Dolores Delgado: «Osama Bin Laden fue muerto en un acto de venganza»

Dolores Delgado (Madrid, 1962) es fiscal coordinadora contra el terrorismo yihadista en la Audiencia Nacional. Lleva casi veinticinco años luchando contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo. Ejerció de fiscal antidroga en las Operaciones Temple y Hielo Verde, en las que hubo importantes condenas, y en 2004 cambió de actividad y se dedicó a perseguir el terrorismo, tanto de ETA como yihadista. Además, abanderó en España la lucha contra los crímenes contra la humanidad (acusó a los militares argentinos Scilingo y Cavallo) y ejerció la acusación en procesos como el de la Mesa Nacional de Batasuna. Ha sido fiscal en la Corte Penal Internacional y preparó la documentación para juzgar a Gadafi por crímenes contra la humanidad. La entrevista se realiza en su despacho de la Audiencia Nacional.

Acaban de cumplirse diez años de los atentados del 11M. ¿Cómo ve la posibilidad de que pueda repetirse una matanza como esa?

Un atentado siempre es posible, aunque ahora estamos mucho mejor preparados. De todas formas, es importante distinguir dos conceptos, el de la amenaza y el del riesgo. España, como otros países, se encuentra en la órbita de la amenaza del terrorismo yihadista, especialmente por pertenecer a Al Ándalus. Ahora bien, rebajar el nivel de riesgo es el objetivo, impedir que puedan llegar a producirse atentados terroristas.

Supongo, además, que con lo que está pasando en Siria, Egipto, Libia, Irak, Sudán y el Magreb, será mucho más probable que un atentado de ese tipo se realice en África.

La amenaza depende de muchísimos factores geopolíticos, socioeconómicos, diplomáticos, culturales, o de una determinada coyuntura, por ejemplo, cuando España apoyó la guerra en Irak aumentó exponencialmente nuestro riesgo de atentado. Es preciso estar atento a esas circunstancias que pueden disparar el nivel de riesgo concreto. Es verdad que hoy por hoy, en territorio africano se tienen muchísimas más posibilidades de sufrir un atentado yihadista que en suelo europeo, pero ello no puede llevarnos a la afirmación de que aquí están excluidas las acciones terroristas.

Creo que lo importante es conocer el fenómeno, saber interpretar su evolución, adaptarse en las investigaciones a esas continuas mutaciones, estar vigilantes, profundizar en aquellas actuaciones que nos han dado un resultado positivo y que han hecho de este país un espacio más seguro que hace diez años.

¿Hay que pasar página ya de los atentados del 11M?

Los ataques terroristas del 11 de marzo deben estar presentes siempre, en primer lugar por las víctimas, pero también porque las circunstancias que concurrieron para que pudiesen ser ideados, preparados y ocurrir, no deben volver a producirse.

¿Qué opina de aquellas teorías de la conspiración de que ETA primero, y oscuros servicios secretos, después, estuvieron detrás de los atentados?

Por su trascendencia, los atentados del 11M tuvieron la investigación más exhaustiva por parte de la Policía, la Fiscalía y los jueces. Me atengo a los resultados y a la sentencia que se dictó. Ha sido una gran irresponsabilidad mantener «teorías» que chocaban frontalmente con las pruebas que aparecían.

¿Qué le parecen las nuevas teorías de que Amer Azizi pudo ordenar los atentados desde Pakistán?

No puedo pronunciarme. Me faltan datos para hacer una valoración en un sentido u otro.

¿Cuál sería la diferencia entre el terrorismo yihadista y otros tipos de terrorismo?

El terrorismo es la imposición violenta y coactiva de las ideas. La violencia puede ser ejercida de muchas maneras, a través de secuestros, bombas, asesinatos selectivos, magnicidios, etc. Los fines pueden ser políticos, religiosos, separatistas… Pero el terrorismo yihadista tiene dos peculiaridades frente a otros tipos de terrorismo, de una parte es global, su ámbito de actuación no se ciñe a un territorio específico, sino que se extiende o puede extenderse a todos los rincones del mundo; y, de otra, se manifiesta de muchas y muy variadas maneras, con una Al Qaeda central, organizaciones territoriales, células autónomas, operativos individuales… El terrorismo yihadista puede actuar «en casa» pero también desplazarse a zonas de conflicto y regresar de esas zonas con un sólido entrenamiento en el combate. Es lo que yo he denominado terrorismo «de ida y vuelta».

Teniendo en cuenta que no siempre utilizan armas convencionales, ¿esto les hace más peligrosos?

El tipo de arma, método o sistema no es lo determinante. Todo tipo terrorismo es peligroso porque se alimenta de una ideología patógena que conduce a la violencia y la sinrazón. El problema es la capacidad de extender esa ideología a miles de seguidores, porque entonces un ejército de hombres y mujeres pondrán sus mentes y cuerpos a disposición de la «causa».

¿Cómo de importantes son las nuevas tecnologías en el terrorismo yihadista?

A eso me refería. Internet, por ejemplo, es una herramienta increíblemente eficaz para los terroristas, y especialmente para los yihadistas. A través de la red se recluta, se adoctrina, se prepara, se incentiva, se realizan actividades de propaganda y comunicación. Además, se establecen sistemas de financiación. Se facilitan contactos, rutas, caminos para realizar «la Yihad». Convirtiéndose en un campo de entrenamiento virtual en el que se aprende desde la fabricación de un artefacto explosivo hasta las técnicas más sofisticadas de ocultarse ante una investigación o seguimiento policial.

¿Y cómo se utilizan estas nuevas tecnologías para combatirlo?

Decía que este terrorismo es metamórfico y mutante, ello ha obligado a los investigadores a modificar sus sistemas de investigación y a moverse en aquellos espacios, incluidos los virtuales, por los que transitan los terroristas. Ahora bien, siempre en los márgenes del respeto a los derechos humanos y de acuerdo a las reglas democráticas.

Pero los tribunales no siempre aprecian la labor de investigación. En la Operación Nova, en la que usted intervino, de cuarenta y cinco imputados solo fueron condenados cinco, ¿cómo se pueden evitar los atentados al tiempo que condenar a los que los preparan si estos no se han llegado a realizar?

En esta macrooperación contra el terrorismo yihadista se acusó a treinta sujetos de haber conformado desde diferentes prisiones una organización terrorista. La primera acción que tenían en mente era atacar, con un camión cargado de explosivos, la sede de la Audiencia Nacional en la calle Génova de Madrid. La Sala de lo Penal condenó a veinte de ellos. Pero el Tribunal Supremo realizó una valoración de la prueba y de los hechos muy distante de la que primero habían realizado los servicios de inteligencia que participaron en esta investigación, después la Policía, más tarde el juez instructor y el ministerio fiscal y después los magistrados de la Sala Penal. Así funciona el Estado de Derecho y así hemos de acatarlo.

¿Habría que modificar la ley para conseguir más eficacia?

Quizá no es cuestión de crear nuevos tipos penales sino de implementar las reformas procesales como el de la segunda instancia que tanto se nos viene reclamando desde Tribunales internacionales.

Sí, desde la sentencia del coronel Castillo Algar, que fue la primera condena del Tribunal de Estrasburgo por ese tema, han pasado ya más de quince años y todavía no se ha incorporado a la ley de enjuiciamiento criminal.

Es verdad, y ya va siendo hora.

Pasemos a otro tema. Usted fue fiscal en la Corte Penal Internacional y tenía preparados los documentos para juzgar a Gadafi por delitos contra la humanidad, aunque este luego fue linchado por la turbamulta. ¿No cree que la CPI ha quedado para juzgar a dictadores africanos y tipos ya caídos en desgracia como Milosevic, pero a nadie con poder?

Es injusto lo que dice. La CPI nació gracias al consenso de muchos Estados (en la actualidad ciento veinte han ratificado el Estatuto de Roma), con la vocación de convertirse en un Tribunal de Justicia Penal Internacional. Ha establecido la tipificación de los más graves crímenes contra la humanidad, ha excluido la inmunidad de los jefes de Estado como causa de no persecución, o la prescripción de esos horrendos y atroces crímenes. Ha establecido las reglas de actuación y la metodología de trabajo. Pero quizá lo más importante es que la CPI ha establecido un sistema de complementariedad con los Estados, de cooperación en la investigación, persecución y enjuiciamiento con aquellos.

Es cierto que los crímenes de los que la Corte puede conocer son los establecidos en el Estatuto de Roma y no otros. También es cierto que solo los cometidos desde agosto de 2002 pueden ser competencia de ese Tribunal, pero, y aun con esas limitaciones, es una apuesta por la intervención de una justicia internacional para la resolución de conflictos que no solo competen a los Estados donde se están produciendo los crímenes sino a todas las naciones civilizadas.

Pero eso no quita que se aplique únicamente a mandatarios que han perdido la protección de la comunidad internacional. Nadie hace nada contra Bashar al Asad mientras Rusia le proteja.

Cuando el fiscal de la CPI solicitó mi colaboración en el «caso Libia» para la preparación de la solicitud de orden de arresto de Gadafi y otros sujetos implicados en los acontecimientos que se estaban produciendo en aquel país, Gadafi se hallaba en el poder, lo ejercía con severidad y totalitarismo. Provocó una cruenta represión que terminó en un conflicto armado interno. Pero esa justicia que se hacía desde la CPI y desde su Fiscalía era una justicia en tiempo real, contra reloj, que provocó la actuación de la comunidad internacional y contribuyó a la búsqueda de la verdad y la protección de las víctimas.

Sin embargo, tiene razón en el caso de Siria. Fíjese que contradicción, Siria sigue en el más absoluto de los desamparos. ¿Qué está haciendo la comunidad internacional? Poco o nada. Por eso es necesaria la concurrencia de actuaciones de la justicia internacional y de la justicia universal ejercida a través de los Estados, para evitar no solo la impunidad sino la propia comisión de actos atroces.

¿Qué le parece que Estados Unidos, Rusia, China, Israel o Cuba no hayan firmado su adhesión al Tratado de Roma?

Supongo que temen su actuación y por eso de forma consciente y voluntaria excluyen su jurisdicción. El problema es cuando, además, influyen en otros Estados para que también eliminen toda posibilidad de un ejercicio de la jurisdicción universal…

Usted participó en The Center of Law and Security, de Nueva York, en un curso sobre seguridad donde se defendió el uso de los drones (aviones no tripulados) para atacar objetivos en terceros países a pesar de que causan un veinte por ciento de daños colaterales, es decir mujeres, niños y civiles inocentes. ¿Qué opinión tiene de ello?

Me niego a la contraposición de seguridad y libertad. Lejos de ser términos antagónicos o excluyentes son complementarios y necesarios recíprocamente. Efectivamente, la mejor prevención para el terrorismo, y específicamente el yihadista, es la democracia, la educación, la creación de un tejido social fuerte y sólido basado en principios y valores humanos. Si nuestra actuación, la de los países «civilizados», pasa por cometer actos de barbarie estamos dando una justificación a la actuación terrorista.

Porque los países «civilizados», en ocasiones, cometemos actos de barbarie, que además suele quedar impune, ¿no?

Claro. Osama Bin Laden fue muerto en un acto de venganza. La justicia no tuvo nada que ver en ello. Lo mataron tropas estadounidenses que actuaron fuera de su territorio y sin el consentimiento de Pakistán. No hubo juicio. No se dio a las víctimas la oportunidad de ser oídas. De saber la verdad de lo que ocurrió. El mundo del terrorismo yihadista debía haber visto a su líder indiscutible sometido a la justicia.

Ni siquiera sabemos si realmente murió. Lo creemos así porque así lo dijo Barack Obama al mundo. Pero ni siquiera nos han enseñado una foto de su cadáver, como sí ocurrió con Sadam o Gadafi.

Yo sí creo que está muerto. Al menos esa es la realidad aparente.

Por cierto, ¿qué le ha parecido la reforma del Gobierno de la Jurisdicción Universal para no incomodar al Gobierno chino?

Un desastre para la «marca España». Porque durante muchos años, especialmente desde la orden de detención internacional contra Pinochet que libró en 1998 el Juez Garzón, España tuvo un reconocimiento internacional por su contribución a la justicia universal. Desde los juicios de Nuremberg no se había producido un acontecimiento de tanta trascendencia a nivel mundial. A partir de esa actuación judicial los mensajes fueron claros y contundentes: los exdictadores que cometiesen crímenes contra la humanidad, aun amparados en normas de amnistía, iban a ser perseguidos allá donde se encontrasen, no podrían moverse por el mundo y sus crímenes no permanecerían impunes; la jurisdicción universal se había demostrado la mejor herramienta para luchar contra la impunidad; las víctimas tenían derechos y además un rol esencial en la justicia; los países en cuyos territorios fueron cometidos los crímenes masivos y sistemáticos ya no eran santuarios que pudieran dar la espalda a la justicia. Jamás un país gozó de tanto prestigio y reconocimiento por su actuación a favor de la justicia.

Bueno, para contentar a Israel, Moratinos y los socialistas ya rebajaron el alcance de la ley.

En 2009, en plena crisis económica, el PSOE y el PP, que fueron incapaces de ponerse de acuerdo en ninguna otra cuestión, acordaron la reforma de la jurisdicción universal para limitarla e impedir su ejercicio en muchos casos. En esta ocasión, el PP en solitario y con la oposición de todos los grupos parlamentarios ha decidido acabar con la jurisdicción universal. Utilizando un procedimiento legislativo que excluye cualquier debate e informe de los operadores en la materia. No hay alternativas. España, a diferencia de otros países que vuelven a retomar la herramienta de la justicia universal, ha decidido enterrarla y olvidar aquellos años en los que fuimos ejemplo y admiración de toda la comunidad jurídica internacional.

Usted fue fiscal en el caso Scilingo. A raíz de ese sumario, juzgado en España, Argentina impulsó los procesos contra los excesos de la dictadura y los milicos con condenas a los integrantes de las juntas militares y también en Chile se persiguió a Pinochet. ¿Qué valoración le merece?

Todo funcionó, y lo hizo con razonabilidad y mesura. España contribuyó a la reparación de miles de víctimas y al desarrollo de las condiciones adecuadas para que Argentina retomase su propia historia e iniciase el proceso de memoria tan necesario para el futuro en libertad y democracia.

¿Afectará la reforma de la ley española a los procesos iniciados por genocidio o crímenes contra la humanidad en Guatemala y otros países?

La reforma va a afectar prácticamente a todos los procesos que se siguen por crímenes contra la humanidad en la Audiencia Nacional. No son muchos, apenas trece. Pero son crímenes que no se van a investigar en los Estados donde se han cometido ni en tribunal internacional alguno. Millones de víctimas universales, que solo buscaban ser oídas, que alguien reconociese su dolor, van a perder toda esperanza de ello.

Pero, además, la reforma es tan agresiva que afectará a la investigación de los delitos que conforman el núcleo duro de los crímenes de delincuencia organizada transnacional, porque la cooperación judicial internacional se valía de esa herramienta para su más eficaz investigación y persecución.

Sí, perseguir un barco lleno de droga en aguas internacionales ya no será posible con la reforma de la ley.

No podemos permitirnos en ninguna de esas materias espacios de impunidad y la jurisdicción universal servía para que no los hubiese.

Hablando de reformas, ¿qué opina de las de Gallardón, por ejemplo, la ley del aborto o la del Poder Judicial?

Son dos materias bien diferentes. Respecto de la primera creo que teníamos una situación muy sosegada. Una materia cargada de ideología y contradicciones muy personales, había alcanzado un estadio de madurez y pacífica resolución. En este momento no había una necesidad social o ciudadana que justificase esa reforma. Respecto de la segunda, creo que la justicia española es la única institución que no ha sufrido una profunda reforma democrática tras la dictadura. Se van dejando pasar las oportunidades de hacerlo, y antes al contrario, las que se acometen no profundizan en la independencia, transparencia y participación ciudadana. La justicia se legitima en su ejercicio y este no es sino servicio público y ello debe tener reflejo en las propias estructuras orgánicas de este poder.

¿Qué le parece la eterna reivindicación de que la instrucción la realicen los fiscales en lugar de los jueces?

Creo que hay muchos motivos que justifican y hacen necesaria esa reforma procesal. La inmensa mayoría de los países de nuestro entorno tienen un modelo de fiscal investigador. El derecho procesal evoluciona. Lo hace para adaptarse a las necesidades de los derechos tanto del justiciable como de las víctimas y en definitiva de la sociedad. Los roles que cada uno de los operadores en este mundo de la justicia penal jugamos deben estar bien definidos y delimitados. No pueden confundirse, y eso es lo que en este momento no ocurre. Un juez de instrucción investiga y acuerda medidas cautelares respecto del investigado, tan graves como la prisión, por ejemplo, eso no responde a ninguna lógica ni garantiza que esta se haya tomado con la imparcialidad y distancia requeridos por la gravedad de la medida.

Habría que reformar el Estatuto del Ministerio Fiscal…

Estamos hablando de una reforma de extraordinario calado que obligará a modificar muchas normas, entre ellas el Estatuto del Ministerio Fiscal, para hacer posible esa «revolución» en la instrucción. Por supuesto que deben darse garantías a la ciudadanía de que la actuación del fiscal será independiente y sobre todo transparente.

Teniendo en cuenta que los fiscales tienen dependencia jerárquica y que al fiscal del Estado lo nombra el Gobierno, ¿qué cree que pasaría con casos como el de Urdangarin y la infanta, en el que el fiscal no solo no acusa sino que ejerce la mejor defensa de la hija del rey?

Creo que un principio básico por el que se rige el Ministerio Fiscal es el de la legalidad. Los/las fiscales tenemos una clara vocación de servicio público. Nos sentimos legitimados por la representación de la sociedad y de sus intereses. Ello pasa necesariamente por la defensa de la legalidad. No quiero que esto parezca un tópico por mi parte, pero la mía, la fiscal, es una carrera de entrega y responsabilidad. Por ello, asumir la instrucción no va a suponer un cambio de actuación, y sobre todo si se refuerza y garantiza nuestra independencia.

Me ha contestado solo a medias. ¿Le parece normal que el juez haya necesitado doscientos veintisiete folios para imputar a Cristina de Borbón y citarla a declarar? ¿De verdad los españoles somos iguales ante la ley?

Este ha sido un asunto de enorme trascendencia. Con una instrucción muy compleja y extensa. Supongo que cada paso procesal conlleva un extraordinario esfuerzo tanto por el juez como por el fiscal y las partes personadas. Evidentemente, las causas judiciales no son iguales y en ocasiones son intereses distintos a los de la justicia (políticos, mediáticos, económicos…) los que marcan las diferencias entre unas y otras. De lo que se trata es que ello no suponga una aplicación o interpretación diferente de la ley.

Una respuesta muy políticamente correcta.

[Risas] Es que es la verdad.

Vale, cambiemos de tema. Usted ha intervenido en el caso Falciani, (el informático que sustrajo datos del HSBC sobre ciento treinta mil evasores fiscales y que ha colaborado con la justicia de varios países entre otros España), ¿qué ha supuesto para la justicia española?

Un paso importante. Falciani llegó a España, fue detenido en Barcelona porque las autoridades suizas lo reclamaban por una serie de delitos todos ellos relacionados con el secreto bancario, la apropiación y revelación de secretos y delitos contra la inteligencia financiera según las normas penales helvéticas. A partir de los hechos que las autoridades suizas facilitaron tuve que decidir si la actuación de Falciani era perseguible conforme a nuestras normas penales.

Pero usted se opuso a la extradición y no se concedió.

Se trataba de determinar si los hechos que se le imputaban eran delictivos también en España. Falciani colaboró con las autoridades tributarias de varios países, también lo hizo con las autoridades judiciales de otros tantos, facilitó datos que permitieron la actuación de comisiones de investigación como la del Senado de los EE. UU., en definitiva contribuyó a la persecución del fraude, la corrupción, el lavado de activos. No solo entregó listas de defraudadores sino que explicó metodologías de actuación bancaria que facilitaban y, en ocasiones, contribuían a la comisión de esos hechos delictivos. ¿Cómo se iba a perseguir a alguien que cumplía con una obligación de colaborar impuesta tanto en la normativa interna como en los convenios internacionales? No, Falciani ha sido y está siendo de gran ayuda a la justicia española y a la de otros países.

Llegó usted a decir que determinados delitos económicos constituían crímenes contra la humanidad.

En la vista extradicional dije algo de lo que estoy íntimamente convencida, algunos delitos económicos, cuando se cometen de forma sistemática y a gran escala, cuando se realizan en coyunturas de crisis y se conoce de sus efectos devastadores para una generalidad de personas, afectan de forma directa sobre los derechos humanos y pueden llegar a constituirse en crímenes contra la humanidad.

¿Estaba pensando en las preferentes, en Bankia o solo en Madoff, Lehman Brothers y los que provocaron la crisis internacional, que después de todo tampoco lo han pasado tan mal?

De lo que estoy hablando es de conductas. Y fíjese, hay entidades financieras que en sí mismas constituyen paraísos fiscales.

Usted es amiga de Baltasar Garzón. ¿Qué opina de la sentencia por la que le expulsaron de la carrera judicial?

Estoy absolutamente en desacuerdo con ella. Conocí al juez Garzón en 1993. Yo me incorporé a la Audiencia Nacional como fiscal especial antidroga y justamente fui adscrita al Juzgado Central de Instrucción n.º 5 del que él era titular. Apenas coincidimos unos días, porque Baltasar dejaba el Juzgado para incorporarse a la política. Un año después regresaba a su puesto y a partir de ese momento trabajamos juntos durante más de diecinueve años. Primero en investigaciones antidroga y blanqueo de capitales. Después en terrorismo, tanto de ETA como yihadista.

Le he visto trabajar muy duro, con entrega y dedicación. Amaba su profesión y ello se reflejaba en cada una de sus actuaciones. Creía que este podía ser un mundo más seguro y más justo y que nosotros, con nuestro trabajo, podíamos contribuir a ello. Ha sido un profesional muy exigente, consigo mismo y con los que le han rodeado. Creía en la Audiencia Nacional como un órgano que, en materia penal, debía ser capaz de dar una respuesta a la criminalidad organizada en cualquiera de sus manifestaciones. El terrorismo era su principal preocupación y una gran parte de su actividad la centró en desarrollar una estrategia para que de una vez por todas terminase, y creo sinceramente que nadie desde la justicia ha contribuido como él lo hizo en el fin de ETA.

En las investigaciones por corrupción comenzaba a trabajar con idéntica perspectiva. Recayó en su juzgado Gürtel y se aplicó en la investigación como lo hacía con el narcotráfico o el terrorismo.

Ya, entiendo que elogie su trayectoria profesional y personal, pero yo le pregunto por la sentencia por la que fue inhabilitado.

Le repito que no comparto en modo alguno ni los argumentos, ni el fallo. El fiscal no encontró argumentos penales para acusar a Garzón. La fiscalía le apoyaba en la medida de investigación de intervención de las comunicaciones a los imputados en prisión. Había indicios, como hemos comprobado, de que los investigados podían poner fuera del alcance de la justicia ingentes cantidades de dinero procedente de los hechos delictivos. Después un juez diferente a él mantuvo la intervención y, a diferencia de Garzón la utilizó para la práctica de nuevas diligencias, además la medida fue declarada acertada por otro magistrado del TSJ de Madrid… Nunca antes había sido sometido un supuesto similar ante el TS y la ley no prohibía la medida acordada… Así que no, no comparto la condena de Garzón.

Fue condenado por prevaricación, que exige una interpretación grosera de la norma, pero como usted dice, los fiscales apoyaban a Garzón en la adopción de la medida y el juez Pedreira la confirmó, así que tan grosera no debía ser la interpretación. ¿A qué atribuye la condena? ¿Cree que pudo ser una venganza? ¿Pudo haber motivos personales y/o políticos al margen del estricto punto de vista jurídico?

Yo tengo mi opinión al respecto, pero permítame que me la reserve.

Me gustaría tratar algunos aspectos más personales. Usted está casada, es madre de dos hijos, ¿cree que el hecho de ser mujer le dificulta su promoción en su carrera profesional?

Yo no he tenido barreras por ser mujer o madre, pero es cierto que esa condición me ha obligado a duplicar el tiempo que dedicaba al trabajo y a mis hijos. Al final sacas horas de las que en teoría reservas para ti. Y yo, cuando mis hijos eran pequeños, iba como un ventilador.

¿Qué opinan sus hijos de su trabajo? Tengo entendido que el pequeño dijo en el colegio que su madre no iba a las reuniones preparatorias de su primera comunión porque tenía un montón de problemas con la policía, los abogados y las drogas.

Bueno, esa es una anécdota muy divertida que me ocurrió con mi hijo el mayor. Un día le preguntaron, casi con enfado, por qué su madre no asistía a las reuniones de la primera comunión y Jorge con mucha naturalidad dijo: «Mi mamá tiene muchos problemas con las drogas, la policía y los abogados». En aquella época yo estaba en la Fiscalía Antidroga y las operaciones policiales y los juicios eran constantes. La actividad era frenética. Me llamaron con urgencia del colegio…

Y resultó que no era usted una delincuente…

Pues no. Yo vivo mi trabajo, disfruto de él, me apasiona. Creo que eso se refleja en nuestra vida cotidiana, porque se transmiten los sentimientos, el entusiasmo, y al final, es un modelo de vida y de responsabilidad.

¿Y sus padres? Creo que ahora tienen alzhéimer. ¿Cómo se lleva eso?

Mal. Es una enfermedad muy dura. Cuando llegó el diagnóstico el mundo se vino abajo. Era imposible. Mis hermanos y yo nos preguntábamos una y otra vez el porqué, nos costó aceptarlo. Después la enfermedad se hizo la dueña de nuestras vidas, nos marcó el paso. Poco a poco hemos aprendido a vivir con ella. Hemos invertido los papeles. Ellos ahora tienen cuatro padres y nosotros compartimos dos hijos. Nos dan constantes pequeñas alegrías. Les disfrutamos en su evolución.

¿La esclavitud de la imagen afecta más a las mujeres?

No es esclavitud, cuidar la imagen puede ser divertido. En esta vida hay de todo. Hombres obsesionados por su físico. Mujeres deprimidas por la edad. Todo depende de la naturalidad con la que se desarrollen las cosas. No, no creo que a estas alturas haya muchas diferencias entre sexos. Hay gente para todo.

¿Cree que ser atractiva puede ser una ventaja?

[Risas] La verdad es que nunca me lo he planteado. Dígame, ¿esto también se lo pregunta a los hombres? Desde luego en mi profesión le puedo asegurar que no.

Pues tengo intención de hacerlo en un par de entrevistas que tengo pendientes como, por ejemplo, al ministro Gallardón.¿Cuál es su concepto de la felicidad?

No lo tengo. Creo que es tan subjetivo que resulta imposible realizar una descripción. No, no soy capaz de decir lo que es la felicidad. Cada uno, en su interior, sabe en cada momento qué le hace sentirse bien.

¿Pero está contenta con lo que ha conseguido con su carrera profesional?

Mi carrera ha ido evolucionando y yo con ella. He ido asumiendo retos. He aceptado destinos. He trabajado muy duro. Me he esforzado por hacer las cosas con honestidad y sin reservas. Después, lo demás ha venido solo.

¿Qué le faltaría por cumplir?

La verdad es que no me he planteado nada diferente a lo que hago. Me encanta mi trabajo. Me siento una privilegiada por haber podido dedicarme a esto. Ha sido y es una actividad apasionante.

Fotografía: Guadalupe de la Vallina