a homenajear maltratadores, violadores y similares, solo a los héroes locales. Que la ciudadanía no sea capaz de entender, aunque no las comparta, las sentencias, también genera crispación.
El contrapunto del anterior libro podría ser Los puentes de Mosc», sobre Euskadi, su pasado, el de su gente, y el nuevo tiempo que se abrió tras el fin de ETA. Su autor estuvo presente en la entrevista de Eduardo Madina a Fermín Muguruza, y le resultó suficientemente inspiradora.
Otra novela gráfica casi imprescindible de esta lista es Verax, resultado de la profunda investigación de Pratap Chatterjee sobre las víctimas civiles en ataques con drones en Yemen y Pakistán. Todos ellos fruto del sistema de vigilancia masiva utilizado por Estados Unidos, y sobre el que nos advertía Edward Snowden en su nuevo libro, Vigilancia permanente y lo que vendrá con los drones disponibles para todo el mundo. Bueno, salvo que los fabriquen, como en el Boeing MAX, «payasos supervisados por monos».
Y para acabar, un dato. En todo el planeta las personas hemos dejado de creer que el trabajo duro pueda conducirnos hacia una vida mejor de la que tenemos. No se nos ocurre síntoma más claro de que la injusticia se ha vuelto un fenómeno universal. Pedro Sánchez ha dicho en Davos que sin justicia fiscal no hay justicia social, a lo que hay que añadir que sin oportunidades de ascenso como las que ofrece la educación, sin sueldos dignos incluso para los menos preparados, viviendas accesibles, y ese largo etcétera llamado vida digna, no hay justicia en absoluto.
La vida es una cuestión de prioridades, y mientras a los ciudadanos nos preocupa la corrupción, el paro, la deuda y la crispación, a los políticos les preocupa desjudicializar la política, el reparto de carguitos y tapar barbaridades. Vamos a un mundo con una deuda impagable y necesitamos seriedad. No es aceptable la crispación que se está creando. No es aceptable que no se eduque para entender las sentencias. No es aceptable que cualquier terrible desgracia saque a la calle a la gente para pedir cambiar la ley, la Constitución y la hora de los partidos de fútbol.
Es un abuso y una agresión que partidos políticos que promueven llamar a un delito de una manera, tras cambiarle el nombre hace años en la primera gran reforma del código penal de la democracia (1995), esperada desde 1944. Ahora piden a los ciudadanos salir a las calles porque no se entiende la diferencia que ellos mismos impusieron. Por más que algunos jueces intenten educar y explicar en redes cómo funciona la justicia y las sentencias, seguimos cerca de ese ideal de masa populista que se mueve por emociones al son de los medios. Democracia no es solo votar, ni tener leyes, también comportarnos como una ciudadanía y unos dirigentes que conocen, aceptan y respetan las reglas del juego. La historia nos recuerda que cuando los que juegan la partida se saltan las normas o las quieren cambiar durante el juego en su beneficio, las cosas terminan mal para los ciudadanos de a pie. Nosotros.
Señores de la política, dejen en paz a los jueces y comiencen a preocuparse de una vez por su trabajo, para el que les elegimos y pagamos, que es hacer nuestra vida mejor. La de todos, incluso la de quienes no les han votado. Magistrados de la justicia, si quieren hacer política, dejen su empleo y preséntense a las elecciones. Respetamos su independencia profesional y reconocemos su derecho a pensar libremente en su vida privada. Actúen en consecuencia.
