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People of the same trade seldom meet together, even for merriment and diversion, but the conversation ends in a conspiracy against the public, or in some contrivance to raise prices.
(Adam Smith, La riqueza de las naciones, Libro I, Capítulo X)
Mercado. Libertad. Oferta. Demanda. Precio. Y trampas. Ponga usted a un grupo de empresarios del mismo sector en un reservado de un restaurante, en una discreta sala de reuniones de un hotel o en la barra de un bar y al cabo de un rato habrán estrechado sus manos, invisibles para el resto, en un pacto contra los ciudadanos que acabará (por lo general) en una mejora de su ganancia. Lo dijo el padre del pensamiento liberal. Lo dejó por escrito en su obra de cabecera. E insistió, por si alguien no lo había pillado: «El interés de los empresarios es siempre ensanchar el mercado y estrechar la competencia».
Hay una parte importante de la realidad que nos rodea con su apariencia de mercado y su promesa de libre elección y concurso limpio que tiene, o ha tenido durante un tiempo, truco. Encontrar el doble fondo, retirar la cortina, hallar la grieta por la que mirar quién está manoseando los resortes no es fácil. Pero el árbitro tiene un aliado. Hay unos ojos que todo lo ven. Un micrófono adosado donde ninguno de los que hacen trampas se lo espera. Un buen par de orejas que los persigue donde vayan por más veces que cambien el lugar de sus encuentros. Hay un hilo que siempre anda suelto y, si se tira, se deshace toda la cortina.
El 28 de febrero del año 2008, la Comisión Nacional de la Competencia española (hoy integrada en la CNMC) fumigó al empresariado tramposo con un virus letal: desconfianza. Se han cumplido ocho años del nacimiento en este país del Programa de Clemencia. Aquel día, a las 9:04 horas de la mañana, se abrió la veda para que pudieran denunciarse los unos a los otros. La recompensa por ser el primero en chivarse, siempre que se aporten las pruebas suficientes como para abrir un expediente y facilitar una inspección en las sedes de los implicados, es librarse por completo de la multa, que puede llegar al diez por ciento de los ingresos anuales. Llegar el segundo, si se añade información de valor, puede servir para reducirla entre un treinta y un cincuenta por ciento. El dinero los une y el dinero los separa.
El segundo de la fila
La memoria de la CNC de 2008 acredita que algunos hicieron noche apostados en la puerta de Competencia, esperando a que entrase en vigor la nueva norma. Lágrimas como puños debieron caerle al representante legal de Sara Lee (hoy Douwe Egberts Finance, fabricante de los geles Sanex) al ver que era el segundo en llegar a la cola y que el primero era el representante de uno de los antiguos compañeros del mismo cártel que iba a denunciar, Henkel (propietario de las marcas Magno, La Toja y Fa). Ver su espalda durante horas mientras la fila iba en aumento debió ser mucho menos agradable de lo que fue, dos años antes, para los directivos de Henkel, de la propia Sara Lee y de Puig (fabricante de Kinesia, Lactovit, Heno de Pravia y S3) compartir aperitivo en un bar cercano al 249 de la calle Nápoles de Barcelona (donde está la sede de Bimbo, filial de Sara Lee). Allí ultimaron los detalles de un pacto contra las leyes del mercado consistente en reducir de forma concertada los tamaños de los envases de gel manteniendo el precio. Lugares de encuentro, notas manuscritas, cuadros con las fechas en las que cada marca debía efectuar el cambio. Todo ha quedado recogido en el expediente de Competencia S/0084/08 y todo gracias a un delator.
Fue él quien pagó las consumiciones en aquel bar junto a la sede de Bimbo. Él quien guardó la cuenta en la cartera y él quien la incluyó entre la documentación entregada a Competencia años después como prueba de que el encuentro se había celebrado. El testigo perfecto. La fecha de la cuenta, 13 de febrero de 2006, coincidía con la que los investigadores encontraron después anotada en el cuaderno de la secretaria del director general de la propia Henkel. El registro telefónico demostró que en los días posteriores hubo llamadas de esta a Colgate que, explicó el delator, perseguían saber si se unía al pacto o no.
El hilo era firme. Competencia siguió tirando. Fue deshaciendo la historia, recorriendo en sentido inverso los pasos de los integrantes del cártel hasta llegar a su formación. Hizo flashback a la patada en el estómago que debieron sentir cuando descubrieron, en octubre de 2006, que Colgate no solo no había cumplido con la fecha de reducción de envases que le había sido asignada, sino que lanzaba una potente campaña publicitaria con el eslogan «El tamaño importa» para llamar la atención del consumidor sobre lo que habían hecho los demás; a las fechas en que el resto sí efectuó su reducción de envases como estaba acordado; al envío del correo electrónico recibido por todos previamente con las instrucciones a seguir incluyendo fechas, marcas y tamaños; a la reunión en el bar; y así hasta la primera reunión en la sede de Bimbo, el 1 de diciembre de 2005, en la que Puig informó al resto de que iba a reducir sus botellas de gel y les invitó a unirse al movimiento de forma concertada. Todo cártel deja rastro. El delator es el que ayuda a encontrarlo y a interpretar las huellas que se han ido quedando en el camino.
Competencia multó con 2,1 millones a Colgate en España por entender que había participado en las reuniones, pero la multa fue anulada por la Audiencia Nacional. Multó a Puig por haber iniciado y participado en el cártel, multa que anuló el Supremo, y multó a Sara Lee, aunque con una reducción del 40 % por haber sido el segundo delator y haber presentado pruebas que ayudaron a la investigación.
«Se está dando la exención al que más madrugó y no puede ser creíble que ese sea el espíritu de la norma», argumentó Sara Lee, según consta en el expediente. ¿De qué le sirvió? De nada. Después de un largo periplo por los tribunales, fue la única que se comió la multa del cártel del gel de baño y ducha en España: 3,72 millones de euros en su caso, descontada ya la reducción del 40 %. Madrugar le sirvió a Henkel para presentar su solicitud diez minutos antes que Sara Lee, lo suficiente como para librarse de pagar 4,3 millones, el 100 % de su multa.
En la cola, detrás de Henkel, detrás de Sara Lee, también aguardaba aquel día su turno para delatar a sus socios de cártel el representante legal de dos empresas controladas por una conocida familia española: los Ruiz Mateos.
La zona oscura de la bodega
Jerez, tanto la ciudad como el vino, está cosida a los Ruiz Mateos desde que Zoilo (padre del fundador de Rumasa) decidiese trasladarse allí desde su Rota natal y fundar una bodega con su nombre: ZRM. Allí, el hoy ya fallecido José María Ruiz Mateos ya demostró de qué era capaz. En su precario inglés, envió decenas de cartas a los británicos de Harveys, una de las mayores firmas de vino entonces, ofreciéndose a convertir ZRM en su proveedor. La persistencia tuvo su recompensa y Harveys firmó con los Ruiz Mateos el llamado «Acuerdo de los cien años» que, aunque duró mucho menos, sirvió a la familia para empezar una frenética carrera de adquisición de bodegas rivales hasta formar un potente núcleo de ingresos desde el que construir el imperio de Rumasa. La expropiación del holding de la abeja le quitó de las manos unas cuantas de esas bodegas, como Williams & Humbert o Garvey. Los Ruiz Mateos nunca perdonarían a quienes se hicieron con piezas de su antiguo imperio. Su vuelta al ruedo a través de Nueva Rumasa intentó repetir el movimiento de adquisición de bodegas que ha sido tan criticado como defendido en una ciudad, Jerez, en la que miles de trabajadores llegaron a depender de la familia.
Pero Jerez tiene una historia al margen de los Ruiz Mateos, aunque sean parte. Una historia escrita en las bodegas, que cumplen la ley del tercio como si de sus mandamientos se tratase desde mucho antes de que existiera la Denominación de Origen. Si eres hijo de una uva de Jerez de la Frontera, no tienes mejor objetivo que envejecer de barrica en barrica, en estricta formación unas sobre los hombros de las otras. Envejecer hacia abajo. Primera criadera, segunda criadera… dejando siempre en cada bota un tercio del caldo del año anterior para que transmita sus secretos al vino recién llegado de las escalas superiores. Hasta las barricas a ras de suelo, la solera, el vino de la saca que se embotella cada año.
Con las normas del producto, con la paciencia, no ha habido dudas en siglos, pero a la hora de cumplir las leyes del mercado y la competencia algunos bodegueros de Jerez demostraron ser má floho q’un muelle (de) guita. Cuando la cosa se puso fea, cuando las modas empezaron a poner sus ojos en otros licores, cuando la variedad inundó el mercado y en las barras de los bares era más cool pedir un güisquicola o una caña que un oloroso o un palo cortado, vieron peligrar su negocio. Los planes de reestructuración de las administraciones públicas no fueron suficientes. Arrancar viñedos, limitar la oferta de toda la denominación no les bastó a algunos, a los más fuertes, los que más tenían que perder. El expediente S/0091/08 de Competencia recoge los detalles de cómo se gestó y perduró en el tiempo un cártel formado por algunas de las principales bodegas de Jerez.
En la última década del siglo xx, más de la mitad del vino de Jerez estaba destinado a paladares extranjeros y casi cada litro vendido fuera iba camuflado tras una marca blanca. Las Bodegas José Estévez no colocaban sus marcas míticas Tío Mateo, Inocente o El Candado en los lineales de los supermercados de Holanda, Reino Unido o Alemania con la misma fuerza con que lograban vender bajo las poco glamurosas marcas Tesco, Asda, Waitrose, Doña o Tio Toto. Williams & Humbert vendía al exterior con la etiqueta Euroshoper o Sainsbury, entre otros nombres de gran superficie. González Byass, propietaria de Tío Pepe, embotellaba como Sainsbury, Morrison o Don Ramos. El mercado BOB (buyer own brand) se bebía la mayoría del Jerez y encima se lo bebía cada vez menos, lo que estaba llevando a una guerra de precios que podía devorar la rentabilidad.
El cártel del vino de Jerez, cuyas primeras andanzas datan de 1992 según un acta encontrada por Competencia más de veinte años después, tras la denuncia del delator, decidió trucar el mercado BOB. Repartirse el número de cajas, los clientes, poner un precio mínimo. En este cártel, como en otros, se dio un factor del que también alertó Adam Smith, la participación de la gran asociación del sector. En este caso, Fedejerez, así como el Consejo Regulador.
Though the law cannot hinder people of the same trade from sometimes assembling together, it ought to do nothing to facilitate such assemblies; much less to render them necessary. (La riqueza de las naciones).
Las dos empresas dependientes de Nueva Rumasa, Bellavista y ZRM, propietarias de las bodegas de Garvey desde su recompra en el año 2002, denunciaron el pacto el mismo día en que entraba en vigor el Programa de Clemencia. Tal y como consta en el expediente, facilitaron información que demostraba cómo el Consejo Regulador se encargó, en noviembre de 2001, de calcular un reparto de cupos entre los miembros del cártel de 2 759 000 cajas, de nueve botellas de Jerez cada una, para marca blanca en el extranjero.
La mayor multa recayó en principio en Williams & Humbert: 2,3 millones de euros, aunque a finales de 2015 dicha multa de Competencia quedó de nuevo sensiblemente reducida por sentencia del Tribunal Supremo, que la dejó en 1,4 millones. Fue seguida de la multa a José Estévez, con 1,25 millones. Barbadillo fue multada por Competencia con 0,9 millones, un poco más que González Byass, aunque el Supremo también redujo en el pasado ejercicio la sanción de esta última a 0,7 millones. Garvey se libró de los 670 000 euros por ser la firma del grupo denunciante, mientras Fedejerez y el Consejo Regulador eran multados con 400 000 y 200 000 euros respectivamente. También se redujeron otras multas de menor cuantía como la de Pedro Romero, Ferris y Caydsa.
Los Ruiz Mateos, que habían pedido un aumento de la cuota que les correspondía en el cártel, petición que les había sido denegada, golpearon a todos sus rivales con su denuncia, pero menos de lo esperado.
En Competencia no ocultan su frustración con las enmiendas que reciben a sus resoluciones desde los tribunales. Aunque la multa máxima puede llegar al diez por ciento de los ingresos de una empresa el año previo a la denuncia, este criterio ha sido revisado una y otra vez por la justicia. Las empresas no saben por tanto a cuánto se exponen, pero hay algo que es abono para engendrar un delator: ser uno de los que más tiene que perder. Un tramposo nunca acaba de fiarse de otro tramposo. La desconfianza es ley dentro del cártel. Un cártel es un estrés. Y así lo demostró el chivatazo sobre el cártel de los módulos prefabricados, los famosos barracones.
Barracones amañados: el colmo del pufo público valenciano
Con la Comunidad y el Ayuntamiento de Valencia bajo sospecha, los ojos se pusieron sobre la empresa Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Comunidad Valenciana (CIEGSA), una empresa pública propiedad cien por cien de la Generalitat que se creó para centralizar la gestión de la construcción de los centros de enseñanza públicos y cuya labor ha sido totalmente ruinosa, entre otras cosas por los sobrecostes para pagar a corruptos que se sospecha soportó.
Cuando el dinero para colegios e institutos no dio para más, el ladrillo que recomendaba hasta el último de Los tres cerditos fue sustituido por unas estructuras en teoría temporales que no cumplían las mínimas condiciones de temperatura o higiene: los barracones. Entre 2008 y 2011, una serie de compañías (Balat, Remsa, Algeco, Dragados —del grupo ACS—, ABC, Normetal y Alquibarsa) se concertaron para amañar las licitaciones de los barracones para la escolarización del alumnado que precisase CIEGSA.
Pactaron los descuentos y las condiciones técnicas que iban a presentar para ser preseleccionadas cada año sin tener que ser agresivas con los precios. Una vez admitidas en el llamado «acuerdo marco» de cada ejercicio, se repartían los centros según los intereses de cada una y pactaban también descuentos mínimos en cada licitación para que resultase adjudicataria la empresa acordada. En total, el amaño afectó a concursos con una inversión estimada de veintinueve millones de euros, tal y como figura en el expediente S/0481/13 de la CNMC.
Una de las empresas que más tenía que perder, Algeco, entregó pruebas a Competencia como para llenar un barracón. Registros telefónicos que demostraban los numerosos contactos entre las implicadas (más de cuatrocientas llamadas); pruebas de reuniones entre directivos y representantes (al menos veintidós reuniones bilaterales o multilaterales entre febrero de 2009 y diciembre de 2012); cuadros con los descuentos que debía presentar cada empresa para ser todas seleccionadas. Información suficiente como para justificar las inspecciones en las sedes de los implicados. El hilo del que tirar.
En los intercambios de correos no se andaban con eufemismos. Ponían en el asunto frases tan obvias como «CIEGSA LICI» (por licitación), «Reparto de colegios 2009» o directamente «Reparto indecente», según figura en la documentación de Competencia.
Como en todo pacto de tramposos, en cuanto uno se saltó lo acordado, se desbordó la desconfianza. En un correo interno de Dragados (ACS) fechado en 2010 se habla de que «se ha comentado que para entregar los sobres (de las ofertas) se quede el día 15 de abril con ellos abiertos para garantizar la transparencia de lo que se va a entregar y luego presentarlos juntos. (…) Yo propondría un segundo sobre por si alguno se salta lo hablado poder presentar otro».
En mayo de 2013 Algeco presentó la solicitud de exención del pago de la multa en virtud del Programa de Clemencia tras denunciar al resto. Se libró de una de las multas más cuantiosas (1,6 millones), que habría derivado de ser uno de los miembros del cártel más activos y haber participado en los amaños de los concursos no solo de Valencia, sino en las zonas de Levante (que incluye también Murcia), Sur, Cataluña, Centro y Norte. Balat logró que le redujesen un 30 % la sanción, que quedó en 323 293 euros, por sumarse meses después a la denuncia. A Dragados y su matriz ACS Competencia les concedió también una ventaja: redujo considerablemente el porcentaje a aplicar sobre los ingresos del grupo para fijar la sanción, en comparación con el que aplica a los demás, porque estimó que, siendo un grupo tan grande y con presencia en tantos sectores, la cuantía de la multa no estaría en consonancia con la infracción. Así, la sanción a Dragados se quedó en 8,6 millones de euros, a pesar de que el expediente acredita que participó en amaños en las zonas de Levante, Sur, Cataluña, Centro y Norte. Y eso de momento, a la espera de lo que puedan decir los tribunales si vuelven a enmendar la resolución de Competencia.
¿Adónde vais? A la feria
Si Adam Smith advirtió del riesgo de reunir a empresarios de un mismo sector, no hay fenómeno donde pasen más horas juntos los empresarios y directivos como en las ferias sectoriales, los congresos, las jornadas. La documentación que recoge el expediente del cártel de los envases hortofrutícolas, esos que ordenan en las grandes superficies fresas, cerezas, frambuesas, cogollos de lechuga o tomates cherry tan similares unos a otros que no parecen hijos de la naturaleza, da prueba de ello.
Los agricultores llevan mucho tiempo peleando contra la subasta de su producto, basada en un sistema a la baja que los obliga muchas veces a vender por debajo de coste. Desde hace años encontraron en el envasado una forma de subir algún peldaño en la cadena hacia el lineal del supermercado para mejorar su margen de ganancia.
Lo que no sabían los agricultores, reunidos en cooperativas, es que en las subastas que celebraban para seleccionar a los proveedores de las cestas de plástico, cuando uno de los productores ofrecía sus cestas a un precio determinado y luego lo rebajaba, no estaba compitiendo. Era un precio pactado previamente con el resto de productores de envases. Era una representación teatral que finalizaba con el reparto tal y como se había decidido entre los miembros del cártel.
¿Dónde? En reuniones muy cerca de las ferias de la fruta que los agricultores veían como un escaparate perfecto para dar a conocer su trabajo. La feria Agrocosta de Lepe, que se celebra cada año en septiembre en la localidad onubense, o la Macfrut de Cesena (Italia) fueron la excusa perfecta para reunirse y diseñar la trampa. Hoteles como el Hilton de Barcelona o el Holliday Inn de Bolonia dejaron su marca impresa en los papeles de las notas manuscritas que la inspección encontró en su proceso de investigación, iniciado tras recibir el pertinente chivatazo.
El delator fue de nuevo el que más tenía que perder si otro se le adelantaba, el que por su tamaño afrontaría una multa mayor y el que había instigado al resto a hacer trampas: Infia se libró de pagar 8,4 millones de euros. ILIP fue multada con un millón y Veripack, con 2,9 millones.
El cártel, opinan en la CNMC, es la conducta más dañina de todas las que atentan contra la competencia y los delatores son la mejor forma de luchar contra esta práctica. Por eso quieren saber en qué medida ha funcionado el programa de Clemencia y han establecido un grupo de trabajo que estudiará durante un año las fortalezas y debilidades, entre las que sin duda está el modo en que se plantean las resoluciones para que posteriormente sean una y otra vez revisadas por los tribunales. De lo que no hay duda es de que el virus de la desconfianza ha hecho su labor y sigue haciéndola. Salta de un país a otro, permite investigaciones que llevan a abrir nuevos expedientes conectados entre sí. La denuncia de Seat, por ejemplo, del cártel que amañaba las ofertas de los concesionarios permitió el registro de la consultora ANT Servicalidad, lo que a su vez descubrió que se estaban siguiendo conductas similares en los concesionarios de otras marcas con el asesoramiento de ANT. Un fantástico hilo del que la CNMC tiró hasta acabar en una cadena de sonadas multas. Los concesionarios de Audi, Seat y Volkswagen implicados recibieron una multa de 41,1 millones de euros, en la que también se incluían dos asociaciones del sector y dos consultoras, entre ellas ANT, implicada también en los 9 millones con que la CNMC multó a Opel, Hyundai y Toyota.
