Crónicas de la Mafia (VII): Protocolo Mariposa

Antes de nada, un poco de contexto histórico, porque la idea de fondo de estas líneas es que en Italia siempre ha habido un entendimiento a alto nivel, que puentea toda legalidad, entre los despachos oficiales, algunos de sus agentes secretos menos presentables —deviati, desviados, se les llama— y los capos mafiosos. El denominado Protocolo Mariposa (Protocollo Farfalla), descubierto ahora, aunque se sospechaba desde hace dos años de su existencia, es el último episodio de esta trabajada tradición nacional.

El primer asesinato mafioso de una personalidad institucional fue el de Emmanuele Notarbartolo, exalcalde de Palermo, en 1893. Históricamente ha quedado bastante claro que el organizador del crimen fue el principal acusado, un cacique mafioso siciliano e influyente diputado en Roma, Raffaele Palizzolo. El juicio se quedó en nada, le salvaron el trasero.

El primer gran proceso a una organización criminal fue el del famoso caso Cuocolo, macabro homicidio de un matrimonio, que desmanteló la Camorra urbana de Nápoles a principios del siglo XX. Todo se basaba en el testimonio de uno de los primeros grandes arrepentidos, un superpentito como se les ha llamado luego, un tal Gennaro Abbatemaggio. El juicio, rodeado de una gran expectación mediática, fue un desmadre. Esto es lo que dijo el corresponsal de un periódico extranjero: «El proceso a la Camorra es una monumental demostración de la incapacidad e ineficacia del actual sistema penal en Italia». Y no era el New York Times, no, quien se escandalizaba, era el enviado del Bulawayo Chronicle, del actual Zimbabwe. Este encantador dato es mérito del historiador John Dickie. La sentencia fue en 1912, pero en 1927, al cabo de quince años, el señor Abbatemaggio confesó que se lo había inventado todo y soltaron a todo el mundo. Aseguró que le habían obligado los Carabinieri, con la amenaza de cargarle el muerto, y luego le pagaron un dineral y hasta le enviaron regalos de boda. También compraron testigos y periodistas.

Es decir, la cosa viene de lejos y según uno se acerca a la actualidad, digamos toda la segunda mitad del siglo XX, los nubarrones sobre muchos asuntos sucios son abrumadores, para culminar en los grandes crímenes de los noventa, como los asesinatos de los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino en 1992 —culpables de haber logrado el primer e histórico proceso serio contra la Mafia siciliana— y la campaña de atentados de 1993. De paso recordamos que los teóricos culpables del asesinato de Borsellino, condenados a cadena perpetua, fueron puestos en libertad en 2011. El principal arrepentido del caso reveló al cabo de casi dos décadas que se lo había inventado todo. Mejor dicho, se lo habían sugerido por las malas en comisaría, cuyo jefe de entonces ha resultado tener un pasado en los servicios secretos. Este periodo y sus misterios son precisamente los que está sacando ahora a la luz el gran juicio que se celebra en Palermo sobre la Trattativa, los presuntos pactos bajo la mesa entre altos cargos y la cúpula mafiosa de Cosa Nostra, el clan de los Corleoneses de Totò Riina. Para detener los grandes atentados, con el país sumido en una grave crisis política, se habrían pactado concesiones penitenciarias y legales a la Mafia.

En este panorama de doble juego y con una parte oscura del Estado que va por libre se inserta el Protocolo Mariposa. ¿Qué es? En teoría nada, porque es algo de lo que se rumorea desde 2012 pero de lo que las autoridades han negado siempre su existencia. Haciéndolo, han mentido descaradamente en numerosas ocasiones. Por ejemplo, los ministros de Interior y Justicia en 2013 en sus comparecencias ante la comisión parlamentaria de investigación antimafia. Porque al final resulta que sí que existía. Se ha sabido este verano cuando se ha levantado el secreto de Estado sobre algunos archivos clasificados, por iniciativa del Gobierno de Matteo Renzi. El Protocollo Farfalla —nombre tomado de la novela y película carcelaria Papillon— es un acuerdo reservado cerrado en 2004 que permitía a los servicios secretos entrar y salir libremente en las prisiones, sin dejar rastro, para charlar con capos mafiosos recluidos en régimen de aislamiento total. Sin rendir cuentas a nadie y al margen de la autoridad judicial. Es más, si estos agentes eran preguntados al respecto por un juez, debían mentir. Todo ilegal o, según como se mire, una excepción oculta a la ley de quien hace las leyes.

En las guerras o para combatir el terrorismo siempre se ha hablado con el diablo, y se supone que era para ayudar en la lucha contra la Mafia, pero conociendo la historia de Italia quizá eso es mucho suponer. En los servicios secretos italianos siempre ha habido buenos y malos, y no se sabe por qué estas cosas al final suelen ser de los malos. Cabe la legítima sospecha de que mangoneaban para seguir manteniendo o actualizando sus intrincados acuerdos y organizar depistaggi, las célebres maniobras de despiste que emborronan tantos misterios italianos. Es más, en ocasiones el único modo que ha quedado de acercarse a la verdad ha sido comprender quién estaba interesado en que no se supiera.

El fiscal general de Palermo, Roberto Scarpinato, ha puesto sobre la mesa los papeles del Protocolo Mariposa en el juicio de apelación contra el exgeneral de los Carabinieri Mario Mori, que en los noventa fue el jefe del Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) del cuerpo, una fuerza especial dedicada a combatir a la Mafia. Sin embargo Mori está acusado de haber dejado escapar al capo Bernardo Provenzano en 1995 cuando lo tenía delante, en un descampado de Mezzojuso, en Sicilia. Habría sido, sostiene la fiscalía, para respetar los presuntos acuerdos de la Trattativa. Pero de momento Mori ha sido absuelto en primer grado, una sentencia que además, en más de mil trescientos folios, ponía en duda toda la tesis de la Trattativa.

Mori es uno de los personajes centrales en torno a los cuales gravitan la mayoría de estos asuntos sucios y también se sienta en el banquillo de la Trattativa que, de hecho, empezó con él. Fue quien contactó primero con los Corleoneses en junio de 1992, a través de mediadores. Mori es también ese policía al que se le olvidó registrar la casa de Totó Riina en 1993 cuando le arrestaron y que también apagó las cámaras que la vigilaban, con tan mala suerte que al acordarse, dieciocho días después, ya estaba vacía y hasta habían pintado las paredes. Se supone que es otro favor pactado en la Trattativa, aunque en otro juicio por este despiste también ha sido absuelto definitivamente. La tesis es que Provenzano habría vendido a Riina, pero no debían encontrarse sus papeles, muy comprometedores para algunas autoridades y que revelarían sus pactos.

Complicando aún más las cosas, para variar cada vez que uno tira del hilo en Italia, están saliendo cosas del pasado de Mori en el más puro estilo del horror clásico italiano: metido en los servicios de inteligencia desde los años setenta (en el entonces llamado SID, de 1972 a 1975), cercano a la logia masónica ilegal P-2, relacionado con el periodista Mino Pecorelli, asesinado en 1979, un crimen por el que se procesó a Andreotti… En fin, historias reservadas a los más acérrimos aficionados al género. Creo que se harán una idea del personaje con una maravillosa frase suya: «El policía espera capturar a Osama Bin Laden, el miembro de la inteligencia espera captarlo como fuente». El problema es que Mori ha sido las dos cosas, policía y agente secreto, no se sabe en qué orden.

El Protocolo Mariposa son seis páginas que en mayo de 2004 ponen por escrito una práctica ya vigente el año anterior pactada entre el Departamento de Administración Penitenciaria (DAP), guiado entonces por Giovanni Tinebra, que fue el fiscal del caso Borsellino, el que resultó ser un montaje, y los servicios secretos civiles (SISDE, herederos del SID a partir de 1977, con otra rama militar, el SISMI), dirigidos en aquella época por el general Mori. Todo esto ocurría bajo el Gobierno de Silvio Berlusconi.

Los mafiosos tocados por los servicios de inteligencia se comprometían a dar información a cambio de «una idónea compensación a definir». Ha aparecido una lista de ocho capos de las tres mafias que habrían participado en la iniciativa, algunos muy gordos y con gravísimos crímenes a sus espaldas. Son Cristoforo «Fifetto» Cannella, boss de Brancaccio, Palermo, condenado a cadena perpetua por el asesinato del juez Borsellino, que ha negado haber tenido contacto con los servicios secretos; Salvatore Rinella, capo de Trabia, Palermo, que también ha negado todo; Vincenzo Boccafusca, del clan de Porta Nuova, Palermo; Giuseppe Maria Di Giacomo, capo de Catania; Modestino Genovese, Antonio Angelino y Massimo Clemente, los tres de la Camorra; Antonino Pelle, de la ‘Ndrangheta.

Naturalmente, a día de hoy y si no aparecen nuevos papeles, nada se sabe de qué han contado ni cómo se han usado sus confidencias. Es decir, por redondear la idea, es una valiosa información escamoteada a la justicia con fines desconocidos. También estaría bien saber quién ha enviado exactamente a agentes a hablar con mafiosos y a quién se ha pagado el dinero, procedente de los fondos reservados, pues un mafioso encerrado en el régimen duro no tiene una cuenta a su nombre. El protocolo se habría mantenido durante tres años, hasta 2007, año en que se reguló por fin por ley el acceso de los servicios secretos a las prisiones, que era un circo. Pero claro, eso de que se terminó en 2007 es lo que dicen y con esta gente cualquiera se fía. A lo mejor tienen otra cláusula más secreta todavía que ordena mentir también sobre eso hasta nueva orden. Es como para sospechar, por ejemplo, en el caso de un importante pentito de 2013, Sergio Flamia, que precisamente ha desacreditado el testigo clave contra el general Mori en el proceso por haber dejado escapar a Provenzano. En resumen, le ha sacado las castañas del fuego al general. Pues bien, ahora resulta que Flamia ya colaboraba con los servicios secretos desde 2008 y que tras una exitosa operación de ese año contra la Mafia, con un centenar de detenidos, le pagaron ciento cincuenta mil euros por sus servicios. Y esto ya era después de 2007. Encima algunos agentes secretos le han ido a ver incluso cuando ya había empezado a colaborar con la magistratura. Se hicieron pasar por abogados, no se sabe si con bigote postizo.

Lo mismo ocurre con el famoso compañero de paseos de Totò Riina en el patio de la prisión de Milán, Alberto Lorusso, que en 2013 se ha pasado semanas dando carrete al capo de los Corleoneses para sacarle información, sin saber que estaba siendo grabado por una cámara. Lorusso demostró estar al corriente de asuntos muy reservados de la Fiscalía de Palermo y tras ser descubierto se encogió de hombros cuando le preguntaron si tenía contactos con los servicios secretos: «Es mejor no hablar de estas cosas». E igual ha sucedido, se ha sabido ahora, con Rosario Cataffi, otro mafioso de currículum especialmente turbio, por sus contactos en el pasado con servicios secretos y la extrema derecha. En 2012 pidió hablar con los fiscales de la Trattativa: a los pocos días los servicios secretos solicitaron información sobre él a las autoridades penitenciarias. Son dos planos del Estado que se mueven, y se combaten, en paralelo, uno a la luz del sol, el otro bajo tierra. Como en la tela de Penélope, parece que hay unos que buscan y reconstruyen la verdad de día mientras otros, de noche, la desmenuzan, la esconden o la cambian de sitio. Y vuelta a empezar.

Todos estos casos sospechosos relacionados con el Protocolo Farfalla están siendo investigados ahora por la Fiscalía de Palermo. Es interesante saber lo que piensa sobre este embrollo Claudio Fava, vicepresidente de la comisión antimafia e hijo del periodista Giuseppe Fava, asesinado por la Mafia en 1984 por sus investigaciones: «La sospecha es que el protocolo haya servido para averiguar quién pensaba colaborar con la justicia, qué podía contar y quizás organizar alguna maniobra de despiste. La preocupación es que miembros de los servicios secretos hayan sido mandados a las cárceles, no para prevenir atentados, sino para obtener informaciones sobre lo que iba a pasar y poder intervenir». Fava menciona, por si puede ser un dato útil, que en 2003 se arrepintió la mano derecha de Provenzano, Antonino Giuffrè, y comenzó a contar a los jueces lo que sabía: «Giuffrè empezó a hablar sobre la relación entre el nacimiento de Forza Italia (el partido de Silvio Berlusconi) y los Corleoneses». Justo ese año, en 2003, se puso en marcha el Protocolo Mariposa. En opinión de Fava, Berlusconi, entonces primer ministro, tuvo que estar bien informado de esta operación.

Debe recordarse que la mano derecha del magnate, Marcello Del’Utri, es uno de los imputados en el proceso de la Trattativa, por su presunto papel en las negociaciones con los Corleoneses, que en 1993 buscaban un nuevo socio político tras la caída de la Democracia Cristiana: era el momento en que se preparaba la fundación de Forza Italia y la entrada de Berlusconi en política. Dell’Utri, como quizá saben, está en la cárcel para cumplir siete años de prisión por ser el mediador entre Berlusconi y la Mafia desde los años setenta.

La Fiscalía de Palermo ha logrado sacar a la luz el Protocolo Mariposa y su fiscal general, Roberto Scarpinato, ha decidido meter todo el material en el proceso al general Mori, y también ha pasado al de la Trattativa. Porque, a fin de cuentas y visto ahora, el Protocolo Mariposa puede no ser otra cosa que un eslabón más, el más reciente, de ese largo diálogo secreto entre Estado y Mafia.

Este celo en el sentido del deber de Scarpinato, colega de Falcone y Borsellino, fiscal en el histórico proceso contra Giulio Andreotti, donde demostró sus relaciones con la Mafia, rápidamente ha tenido inquietantes consecuencias. La noche entre el 2 y el 3 de septiembre alguien que conocía muy bien el Palacio de Justicia de Palermo, teóricamente uno de los lugares más vigilados de Italia, eligió el único de los cuatro accesos al despacho de Scarpinato que no se graba con videocámaras. Dejó tranquilamente sobre la mesa una carta con frases amenazadoras como esta: «Usted se está sobrepasando de sus deberes y su función, deje que las cosas sigan su curso, toda paciencia tiene un límite». O esta: «Podemos alcanzarte en cualquier lugar», con datos muy concretos de su casa, tanto la de Palermo como la de sus vacaciones, así como detalles de sus últimas conversaciones privadas con colegas e investigadores; «Nosotros no hacemos héroes», quizá una referencia a que pueden usar contra él algún bulo. Son cosas que ya le pasaron a Falcone y les están pasando desde hace meses a otros colegas suyos de Palermo, como Nino Di Matteo, el fiscal de la Trattativa. Scarpinato no ha tenido dudas: «Esta carta apesta a servicios secretos desviados».

No es todo. El pasado 22 o el 23 de septiembre alguien escribió en la puerta delante de su despacho la palabra «Accura», que en siciliano significa «ten cuidado». Se pensó que el anónimo había metido la pata, porque el pasillo está vigilado por seis videocámaras, pero cuando los fiscales fueron a mirar, sorpresa: faltaban siete días de grabación y el disco duro que contenía los restantes estaba dañado. Dos fallos, no uno, demasiada casualidad: alguien de dentro, del Palacio de Justicia, había manipulado el sistema de vigilancia. Hay un topo en los tribunales de Palermo. Es algo que también le pasó a Falcone. Y lo que parece es que esta gente que anda metiendo miedo a los fiscales no es de la Mafia, al menos de la siciliana, sino de la otra, la de los servicios secretos.

Último aviso, el 7 de octubre: dejaron cerca de la puerta del tribunal de Palermo un proyectil de guerra de quince centímetros de las fuerzas armadas de Israel, una rareza difícil de encontrar en Italia. Otro mensaje de prepotencia, los anónimos matones vienen a decir que si se lo proponen pueden actuar donde quieran.

Entre tanto, el proceso de la Trattativa sigue adelante tortuosamente y ya lleva más de cincuenta vistas. Apenas tiene eco en la prensa, y mucho menos en la internacional. El próximo 28 de octubre tendrá un invitado especial, el presidente de la República, Giorgio Napolitano, que debe prestar declaración a ver lo que sabe de un fleco de este engendro. Se ha resistido, pero al final eso de que todos son iguales ante la ley ha tenido su peso. Aunque haciendo uso de sus privilegios será interrogado en su despacho, en el Palacio del Quirinale, a puerta cerrada. La cosa se ha puesto muy interesante cuando Totò Riina y su lugarteniente, Leoluca Bagarella, dijeron que querían asistir, algo a lo que en principio tienen derecho como imputados. La semana pasada se armó un lío tremendo: ¡Ultraje! ¡el jefe de Estado humillándose ante dos de los mafiosos más sanguinarios de Cosa Nostra! ¡estos dos tipejos dentro de los salones del Quirinale! Es comprensible, aunque no era para tanto porque hubiera sido en videoconferencia, pero la sola idea de una presencia incluso virtual ha causado pesadillas. En realidad es por la mala conciencia de este escándalo tan vergonzoso de la Trattativa: ver al jefe del Estado sentado en la misma sala, mano a mano, con los jefes de Cosa Nostra, el estado paralelo, era una imagen perfecta para resumir la idea de lo que ha estado pasando. Por otro lado también pidió estar presente el exministro de Interior, Nicola Mancino, titular en 1992, igualmente imputado por falso testimonio. La Fiscalía de Palermo se mostró a favor. Pero el tribunal rechazó finalmente la solicitud.

Como alertaron los fiscales, esta negativa a tres imputados a asistir a una sesión del juicio, por muy particular que sea esa sesión, puede ser una semilla envenenada que se plante en el proceso y lo hipoteque mortalmente. Lo sabremos, quizá, dentro de unos años cuando un recurso al Supremo podría anular todo el juicio por un defecto de forma. El tribunal ha argumentado que el derecho a la defensa se garantiza con la presencia de los abogados de Riina, Bagarella y Mancino, pero ahí queda la cosa. Por otro lado hay críticas fundadas nada desdeñables a todo el proceso, que jurídicamente es problemático. Se basan, por ejemplo, en que no existe el delito de trattativa, de negociación con un criminal, sobre todo dentro del margen de maniobra de un Ejecutivo en una situación excepcional. Los fiscales se las han arreglado con el delito de «violencia o amenaza a un cuerpo político del Estado». Los matices jurídicos del asunto son tan peliagudos que no es descartable que todo pueda irse al traste. Por otro lado con las teorías de la conspiración en Italia nunca se sabe: a veces son tan perfectas y alambicadas que parecen mentira, aunque muchas veces al final son verdad y se revela un país asombrosamente complejo y maquiavélico. De todos modos a menudo la sentencia casi es lo de menos, porque o no llega, o llega después de muchos años o llega de aquella manera. Es por el camino donde uno se entretiene, los periodistas y los historiadores quiero decir. La verdad casi nunca es judicial, se deja para la prensa y la posteridad, unos juicios sin castigo.

Pero ¿por qué quieren interrogar a Napolitano? Es por unas llamaditas que el exministro Mancino hizo al Quirinale cuando se empezó a descubrir el pastel a finales de 2011. El hombre se puso muy nervioso porque los fiscales le pisaban los talones y empezó a abrasar a llamadas a la presidencia de la República. Aunque no pensó que quizá ya tenía pinchado el teléfono, y así era. Así se han conocido las charlas con un estrecho colaborador de Napolitano, Loris D’Ambrosio, encargado de pararle los pies y no pasarle con el presidente. En esencia, el exministro pedía ayuda para que le quitaran de encima a los pesados de los fiscales de Palermo. Estas llamadas se filtraron a la prensa en 2012, con una presión enorme para D’Ambrosio, que murió a los pocos meses de un ataque al corazón. Pero Mancino sí logró al final que le pasaran con el presidente de la República y habló con él cuatro veces, un total de dieciocho minutos. Sin embargo no se sabe qué se dijeron, porque el tribunal impidió el uso de la grabación por la inmunidad del jefe de Estado y ordenó su destrucción, si bien los fiscales ya dijeron que las charlas eran penalmente irrelevantes. No obstante, Napolitano deberá explicar lo que le dijo D’Ambrosio en una carta que este le escribió antes de morir: se lamentaba haber sido «escudo de indecibles acuerdos».

Como moraleja, podemos recordar esta reflexión de un padre de la patria: «Para los enemigos las leyes se aplican, para los amigos se interpretan». Lo dijo Giovanni Giolitti, un viejo zorro liberal varias veces primer ministro y que dominó la política italiana a principios del siglo XIX, hasta el fascismo. También tiene esta otra muy buena: «Las leyes deben considerar también los defectos de un país. Un sastre que debe cortar un traje para un jorobado tiene que hacer la joroba también al traje». Italia, un país jorobado.

ÚLTIMAS NOTICIAS DE LA MAFIA (agosto-septiembre 2014)

—Anuncia que se arrepiente y comenzará a colaborar con la justicia el histórico capo de la Camorra Giuseppe Setola, cuarenta y tres años, jefe del temible clan de los Casalesi. «Salvad a mi familia», ha pedido a las autoridades. Detenido en 2009, ha sido condenado a siete cadenas perpetuas por quince homicidios. La Fiscalía tiene grandes dudas sobre su sinceridad.

—Arrestados veintinueve miembros de la ‘Ndrangheta —clanes Commisso di Siderno y Aquino— que cobraban un impuesto mafioso en la construcción de obras públicas, como escuelas y embalses, entre Siderno y Marina de Gioiosa Ionica. Se llevaban el 3%.

—Siguen saliendo grabaciones de las confidencias de Totò Riina en la prisión de Opera, Milán, donde está encarcelado. Entre otras cosas ha contado los detalles del asesinato del general Carlo Alberto Della Chiesa en 1982. También que solo el capo Stefano Bontate, asesinado en los ochenta, sabe dónde está sepultado el cuerpo del periodista Mauro De Mauro, asesinado en 1970 mientras investigaba la muerte en accidente aéreo de Enrico Mattei, el presidente de la compañía energética ENI (ver la gran película El caso Mattei, de Francesco Rosi). Lo más grave, en todo caso, son las amenazas a Luigi Ciotti, el cura que dirige la asociación antimafia Libera.

—Entre tanto, redada con seis detenidos en Corleone, el pueblo de Riina. Seguía funcionando un grupo que le era fiel capitaneado por Antonino Di Marco, cincuenta y ocho años, guarda del campo de fútbol municipal. Por eso tenía un despacho en el Ayuntamiento, un lugar ideal para las reuniones mafiosas. Allí organizaban extorsiones, adjudicaciones amañadas y manejos políticos con un diputado regional democristiano. También se ha descubierto que el clan de Corleone gestiona unos terrenos de la Iglesia en Monreal, al lado de Palermo. Di Marco también daba lecciones de mafia: «Nosotros somos una familia. Hace falta seriedad, educación y respeto». Para maquillar mejor su condición, ha permitido incluso que su hija se echara de novio a un carabiniere, un tabú en las reglas de Cosa Nostra e impensable hasta hace poco: «La gente debe tener la duda, nunca la certeza de quién manda».

—El último gran arrepentido, Gaspare Spatuzza, feroz sicario de los Corleoneses y decisivo para arrojar luz en varios misterios de los noventa, ha confesado durante un juicio que ha cometido más de cuarenta homicidios y ha pedido perdón por ello. Como ya hemos contado alguna vez, ahora se ha convertido y estudia Teología.

—Detenido en Argentina, en la frontera con Brasil, el capo de la ‘Ndrangheta Pantaleone Mancuso, de cincuenta y tres años, alias l’Ingegnere (el Ingeniero). Es uno de los once hijos de Domenico Mancuso, fundador de este clan a finales de los sesenta en Limbadi, y se le considera uno de los jefes destacados del clan. Llevaba encima cien mil euros.

—Derribada, después de once años, la villa de un capo de la ‘Ndrangheta de la familia Pesce, de Rosarno, construida ilegalmente sobre un terreno de valor arqueológico. Ha permanecido en pie tanto tiempo porque ninguna empresa se atrevía a derribarla y nadie respondía a la oferta de obra pública del Ayuntamiento. Al final ha sido posible gracias a Gaetano Saffioti, un empresario de la construcción amenazado por denunciar clanes mafiosos, y que vive con escolta desde hace diecisiete años.

—Detenidas treinta y cuatro personas del clan Lo Russo en una operación contra la Camorra en Nápoles. Controlaban la venta de droga en los barrios de Miano y Sanità. Es fruto, en parte, del arrepentimiento del capo Salvatore Lo Russo, y del arresto de su hijo, Antonio, en abril en la Costa Azul francesa, después de cuatro años de fuga. El clan lo tenía organizado con franquicias: quienes vendían droga en cada zona usaban su nombre y les pagaban una «tasa de concesión».

ñigo Domínguez es autor del libro Crónicas de la Mafia, editado por Libros del K.O.