Un posible abuso sexual en televisión

Los problemas que se han visto estos días en el reality de televisión Gran Hermano han puesto de manifiesto que el machismo en la sociedad española no es un problema de casos aislados. Se hace necesario tratar de buscar soluciones que impliquen al global de la sociedad, aunque estas sean complejas. En vista del tamaño y consistencia que va adquiriendo la bola de nieve generada alrededor del episodio del posible abuso sexual dentro del programa, parece que es un buen momento para escuchar el llamamiento a la reflexión realizado por el Instituto de la Mujer en su comunicado. En este sentido, el primer párrafo del texto es impecable, mientras que los segundos, aunque formalmente correctos, parecen describir algún otro incidente o situación: aparte de resultar muy genéricos (lógico en un escueto comunicado) parecen inferir alguna intencionalidad en la promoción del maltrato. O quizá no, pero en cualquier caso resultan confusos.

Puestos a reflexionar sobre generalidades como «trato vejatorio» o «cosificación», que lo mismo puede englobar el utilizar un culo femenino para vender una colonia que una agresión física o un tocamiento, parece más interesante pasar a analizar actitudes y conductas concretas de las que se puedan sacar conclusiones útiles: en este caso alrededor de una problemática menos ambigua, como es el tema de los abusos sexuales. Este desagradable episodio presenta rasgos bastante paradigmáticos que ilustran la dificultad de prevenir, detectar y manejar un posible abuso sexual a mujeres adultas y por otro lado añade una variable de complejidad extra al tener lugar en un plató de televisión a la vista de todos. Dos caras de una moneda —los abusos y el tratamiento público que se hace de ellos— que los profesionales de la psicología solemos tratar de manera muy distinta, atendiendo los primeros y en muchas ocasiones no implicándonos suficiente en lo segundo, por aquello de un controvertido sentido de la neutralidad.

Para profundizar sobre un problema determinado es importante por un lado ceñirse a los hechos conocidos, separándolos de las atribuciones que se hacen sobre ellos. Es decir, desechar en la medida de lo posible los juicios de valor, las suposiciones sobre las motivaciones ajenas o las especulaciones subjetivas, terreno altamente resbaladizo. Por otra parte, realizar la distinción entre aquellas fuentes primarias, que son los actores directamente implicados —en este caso, Carlota, José María y el equipo del programa— y las secundarias —prensa digital y espectadores del programa— por ser la información de estas últimas indirecta y menos fiable.

La escena es por desgracia bastante clásica. Una pareja joven, constituida recientemente, acude a una fiesta donde beben más de la cuenta. Ella pierde el conocimiento y él la traslada del comedor a la cama del dormitorio, donde se introduce bajo el edredón, momento en que supuestamente abusa de ella mientras está inconsciente. El anfitrión les llama al orden pero Carlota no contesta y José María ignora el requerimiento. ¿Qué habríamos hecho si esta secuencia sucediera en una fiesta en nuestra casa?

¿Estamos seguros de que se está produciendo un abuso? Podríamos pensar que son pareja y que mejor no inmiscuirse, pero claro, ella parece estar indefensa y no se acaba de ver con claridad qué ocurre ahí debajo… ¿qué hacer? ¿Nos arriesgamos a intervenir en el momento? ¿Estamos equivocándonos al no hacerlo? Estos podrían ser algunos pensamientos relacionados con la complicación principal a la hora de detectar un abuso si no es muy evidente; la valoración temprana y ajustada de lo que vemos. No es uno de los menores el no saber si meteremos la pata: en recintos públicos como pueda ser un concierto o una discoteca, el conocido «efecto espectador» puede añadir aún más dudas o parálisis a la hora de actuar.

Con estos condicionantes, es sorprendente que en España no existan apenas protocolos de actuación en conciertos, eventos y festivales, situaciones homologables si tenemos en cuenta la habitual presencia de alcohol, el carácter público del recinto, así como la asistencia de parejas y grupos de jóvenes. Los pocos que se empiezan a elaborar ponen énfasis la importancia de estar pendiente de actitudes dudosas precisamente por estos factores de riesgo y la ambigüedad mencionada. Sea como fuere, el procedimiento genérico a seguir ante una sospecha razonable es la denuncia preventiva, que es lo que se hizo ante la Guardia Civil de Colmenar Viejo.

Después de que despertaran, se observa a Carlota actuar con normalidad, ignorante de lo ocurrido, lo cual sería coherente con un estado de inconsciencia en el que es imposible dar consentimiento para mantener una relación sexual. Gran Hermano decide, según su cuenta de Twitter, la expulsión de José María por conducta intolerable y el apartamiento de Carlota. En caso de encontrarnos ante un posible abuso, proteger a la víctima implica sacar al presunto agresor del recinto y trasladarla a un lugar seguro. Además de brindarle a esta última protección, privacidad y apoyo. La privacidad en este caso concreto se ve comprometida por tratarse de un concurso televisivo, por lo que proteger totalmente la intimidad de ambos implicados es un objetivo imposible. Sin embargo, la cadena trata de hacerlo en la medida de lo posible: no, ni Telecinco ni ningún medio tiene obligación de dar cumplida cuenta con pelos y señales de lo que está pasando al público si esto perjudica a terceros. Además de que proteger la privacidad de unas personas en tal situación pasa por encima de un supuesto derecho a la información en detalle o al puro entretenimiento. El programa no está en absoluto obligado a contarle a los fans todo lo que ocurre. Y no, tampoco aunque se sepan los nombres.

Finalmente, en zona segura y arropada por el equipo de psicólogos del programa, Carlota decide que no interpondrá denuncia. Esta opción, por sorprendente que nos pueda parecer a simple vista, es la potestad de Carlota y de cualquiera en su situación. Y aquí es necesario realizar algunas observaciones pertinentes en un país dado a judicializarlo todo: no denunciar no implica que el abuso no haya podido existir, ni que la afectada lo niegue. La mayoría de los abusos sexuales se cometen en el ámbito de la pareja o el entorno más cercano de la víctima y jamás llegan a un juzgado. La existencia de vínculos emocionales, las previsibles consecuencias penales para el agresor y la valoración del riesgo de desestabilización familiar o social son algunos factores que pesan a la hora de tomar una decisión así. Aunque los psicólogos recomendamos la denuncia, puesto que estamos ante un posible delito y también por el componente protector y reparador que conlleva, no podemos obligar a nadie a ponerla. Cualquier psicoterapeuta, especialmente si trabaja con problemas sexuales o de pareja, sabe que con alguna frecuencia aparece en consulta un episodio antiguo de abusos. Aquí radica la enorme dificultad de cuantificar este problema; en la gran cantidad de casos «silenciosos» que nunca salen a la luz.

Otro aspecto con el que hay que tener cuidado es la caracterización de la víctima: sufrir un daño no nos convierte en seres desvalidos que no pueden pensar por sí mismos. Carlota tiene sus razones para decidir lo que decide, que solo conoce ella. Si bien se le pueden indicar los posibles beneficios de una denuncia, la última palabra es suya y debe respetarse. Aunque implique que la denuncia interpuesta por el programa no prospere. Y por supuesto, es una decisión personal en la que se representa a sí misma, y no hablando en nombre de un supuesto colectivo de mujeres abusadas. Demasiada responsabilidad sobrevenida y por descontado no solicitada sobre sus hombros.

Otra decisión que el programa deja en manos de Carlota, poniéndose a su disposición, es la de volver a incorporarla al concurso. Efectivamente se podría considerar un perjuicio añadido para ella sacarla del programa contra su voluntad, por lo que de nuevo queda a su albedrío. Es importante hacer notar que otra vez la productora se conduce según las recomendaciones habituales: separar y proteger a la víctima, ofrecerle soporte psicológico y darle opciones para la reparación del daño, un aspecto esencial psicológicamente hablando.

En los días que median entre el apartamiento y la reincorporación de Carlota, tiene lugar mientras tanto un aluvión de noticias en prensa digital que se inicia con el filtrado de la denuncia a El Confidencial, desatándose todo tipo de especulaciones. Que incluyen diversas informaciones dudosas o probablemente falsas, dándose el esperpéntico caso de un artículo rectificado en El País que habla del visionado por parte de la Guardia Civil de unas imágenes que a la vez afirma no haberse entregado nunca, o indicaciones de que Carlota habría negado los hechos según el diario El Mundo. La amplia mayoría de los textos parecen apuntar a la inexistencia del abuso, o la connivencia entre Carlota y el programa en función de oscuros intereses, por supuesto sin confirmar. A partir de aquí se desatan los primeros juicios de valor en esa Plaza Mayor llamada Twitter, juicios basados en información de segunda mano y de dudosa verificación. Juicios que además son altamente lesivos para la posible víctima. Es procedente aquí la comparación con el caso Weinstein en los Estados Unidos: mientras en España se pone en duda la versión de Carlota, allí nadie cuestiona las declaraciones de las actrices. Se toman como ciertas hasta que se demuestre lo contrario. Precisamente para evitar deformaciones como las comentadas es por lo que los protocolos de protección existen: para aislar a los implicados de comentarios agresivos, insultos y vejaciones por redes sociales. No es extraño que la concursante pida disponer de una plataforma mediática para explicarse; nos encontramos ante una lógica necesidad de reparación.

Llama la atención la reacción de los medios digitales tras el programa en que Carlota vuelve a la casa y explica a sus más allegados —y a toda la audiencia— su vivencia. Se le atribuye a ella y al programa una manipulación, la posible explotación del incidente en aras de conseguir audiencia, ganar el concurso, etcétera. El contraste con la realidad de la actuación de los responsables del programa no resiste el análisis: la intervención de Mediaset en todo el asunto se limita a unos cuantos tuits informativos, un desmentido oficial y un espacio de quince minutos solicitado por Carlota a su vuelta a la casa en un programa de más de cuatro horas. Ni los extensos especiales, ni los debates al uso en Telecinco, información mínima. Por el otro lado, tenemos más de trescientos artículos de prensa digital valorando negativamente la conducta de la cadena y de rebote de la concursante. Que sufre un linchamiento colateral en las redes, en lo que parece un nuevo brote de culpabilización de la víctima, un fenómeno con muchas facetas y la alargada sombra del machismo detrás.

Esta disonancia entre hechos y valoraciones probablemente responda a un arraigado sesgo cognitivo: dada la fama de Mediaset de frivolizar asuntos íntimos y ser muy laxa en cuanto a límites en sus shows de entretenimiento, se ha aplicado de forma automática un prejuicio en un caso en el que paradójicamente su actuación ha seguido los pasos recomendados a la hora de atender este tipo de situaciones. Teniendo en cuenta además el alto grado de dificultad que conlleva que ocurra en abierto y en directo (modalidad no siempre fácil de controlar, como la mítica intervención de Arrabal en La Clave ejemplifica), con el consiguiente compromiso de la intimidad. Sería deseable que este resultado abriese un debate social sobre cómo es posible que tomando un medio de comunicación decisiones adecuadas, la reacción en conjunto sea tan hostil. Cabría preguntarse por otra parte por las causas del ejercicio de irresponsabilidad que comporta la difusión por internet de información sin contrastar mezclada con atribuciones de intenciones sin mayor fundamento que la adivinación de pensamiento, especialmente teniendo en cuenta que pueden dañar a una persona real, como así parece haber sido. Por último, parece ponerse en evidencia la necesidad de mejorar los procedimientos de detección e intervención, unificándolos y refinándolos, en vista de las enormes dificultades de valoración de estos sucesos.

En conclusión, por lo que al campo de los abusos sexuales se refiere, por mecanismos muy similares a los descritos, la mayor parte de los mismos acaban resultando invisibles y no se denuncian, dado que ocurren dentro de la pareja o en el entorno familiar cercano. Las víctimas pueden resultar culpabilizadas por multitud de factores, no en vano son pruebas vivientes de que el orden social no es tan idílico como la «normalidad» prescribe. Se han hecho avances en este sentido pero por lo visto aún falta un camino que recorrer. Al tratarse de un ámbito tan privado y complejo, se hace imprescindible una labor educativa que pueda provocar un cambio de actitudes en una buena parte de la población masculina; para disfrutar de unas relaciones sexuales satisfactorias para todos es imprescindible el consentimiento mutuo.

Mientras este proceso de cambio de mentalidad tiene lugar, también hay que cuestionar si no sería hora de subsanar la ausencia de protocolos de actuación aplicables a los medios de comunicación audiovisual y digitales en el tratamiento de este tipo de situaciones, pensando sobre todo en la protección de los afectados dada la situación de exposición pública. Quizá es el momento de consensuar el tratamiento mediático de los posibles casos de abuso pensando en el inmenso daño que su repercusión a gran escala pueden causar.