Baltasar Garzón: «Hay una justicia de primera, de segunda y de tercera categoría»

Baltasar Garzón (Torres, Jaén. 1955) es uno de esos personajes que no necesita presentación. Veintiséis años de juez en la Audiencia Nacional desde donde alcanzó fama mundial con los procesos contra Pinochet o Berlusconi. Previamente, abanderó la lucha contra el terrorismo de Estado de los GAL, inició los macroprocesos contra el tráfico de drogas y es, probablemente, la persona que más ha hecho para acabar con ETA, de la que dijo que no eran solo sus comandos, sino también sus estructuras alegales o paralegales. Cerró el diario Egin y descabezó sucesivamente todas las cúpulas de Herri Batasuna. Fue elegido diputado en las listas del PSOE y abandonó su escaño por la falta de compromiso de Felipe González contra la corrupción. En 2002, fue propuesto para Nobel de la Paz y, en 2009, designado uno de los cien personajes más influyentes del mundo por la prestigiosa revista Foreing Policy. En 2012, fue expulsado de la judicatura al ser condenado por prevaricación, en el marco de la operación Gürtel, la red de corrupción vinculada al PP.

Hace ya más de dos años que el Supremo le expulsó de la carrera judicial. ¿Cómo está ahora?

Estoy bien. Dolido porque se llevó a cabo una acción manifiestamente injusta. No está uno cómodo cuando le expulsan de la profesión que ha sido su vida. El Supremo consideró que la interceptación de las comunicaciones en prisión entre los cabecillas de la trama y sus abogados no podía hacerse. Pero yo siempre defendí que se trataba de impedir la comisión de nuevos delitos y que el derecho de defensa quedaba salvaguardado. Por lo demás, estoy bien, mi vida sigue en torno a la justicia, trabajando como abogado, por los derechos humanos y defendiendo los mismos valores que defendía.

Hablaremos más tarde de todo eso, pero me gustaría empezar por el principio. Su madre ya explicó hace muchos años que cuando era pequeño estranguló a una docena de pollitos. ¿Qué le llevó a ser juez?

[Risas] Creo que no fue exactamente así, un grupo de pollitos iba detrás de su madre y jugando los debí meter en el agua y mi hermana iba por detrás rescatándolos. Mi madre me reprendió severamente y pudimos salvar a algunos. Pero no creo que esto influyera en mi decisión de ser juez.

¿Pues qué lo hizo?

A los diecisiete decidí estudiar Derecho porque en las charlas de orientación vino a hablarnos un juez, que era padre de mi compañero de promoción Lorenzo del Río, actual presidente del TSJ de Andalucía. El Derecho era la parte del conocimiento que yo quería estudiar y pregunté si con ello se podía ser juez. Desde el principio quise ser juez porque entendía la función pública como un servicio a los demás.

Comenzó a ser famoso en 1988, cuando aterrizó en la Audiencia Nacional y un caso que había sesteado con su predecesor pasó al primer plano de la actualidad, la guerra sucia contra ETA: el caso Amedo y los atentados a los bares Batxoki y la Consolation en el sur de Francia. ¿Fue su primer gran reto, enfrentarse a las cloacas del Estado?

Coincidió casi en el tiempo enfrentarme al terrorismo y al terrorismo desde el Estado. Procesé al comando Gohierri-Costa y la investigación sobre los GAL.

¿Se lo planteó de manera diferente?

No. Pude comprobar, más allá de mis convicciones, que había un único sistema para luchar contra el terrorismo, ir de la mano de la ley sin exceder sus límites. Traspasar esos límites es la peor medida que desde un sistema democrático se puede hacer en la lucha contra el terrorismo. Ese asunto estaba sobreseído y fue la Sala Penal la que revocó esa decisión y me encontré con una patata bastante caliente. Tuve claro desde el principio que había que entrar en profundidad.

¿Recibió ayuda o le torpedearon la investigación?

Siempre torpedearon la investigación de forma sistemática. Al poder nunca le gusta que le investiguen y menos a las cloacas del poder. En aquel momento no estaba definido el papel de los jefes, aparecía como una cosa de dos policías en el sur de Francia, pero aquello no tenía sentido.

Esas primeras pesquisas trataban de atentados cometidos por mercenarios contratados por policías de la jefatura de Bilbao, ¿colaboró con usted la Guardia Civil?

No. Nadie colaboró en aquella investigación. Yo pedí la adscripción de dos policías y eso sí se me concedió —no se me podía negar porque era el juez—, pero esos dos policías, que luego fueron sustituidos por otros, quedaron estigmatizados para siempre por esa investigación. Incluso uno de ellos murió tras una depresión.

¿Y nadie contestaba a sus peticiones de información?

Siempre trataron de obstaculizar. El director de la Policía, Rodríguez Colorado, cuando le pedí información sobre los fondos reservados, respondió con cajas destempladas, y el ministro del Interior, que era Barrionuevo, también. Cada vez que reclamaba datos se iban por las ramas. Era una carrera de obstáculos, pero había que hacerla.

Tras la detención de Amedo y Domínguez, ¿la vida se volvió más dura contra usted?

Aquel 13 de julio de 1988 fue un día complicado. Sabía que marcaba un antes y un después, pero tenía que hacerlo. Eran hechos muy graves y estaba en cuestión el Estado de derecho. La falta de colaboración absoluta de Amedo y Domínguez y la actitud prepotente del abogado Argote contribuían a que el desafío fuera mayor.

Tengo entendido que Amedo y Domínguez son los únicos presos de los que no constan las huellas dactilares, como se hace con todos los presos, porque se negaron a hacerlo y nadie quiso forzarles a ello. ¿Es así?

Sí, se negaron y deben ser los únicos españoles que han ingresado en prisión y no están huellados.

Y usted tuvo dificultades para contrastar si alguna de las huellas coincidía con las de un carné de identidad que habían fabricado para uno de los mercenarios portugueses que venía sin documentación.

Sí. Aquello me obligó a indagar más sobre el papel en el que se había impreso, la serie del carné, dónde se había utilizado, en qué casinos, en qué hoteles, que otras identidades habían usado… y fui reconstruyendo la trazabilidad del grupo de los portugueses. Ese conjunto de indicios con las declaraciones de los mercenarios portugueses en Bayona (Francia) hizo posible la condena.

¿Es en aquella época cuando encontró una piel de plátano en su cama de matrimonio y a su perro drogado, cuando su domicilio estaba custodiado por la Guardia Civil?

Eso fue más tarde. Durante la segunda etapa de la investigación de los GAL, con el caso Segundo Marey y el Oñederra. Era en 1995, cuando la imputación llegó a la cúpula del Ministerio del Interior, a Vera y Barrionuevo. Alguien entró en mi casa y dejó una cáscara de plátano como un mensaje mafioso, y a mi perra Gina, una golden retriever, la envenenaron con un producto tóxico que la dejó ciega.

Son situaciones difíciles. ¿Tenía usted miedo? ¿Cómo lo llevó su familia?

Nunca se puede decir que no tengas miedo. El miedo es bueno tenerlo porque te hace ser responsable y estar alerta. Pero no debes de tener pánico ni terror, porque entonces pierdes la objetividad, pero estar alerta y en tensión es positivo. Yo tenía protección desde 1988 y mi familia era consciente. Cambiábamos los itinerarios y no viajábamos juntos. Mirar los bajos del vehículo familiar era algo habitual. Era normal observar dónde nos encontrábamos y cambiar de sitio de repente. Y todavía hoy, cuando estoy en un sitio cerrado, nunca me pongo de espaldas a la puerta o a una ventana. Es un chip que se te queda metido en la cabeza.

La condena a ciento ocho años a Amedo y Domínguez supuso un respaldo a su instrucción. ¿Cómo lo vivió?

La verdad es que vivía en una vorágine de actividad procesal. Y cuando se produjo la condena, me sentí ratificado en la investigación. La sentencia ponía en cuestión toda la política de la lucha antiterrorista. El partido que había estado en el poder en los años ochenta continuaba en el poder, luego la justicia se enfrentaba a todo el aparato del Estado en esas cañerías que, precisamente, son las más peligrosas. Que se reconociera que aquello había ocurrido, con una investigación en la que no hubo ningún tipo de colaboración, trabajando por primera vez en el extranjero, fue un hecho muy importante que supuso un avance en el modo de investigar.

Mientras tanto, revolucionó la forma de enfrentarse al narcotráfico. En la Operación Nécora trasladó parte de su juzgado a Galicia y los ciudadanos vieron por la tele a un juez que perseguía a los malos en helicóptero y abordaba barcos. ¿Qué le hizo cambiar la forma tradicional de esperar en el despacho los informes policiales?

Hubo críticas a mi forma de actuar. Decían que los jueces de la Audiencia Nacional teníamos que esperar a que los temas vinieran a nosotros. Y todo porque fui a levantar el primer cadáver por terrorismo de ETA y después también en el caso Muguruza. Se me dijo que los jueces centrales no debíamos salir a la calle a buscar los casos, sino esperar a que la justicia ordinaria actuara y que luego vendrían a nosotros.

Pero ustedes tenían competencia en todo el territorio nacional…

Es lo que argumenté, que ser juez central de instrucción, con competencia en toda España y con aquel poder de investigación, tenía que ponerse en práctica y en forma proactiva, porque de lo contrario estábamos defraudando a la sociedad.

Y usted lo utilizó contra el narcotráfico…

En el tema del narcotráfico, las estructuras estaban anquilosadas. El sistema de investigación era reactivo y respondía únicamente a lo que la Policía o la Guardia Civil nos decía, sin que hubiera ninguna iniciativa. Pero España había ratificado la Convención de Viena de 1988, y lo que yo hice fue adoptar de forma directa los mandatos de esa convención. Y en ello me acompañaron fiscales como Javier Zaragoza, Dolores Delgado y aquellos que vieron que era necesario activar aquellos mecanismos, como el del agente encubierto, que luego se plasmaron en una ley de 1999.

Volvamos a la Operación Nécora.

Ir a Galicia era absolutamente necesario en aquel momento. Como consecuencia de todas las estructuras de contrabando de los años ochenta y la falta de respuesta del Estado, había una sensación de impunidad en la sociedad en la que los dueños de la calle eran esos capos, esas bandas y los ciudadanos normales estaban asustados, aparte de los efectos nocivos de las drogas. El Estado estaba prácticamente ausente y tenía que volver a tomar las riendas. Eso motivó que gracias a la colaboración de arrepentidos se pudiera desarrollar esa investigación y escenificarlo en una sola operación y en un momento, porque de no ser así no hubiera sido posible, puesto que se habría filtrado información por claros indicios de corrupción.

Aquel fue el primer macroproceso (aparte de la colza) que se instruyó en la Audiencia Nacional y también fue el primero de las dos docenas que usted ha instruido. Sin embargo, recibió muchas críticas porque hubo muchos procesados absueltos, aunque sí fue el primer paso contra el clan de los Charlines (luego desarticulado) y Laureano Oubiña. ¿Qué tiene que decir a eso?

Por razones estrictamente de coyuntura política, yo estaba entonces en el Parlamento, durante el juicio se criticó en exceso aquel proceso y su resultado por criticarme a mí. Pero resulta que el 73 % de los procesados en las distintas fases de la Operación Nécora fue condenado. Creo que con los elementos que había entonces, fue un gran éxito. Todos los grandes capos fueron condenados en ese momento y otros, más tarde. Y también supuso un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico. La sociedad retomó su poder.

¿El éxito más grande fue la Operación Temple?

Hubo muchas otras, pero Temple fue la mayor operación, con la incautación de 53.000 kilos de cocaína, con 13.000 en directo en el Tamsaare (un buque apresado). Lo que se inició en el 90 finalizó en el 99 y supuso que España fuera el primer país del mundo donde los resultados de las operaciones policiales y judiciales fueran más llamativos.

Creo que los narcotraficantes intentaron ingresar dinero en la cuenta corriente que usted tenía con su mujer, pero que el director de la sucursal se dio cuenta y le consultó. ¿Es así?

Sí, me avisaron de que había un intento de transferencia de unas cien mil pesetas, que en aquel momento era un dinero, y ordené bloquear cualquier tipo de ingreso en la cuenta que yo no hubiera autorizado.

En 1993, cuando se presentó a las elecciones en las listas del PSOE, usted declaró en una entrevista que su ideología era progresista, cercana a un sector de Izquierda Unida, pero que encontraba mejor acomodo en el proyecto de renovación de Felipe González y el Partido Socialista. ¿Cómo lo ve ahora? ¿Es más próxima a Podemos?

Mi ideología siempre ha sido progresista, ubicable en la izquierda política, aunque no he militado nunca en ningún partido, ni lo hago ahora, aunque presido una iniciativa que es Convocatoria Cívica, en donde se busca ese consenso y esa mayoría por el cambio social que necesita España y donde caben todos aquellos que estén dispuestos a pelear para que los derechos y el estado de bienestar no sean un espejismo. Eso es lo que ahora parece por la acción de permanente deterioro del Partido Popular sobre derechos básicos asentados y conseguidos con mucho esfuerzo durante años.

Sabía que no militaba en ningún partido, aunque supongo que no le han faltado ofertas.

No, no estoy en ninguna formación política, pero sí querría que los dirigentes políticos estuvieran abiertos para eliminar ese deseo de presencia permanente —que parece que sin ellos no existe nada— y fueran capaces de encontrar ese punto de encuentro que España necesita para salir del lugar donde estamos.

Desde las filas del PSOE se dijo que usted se fue porque no le quisieron hacer ministro. ¿Aspiraba usted a ser ministro o prefería otros cargos más ejecutivos como secretario de Estado de Seguridad para luchar contra el narcotráfico y el terrorismo?

Si hubiera querido, yo hubiera sido ministro. No se me podía llamar como a una estrella del rock y luego negármelo. No. Nunca quise ser ministro. Es más, puse como condición no serlo. Luego, mi carta de dimisión al presidente del Gobierno se produjo dieciocho días antes de mi efectiva dimisión. Por medio estuvo el debate del estado de la nación y Felipe González sabía que yo me iba por la falta de compromiso en la lucha contra la corrupción en aquel momento.

Lo de ser secretario de Estado no tenía más remedio, porque era el ámbito de la lucha contra la droga en el que yo había destacado.

Nada más regresar al juzgado retomó usted el caso Marey en el que pareció ir de la mano de Amedo y Pedro J. Ramírez y que desde las filas socialistas se interpretó como una venganza. ¿Qué tiene que decir?

El caso Marey estaba abierto, por tanto, yo no lo reabrí. Esa es una de las mentiras que se han construido en torno a esto. Fue en septiembre de 1994, cuando ya hacía meses que había vuelto al juzgado, cuando solicité comisiones rogatorias a Suiza. Posteriormente, cuando Amedo y Domínguez decidieron hablar, en diciembre de ese año, ellos por su cuenta habían hecho unas declaraciones al diario El Mundo que yo no podía limitar porque hubiera ido en contra de la libertad de expresión. Tuve que sufrir las consecuencias de esa publicación, pero un mes después, en enero, se acabaron esas revelaciones porque ni Amedo ni El Mundo tenían acceso a mi investigación. Pero nunca fui de la mano ni de Pedro J, ni de Amedo.

En aquel proceso fueron condenados Barrionuevo y Vera, un ministro y un secretario de Estado, por su implicación en la guerra sucia. ¿Eran los máximos responsables de los GAL o como usted expuso había un señor X que daba las órdenes?

Lo voy a decir por enésima vez, cuando yo puse la incognita X significó que era lo desconocido. No puedo decir otra cosa, aunque me hubiera gustado poder decir otra cosa. En abril del 88, intuía que por encima de aquellas personas tenía que haber alguien ante quien respondían.

¿Llegó usted a plantearse si la famosa X de los GAL correspondía a Felipe González?

Nunca, y digo nunca, me planteé que la X correspondiera a Felipe González. ¿Quiénes eran los máximos responsables? En el caso Marey se acreditó que eran Rafael Vera y José Barrionuevo. Así lo estableció en la sentencia el Tribunal Supremo, por tanto, me limito a esa sentencia. En otros casos, actuó el Gal verde (de la Guardia Civil) y los máximos responsables, como el general Galindo o el gobernador de Guipúzcoa, fueron condenados a sesenta y cinco años de cárcel por los secuestros y asesinatos de los etarras Lasa y Zabala. Si había alguien por encima de todos ellos, a mí no me consta con pruebas y por tanto no puedo hacer afirmaciones gratuitas o posibilistas.

¿Es cierto que llegó a aclarar las cosas con González durante un vuelo transatlántico de regreso a España?

Tiempo después, en el año 2003, creo que fue, coincidí con Felipe González en un vuelo desde Sao Paulo a Madrid. Teníamos asientos contiguos. Fueron ocho horas, un largo trayecto en el que además de dormir y descansar mantuvimos una conversación y fue amigable. Yo nunca tuve un enfrentamiento con Felipe González. Cuando me tuve que marchar le expliqué mis razones y luego, cuando tuve que tomar mis decisiones y elevé al Supremo los indicios que había contra él, lo hice. Al Supremo no le parecieron suficientes, pero después he seguido teniendo relación cordial con él.

Por cierto, el TEDH dijo que usted no había sido imparcial respecto a Vera. ¿Qué tiene que decir?

Yo asumo esa sentencia, pero Estrasburgo no tenía todos los elementos y yo no los pude contar. Lo cierto es que yo con Vera no coincidí en el Gobierno. Formalmente coincidimos durante dieciocho días, pero ni físicamente le vi, ni tuve competencias en materia de terrorismo, ni tuve competencias en ninguna de las áreas que él había tenido, como, por ejemplo, la de los fondos reservados. El ministro Asunción lo dijo clarísimamente y en reiteradas ocasiones. Por tanto, respeto esa sentencia y también defiendo la imparcialidad objetiva, que yo creo que la tuve.

Pero ¿qué pasa cuando todo un aparato, con toda su potencia, tanto mediática como de otro tipo, van en contra del juez? ¿Qué tiene que hacer el juez, retirarse y dar el triunfo a quienes quieren que se retire o aguantar y demostrar que debe investigar? Yo creo que esto último es lo que hay que hacer, lo hizo Falcone (juez antimafia italiano asesinado) y otros muchos.

Le recuerdo que hubo un vídeo grabado en la cárcel por Julián Sancristobal en el que hablaba del señor Z y de Garzón. Luego dijo que le habían obligado a hacerlo. Entonces, ¿me tenía que haber retirado ahí o aguantar todas las trampas que me pusieron, los seguimientos, la coacción a que me vi sometido, tenía que soportarla como la soporté? Todas mis decisiones fueron ratificadas por el Supremo.

Supongo que su relación con Amedo no acabó bien, puesto que consiguió usted que Suiza devolviera al Estado español el dinero procedente de los fondos reservados que habían cobrado las mujeres de Amedo y Domínguez por sus «servicios». ¿Qué pasó?

Ni bien ni mal. Amedo y Domínguez fueron dos personas imputadas y procesadas. Fueron condenadas. En un momento posterior decidieron colaborar con la justicia. Han dicho muchas barbaridades e incongruencias, pero jamás voy a descalificar a personas a las que metí en la cárcel o que he tenido procesadas. Que digan lo que consideren conveniente y si pueden acreditarlo, adelante. Y en cuanto a los fondos que tenían procedentes de los fondos reservados, hice lo que tenía que hacer, intervine los fondos que tenían en Suiza y que habían sido utilizados para comprar su silencio y los puse a disposición del Estado español al que pertenecían.

En 1993, usted consideraba que los GAL eran un grupo terrorista que atentó contra el Estado de derecho, pero el Supremo no le dio la razón en eso porque las fuerzas de seguridad no son terroristas. ¿Qué opina, ahora que ya no es juez?

Yo sostengo que desde el Estado se pueden cometer actos terroristas y eso lo he mantenido también para Argentina y Chile. Se pueden formar grupos u organizaciones que con el auspicio o financiación de aparatos del Estado pueden desarrollar acciones terroristas. Lo hemos visto en muchos países. Los GAL practicaban terrorismo desde el Estado. El Supremo no llegó a establecer que los GAL era una banda armada, pero, desde mi punto de vista, lo eran.

Usted ha sido probablemente la persona que más ha hecho para acabar con ETA. No solo por las sucesivas operaciones para descabezar a la organización terroristas y sus estructuras alegales y paralegales, sino por considerar que ETA no son solo sus comandos, sino también los aparatos políticos, mediáticos, financieros, de relaciones internacionales, etcétera, lo que fue avalado por el Supremo. Los ministros del Interior le veneraban, pero, ¿cómo lo veían sus colegas de la Audiencia y del Supremo? ¿No pisó muchos callos?

No me lo inventé. No había nada que no estuviera escrito por la dirección de ETA, especialmente todo el proyecto Udaletxe. Recuerdo una viñeta que era como una trainera donde los remeros eran Kas, Herri Batasuna, Gestoras, Jarrai, etcétera. Se veía claramente como encajaban en un proyecto que dirigía ETA. Yo lo que hice fue poner en resoluciones judiciales lo que sin duda estaba en el día a día de esa organización. Y lo hice para demostrar que una organización de ese tipo no puede funcionar como algo aislado, sino que se nutría de todo, con diversos frentes para desarrollar su proyecto político violento que buscaba la independencia de Euskadi. Tratarlo en su globalidad es lo que determinó que se avanzara en atacar el terrorismo de una forma diferente a la mera reacción. En los ochenta, la investigación era reactiva y yo la convertí en proactiva. Aunque recibí grandes críticas en la Audiencia y en los medios, después se vio que era la línea a seguir y que estábamos acertando.

Usted sacó petróleo del proyecto Udaletxe, intervenido a Dorronsoro, que si no recuerdo mal, supuso la prisión para toda la cúpula de Herri Batasuna, la desarticulación de KAS y Ekin, los elementos de dinamización de la izquierda abertzale, el cierre del diario Egin y la captura de los integrantes de los aparatos financieros y de relaciones internacionales. Una revolución en la lucha contra ETA, ¿cómo lo vivió?

Primero se empezó atacando a los Grupos Y, es decir, la lucha armada desestructurada. Eso fue en 1995, y en 1998 fue el proyecto Udaletxe. Empezamos con el tema económico y luego el mediático, porque se utilizaba el diario Egin con una clara instrumentación de ETA. No cerró el diario por su línea editorial, porque Gara, después, fue tan duro o más y ahí sigue. El actuar en bloque contra todos los frentes causó grave daño a la organización. Más tarde, en 2002, se fue contra Batasuna y se abortaron todos sus intentos de reconstrucción.

Al menos en cuatro ocasiones detuvo a todos los dirigentes de la Mesa Nacional de Herri Batasuna o de las estructuras que le sucedieron por ser integrantes de ETA. Por el caso Batasuna o por el Bateragune, todavía siguen en prisión algunos dirigentes abertzales. ¿Ahora que las pistolas han dejado de matar, puede contarnos si había un topo en la izquierda abertzale?

No sé si hubo algún topo o no. No parecía necesario. Había documentos.

Pregunto esto porque hubo grandes éxitos en detenciones como con los denominados «papeles de Susper». La policía y la justicia iban por delante de los etarras y eran detenidos cuando todavía no se habían integrado definitivamente en ETA. Se sospechó que el propio Susper, que se había fugado de un calabozo en Francia por un diminuto ventanuco, podía ser un infiltrado. ¿Qué nos puede contar?

Desconozco si hubo infiltrados, pero creo que las detenciones fueron consecuencia del modus operandi de la investigación criminal contra ETA. Cuando estudiamos a fondo los documentos que ellos elaboraban comenzamos a saber cómo pensaban, cómo actuaban. Y efectivamente, había veces que parecía que íbamos por delante de ellos. Un abogado de Batasuna me dijo: «Parece que saben lo que vamos a hacer».

Sin embargo, algunos compañeros cuestionaban sus autos por poco rigurosos. ¿Qué les diría?

Pues que se los lean, porque quien diga eso no tiene ni puñetera idea de lo que eran mis autos en el ámbito del terrorismo. No es por presumir, pero no había autos más fundados ni con tantos indicios como los míos sobre las investigaciones de ETA y su entorno.

Usted consiguió que se aceptara un dictamen policial como si fuera una pericia. ¿No hay un poco de trampa en eso?

No, y el hecho es que hoy en día, a nivel mundial es uno de los elementos fundamentales para la lucha contra el terrorismo y contra el crimen organizado. Habida cuenta del ámbito tan impenetrable de las organizaciones terroristas y la imposibilidad de imputar con pruebas directas a los responsables de las cúpulas, nos basamos en expertos en la lucha antiterrorista para implicarles. El primero fue el jefe militar de ETA en noviembre de 1988, Francisco Múgica Garmendia, «Paquito», por el atentado contra el Cuartel General de la Guardia Civil, cuando estaba en Francia. Hoy en día, ese modo de proceder ha generado una legislación europea, una legislación española y una doctrina constante del Tribunal Supremo.

También participó en el operativo en el que se liberó a Ortega Lara. ¿Es cierto que Uribetxeberria Bolinaga quiso dejar morir al funcionario de prisiones? ¿Cómo ocurrió?

Sí, sí, porque yo le pregunté quién estaba dentro y me contestó que solamente un perro. Negó la existencia del zulo donde permanecía secuestrado Ortega Lara. Cuando descubrimos la existencia del escondrijo, le pregunté por qué había mentido y no respondió. Desveló una falta de sensibilidad por parte de quien ejercía el terrorismo de la forma más irracional.

En cambio, Uribetxeberria goza ahora de más de un año de libertad… cuando parecía que era un enfermo terminal.

Bueno, ahora dicen que no tanto, pero ahí están los exámenes médicos, y yo he dicho que por muy firmes que hayamos sido en la detención como en la condena y el cumplimiento, el derecho penal no es un derecho de venganza. Además, hay unos principios humanitarios que se deben de cumplir. Por mucho que duela a las víctimas y sea irreparable el daño que los terroristas les han producido, no podemos dejar que se convierta el derecho penal en un arma de venganza.

Por cierto, me consta que ETA proyectaba atentar contra usted en su despacho de la Audiencia con un rifle de mira telescópica y que usted aceptó servir de blanco. ¿Qué le dijo su mujer cuando se enteró?

Recuerdo aquel incidente y recuerdo lo que usted —que fue el que lo publicó— me dijo…

Ya, yo hago algo como eso, y no hace falta que ETA me mate, mi mujer me asesina. Usted fue un inconsciente y se lo dije.

Era una información bastante contrastada y es verdad que me ofrecí a hacer de cebo si me garantizaban que más o menos iba a estar seguro, que los detenían antes de que pudieran disparar.

Claro, ya supongo.

Usted lo publicó en el diario El País. No le voy a preguntar por las fuentes, pero recuerdo también…

Ya, que le habían prometido instalar cristales blindados en su despacho y luego solo pusieron un aironfix traslúcido.

Eso es.

¿Fue falta de presupuesto o de interés?

Pues no lo sé. Alguien me dijo que no daban la licencia municipal porque la instalación alteraba el vuelo de la terraza que había. Lo que hicieron fue colocar aironfix en los cristales, pero cuando entraban en el despacho los detenidos de ETA y sus abogados, hacía el vacío y las ventanas sonaban, por lo que era evidente que no los habían blindado.

¿Cómo ve ahora el final de la violencia en Euskadi? ¿Cree que habría que excarcelar a Arnaldo Otegi?

He dicho ya en más de una ocasión que no tiene sentido que Arnaldo Otegi siga en prisión. Creo que el abandono final de la violencia por parte de ETA es un hecho y que el Estado español, habida cuenta de la contribución de Otegi a favor de una solución, debe agilizar fórmulas para su excarcelación, porque se necesitan actores que trabajen en esa dirección. Sé que esta postura me va a acarrear críticas, pero me dan igual, porque Otegi debería estar fuera y lo dice alguien que fue el que decretó su prisión incondicional en 2009.

Y los condenados de ETA por delitos de sangre, ¿deberían ser acercados al País Vasco?

No veo cuál es la dificultad. La política de dispersión de presos tenía sentido en el pasado porque los terroristas mantenían su actividad. Hoy en día no creo que sea imprescindible esta política de dispersión. Por el contrario, con el final de la violencia, los presos deberían estar mucho más próximos a su entorno familiar.

Hay muchos de ellos que no han mostrado el menor síntoma de arrepentimiento.

Lo que yo le pediría a los miembros de ETA es una profunda reflexión sobre la verdad. Creo que cualquier final de un proceso de violencia debe ser con verdad, justicia y reparación. La justicia, no estarán de acuerdo ellos, pero ya se aplicó, creo que con garantías, aunque a veces, no todas; pero no ha habido verdad por parte de la organización terrorista ETA y ese es el gran capítulo que le queda. Y no vale como excusa el argumentar que otros también lo tienen que hacer. El ejemplo se hace andando. El proceso de verdad para las víctimas, además de la entrega de las armas, sería la verdadera garantía de no repetición. Ese es el contexto en el que yo creo que hay que moverse.

Muchas víctimas no van a estar de acuerdo.

Respeto y comparto el dolor de las víctimas. Soy decidido defensor de las víctimas de cualquier tipo de violencia, pero también creo que no se debe de hacer de la violencia una utilidad política, bajo ningún concepto. Ahora hay un escenario diferente que debe acabar con determinadas posturas inmovilistas.

1998 fue un año importante en su trayectoria. Aparte de las condenas a Barrionuevo y Vera, la Audiencia avaló que España tenía jurisdicción para perseguir los crímenes y desapariciones de las dictaduras argentina y chilena. ¿Qué supuso para usted el respaldo para investigar los crímenes de la ESMA o del Plan Cóndor?

La investigación de los crímenes de las dictaduras argentina y chilena constituyó un punto de inflexión en mi carrera profesional. La naturaleza masiva de los crímenes en unas condiciones tremendas, la irracionalidad del ser humano y la situación de impunidad fue impactante. Me enfrenté a ello por iniciativa de las víctimas, pero como se demostró, ni España ni su Gobierno estuvieron nunca dispuestos a acompañar esas investigaciones. Solo en 2004, el nuevo fiscal del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ordenó a la fiscal Dolores Delgado la persecución de aquellos crímenes.

También impulsó la detención de Pinochet en Londres por genocidio, terrorismo y torturas. Fue su gran salto a la escena internacional. ¿Colaboró con usted el Gobierno de José María Aznar o trató de obstaculizar la extradición?

No sé si fue mi gran salto o no. No me lo planteé así. Ordené la detención de Pinochet porque había que hacerlo. Tenía elementos para llevarla a cabo y las víctimas no podían ser defraudadas. Ahí empezó una aventura impresionante en la que al principio el Gobierno de José María Aznar no tuvo más remedio que acompañar y después pretendió obstaculizar, tratando de marcar las pautas en el proceso. Pinochet volvió a Chile, pero por el camino se ganó la extradición a favor de España.

En su libro Un mundo sin miedo dice usted que la competencia en el caso Pinochet era de su compañero Manuel García Castellón, pero que desconfiaba de su diligencia, por lo que admitió una nueva querella para investigar el plan Cóndor y dictó una orden internacional de detención para evitar que el dictador se escapara. ¿No se saltó las reglas del juego aunque fuera por una buena causa?

No, para nada. Desde abril de 1998 yo tenía abierta la pieza de la Operación Cóndor. García Castellón llevaba el caso de Chile y yo la Cóndor. Y es en esa pieza en la que se dictó la prisión de Pinochet.

Castellón no dictó prisión, pero sí decidió interrogarle en Londres y usted se metió por medio.

No. Castellón no cursó nunca la comisión rogatoria.

¿Qué trascendencia tuvo en Chile el caso que usted instruyó?

Pues mucha, allí se le persiguió, le quitaron el fuero, fue procesado y si no fue condenado es porque murió.

Creo que también recuperó dinero que Pinochet tenía en Estados Unidos.

Años después se abrió en España un proceso contra Pinochet y su familia por blanqueo de dinero y alzamiento de bienes, tras el hallazgo de fondos en el Banco Riggs. El Senado de Estados Unidos intervino los bienes de acuerdo con la orden que yo había emitido. El banco pagó ocho millones de dólares con los que se constituyó un fondo a favor de las víctimas para que fueran indemnizadas. Fue el único dinero recuperado de Pinochet.

Del caso de los desaparecidos de Argentina, en España únicamente se pudo juzgar y condenar a Scilingo, que confesó haber participado en dos de los «vuelos de la muerte». Parece un pobre bagaje, pero tuvo gran repercusión al otro lado del Atlántico, donde le veneran, ¿no es así?

El bagaje fue muy importante. El juicio contra Scilingo, por el mero hecho de haberse celebrado, fue un hito en la lucha contra la impunidad. La condena de la Audiencia fue elevada a 1078 años de cárcel por el Tribunal Supremo. El de Cavallo, que fue entregado a Argentina, supuso que fuera condenado a dos cadenas perpetuas. La iniciativa española y la llegada de Kirchner al poder originaron una serie de medidas que acabaron con las leyes de obediencia debida y de punto final. Argentina es el único país del mundo que está juzgando por crímenes de lesa humanidad a los represores de la dictadura.

¿Qué opinión le merece la reforma de la justicia universal hecha por el Gobierno de Rajoy?

Me parece una villanía, por parte de quienes votaron esa decisión. Lo digo claramente y con todo el dolor de mi corazón. No había ningún mandato de la ciudadanía para que el Partido Popular hiciera esa barbaridad. Se hizo por intereses claramente económicos, especialmente por China.

Ya antes hubo un recorte propiciado por Israel.

Sí, en el año 2009, pero por lo menos entonces se permitía una interpretación constitucional favorable a la ley y pudimos seguir aplicando esa ley de jurisdicción universal en los casos de Guantánamo y en otros casos, pero no en los de Gaza, Falung Gong, o en el del Tíbet. Creo que es una regresión en contra de las víctimas, creo que salimos perjudicados todos los ciudadanos, pero eso solo significa que tenemos que seguir peleando para revertir esa decisión.

¿Y qué le parece la interpretación del Supremo de la norma para poder apresar a los barcos con droga que pasen por España?

Ha sido la fórmula para dar supervivencia a una ley que claramente hacía aguas por todos los sitios. Ha sido una solución de compromiso para que el descrédito internacional de España no llegara a unos límites alucinantes. Pero hacer esto y no tocar los crímenes de lesa humanidad o genocidio me parece una pura contradicción. Creo que al Supremo la jurisdicción universal le interesa bastante poco.

Usted fue también el primero en perseguir en España el terrorismo yihadista. ¿Sigue creyendo que Abu Dahdah, jefe de la célula española de Al Qaeda, participó en la planificación de los atentados de las Torres Gemelas?

No se llegó a establecer así en la sentencia, pero así lo valoré con los indicios que tenía en ese momento, que jugó algún papel. Quedaron zonas muy oscuras, con la presencia de Mohamed Atta (uno de los suicidas de las Torres Gemelas) y Ramzi Bin al Shibh (uno de los principales organizadores del atentado del 11S) en España. Lo que sí se probó fue la responsabilidad máxima de Abu Dahdah en la gestión y dirección de Al Qaeda en España.

¿Por qué cree que el periodista Taysir Alony era parte de la célula yihadista?, ¿por haber hecho una entrevista a Osama Bin Laden para Al Jazeera?

No, la entrevista fue posterior. Esa es una de las manipulaciones realizadas por el propio Alony. Para nada tuvo que ver su condición de periodista o su pertenencia a Al Jazeera. Se le investigó por su actividad para Al Qaeda en Granada con otros miembros de la célula.

Usted procesó a cuatro presos de Guantánamo, entre ellos Ahmed Abderrahman, el denominado «talibán español», con datos que proporcionaron policías españoles que fueron a interrogarles allí. Luego el Supremo le absolvió porque las pruebas así obtenidas eran ilegales. ¿No le pareció que vulneraba los derechos de los reos?

No es así. Incorrecto. El auto de procesamiento contra estas personas estaba hecho desde mucho tiempo antes y la orden internacional de detención, también, en 2001. La visita de los policías fue mucho después. Es cierto que la Audiencia tomó en consideración alguno de los datos proporcionados por los policías que luego el Supremo estableció que no podían tener validez.

Sin embargo, cuando a Ikasrien le absolvió la Audiencia y usted había reclamado a Omar Deghayes y Jamil El Banna, abrió un proceso por torturas contra los responsables de Guantánamo, unas torturas que le habían denunciado cinco años antes y por las que entonces no abrió proceso alguno. ¿Qué explicación tiene para esto?

No fue así. Fui yo el que pregunté a Ahmed Abderraman por el trato recibido en Guantánamo. Fue puesto en libertad precisamente por esa situación. Cuando reclamé a Al Banna y Deghayes, era la forma de sacarlos de Guantánamo y luego, cuando estuvieron fuera, revoqué la orden de detención. Aquí se abrió un caso por torturas en Guantánamo que es el único que seguía abierto cuando yo dejé el juzgado.

Usted ha luchado contra la tortura e incluso inició un protocolo que lleva su nombre para que se filmen los pasillos que llevan a los calabozos de los centros de detención para evitar abusos, algo que luego han adoptado otros jueces de la Audiencia Nacional, ¿no?

Sí, y algunos otros, no. Y eso es lo verdaderamente grave, que el cumplimiento de este protocolo que ha sido reconocido por Naciones Unidas todavía no ha sido aceptado por algunos jueces. Se trata de paliar la incomunicación. Se graba la detención, se permite el examen por un médico de designación de la familia con el fin de que haya un contrainforme al del médico forense y, si hay discrepancias, se valore. Esto sirve para apreciar si ha habido torturas, pero también para la defensa de los propios funcionarios cuando han sido acusados injustamente. Pero en España, la lucha contra la tortura no ha sido una de las prioridades que ha habido en la justicia y debemos realizar mayores esfuerzos. El protocolo, a pesar de las críticas recibidas, lo que demostró es que es mucho más eficaz en la lucha contra el terrorismo.

Decía usted en el 93 que la corrupción política es el peor mal que puede afectar a cualquier sistema, incluido el democrático, y que hay que combatirla hasta las últimas consecuencias. Mucho ha llovido desde entonces, pero sus palabras han resultado proféticas, porque parece que la corrupción ha invadido el sistema: PP, PSOE, CIU… ¿Cómo lo ve?

Sigo pensando lo mismo. La prueba es que vivimos en un magma de suciedad que si no es tan generalizado como parece, desde luego nos tiene hundidos los pies en el fango. Es inaceptable que esta situación se produzca, que los procesos por corrupción se eternicen, que políticos condenados por delitos relacionados con la corrupción sigan ocupando escaños en parlamentos autonómicos o que algunos condenados sigan sin entrar en prisión. Hay que ver qué es lo que estamos haciendo contra la corrupción y tratar de recuperar la credibilidad. El ciudadano que muchas veces ha sido indiferente ante la corrupción ya no la acepta. Ejemplos como el de la familia Pujol o Urdangarin y políticos de toda índole no son los más idóneos para decir que una democracia está perfectamente consolidada.

Usted procesó a Berlusconi y su amigo Dell’Utri por el caso Tele 5. ¿Cómo se lleva un proceso contra el jefe de Estado de un país que es amigo personal del presidente del Gobierno del tuyo y que es el invitado de honor en la boda de su hija?

Pues verá, a Berlusconi no se le podía perseguir en España por tener inmunidad como primer ministro italiano, pero es que además el Tribunal Constitucional, en una discutible sentencia, impidió que remitiésemos los datos a Italia para que fuera perseguido allí, porque entendía que se vulneraba esa inmunidad. Pero después Dell’Utri fue condenado en Italia por su relación con la Mafia, tras ser extraditado desde Líbano.

Lo cierto es que el caso Tele 5 en España se diluyó y solo al final de sus vidas Berlusconi y Dell’Utri han sido condenados. ¿Qué conclusiones saca de esto?

Lo que se evidencia es que hay que cumplir la ley y que la ley es igual para todos. Berlusconi, además de frente a mí en mi juzgado, se sentó ante un tribunal de justicia italiano, fue juzgado y en este último caso fue condenado.

Pero se ha librado de algunos más.

Bueno, esto pone de manifiesto la confrontación entre política, poder económico, poder político y mediático frente a la acción de la justicia. Es un conglomerado bastante importante como para merecer toda una entrevista sobre él.

Otro caso importante fue el proceso de Sogecable, contra Jesús de Polanco, aunque usted no era el instructor. Sin embargo, usted se abstuvo de conocer la recusación de Gómez de Liaño y aquello fue el fin del caso, el principio de la condena por prevaricación del entonces juez y el fin de su amistad con él. ¿Qué me puede contar?

Yo tenía conocimiento de datos externos que podían influir en mi imparcialidad. Expuse los hechos que conocía y la Sala de Gobierno de la Audiencia me aceptó la abstención. Luego, por lo que yo desvelé el fiscal del Estado abrió un proceso de investigación que el Supremo archivó tiempo después. Luego, ajeno a eso, se celebró el juicio contra Gómez de Liaño, donde comparecí como testigo a petición de la defensa.

En los años del pelotazo y de las vacas gordas de la economía ya se hablaba de regeneración ética y honradez profesional. ¿Qué habría que cambiar para castigar ejemplarmente a los corruptos, que devuelvan lo robado y apartarlos de la política?

Yo creo que lo que habría que hacer es cumplir las leyes. Todo está previsto, lo que ocurre es que algunos siguen dictando normas que saben que no van a aplicar nunca. Si todas las normas y leyes que están en vigor se cumplieran y se hicieran cumplir no habría necesidad de investigar la corrupción, porque esta no existiría.

¿Existe alguna fórmula para devolver a los ciudadanos la confianza en las instituciones?

Sí, con más participación de los ciudadanos. Es el momento de que las estructuras políticas cambien. No se trata de votar cada cuatro años y algunos, nunca, porque no les interesa. Pero seguro que si les proponen participar en la actividad de la sociedad a la que pertenecen y en un control efectivo de la política de su país, van decir que sí. Hay que establecer mecanismos de participación y de control efectivos en ámbitos como en la designación de cargos públicos para el Consejo del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas. Esto tiene que ser serio y no un patio de monipodio donde unos cuantos se reparten el poder en las distintas estructuras de la organización del Estado.

Crímenes del franquismo, escuchas de la Gürtel y patrocinios de NY

Dígame, ¿qué ha pasado para que en 2002 fuera propuesto para el Premio Nobel de la Paz, en 2009 fuera calificado de «cruzado de la ley» y designado uno de los cien personajes más influyentes del mundo por la prestigiosa revista Foreing Policy y que en 2012 fuera expulsado de la judicatura?

Ahí hay muchas secuencias y todas ellas son compatibles, incluso la última que es una acción manifiestamente injusta y arbitraria contra alguien que lo único que hizo fue interpretar la ley de forma racional y mesurada. Yo adopté una medida de acuerdo con las fiscales que participaban en la causa, y que luego fue ratificada y ampliada por el juez que me sustituyó. Podían haber dejado sin efecto la medida. Todavía no sé por qué se produjo la condena del Supremo, pero creó un delito donde no lo había. La he aceptado, pero la sigo combatiendo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lo demás supongo que obedece al reconocimiento a mi trayectoria profesional.

¿Es cierto que el detonante de todo es el proceso penal que usted abrió por el plan sistemático de exterminio de los ganadores de la Guerra Civil que dejaba sin contenido la ley de memoria histórica? ¿Todo empezó por darle un escarmiento?

No es así. Es vulgarizar demasiado. La ley de memoria histórica tiene su ámbito de aplicación. Para nada afecta a la ley la acción judicial promovida por las víctimas y que a mí me correspondió por reparto. Yo intenté una reparación para las víctimas, una posible justicia allí donde fuera posible…

¿Usted no cree que fueron los suyos los que le pusieron la primera zancadilla?

No. ¿Los míos? ¿Quiénes son los míos? ¿Dentro de la propia justicia? Allá cada cual con su conciencia. Yo tomé la decisión que tenía que tomar. Sin embargo, ahora las víctimas siguen sin reparación, y la ONU nos da la razón de que es posible la verdad y la justicia en España.

¿Así que usted cree que a raíz de la investigación de la Operación Gürtel, con las comisiones que afectan al PP en Madrid, Valencia y Baleares, entre otros sitios, la derecha decidió acabar con usted?

Creo que fue un conjunto de circunstancias. Se cruzaron ajustes de cuentas dentro de la propia carrera judicial, con otras formas de entender lo que es una investigación judicial. Recuerdo la anécdota de ANV, cuando suspendí sus actividades y el letrado Iñigo Iruin decidió no acudir a la vista en el Supremo porque yo ya les había cortado hasta la luz. Alguien pensó que yo lo hacía por adelantarme, pero no. Hay que ver la secuencia de toda la investigación. Eran acciones compatibles.

Igual alguien en el Supremo no lo vio así.

Si no lo veía igual lo tiene que analizar consigo mismo por la noche cuando duerma con su almohada. Yo no interfería en la labor del Supremo. Y todas las decisiones que tomé en la Gürtel fueron de la mano con los fiscales. Los jueces que me sucedieron ratificaron mis decisiones. Entonces, ¿por qué yo sí y los demás no?

Usted era el único que no sabía lo que iban a hacer con usted.

No, sí lo sabía.

Usted conoce, porque lo publiqué en El País el 27 de febrero de 2012, bajo el título «Un arúspice en palacio», que un magistrado del Supremo me explicó en abril de 2010 qué iba a pasar con las tres causas que estaban abiertas contra usted: que sería condenado y expulsado de la carrera por las escuchas de la Gürtel, que enlodarían su imagen con el caso del patrocinio de los cursos de Nueva York, aunque no había nada delictivo y que sería absuelto en el caso de los crímenes del franquismo para no deteriorar el prestigio del Supremo, como así ocurrió. ¿Usted era el único que no sabía qué iba a pasar?

Sí, pero eso era evidente. Los que están cerca de mí saben que desde el primer día les dije lo que iba a suceder. Para mí, lo más escandaloso fue que el juez que estaba investigando el caso de Nueva York (Manuel Marchena) formara parte del tribunal que me juzgó por las escuchas de la Gürtel y en medio de la deliberación dictara una resolución para transformar el procedimiento y dos días después de la sentencia, lo archivara por prescripción. Lo mantuvo abierto dos años y decidió en un caso cuando estaba deliberando en otro. ¿Dónde está la imparcialidad ahí? Pues ahora acaba de ser nombrado presidente de la Sala Segunda del Supremo.

O el teórico progresista Luciano Varela…

O Luciano Varela, que, siendo instructor de la causa del franquismo, también formaba parte de este tribunal. ¿Usted cree que puede haber imparcialidad ahí? Me han dicho que se oían gritos insultantes ante la posibilidad de mi absolución.

¿Son gajes del oficio?

Pequeñas infamias que a mí ya no me merecen la pena.

¿Qué le parece que el caso Gürtel no haya sido juzgado todavía y que usted, que fue su primer instructor, hace dos años que está fuera de la judicatura?

Esa es la contradicción. No tiene sentido, porque podía haberse decidido que primero se juzgara la Gürtel, se viera el resultado y luego se juzgara si se había hecho bien o no. En todo caso, llama la atención que el único condenado por el caso troncal de Gürtel sea el juez que lo sacó a la luz.

La condena por prevaricación lo fue por haber ordenado las escuchas de varios presos y de sus abogados en prisión. Si, como dice el Supremo, sabía que era ilegal, ¿por qué lo hizo?

Es que no era ilegal. El Supremo sabe que no era ilegal. Lo que yo hice fue interpretar la ley. Las medidas fueron pedidas por las fiscales, y mantenidas por el juez que continuó con la investigación. En la resolución, que tenía como finalidad prevenir nuevos delitos, se hacía constar que dejaba a salvo el derecho de defensa y esa salvaguarda se hizo efectiva. Por eso no creo que sea una decisión justa la adoptada por el Supremo.

El Supremo no molestó, ni siquiera tomó declaración al magistrado Pedreira que prorrogó la decisión, ni a las fiscales anticorrupción que solicitaron la medida. ¿Cree que hubo un distinto rasero a la hora de medir?

Pues habría que preguntárselo a los distintos magistrados si a día de hoy siguen pensando que actuaron bien. Que ¿por qué no lo hicieron?, pues no lo sé. No deseo ningún mal para mi colega Pedreira, pero lo cierto es que ratificó y amplió las medidas que yo había adoptado.

¿Cree usted que la justicia es igual para todos? ¿Qué opina del caso Urdangarin y la imputación de la infanta Cristina?

Más allá del caso Urdangarin y la imputación de la infanta, la justicia en España y en la mayoría de los países del mundo no es igual para todos. Es obvio. Hay una justicia de primera, de segunda y de tercera categoría. Hay una justicia de élite y otra para aquellos que carecen de todo. Ese es el combate que tenemos que dar. Conseguir realmente que haya una justicia social verdadera y una acción judicial realmente independiente, imparcial y realmente protectora de los derechos de aquellos que más lo necesitan y no que se nos pongan esas garantías tan absolutas cuando los que se enfrentan a la justicia son los poderosos.

El ejecutivo de Aznar indultó inmediatamente al juez Gómez de Liaño, y, a pesar de los servicios que usted ha prestado al Estado, el de Rajoy le ha denegado el suyo. ¿Qué tiene que decir?

Pues que no me interesa para nada lo que haga el Gobierno en ese aspecto. Agradecí públicamente a Medel (Asociación de Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades) por la petición que había hecho. No me pronuncié sobre el indulto de Gómez de Liaño y en cuanto al mío, no lo pedí. Me hubiera sentido incómodo con un indulto dado por quienes a lo mejor se tendrían que haber abstenido.

Por cierto, ¿qué le parecen las reformas en la justicia (tasas, Consejo del Poder Judicial, Código Penal)?

La ley de tasas es un ataque a la igualdad ante la ley y dificulta claramente el acceso a la justicia en los ámbitos civil, laboral y contencioso. La ley del poder judicial tiene aspectos positivos y otros muy negativos. Yo ahí sería radical y daría entrada a la elección directa y universal de los miembros del Consejo del Poder Judicial y daría entrada a consejos de participación ciudadana. Estamos hartos de oír que la justicia se imparte en nombre del pueblo, pero el único que no puede elegir es el pueblo.

Nadie lo va a cambiar mientras los partidos mayoritarios puedan seguir controlando a los vocales elegidos.

Se trata de hacer un órgano independiente y para garantizar esa independencia ofrezco la solución de lo que debería ser.

¿Qué opina del proceso soberanista de Cataluña?

Yo respeto el derecho a la consulta del pueblo catalán y que debemos estar donde estamos si queremos estar. Pero debería ser posible avanzar y buscar la fórmula para que esa consulta se realice, es decir, potenciar el diálogo con respeto a la legalidad. La solución iría por la adopción de un modelo federal.

¿Tiene alguna opinión sobre el ascenso de Podemos?

Pues que es la respuesta a una acción política decrépita en la mayoría de los casos, a un reparto entre los aparatos de los diferentes partidos políticos y que los ciudadanos quieren más participación, más democracia y que se cumplan los contratos electorales. Eso es lo que ha hecho que una acción como la de Podemos tenga una gran intención de voto. Eso no es populismo, sino un mensaje clarísimo a las demás estructuras partidarias. Mucha gente está poniendo en cuestión el sistema y lo que hay que hacer es pararse a pensar y ponerle remedio.

Ahora que ya no es juez, creo que vive en un avión. Ha montado un bufete de abogados, ha creado una fundación que lleva su nombre, asesora a varios países sudamericanos, da clases de derecho en Seatle y es abogado de Assange, el fundador de Wikileaks. Parece que hay vida más allá de la judicatura…

Me absorbe el trabajo como abogado y la fundación. Tengo rango de subsecretario de Derechos Humanos en Argentina, estoy al frente del Centro de Promoción Internacional de Derechos Humanos de Unesco en Argentina. Y sigo siendo abogado de Assange.

¿A qué se dedica su fundación?

Tiene sede en cuatro países: México, Argentina, Colombia y España, y se dedica a la promoción de los derechos humanos y la educación sobre esos aspectos, desarrollo de proyectos en esos países contra el crimen organizado, corrupción y trata de seres humanos, apoyo a pueblos indígenas y promoción de la jurisdicción universal.

¿Qué es lo que más le llena de sus nuevas tareas?

Todo.

Por último, dígame, ¿es usted feliz?

Sí, aunque podría serlo más.

Fotografía: Guadalupe de la Vallina