Los políticos nunca volverán a soñar por nosotros

Nada terminó en junio de 2011 aunque hayan pasado los años, aunque las lonas que albergaron los sueños y las pesadillas lúcidas se hayan deshecho en las papeleras. Aunque hayan abierto una gloriosa macrotienda de Apple muy cerca de donde había germinado una yedra gigante de pancartas de protesta que envolvía toda la marquesina de la estación del metro: los indignados la llamaron Plaza Solución y los políticos la bautizaron en 2013 con el nombre de Vodafone-Sol. Sobre los vidrios de aquella marquesina se leían jirones de optimismo, de ira, de brutalidad y de poesía. Eran los sueños de una generación hecha pedazos, los pedazos de una generación llena de sueños. Era un bostezo de euforia y cólera en un descampado de asfalto que parecía haber enterrado cualquier esperanza de cambio en España. Era la indignación frente a la resignación y la furia, la euforia y el megáfono frente a la tristeza, el silencio y el miedo.

Necesitaban canalizar toda esa energía y transformarla en algo más. Debía convertirse en leyes que castigasen a los culpables de los abusos que la sociedad estaba sufriendo, en instituciones que premiasen a los políticos honestos frente a los que veían en el Parlamento un sucedáneo de Wall Street. Rechazaban que la melodía de su enfado y optimismo se quedase en algo instrumental: más allá de sonar bien, anhelaban una fortísima voz colectiva que hablase de medidas concretas, reformas concretas y soluciones.

Estaban convencidos de que esas soluciones no las encontraría nadie en particular; iban a hallarlas entre todos y las comunicarían masivamente para que otros indignados, quizás a miles de kilómetros de las plazas, pudieran estudiarlas, refutarlas, enriquecerlas o aportar las suyas. Antoni Gutiérrez-Rubí, consultor de comunicación, mecenas, amigo y animador en jefe de algunas de las plataformas para mejorar la democracia que salieron del 15M, dibuja en una entrevista desde la República Dominicana lo que infundieron a una generación entera las acampadas. «Ellos sentían que sí se podían cambiar las cosas y que existía por fin la tecnología que les ayudaría a materializar sus sueños… Dejarían de existir las masas amorfas en política y se convertirían en una inteligencia colectiva capaz de cuestionar y controlar a los líderes». En definitiva, recuerda, llevarían «la idea de la colaboración y la cooperación hasta el extremo» y con ello redefinirían lo que entendemos por democracia representativa.

Hoy empieza todo

Por eso, y gracias a la experiencia acumulada por los miembros de asociaciones y movimientos cooperativos, se decantaron rápidamente por un sistema asambleario con un fuerte ingrediente tecnológico. Por eso y porque aspiraban a demostrar que con más democracia era más fácil llegar a consensos, colmar las expectativas de la mayoría y fomentar el aprendizaje continuo y la participación de todos. Estaban allí no solo para acabar con el sistema, sino también para demostrar que ellos eran la alternativa. Cientos de personas se sentaron en la calle dispuestas a no levantarse hasta que se pusieran de acuerdo. ¡No podía ser tan difícil! Ellos sentían que representaban a la inmensa mayoría de la sociedad que buscaba el consenso y la justicia frente a una codiciosa minoría de políticos y empresarios que explotaban la división para enriquecerse. Ser de izquierdas o de derechas no era lo importante. Lo importante era tener sentido común y reconocer que todos podían y debían aprender algo del resto. Especialmente, los más militantes.

Al fin y al cabo, la propia polarización política solo servía para dividir y enfrentar a una población arrasada por el paro y la crisis. Para ellos, era una forma de hacer la guerra y los negocios por otros medios con la venia, eso sí, de una prensa y unos jueces con muchas presiones y muy pocos recursos para resistirlas. También ayudaba la inexistencia de verdadera transparencia, participación y control de los ciudadanos sobre las decisiones de la Administración. Era un sistema ideal para el corrupto, porque permitía hacinar cada vez más cadáveres bajo las aparentemente superpobladas alfombras de los edificios oficiales mientras se reducían los testigos a un puñado de funcionarios y altos cargos y se evitaba, además, que docenas de periodistas y magistrados encontrasen la valentía y el tiempo necesarios para escuchar a las gargantas profundas que filtrasen o denunciasen los delitos. O así lo veían ellos.

David Cabo, fundador de Civio en 2011, un híbrido entre medio de comunicación y plataforma protransparencia, reconoce haber pasado días en Sol intentando explicar la necesidad de iniciativas que abriesen los cajones públicos a los ojos y la colaboración de todos. Está convencido de que la idea general caló entre gente pero descarta que la mayoría comprendiese realmente lo que hacía falta para desarrollarla. Por eso, afirma, el poder político fue capaz de aplacar su ira con medidas superficiales como «publicar los salarios y patrimonios de los alcaldes». España no tendría su propia ley de transparencia hasta 2013, el plan de acción que presentó el Ejecutivo para abrir las políticas públicas a los ciudadanos en 2012 recibió duras críticas por su falta de concreción y en 2014 fue el organismo internacional de referencia el que avisó a España de que no estaba cumpliendo sus compromisos. Según un estudio reciente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, «el 81,4% de la ciudadanía reclama nuevos canales para incrementar la participación» y «el 75% de los encuestados creen que la transparencia mejoraría la confianza en el Gobierno».

Billete de ida al s. XX

Muchos sentían que las cartas de navegación de las grandes ideologías se habían convertido en una reliquia en la era del GPS y Google Maps. Al fin y al cabo, espoleaban la división y ofrecían más preguntas que respuestas a unos indignados sedientos de soluciones concretas y específicas, algo que, como recuerda Arnau Montarde, experto de la UOC en la tecnopolítica del 15M, «habían absorbido de la ética hacker». Era un nuevo mundo, una nueva generación que, cabalgando a lomos de la tecnología, arrancaría de cuajo los privilegios del Gobierno, de los cortesanos del bipartidismo y de las grandes empresas que habían vivido al calor del Estado. Creían que el sentido común se impondría rápidamente, que las propuestas no tardarían en aprobarse y que la sociedad a la que representaban las secundaría naturalmente una vez que los medios dejasen de manipular lo que se decía en las acampadas. El diálogo abatiría los muros de incomprensión que separaban a votantes de derechas e izquierdas y el control de la información que salía de las plazas marcaría la agenda de las principales televisiones y cabeceras. Las discrepancias irreconciliables se convertirían en debates de alto voltaje, interesantes negociaciones y, al fin, en consensos unánimes llenos de reconciliación. Esta primavera española tomaría sin violencia el Palacio de Invierno.

La realidad de las plazas enfrió con el paso de los días y de las noches sin dormir aquella primera sensación de que todo iba a precipitarse como un espectacular dominó. Las asambleas se alargaban indefinidamente hasta el punto de que se volvían cada vez menos representativas, porque los que tenían que trabajar durante el día o tiraban la toalla después de docenas de horas de discusión las abandonaban progresivamente. Los que no se marchaban eran normalmente los más activistas, que eran los mismos que no veían ventaja alguna en pactar si eso les exigía renunciar a parte de sus ideas. La esclerosis invadía las arterias de la revolución, los que representaban las viejas ideologías que se creían superadas parecían estar cada vez más al mando y su experiencia en otros movimientos asamblearios les permitió convertirse en una formidable minoría de bloqueo que, con el paso de las semanas y el abandono de cientos de indignados, se hacía cada vez más fuerte e influyente.

Para muchos la situación resultaba paradójica, pues eran los activistas quienes habían capitaneado las acampadas, organizado por primera vez las asambleas, resistido con valentía los desalojos de la policía durante esos primeros días llenos de incertidumbre y soñado con un movimiento transversal que derribase un sistema injusto. No tenía sentido que fueran ellos los que acabasen, voluntaria o involuntariamente, con la vitalidad y la diversidad de las concentraciones hasta convertirlas en uniformes y estériles bloques de cemento. Ellos lideraron muchas veces la emigración y supervivencia del 15M en los barrios y se encontraban entre los que, en un ejercicio de no violencia que pocos olvidarían, se limitaron a votar la posible disolución de la acampada de Sol mientras las fuerzas de seguridad los desalojaban arrancándolos del suelo. Así fue el domingo 12 junio, el final de las concentraciones en Madrid (las de Barcelona se extendieron una semana más), y había llegado el momento para muchos de asimilar y construir rápidamente sobre lo que habían aprendido. Lo que para miles de ellos había empezado desafiando una jornada de reflexión, la del sábado 21 de mayo, terminaría por el momento con otra jornada de reflexión que cumplirían religiosamente durante semanas. ¿Qué había salido bien? ¿Qué había salido mal? ¿Cómo ayudarían a mejorar la democracia con lo que había salido bien y mal?

Los fundadores de la plataforma tecnológica Incoma, Carlos Barragán y Miguel Arana, tenían muy claro que las asambleas habían cumplido una función esencial. La gente había aprendido a discutir con respeto, a escucharse entre sí con independencia de la ideología que tuviera cada cual y a apreciar la enorme dificultad que implicaba llegar a un consenso. Cierto, recuerda Miguel, «no fueron eficientes si las miras atendiendo a los resultados», pero afirma sin dejar que nadie le interrumpa: «Fueron completamente necesarias porque nos enseñaron a negociar, a compartir emociones y a ver que la mayoría, cuando habla en detalle de las cosas, puede ponerse de acuerdo sea de izquierdas o derechas». «Sin ellas no hubiera habido un movimiento transversal y hoy probablemente no existiría el 15M».

Examen de conciencia

¿Qué había fallado? Para ellos, el gran obstáculo había sido que las asambleas cada vez representaban menos sensibilidades políticas y a menos personas con nombres y apellidos. Dicho de otra forma, miles de indignados abandonaban las concentraciones en la calle porque o no tenían tiempo de discutir allí durante horas o se sentían hastiados frente a la lentitud con la que se acercaban a un consenso que nunca terminaba de llegar (muchos de ellos culparon de eso a los más activistas). Además, algunas de las herramientas tecnológicas que abrazaron con tanto entusiasmo al principio, recuerda Barragán, deprimieron las ganas de participar con el paso de las semanas. Según él, «los espacios donde se colgaban las propuestas no distinguían entre lo viejo y lo nuevo, algo que hacía que la gente entrase cada vez menos porque pensaban que lo habían visto todo, y una de las principales redes sociales (N-1) que se utilizaban para elaborar textos colectivos daba errores importantes hasta el punto de que algunos documentos no se podían encontrar con el buscador».

Carlos y Miguel forman parte de LaboDemo, el organismo que mece la cuna de Plaza Podemos, una réplica virtual, corregida y aumentada de lo que eran aquellas asambleas. Allí se pueden compartir noticias, subir vídeos, hay políticos que se ofrecen a que les hagan entrevistas colectivas, se habla de sentimientos y se lanzan propuestas que pueden votarse al igual que los comentarios más destacados. Para mantener la frescura de los contenidos, se destacan los nuevos sobre los antiguos y para que nadie se pierda, se envía un boletín semanal con las cinco cuestiones más relevantes que se hayan tratado y se publican síntesis de los temas donde se comparan las distintas medidas políticas que diseñan o recomiendan los usuarios.

Plaza Podemos se sostiene principalmente sobre los cimientos de Reddit aunque los fundadores de Incoma creen que su software, si se incorpora como esperan a medio plazo, multiplicará las posibilidades de interacción y permitirá aprovechar mejor toda la inteligencia colectiva. Otra de las ideas que han ofrecido a la ejecutiva de Podemos es añadir a este foro la funcionalidad de una gigantesca urna: quieren que las propuestas más populares puedan terminar convirtiéndose en lo que tengan que defender los líderes. Ellos aspiran a una «verdadera democracia directa» y no están dispuestos a renunciar a ese sueño.

Fueron testigos en Sol de cómo los más activistas y militantes intentaban imponerse a los demás y dificultaban cualquier acuerdo. Miguel Arana cree que hasta ahora han conseguido evitar una reedición de ese peligro gracias a que sus aportaciones rara vez se encuentran entre los comentarios más votados (por lo que, al final, casi nadie los lee) y a que han empezado a utilizar el software Loomio, un hijo legítimo del colectivo Occupy de Nueva Zelanda, para «evitar que los supuestos líderes, los pesados, los activistas o, en definitiva, los que más hablan conduzcan las asambleas y terminen imponiendo su criterio». Por supuesto, han renunciado a la regla de la unanimidad que imperaba en Sol o plaza Cataluña para que no exista una minoría subatómica de bloqueo. Así creen que han neutralizado las ansias de notoriedad de muchos militantes, su capacidad para frenar en seco los deseos del resto con un solo voto y una elocuencia que les permitía vencer en las discusiones sin convencer realmente a la mayoría. Otra ventaja de Plaza Podemos frente a lo que se vio, por ejemplo, en Sol es que allí nadie tiene por qué escaparse del trabajo o dejar a los niños con los abuelos para sentarse en la calle a discutir sobre política. Pueden hacerlo cuando quieran desde sus casas.

Votad, votad malditos

Además de LaboDemo, Podemos también está contando con AppGree y Ágora Voting. La primera es una aplicación de la empresa del mismo nombre que se hizo popular cuando la utilizó Gran Hermano para que su audiencia votase durante el programa de televisión desde sus teléfonos móviles. Juan Morán, su CEO, asegura que alcanzan una precisión del 100% con preguntas cerradas (cuando existen, por ejemplo, dos o tres respuestas válidas) y que en las preguntas abiertas (cuando no hay respuestas prefijadas y se hace un ranking con las que más han gustado a la audiencia) su margen de error de media es inferior al cinco por ciento. Morán se ha comprometido a establecer en 2015 el calendario para liberar el código «para que cualquiera pueda verlo y entender de dónde salen los resultados de las votaciones y respuestas». En principio, no quiere «liberarlo» para que lo utilicen otros desarrolladores de software. AppGree, aunque nació en 2011 desde la convicción de que la política y las empresas tenían que multiplicar la participación de ciudadanos y clientes, «es una aplicación que es un medio, no un mensaje». Y mucho menos, advierte, un mensaje político.

Los fundadores de la empresa Ágora Voting, Eduardo Robles y David Ruescas, tomaron buena nota de otro problema en las asambleas que podía corregirse y lo identificaron rápidamente, porque llevaban casi dos años dándole vueltas a una idea. Hacía falta un sistema seguro y transparente que garantizase la legitimidad de las votaciones. Ese artilugio también podría conectar directamente algún día a los representantes parlamentarios con los ciudadanos y hacer que los primeros sometieran la orientación de sus votos a la decisión de la mayoría en tiempo real. Es exactamente lo que había propuesto el Partido de Internet en 2009, que no logró nunca escaños en las elecciones, y ellos, Eduardo y David, se lanzaron a hacerlo posible desligando su software de la fracasada formación política para poder ofrecer sus servicios a todas las demás. Pusieron a prueba su primer prototipo con el referéndum para mejorar la democracia que las huestes del 15M celebraron el 15 de octubre de 2011.

Desde entonces han tenido nuevas oportunidades para afinar una herramienta que, a diferencia de los recién nacidos, se ha visto forzada a pasar de un torpe gateo a correr una maratón y dar un triple salto mortal con tirabuzón durante sus primeros tres años de vida. En 2013, Compromis-Equo sometió la orientación del voto de su parlamentario nacional sobre la ley de transparencia y la ley del sector eléctrico a la decisión mayoritaria de los usuarios de la plataforma. Ya en 2014, Podemos y la Confederación Pirata la utilizaron para elegir a sus candidatos al Parlamento Europeo, canalizaron ochenta mil votos durante el referéndum oficioso sobre la continuidad de la monarquía en España y dieron soporte a las primarias de Izquierda Unida en Andalucía. ¿El siguiente paso de este velocista en pañales? Han lanzado una campaña de crowdfunding para poder ofrecer su sistema a todos los partidos que lo necesiten para celebrar sus primarias en 2015.

La forma en la que los acontecimientos se han precipitado ha hecho que el sistema de  dé fallos en ocasiones como ocurrió en los comicios que convocó la Confederación Pirata. Han reconocido desde entonces sus errores, han intentado introducir mejoras, aportan pruebas matemáticas de que el proceso se ha llevado a cabo como estaba previsto y, finalmente, los votos ya no solo están cifrados para que nadie conozca la identidad de su titular, sino que este posee un localizador para consultar cuando quiera «la papeleta» y han abierto el recuento a otras organizaciones para que lo verifiquen mediante el mismo software que se empleó en las elecciones parlamentarias de Noruega en septiembre de 2013. Aunque hasta la fecha no han sufrido ataques informáticos, David Ruescas ha intentado investigar y adoptar la criptografía más avanzada que podían permitirse para evitar que alguien se cuele en el sistema para tumbarlo o manipular sus resultados.

La democracia no solo es votar

A pesar de su importancia y complejidad técnica, una votación transparente y verificable no dice nada sobre los debates previos, sobre las concesiones que han aceptado los negociadores y sobre la potencia de fuego de los grupos de interés. Tampoco permite que los ciudadanos presionen, por ejemplo, a los parlamentarios y les hagan propuestas y preguntas concretas a lo largo y ancho del proceso por el que una buena o mala idea termina convirtiéndose en ley o en ordenanza municipal.

Kuorum, la empresa de Matías Nso, Iñaki Domínguez y José María García, quiere llenar en parte este vacío. Su idea es que los usuarios de su plataforma, que ya ha recibido la distinción de GameChanger 2014, puedan proponer modificaciones a las regulaciones que ya han sido aprobadas en los ayuntamientos o en el mismo Congreso de los Diputados, interactuar con unos legisladores y ediles que pueden apadrinar sus enmiendas y, fruto de ese contacto, influir en las decisiones que toman sus representantes. La ilusión de crear este proyecto surgió cuando trabajaba para un gigante internacional de la energía en España y comprendió que «dedicaba mucho tiempo a elaborar argumentos que favoreciesen a mi empresa para que luego los utilizase el lobby del sector, UNESA, frente a los reguladores». «Decidí que no podía seguir colaborando con una maquinaria que no respondía a las necesidades de consumidores y pymes, es decir, de la gente».

También había otro elemento que puede resultar abstracto y grisáceo hasta que siega toda una trayectoria profesional construida con esfuerzo: la falta de seguridad jurídica. Los recortes que han acumulado las renovables desde 2012 dejaron sin empleo a Nso, jefe de proyecto de una planta solar térmica. El Gobierno había cambiado las reglas del juego a mitad del partido con la idea de reducir el gasto y reordenar el sector eléctrico. Los grandes inversores se sintieron engañados, han reclamado más de mil millones de euros de indemnización al Estado español, y muchos pequeños inversores lo perdieron prácticamente todo. ¿Habrían cambiado sin pestañear las normas si hubieran contado con la opinión y las ideas de sus posibles víctimas a través de una plataforma como Kuorum?

Matías, que cobra el paro en estos momentos mientras intenta convertir su idea en una fuente estable de ingresos, ha vendido su coche para dedicarle aún más recursos y ha captado la atención y la participación de los primeros parlamentarios, entre ellos el diputado nacional del PP Gabriel Elorriaga o los diputados regionales de Andalucía Enrique Benítez (PSOE) y de Cataluña Carles Campuzano (CiU). Como la acogida ha sido mayor entre los concejales, la alcaldesa del Partido de Vecinos por Torrelodones Elena Biurrun se ha apuntado a la aventura, van a empezar a cobrarles por sus cuentas para hacer la plataforma sostenible. Poseen ya más de mil usuarios, dos regulaciones han alcanzado una participación considerable (una relacionada con la movilidad sostenible y otra sobre el comercio de animales domésticos) y ahora se están empezando a plantear la posibilidad de que los representantes públicos no solo publiquen las leyes en las que participan sino también las ponencias. Hay que colocar la lupa sobre todo lo que ocurre antes y durante la aprobación de unas normas que nos afectan a todos.

De cámaras y lupas

Esa es justamente la misión de Qué Hacen los Diputados, Graba tu Pleno y Proyecto Avizor. Qué Hacen los Diputados es el fruto del esfuerzo de la periodista Vicky Bolaños, su compañero de acampada en Sol, Samuel Jurado, la psicóloga Paloma Conteras y Pablo Medina, un granadino al que conoció mientras elaboraban juntos una hoja de cálculo colaborativa durante el 15M. Dos años después, en mayo de 2013, lanzaron la herramienta con la que empezaron a informar sobre los salarios, el perfil, los votos y, en la medida de lo posible, la agenda pública de cada representante.

Bolaños ha sido corresponsal parlamentaria de un medio nacional en Baleares. Allí fue donde aprendió «lo importante que es la transparencia, la falta de información que tenemos sobre la mayoría de las cosas que ocurren en las grandes instituciones y lo ciegos que estamos ante la labor de los lobbies». Su iniciativa solo fue al principio una cuenta en las grandes redes sociales, en Twitter superan ampliamente los 23.500 seguidores, pero gracias a los recursos que captaron en una campaña de crowdfunding y a muchas horas de trabajo voluntario han ido haciéndose un hueco en el ciberespacio con su página Web.

Graba tu Pleno por su parte es una iniciativa que busca esa misma transparencia pero en el nivel de la política local. Félix Moreno, propulsado por la ola del 15M, intentó grabar el pleno del Ayuntamiento alicantino de Ibi, su pueblo. Las fuerzas de seguridad, siguiendo las órdenes de los ediles, le pusieron muchas trabas hasta el punto de que Moreno los denunció y ganó el juicio. Desde ese momento, se unieron al proyecto y ayudaron a completar la Web que se había creado nuevos miembros como, por ejemplo, Óscar Galiardi en Mojácar, hasta llegar a las quince personas que son hoy.

Algo tan aparentemente simple e inofensivo como encender la cámara del teléfono móvil en un acto público con la idea de difundir el resultado en una página Web puede resultar violento. Macarena Amores, de la pequeña población sevillana de Espartinas, recuerda que va sin desayunar porque le da miedo «vomitar por los nervios y la tensión» y que sus amigos entre los policías municipales «se cambian los turnos» para no ser ellos los que tengan que presionarla en el consistorio. Mario Cuéllar, concejal de la localidad de Pelayos de la Presa en Madrid, reconoce que «el alcalde, después de ocho años como concejal y de aguantar graves insultos, ha amenazado con echarme de la sala si vuelvo a grabar». Mario es meteorólogo de profesión, tuvo que marcharse durante la crisis como cocinero a Reino Unido y sigue asistiendo a gran parte de los plenos en avión aunque percibe solo cuarenta y cinco euros por hacerlo.

El Proyecto Avizor es una plataforma afiliada al centro de estudios CIECODE de la Fundación Salvador Soler que rastrea todos los debates y votaciones parlamentarias sobre la lucha contra la pobreza internacional y, desde finales de 2014, también la nuestra, la que deambula entre miseria por los comedores sociales y las casas de acogida de nuestro país. Alba Gutiérrez impulsó el nacimiento de esta idea en 2012, tan solo un año después de vivir en primera persona la Primavera Árabe mientras realizaba sus prácticas en la Universidad Americana de El Cairo. Descartaron hacer un seguimiento de las decisiones del Gobierno, porque necesitaban concentrar sus pocos recursos en el lugar donde se aprobaban los presupuestos y porque consideraban que su labor de lobby chocaría con un muro de silencio en los jardines del Palacio de la Moncloa, bien insonorizados por la abrumadora mayoría absoluta que consiguió Mariano Rajoy en noviembre de 2011.

Para ello analizan y exprimen el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Luego evalúan y puntúan todo el contenido sobre pobreza, recuerda Alba, «teniendo en cuenta si son brindis al sol sin mayores consecuencias, si aportan valor añadido porque son ideas o posturas novedosas, si favorecen el desarrollo internacional, si demuestran la coherencia del político y si este ha justificado su postura recurriendo a políticas de desarrollo». Cuando se refieren a la lucha contra la pobreza, van mucho más allá de los clásicos fondos de cooperación y fijan su atención también en cuestiones como la fiscalidad internacional, el daño que provocan las medidas proteccionistas sobre los países desbordados de miseria o el comercio mundial de armas.

Algunos hombres buenos

A Alba Gutiérrez le gusta apuntar que el Proyecto Avizor no está solamente para castigar a los cargos públicos que son indiferentes a las necesidades de los que no tienen nada. De hecho, afirma, «además de presentar un informe anual, damos un premio al diputado más responsable y nuestras evaluaciones son críticas, es verdad, pero también constructivas». No cree que todos los representantes de los ciudadanos lo sean para enriquecerse o para salir en la foto mientras dan la espalda, a veces con sutileza y a veces sin ella, a los deseos y aspiraciones de quienes los han elegido. Quizás el sistema no les permita a muchos ser de otra manera; quizás docenas de personas honestas estén cargando con el lastre de una fama inmerecida.

Un aspecto básico de cualquier sistema que favorece a los que hacen trampas es el marco de incentivos. Las instituciones, diseñadas o no con esa voluntad, pueden tender a pasar por alto los abusos, a recompensar las mentiras en campaña electoral o a configurar una clase política encerrada en sí misma y rodeada por grandes empresas que engordan sus balances a base de contratos públicos adjudicados a dedo. En esas circunstancias, la pasividad puede tener mérito y actuar correctamente implica aceptar unas grandes probabilidades de fracaso mientras los vecinos de despacho y coche oficial que sí saben cobrar comisiones pagan mejores colegios y proporcionan una vida mejor a sus familias. El día que la política los deje por otro más joven, les esperará más allá de la puerta giratoria un coche financiado por la empresa a la que favorecieron. Es más fácil saltar con red. Con una tupida red de contactos agradecidos.

El colectivo Politikon, que lanzó su web en enero de 2011 y surfeó la enorme ola del 15M hasta convertirse en una referencia para miles de personas, ha identificado una y otra vez el esquema de incentivos perversos que fomentan la corrupción de los partidos y deprimen la participación de la gente en la vida pública. A pesar de que le deben a Internet su notoriedad y su influencia, Jorge San Miguel, miembro de la plataforma desde el principio, reconoce su escepticismo ante cualquier solución tecnológica para los grandes problemas políticos: «Hay que rebajar las expectativas de todas las medidas que no pasen por reformar y corregir las carencias institucionales que han multiplicado el efecto de la crisis económica». Le preocupa también que los españoles caigan en el grave error de olvidarse de las reformas «en cuanto volvamos a crecer con fuerza y a crear empleo», aunque reconoce que «esto es difícil con una recuperación tan lenta como la que anticipan los economistas». Los miembros de este colectivo no quieren ni oír hablar de que los jóvenes vuelvan a dar la espalda a la política, porque creen que estarían dando la espalda no solo a la fuente de los problemas, sino también a la de las soluciones.

Y sus soluciones pasan por «reducir los fondos discrecionales», porque pueden utilizarse fácilmente desde cualquier organismo oficial para comprar lealtades o devolver favores. Al mismo tiempo, matiza Jorge San Miguel, «hay que favorecer la existencia de los chivatos que se atrevan a denunciar las malas prácticas» de las que son testigos o en las que quizás estén implicados directamente. También resulta fundamental que los funcionarios, es decir, los técnicos asuman más competencias frente a los cargos de libre designación y que no se pueda prescindir de sus recomendaciones o relegarlos con la misma facilidad que ahora. La burocracia haría entonces de contrapeso a las ambiciones y deseos de un ministro sediento de conceder grandes contratos públicos que tal vez supongan un gasto innecesario o estén sometidos a unas condiciones que abran el abanico a un sinfín de irregularidades cuando llegue el momento de adjudicarlos.

Había un tercer elemento que dominaba los debates de las acampadas del 15M además de la corrupción y de la tórrida aventura que protagonizaban entre sábanas las grandes empresas, bancos y gigantes de las infraestructuras e inmobiliarias sobre todo, y una Administración que las regaba supuestamente con contratos a dedo, aeropuertos hacia ninguna parte y regulaciones a la carta con menús de cinco tenedores. Ese tercer ingrediente era el perfil de la clase política, lo que Podemos llamaría después «casta», y ahí es donde Politikon también ha puesto su foco para dar la voz de alarma sobre «el excesivo número de funcionarios» que la pueblan, la forma en la que «los partidos han colonizado la sociedad» y la necesidad de introducir «mecanismos que incrementen la competencia interna y la externa» como pueden ser, por ejemplo, las primarias. O se reconduce esta deriva, apunta Jorge San Miguel, «o resultará difícil que la gente se anime a participar en la política» como votantes, sí, pero también como candidatos.

Todos tenemos un precio

Los creadores de «D€mocracia» ofrecen una clase práctica en incentivos perversos y calculan que un 70% de los que participan en su popular juego de mesa utilizan las malas artes que ofrecen sus reglas precisamente porque es la mejor forma de ganar la partida. Entre ellas destacan la posibilidad de comprar jueces para garantizar una sentencia favorable (los magistrados tienen, por definición, muy pocos recursos para investigar en este juego), disponer de un fondo de reptiles para mantener a raya a los periodistas deslenguados y, por supuesto, financiarse ilegalmente (la vía legal es mucho más lenta) para pagar todas las facturas que, con unas cloacas hiperactivas y saturadas, al final terminan desbordándose. Miguel Santander, Carlos Martín Guevara y Raúl Heredia reconocen que se inspiraron en febrero del año pasado en el enorme revuelo que desataron los papeles de Luis Bárcenas, el extesorero del Partido Popular que publicó la supuesta contabilidad en negro de la formación que lidera Mariano Rajoy.

Detrás de toda la diversión que son capaces de servir en bandeja de plata los muñidores de «D€mocracia» se esconden unas preguntas que pueden resultar inquietantes. Miguel cree que el jugador debe pensar «hasta qué punto no es lógico y previsible que los políticos se corrompan si las normas lo favorecen». Las otras dos las formula directamente Carlos Martín Guevara, uno de los dos especialistas en neurociencia que mueven los hilos de este juego: «Debemos plantearnos si nos importa más ganar o hacer bien las cosas y si nuestros valores tienen un precio o no lo tienen». Cuando presentaron su proyecto hace pocas semanas en la Feria de Juegos de Mesa de Córdoba, «los padres se llevaban a los niños de diez a quince años para que no lo vieran y los dejaban delante de otros que prometían guerras espaciales, es decir, violencia». Raúl Heredia trabaja ahora mismo en el Children’s Hospital de Washington, donde intenta ayudar a los más pequeños en su lucha contra la distrofia muscular, un grupo de enfermedades que no tienen cura y que debilitan progresivamente los músculos hasta paralizarlos en el peor de los casos.

Arnau Montarde, experto de la UOC en la tecnopolítica del 15M, cree que el nivel de innovación y creatividad que ha desatado la indignación sobre todo desde 2011 «es espectacular y ha atraído la mirada de muchos países en todo el mundo». Antoni Gutiérrez-Rubí, con más de tres décadas de experiencia profesional a sus espaldas desde que fundó su empresa con dieciocho años para rastrear nuevas tendencias, asegura que no había visto una lluvia semejante de iniciativas para mejorar la política desde los años setenta, es decir, desde que su generación y la de sus padres trajeron la democracia a España. Ahora otra generación ofrece su ira, su optimismo y sus recetas convencida como muchas antes que ellos de que saben cómo cambiar el mundo para siempre.

Cuentan para eso con el apoyo de buena parte de la sociedad, que, según los sondeos del Instituto Nacional de Estadística y los del Ministerio de Industria, Energía y Turismo,  está cansada de la corrupción, el abuso, la falta de transparencia y una insuficiente participación en las decisiones de los funcionarios y los legisladores. Cansados pero quizás no vencidos por el cansancio, furiosos pero sin ceder metros ante un pesimismo que proyecta su sombra de frustración entre los escombros del paro, los desahucios, la caída de los salarios o, simplemente, la sensación de que nada puede enderezarse en el reino y paraíso del Lazarillo de Tormes. Y, sin embargo, llevan más de tres años preparando plataformas que pueden cambiarlo casi todo y que, por encima de todo, los han cambiado a ellos. Acamparon como indignados. Han despertado ahora como emprendedores de sueños. Les queda todo el día por delante.

Este ensayo forma parte de La Empresa de la Indignación, el ensayo del periodista económico Gonzalo Toca que publica Jot Down Books dentro de su serie 10K que se puede descargar aquí