José Manuel Gómez Benítez: «Es difícil mantener que todos somos iguales ante la ley»

José Manuel Gómez Benítez (1950) es uno de los abogados penalistas más brillantes de España y, desde 2006, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid. En diciembre pasado, cesó como vocal del Consejo General del Poder Judicial, mandato en el que denunció por corrupción al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo, Carlos Dívar, que tuvo que renunciar a su cargo.

En su juventud militó en el PCE y en el tardofranquismo fue juzgado y encarcelado por asociación ilícita y propaganda ilegal —en dos ocasiones— por el Tribunal de Orden Público, lo que le valió el sobrenombre de «el Bravo». Ya en los ochenta, intervino como acusación en el caso de la colza y también contra el juez Pascual Estevill. Llevó la defensa de Pilar Miró y ha sido abogado de Felipe González y de Baltasar Garzón, entre otros. En 2006, participó junto a Javier Moscoso y Jesús Eguiguren en la última negociación que el Gobierno español mantuvo con la banda terrorista ETA. Tras su paso por el CGPJ, ha vuelto a la Universidad, en cuyo despacho nos recibe para hablar de justicia, terrorismo, corrupción y otras cuestiones de interés general.

Usted es abogado y catedrático y hasta hace un mes ha sido vocal del Poder judicial. ¿De verdad la justicia es igual para todos y los españoles somos iguales ante la ley, como asegura el rey y repiten la mayoría de los políticos?

A veces la propia ley impone la desigualdad. Por ejemplo, la mayor parte de los políticos no tienen que pasar por un juzgado, como cualquier ciudadano, cuando están imputados, sino por un Tribunal Superior de Justicia o por el Tribunal Supremo. Tal vez esto ayude a entender lo de la politización del Consejo General del Poder Judicial, que nombra a todos los magistrados del Tribunal Supremo y a la mayoría de los componentes de las salas penales de los Tribunales Superiores de Justicia. Pero, aunque no fuera así, es difícil mantener que todos somos iguales ante la ley si algunos —precisamente los que hacen las leyes— se reservan un fuero especial. Naturalmente, también esos tribunales tienen que aplicar la misma ley y de forma igual a estos aforados, pero, entonces, ¿por qué a ellos se la tiene que aplicar un tribunal superior? Se dice que esto se hace para evitar que sean sometidos a procesos penales arbitrariamente, pero ¿acaso solo estos tribunales son garantía de que no se inician procesos penales arbitrarios? ¿Por qué los demás ciudadanos no tenemos derecho a esa misma garantía en un país en el que cualquiera puede presentar una querella como acusador popular y en el que la interpretación de la ley ha impuesto que sean admitidas a trámite sin un trámite previo que impida, precisamente, las imputaciones arbitrarias? Los diputados y senadores deberían reformar la ley que les concede un trato procesal desigual, precisamente a ellos, entre otros, si pretenden no ser vistos como privilegiados por los ciudadanos.

¿Por qué cree que el auto de imputación de la infanta Cristina ha requerido doscientos veintisiete folios cuando normalmente suele bastar con uno?

Desde el punto de vista procesal, la infanta no está siendo tratada como una ciudadana más. El propio juez instructor se lamenta en su última resolución de que para citarla como imputada haya tenido que escribir cientos de páginas. Tampoco los fiscales suelen dedicar tantos esfuerzos para evitar la citación de alguien como imputado, ni las Audiencias Provinciales suelen resolver recursos de apelación en estos casos mediante una extensa resolución que analiza detalladamente todas las diligencias probatorias practicadas durante la instrucción, como si fuera una sentencia dictada tras el correspondiente juicio. Tal vez debería ser así en todos los casos, pero no es así en los demás casos.

Finalmente, parece que ha habido un cambio de estrategia de defensa y la infanta va a declarar el 8 de febrero, tras un año de demora y no voluntariamente, como afirma su abogado. ¿No cree que una Infanta de España debería de haber dado explicaciones al juzgado y a la ciudadanía mucho antes? ¿Se ha comportado como suelen hacer los culpables?

Probablemente su comparecencia en estas circunstancias obedece más al deseo de que no siga siendo erosionada su imagen y, de paso, la de la monarquía que a razones procesales. Es razonable que las personas intenten evitar su imputación en un proceso penal, sean culpables o no. Eso no se sabe hasta el final del proceso. Hay que respetar las reglas del juego.

¿Cree usted que a la infanta le es de aplicación la doctrina Botín, ya que ni el fiscal ni las comunidades de Valencia y Baleares la acusan y solo lo hace la acción popular?

No. Cuando los delitos protegen intereses generales, colectivos, en los que no puede haber acusación particular, el juicio puede hacerse aunque lo pida solo la acusación popular. Este es el caso del delito fiscal, además de otros relacionados con la corrupción, de los que la Infanta no está imputada, por ahora. Así que el juicio podría hacerse a petición solo de la acusación popular, si a lo largo de la instrucción se confirman los indicios que han motivado la reciente imputación, claro está.

Hay jueces que creen que debe aplicarse al blanqueo de dinero, pero no al delito fiscal, porque creen que solo Hacienda es la perjudicada.

¡Ya! Argumentan que en los casos de delito fiscal el abogado del Estado puede ejercer la acusación particular, y, por tanto, la acusación popular por sí sola no puede conseguir que los defraudadores fiscales se sienten en el banquillo. Pero ese argumento no vale. Además de que no recuerdo que el abogado del Estado haya acusado nunca por delito fiscal si el fiscal no lo hace, nada le impide hacerlo en otros delitos, como los relacionados con la corrupción: la malversación de caudales públicos, por ejemplo, y no creo que haya dudas sobre la posibilidad de llegar al banquillo a petición solo de la acusación popular en estos casos. Lo decisivo es si están en juego intereses particulares o colectivos. Si son colectivos, vale solo la acusación popular. Esto es lo que sucede con el delito fiscal que protege el patrimonio público procedente de la recaudación de tributos. No creo, por tanto, que se necesite una «doctrina doña Cristina», además de las de Botín y Antutxa. Además, el Tribunal Supremo decidió hace menos de dos años que la cuota tributaria defraudada en cantidad delictiva es un bien procedente de una actividad delictiva a efectos del delito de blanqueo, así que, según esto y a la vista del artículo 301 del Código Penal, todo delito fiscal implica otro de blanqueo. De todas formas, nos estamos adelantando al proceso. Todavía está por ver, entre otras cosas, si la infanta y su marido han defraudado más de ciento veinte mil euros en un ejercicio fiscal. Esa cantidad es el punto de partida para que exista delito fiscal.

La gente de la calle percibe que los banqueros, políticos corruptos y, en general, los poderosos tienen privilegios cuando se sientan en el banquillo de los acusados. ¿Qué opina al respecto?

A veces la gente espera una sentencia distinta, tal vez influenciada por el tratamiento mediático de algunos casos. No comparto esa valoración genérica. Frente a todo pronóstico, Camps fue absuelto por un jurado popular, y otro jurado acaba de condenar a Jaume Matas. La Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a Fabra por delito fiscal. La Audiencia de Palma de Mallorca impuso una dura condena al expresidente de las Islas Baleares, que, sin embargo, echó abajo la Sala Penal del Tribunal Supremo en una sentencia muy polémica. El Consejo de Administración de BANKIA está imputado. También lo está el de la CAM. Hay muchos casos distintos. Lo que sí es cierto es que los procesos de corrupción y económicos avanzan muy lentamente antes de llegar a juicio, y la prueba es complicada. Además, nuestra ley procesal penal es obsoleta, pero nadie ha querido cambiarla hasta ahora, y las Administraciones públicas no ponen los medios necesarios para que avancen estas investigaciones.

El que no es absuelto por prescripción u otras argucias legales, suele ser indultado. ¿Qué le parece la figura del indulto?

Los Gobiernos en España han abusado y siguen abusando del indulto y, además, sin criterios conocidos y comprensibles. Pero, aunque no abusaran, el indulto debe desaparecer de nuestra legislación. Invalidar total o parcialmente las sentencias de los tribunales no debe ser competencia del Gobierno en un país que se declara respetuoso con la división de poderes. Pero, además, la gente debe saber que casi todos los condenados un poco asesorados solicitan el indulto y lo hacen, además de por si les toca, porque la ley permite que no entren en prisión mientras se tramita su indulto, lo que puede tardar años, incluso si no «se pierden» en el camino, como ha ocurrido con el de Garzón. Así que los tribunales, con razón, dejan en suspenso —insisto, durante años— la entrada en prisión de miles y miles de condenados, sobre todo cuando las penas no son graves, porque, si no lo hacen, el indulto podría llegar después de que hubiera cumplido la condena. Por si quieren un ejemplo, esto es lo que acaba de suceder con el expresidente de las Islas Baleares. Esto no es serio.

Por cierto, ¿qué le parece que el expediente de indulto de Garzón se haya perdido durante año y medio entre el Ministerio de Justicia y el Tribunal Supremo?

No es la primera vez que se pierde el rastro de una resolución judicial y hay que volver a notificarla o tramitarla, pero que suceda con un asunto tan notorio es muy extraño. Supongo que el CGPJ estará investigando si la solicitud de indulto llegó al Tribunal Supremo para informe de su Sala 2.ª, y, en tal caso, por qué no se tramitó; y el Ministerio de Justicia, por su parte, si se quedó allí la solicitud y por qué. Y alguien tendrá que dar una explicación al solicitante del indulto, que no fue Garzón, y a la opinión pública sobre este mal funcionamiento de la Administración.

El PP y el ministro Gallardón han reformado por completo el Consejo del Poder Judicial. ¿Qué opinión le merece la reforma con recorte de competencias y vocales de primera y de segunda?

Tanto el recorte de competencias como la reducción de los vocales incompatibles me parecen bien. En un Estado democrático moderno no es aceptable que un servicio público se organice a sí mismo con criterios corporativos: jornada laboral, permisos, bajas, medición de la dedicación, carga de trabajo asumible, etcétera. Incluso con esa expansión de competencias, que en gran parte venían dictadas por las asociaciones judiciales, al igual que los nombramientos de todos los cargos judiciales y de los magistrados del Tribunal Supremo, sobraban vocales a tiempo completo, que, además, cobraban sueldos muy elevados. Es una reforma que debería haberse hecho hace tiempo. Otras partes de la reforma son más discutibles.

Sin embargo, la Constitución establece que haya veinte vocales. ¿Es lógico que haya vocales de primera y de segunda?

La Constitución establece el número de vocales y prevé expresamente que su estatuto y régimen de incompatibilidades son asuntos a regular por una ley orgánica. Esto es lo que ha hecho el Gobierno: una ley orgánica. Por cierto, puestos a darle un repaso a la Constitución, no pasaría nada malo si se disminuyera el número de vocales.

¿Cree usted que el presidente del Supremo va a hacer y deshacer a su antojo o al antojo de quien le ha nombrado?

El presidente del Supremo fue director general de Justicia con el Gobierno de Aznar, así que su posicionamiento político real está muy claro. Además es uno de los magistrados menos antiguos del Supremo. Ahora bien, es un magistrado prestigioso y persona de criterio. Espero que tenga la independencia institucional que le corresponde. Un cargo, por cierto, que había que dignificar tras la experiencia de Dívar, tal y como hizo Moliner, el anterior presidente del Supremo y del CGPJ. Es una pena que el nuevo Consejo no haya seguido nuestro ejemplo de nombrar a un presidente sin ningún tipo de interferencia política por primera vez en la historia, como hicimos con Moliner.

En la última renovación, hemos visto que, como antaño, los partidos se han repartido las vocalías del CGPJ. ¿Qué fórmula propondría usted para que se eligiera a los mejores en lugar de a los amigos?

Es muy difícil por la perversión de la cosa pública en nuestro país. Un Consejo con las competencias limitadas estrictamente a lo que es necesario para garantizar la independencia judicial, es decir, para evitar interferencias del poder ejecutivo en la labor jurisdiccional, como prevé la Constitución, debería estar formado por personas de prestigio que estuvieran fuera de la guerra competitiva; que no pudieran usar el cargo para seguir avanzando después en sus carreras políticas, profesionales o judiciales, porque su prestigio estuviera ya muy asentado antes. No necesariamente todos tendrían que ser juristas. Si estas personas, a su vez, fueran altos cargos y hubieran sido designadas con criterios de mérito y capacidad, no estaría mal que se incorporaran al Consejo en función de sus cargos. El presidente del Supremo, que no tendría que ser necesariamente «elegido» por el Consejo del Poder Judicial, el del Consejo de Estado, el del Consejo General de la Abogacía, el Fiscal General del Estado, tal vez el del Tribunal Constitucional, el del Consejo Rector de las Universidades Públicas, el del Tribunal de Cuentas, presidentes, en fin, de determinadas fundaciones públicas, por ejemplo, podrían formar un Consejo ideal. Y digo ideal. En un mundo no ideal: incompatibilidad durante diez años de los vocales como mínimo para ser nombrado para cargo público alguno o promovido a puesto judicial de nombramiento por parte del CGPJ.

¿No cree que eso es como la reforma de la ley electoral, que no se hará nunca porque no interesa a ninguno de los dos grandes partidos?

Todavía soy capaz de no resignarme. Lo de la reforma de la ley electoral es urgente, pero probablemente solo se aborde cuando se acabe el bipartidismo.

Algunas asociaciones judiciales han denunciado que ya ni siquiera se elige a los mejores de entre mis amigos, sino simplemente a los amigos leales.  ¿Cree usted que vamos a peor?

Bueno, ellas lo inventaron y lo han practicado desde hace años, no siempre, naturalmente, pero sí en muchos casos, así que no deben quejarse. En mi opinión se quejan porque han perdido peso. Mi experiencia en el anterior Consejo es que los vocales judiciales —que, no lo olvidemos, habían sido preseleccionados por sus asociaciones judiciales, porque no había vocales no asociados— seguían más a sus respectivas asociaciones o a alguna de sus corrientes, que a los políticos que los habían propuesto, y, sin embargo, la mayoría de los no judiciales eran simple y llanamente la voz de sus mentores políticos. Otros —muy pocos— fuimos por nuestra cuenta. En este Consejo se ha reducido el peso de las asociaciones judiciales y es más presidencialista, debido a la reforma. Hay que darle tiempo antes de juzgarlo. En todo caso hay una seña de identidad peculiar en este Consejo: la proliferación de cónyuges de altos y ex altos cargos. Con independencia de su valía personal, no deja de ser indicativo de la deriva institucional de nuestro país.

Hablemos de terrorismo. Usted participó en nombre del Gobierno de Zapatero en el último intento de negociar el fin de la violencia de ETA. ¿Se siente satisfecho de su participación?

El Gobierno de Zapatero consiguió que ETA estuviera más de tres años sin matar por primera vez en su historia, sin adoptar una sola medida penitenciaria que estuviera en su mano sobre los presos de esta organización, y sin hacer concesiones políticas. Por el contrario, mientras seguían matando, el Gobierno de Aznar aproximó a prisiones en el País Vasco o próximas a más de doscientos presos, y la Fiscalía no se opuso a algunas libertades, sin haber, siquiera, empezado la negociación. Tras la ruptura de esa negociación del Gobierno de Aznar, al que perteneció Rajoy, hubo una escalada inmediata de asesinatos, porque ETA seguía intacta. El final de ETA empezó en la negociación de Zapatero, porque allí se inició la ruptura de su parte política con la militar, y siguió con las continuas detenciones de sus máximos dirigentes, la intervención de armas y explosivos y la desarticulación de su estructura militar, que consiguieron las fuerzas de seguridad, bajo la dirección de Pérez Rubalcaba, tras la ruptura de la negociación. Con todo dolor tengo que decir que después de la ruptura volvieron a matar, pero muy esporádicamente y, finalmente, todavía bajo el Gobierno de Zapatero, ETA acordó el alto el fuego permanente y definitivo en el que todavía estamos. Todo esto deberían recordarlo quienes sin haber sufrido el terrorismo ahora se sienten seguros, pero antes no lo estaban; ni ellos, ni nadie.

¿Consideró usted que el famoso chivatazo al aparato de extorsión de ETA, el denominado caso Faisán, tenía como fin favorecer la negociación?

Nunca lo he considerado así, ni me consta que se hiciera con ese fin. De ese asunto conozco lo que se ha publicado. Creo que el tribunal se ha equivocado. Según se dice en la sentencia de la Audiencia Nacional y ha sido publicado, esa supuesta trama de financiación de ETA llevaba siendo observada por las fuerzas de seguridad e intervenidas sus conversaciones y contactos desde muchos años antes, sin ninguna actuación policial o judicial contra ella, no obstante. No parece que fuera muy importante desarticularla. Y, según la sentencia, nadie vio nunca el dinero que supuestamente iba a ser entregado en la operación Faisán. Así que no me extraña que con esos antecedentes, la juez francesa antiterrorista se negara a detener a nadie tras el supuesto chivatazo.

¿No le parece un tanto mezquino perseguir por ese asunto —colaboración con banda terrorista— a dos policías que pretendían el fin de ETA?

Al parecer, Pamiés, uno de los condenados, que fue jefe antiterrorista de Bilbao durante muchos años, ha sido de una gran eficacia en la lucha contra ETA. A él y a muchos como él le debemos todos, en parte, nuestra seguridad. La acusación de colaboración con banda armada se hizo en contra de la opinión del fiscal de la Audiencia Nacional encargado del caso. No he intervenido en el juicio, ni conozco el sumario, pero los dos policías han mantenido que no intervinieron en el supuesto chivatazo. Confío en que el Tribunal Supremo hará bien su trabajo.

¿Cree usted que el PP intentó boicotear aquellas conversaciones y que utilizó el terrorismo como arma electoral?

Sí, sin duda. Ambas cosas son notorias. Comprendo el dolor de las víctimas que han sobrevivido y de sus familiares, pero no el de quienes lo instrumentalizan con fines políticos, a diferencia de lo que sucede con otros partidos conservadores y organizaciones de víctimas de otros muchos países, que han sufrido el terrorismo tanto o mucho más que nosotros.

Ahora que ETA ha puesto fin a la lucha armada, ¿qué opina de la eterna reclamación del acercamiento de los presos etarras a Euskadi?

Es hora de empezar a acercarlos al lugar donde residen sus familiares. La Ley General Penitenciaria así lo prevé con carácter general, pero hay situaciones relacionadas con el régimen penitenciario de los presos que permiten hacer excepciones. Aunque no tengo datos precisos sobre la situación actual de estos presos, la ley no prevé que esa excepción pueda mantenerse como norma e indefinidamente como mecanismo de presión para conseguir fines ajenos a los propiamente penitenciarios.

Y, ¿qué le parece esa regulación preventiva del derecho de manifestación que hacen algunos jueces de la Audiencia Nacional, que hasta el PNV ha tenido que firmar la convocatoria para que no se prohíba?

A los jueces no les corresponde autorizar o no las manifestaciones. Eso es competencia gubernativa. Los jueces tienen que intervenir cuando tienen noticia de que se ha cometido un delito y los delitos se cometen durante o después de las manifestaciones, no antes. La simple solicitud a la autoridad gubernativa de autorización para celebrar una manifestación tendría que presentar indicios de ser en sí misma constitutiva de delito, por ejemplo, de apología del terrorismo para que un juez pudiera intervenir. Pero si no es así y, además, no se presenta denuncia o querella , el juez no puede prohibir la manifestación sin cometer un delito de prevaricación. Así que hizo muy bien el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, cuando dijo esto mismo en una resolución reciente sobre la petición de una asociación de víctimas del terrorismo de que prohibiese un acto de ex-presos de ETA, en cuya convocatoria no observó conducta delictiva alguna, ni denuncia o querella de parte.

¿Qué opinión tiene de la doctrina Parot y de la sentencia del TEDH de Estrasburgo?

El problema lo crearon, en primer lugar, los políticos franquistas antes de 1978, y posconstitucionales después, que hasta 1995 se negaron a derogar la redención de penas por el trabajo, en contra de la petición de todo el arco académico. El único que lo intentó fue Adolfo Suárez, pero, falto de apoyos parlamentarios, tuvo que retirar su proyecto de Código Penal poco antes del 23F. Y, en segundo lugar, el problema lo creó el Tribunal Supremo, que elaboró esta ingeniería jurídica para neutralizar lo que el legislador no había querido evitar. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al echarla abajo, ha dicho cosas tan elementales en un Estado de derecho que no debería ser necesario tener que decirlas. La no puesta en libertad de quienes habían cumplido sus condenas conforme a la redención de penas por el trabajo no es un simple asunto de ejecución de las penas, sino de legalidad de las penas. Ya deberíamos saber y admitir que las personas salen de prisión cuando cumplen sus penas. A mí también me habría gustado que se hubiera derogado la redención de penas por el trabajo tras la Constitución, y que no hubiera sido necesaria la doctrina Parot, pero no fue así y, entonces, por encima de todo esto está el respeto a la legalidad.

El Supremo instó al legislador a que sea más claro en explicar cómo se deben ejecutar las sentencias del Tribunal de Estrasburgo. ¿No era evidente que había que poner en libertad a los presos a los que se había prolongado indebidamente su condena, como así se hizo finalmente? ¿Requiere de más explicaciones?

No es tan sencillo como parece aplicar otras sentencias del TEDH, pese a lo cual nunca se ha pedido esta normativa. Pero la sentencia sobre la doctrina Parot estaba muy clara. No había más que ponerlos en libertad. Así lo entendieron el propio Tribunal Supremo y los demás jueces que lo tenían que hacer, con muy pocas voces judiciales discordantes.

Mientras el alcance de las penas se cambia cada cuatro días, ahora con la cadena perpetua revisable, ¿cree que algún día se incluirá en la Ley de Enjuiciamiento Criminal la doble instancia penal, exigida por Estrasburgo desde hace años?

Como consecuencia de las reiteradas condenas del TEDH a España por vulnerar el derecho a un proceso equitativo, que incluye el derecho a que determinadas pruebas sean practicadas en un segundo juicio, al menos cuando se revisa una sentencia absolutoria, cambió en nuestro país la apelación penal, que, en términos generales, cumple con lo exigido por el TEDH, pero no se ha hecho lo mismo con la casación ante el Tribunal Supremo. Es como si existiera una resistencia en el Tribunal Supremo a comportarse como sala de apelaciones a la hora de revisar las sentencias de las Audiencias Provinciales y de los Tribunales Superiores de Justicia. Nuestro Tribunal Constitucional ha declarado que la doble instancia no es directamente aplicable a la casación penal, pero el TEDH no ha contemplado esta excepción, así que son previsibles nuevas condenas a España si este tema llega a Estrasburgo. Ni esto, ni otras tantas cosas que hay que cambiar de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal han sido prioridad de ningún Gobierno desde la Constitución. Veremos en qué queda el anuncio de una nueva ley procesal penal hecho por el Ministro de Justicia.

Una última sobre terrorismo. Algunos miembros del PP y determinadas víctimas todavía sostienen que ETA estuvo detrás de los atentados del 11M o defienden algunas teorías conspirativas. ¿Tiene alguna opinión al respecto?

Mire usted, eso me parece ciencia ficción alimentada para enturbiar la historia por parte de quienes mintieron descaradamente en su momento y por eso fueron democráticamente desalojados del poder. Algunos, además, venden más periódicos con eso.

Pasemos a hablar de corrupción. Usted denunció al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial por los viajes que realizaba a Marbella y otros destinos turísticos a cuenta del presupuesto del organismo, lo que, al final, le costó el cargo porque no quiso dar explicaciones, ni pedir perdón. ¿Qué le incitó a denunciarle?

Me sentí indignado —la indignación es un sentimiento moral— por lo que estaba haciendo Dívar con el dinero de todos nosotros en medio de los recortes que nos estaban cayendo cada viernes. Pero, además, Dívar era un presidente meramente protocolario, ausente en este sentido, que, además de gastarse el dinero público en esos viajes no se ganaba el altísimo sueldo que tenía. Pretendí lanzar un mensaje de regeneración de lo público y de las instituciones, que otros en otras instituciones deberían haber imitado. Muchos políticos no lo entendieron al principio, ni de su lado, que eran los del PP realmente, ni del PSOE, hasta que la reacción de la gente y de muchos medios de comunicación les hizo cambiar.

En la votación para echar a Dívar por esas corruptelas, sin embargo, hubo más vocales que pidieron su reprobación por la denuncia que la del propio Dívar. ¿A qué lo atribuye? ¿Había otros vocales con viajes inconfesables?

Muchos temían que se divulgaran sus viajes, pese a que ninguno era similar a los de Dívar. En el Consejo no existían normas para el debido control de estos gastos y, en consecuencia, los viajes eran autorizados con alegría, digamos, entre otros por el propio Dívar. Después mis compañeros tuvieron que aprobar las normas sobre gastos de desplazamiento y su justificación que yo había propuesto y que antes del «escándalo Dívar» se habían negado a aprobar. A mí me quisieron echar del Consejo no por lo de Dívar, que también, ya que muchos vocales le veían las orejas al lobo, sino, sobre todo, porque a muchos les molestaba que me opusiera sistemáticamente a la perpetuación de sus malas prácticas. Les dolió especialmente mi previa denuncia sobre los apaños para los nombramientos de los magistrados del Tribunal Supremo y los presidentes de los tribunales.

El fiscal del Estado y el Supremo decidieron que no había materia penal en la conducta de Dívar. ¿También aquí la justicia fue igual para todos?

En mi opinión había indicios suficientes de utilización del dinero público para sus viajes privados y, por tanto, de un delito de malversación de caudales públicos. Por eso lo puse en conocimiento de la Fiscalía, como era mi obligación. Pero el fiscal no quiso investigar esos indicios, pese a que habría sido muy fácil hacerlo. En el Tribunal Supremo el archivo no fue tan fácil. Necesitaron dos votaciones: una en la Sala a la que le correspondía y otra en el Pleno, en el que hubo votos particulares muy interesantes a favor de la admisión de la querella. En mi opinión, tanto uno como otro pensaron que archivando el caso se acabaría la presión de la opinión pública, pero tuvo el efecto contrario, porque el archivo fue percibido como lo que usted dice, que la justicia no estaba siendo igual para todos.

Ninguno de los grandes casos de corrupción, Filesa, Gürtel, ha sido descubierto por los servicios de inspección del Estado, ni el Tribunal de Cuentas, sino por denuncias de gente involucrada que se ha sentido maltratada o traicionada. ¿Qué opinión le merece?

La financiación de los partidos políticos es un mundo bastante opaco, porque los dos grandes partidos, con la connivencia pasiva de los demás, han querido que sea así. En nuestro país los principales partidos tienen una estructura estable que requiere muchos gastos, porque es exageradamente grande. Además, el Tribunal de Cuentas tiene funciones de control contable formal, aunque debería ser potenciado. En estas circunstancias, ni la fiscalidad de los partidos ni su inspección fiscal ha formado parte de las prioridades de los propios partidos cuando están en el poder, ni tampoco cuando están en la oposición. No es de extrañar, entonces, que quienes conocen desde dentro la realidad sean los que pueden denunciarla. Pero esto suele tener un coste personal y laboral que no todo el mundo está dispuesto a asumir. Y, además, tiene una consecuencia penal ineludible: quien confiesa haber intervenido en un cohecho, por ejemplo, no solo le está imputando un delito a otro, sino que, además, se está incriminando a sí mismo. Tal vez esto ayude a entender mejor el caso Bárcenas, sin pretender prejuzgarlo, claro está.

¿Y cuál sería la solución?

En cuanto a la financiación de los partidos: una legislación que prohíba las donaciones de las empresas excepto en las campañas electorales, nunca anónimas y de cuantía limitada, fiscalidad de estas donaciones, inspección fiscal permanente de los partidos políticos, como sucede con grandes empresas, obligatoriedad de que sus cuentas sean auditadas, fuertes sanciones económicas y de prisión por falsificación de la contabilidad de los partidos… todo, en fin, menos dejarlos a su aire, que es lo que ha sucedido y sucede, y así nos ha ido y nos va. Es verdad que el problema ahora es del PP, pero hay que ordenar eso, en general.

¿Y también la delación?

En cuanto a la delación, la solución sería muy simple: si se quiere fomentar la delación con pruebas sólidas, hay que ofrecer impunidad a quien delata. Esto solo lo prevé el Código Penal si la denuncia se hace por quien solo ha intervenido ocasionalmente, en el plazo de dos meses desde la práctica corrupta y antes de que se inicie un procedimiento penal. Esto es ridículo. Se ha propuesto muchas veces que se amplíe ese plazo y que se flexibilicen los requisitos si se quiere luchar efectivamente contra cierta clase de corrupción, pero lo único que se consiguió fue ampliar el plazo de diez días a dos meses.

Montoro ha cambiado a los jefes de la inspección fiscal, el ministro del Interior ha sustituido a los jefes de la UDEF, de delincuencia económica y fiscal, ¿qué le sugiere?

Que si ha habido motivaciones espurias, ellos mismos y sus organizaciones profesionales deberían denunciarlas ante quien fuera. Y que la oposición debería ser machacona e inflexible con estos temas.

Además, el director de la Agencia Tributaria, señor Menéndez, designará a partir de ahora a los peritos de Hacienda que deban auxiliar a los jueces en casos de corrupción. ¿Qué cree que opinarán los jueces y los ciudadanos?

Los ciudadanos ya están curados de espantos. Y los jueces se resignan a lo que hay. Debería existir un listado de reparto de peritajes en esos cuerpos de la Administración, que objetivara los nombramientos y pudiera ser controlado por el juez, el fiscal y las partes. El tema de los peritos de las Administraciones Públicas —no solo los de la Agencia Tributaria— que deben auxiliar a los jueces en la investigación de delitos económicos y de corrupción es muy serio, con independencia de su nombramiento. La mayor parte de las veces no son relevados de sus funciones habituales, por lo que no tienen mucho tiempo para sus peritajes y con frecuencia tardan más de un año, o dos, o tres, o más en hacerlos, si son de cierta complejidad. Muchos retrasos en la instrucción de causas complejas relacionadas con la corrupción y los delitos económicos se deben a la tardanza de los peritos en emitir sus informes. Cuando se trata de las unidades específicas de la Policía y la Guardia Civil, el problema es que —especialmente la Guardia Civil— cuentan con muy poco personal y tienen mucho trabajo. Si se quiere ser realmente eficaz en la lucha contra estos delitos bastaría con crear cuerpos específicos bien dotados de medios materiales y humanos, o relevar de sus funciones habituales a los funcionarios que tengan que emitir informes periciales complejos.

Los principales partidos, y especialmente el PP, que parece que tenía una «cuenta B» continua en el tiempo, han estado implicados desde hace años en casos de corrupción. ¿Cómo cree que habría que luchar contra ella?

Inhabilitando durante muchos años para ocupar puestos en la Administración, o para ser elegido a cualquiera que haya sido condenado por delitos relacionados con la corrupción o el fraude fiscal, incluso si este no es penal, sino administrativo. Prohibiendo el indulto en estos casos. Previendo la posibilidad de la suspensión provisional en el ejercicio de sus funciones públicas como medida cautelar a adoptar por los jueces de instrucción, previo informe del fiscal. Ejerciendo presión parlamentaria y ciudadana para que los partidos depuren de sus filas —definitiva o provisionalmente, según los casos— a los condenados por estos delitos y a los que estén suspendidos cautelarmente, y no puedan volver a sus listas electorales. En fin, hay muchas más formas, pero con estas podríamos empezar.

Parece que Anticorrupción negocia con la expresidenta de Baleares, María Antonia Munar, una reducción en su petición de penas de los procesos pendientes y un tratamiento penitenciario favorable en sus condenas a cambio de devolver lo robado. ¿Le parece positivo o permitirá que los corruptos siempre tengan una salida?

El Código Penal prevé esa circunstancia que atenúa la pena de cualquier delito, incluso de los más graves. No me parece mal si la pena resultante tras la reparación del daño sigue siendo proporcional a la gravedad de los delitos. Pero muchas veces en las sentencias que cuentan con la conformidad previa de los acusados se han llegado a acuerdos que reducen la pena de prisión más de lo que permite la ley, y además se negocia también la aplicación de medidas que implican la no entrada en prisión, aunque eso no es negociable, porque depende de los jueces. Con respecto a Munar, hay que tener en cuenta que la negociación solo puede referirse a la atenuación de las futuras condenas. No sería de recibo, además de ilegal, que se estuviera negociando, también, el cumplimiento de sus penas en régimen abierto, por ejemplo, porque todo unido se parecería más a un indulto encubierto que a una atenuación de la pena por reparación del daño ocasionado. Espero, además, que no se negocie la pena de inhabilitación para ocupar cargos públicos.

España ha gastado cuarenta mil millones en el rescate bancario que pagaremos todos los contribuyentes; ¿no cree que alguien debería reclamar alguna responsabilidad por ello?

La responsabilidad política debería venir con el voto de castigo a los partidos a los que pertenecen quienes no quisieron o supieron ver lo que estaba ocurriendo en muchas entidades bancarias, y por la presión constante de la sociedad civil. La responsabilidad penal, agilizando los procesos para que haya juicios cuanto antes contra los imputados y excitando el celo de la Fiscalía Especial para los Delitos Económicos y la Corrupción para que inicie diligencias de investigación cuando exista algún indicio de delito contra políticos o altos funcionarios todavía no imputados. Todo esto lo puede y lo debe hacer, sobre todo, el Fiscal General del Estado.

El Supremo ha acabado con las cláusulas suelo por abusivas, algunos jueces han obligado a devolver el dinero de algunas preferentes y los desahucios, aunque no han parado, siguen aunque a menor ritmo. Parece que la justicia, que siempre suele llegar tarde,  por primera vez se pone a la cabeza de la manifestación. ¿Qué le parece?

A la cabeza de la manifestación han estado y estarán los movimientos ciudadanos que lo han hecho posible, algunos buenos abogados y algunos jueces especialmente sensibles. También fue muy importante el Tribunal Internacional de La Haya, aunque muchos jueces españoles desde hacía mucho tiempo se sentían incómodos aplicando una legislación en materia de desahucios, por ejemplo, claramente desigual. El hecho de que la justicia esté funcionando ahora demuestra lo importante que es cuidar este servicio público, que, al final, es el que tutela los derechos de las personas.

Hablemos de otras cuestiones de interés general. ¿Qué le parece una hipotética independencia de Cataluña?

Lo que empezó siendo un problema político de concierto fiscal se ha convertido en un problema político mucho más difícil de manejar. Hay que exigir responsabilidades políticas a quienes desde el Gobierno de España y desde el de Cataluña han hecho que lleguemos a esta situación, porque unos y otros están allí, precisamente, para negociar antes y evitar esta clase de situaciones. Si no lo han sabido hacer, lo mejor es mostrarles la puerta de salida en cuanto podamos. Dicho esto, el referéndum tal y como está planteado no solo es ilegal por inconstitucional, sino que, además, debe serlo, porque esas decisiones nos atañen a todos los españoles, pero no hay obstáculo legal para que los que residen en Cataluña manifiesten su voluntad. Hay que tocar suelo en algún momento y que cada uno muestre democráticamente sus argumentos.

¿Qué le parecen las nuevas fórmulas de protestas ciudadanas, como los escraches?

Son parte del derecho de manifestación, que está regulado. Las autorizaciones deben proteger también el ámbito de privacidad próximo al domicilio. Varias resoluciones judiciales han confirmado que si no hay amenazas, ni coacciones, ni alteraciones del orden público, no son delictivas. Y si no están autorizadas, son tan solo constitutivas, en el peor de los casos, de una infracción administrativa, no penal, lo que implica una mayor necesidad de proporcionalidad en la actuación de la policía en estos casos.

¿Le parecen proporcionadas las sanciones previstas en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, ejecutivas en vía administrativa y solo con recurso a la justicia después de abonada la sanción y las tasas correspondientes?

Lo que no se puede pretender es que tengamos que soportar todo lo que está cayendo y sin quejarnos. Como el descontento es tan grande, el Gobierno, en vez de enfrentarse a las causas del mismo, se ocupa de limitar el derecho de manifestación. Pero no es esa su función, sino la de proteger el ejercicio de los derechos fundamentales, entre los que está el de manifestación. Dicho esto, me parece que hay otras muchas previsiones en ese proyecto de ley que son más preocupantes y abusivas que la que usted señala, porque lo de «paga y recurre» es lo normal en el derecho administrativo.

¿Como cuáles?

Bueno, esto daría para un seminario, pero por resumir. Por la mera convocatoria o la simple asistencia a una reunión «que tenga finalidad coactiva» —no en la que haya coacciones— te pueden caer seiscientos mil euros. Esto para abrir boca en cuanto a los escraches, por ejemplo, aunque no hagas nada más que convocar o asistir y no pase nada más; por llevar capuchas u pañuelos en la cara en una manifestación: treinta mil eurucos; por manifestarte ante el Congreso, el Senado o las Asambleas de las CC. AA.: otros treinta mil; por «obstruir» el cumplimiento de resoluciones judiciales o administrativas —léase, desahucios—: otros treinta mil; por negarse a ser identificado o dar datos falsos: otros treinta mil. Pero no se lo pierda: por «ofensas» a España, a las CC. AA. e, incluso, a los Ayuntamientos, a sus símbolos o banderas y a los himnos: otros treinta mil, así que ya lo saben los del Camp Nou; por «no colaborar» con la policía en la prevención de acciones que «puedan poner en peligro» la seguridad ciudadana —atención, no que la pongan en peligro, sino que la puedan poner en peligro—, algo que en parte alguna se define, por cierto: otros treinta mil. Y tampoco se lo pierda: por insultar a la policía en las «concentraciones»: otros treinta mil euros. Y, además, nada de eso prescribe hasta los tres o dos años, y si te trincan en tres de estas infracciones en dos años, entonces: hasta seiscientos mil euros del ala. Pero no hay que preocuparse, porque no vas a la cárcel por nada de eso, salvo, eso sí, por resistencia pasiva, que es delito en el Proyecto de reforma de Código Penal actualmente en tramitación. Se les ha pasado qué hacer con los millones de parados que no tienen un puto euro y usan capucha porque el hambre les hace pasar frío, cuando se encuentren en el lugar y en el momento inoportunos. Pero, en fin, me callo porque no quiero darles ideas.

Sí, resulta tan desproporcionado como el aumento de las tasas judiciales.

Son un atentado contra el derecho a la tutela judicial efectiva en casi todos los casos, especialmente en la jurisdicción social. Un sacaperras más.

¿Y qué opina de los privilegios de la Iglesia católica en un país que se declara aconfesional? ¿Y su participación en manifestaciones como azote del Gobierno, especialmente del socialista?

La Iglesia católica debería pagar los impuestos que pagan las demás religiones y los propietarios de patrimonio inmobiliario. El Concordato, que procede del franquismo, es algo obsoleto en un país aconfesional. Pero, una vez más, nadie lo ha querido denunciar. Ya se sabe que hay partes del franquismo en las que la Transición democrática todavía no se ha hecho. En cuanto a las manifestaciones, han estado siempre en sintonía con el PP, si no, ¿cómo se explica que ahora no salgan a la calle para protestar contra el proyecto de ley del aborto, que, en parte al menos, vuelve al sistema de indicaciones que aprobó el PSOE, contra el que sí se manifestaron entonces?

¿Por cierto, qué opina de la reforma de la ley del aborto que pretende el ministro Gallardón?

Todo en ese proyecto tiene más que ver con un camino de obstáculos para la mujer, que con un asesoramiento sereno y respetuoso con los derechos de la mujer y con las obligaciones del Estado de proteger al feto. La penalización del aborto por graves malformaciones del feto no incompatibles con la vida condena a las embarazadas a un sufrimiento extraordinario que es contrario a su dignidad y al desarrollo de su personalidad, del que solo podrán librarse yéndose fuera a abortar, si tienen dinero, o asumiendo los riesgos de un aborto clandestino en España, si no lo tienen. Es inhumano y de un cinismo extremo, que no creo que compartan siquiera la mayoría de los votantes del PP, ni la mayoría de los católicos. La vuelta a la despenalización por daño a la salud psíquica de la embarazada significa volver a un sistema fracasado. El sistema vigente de plazos está en la línea de nuestro entorno europeo.

¿Le ha sorprendido el derrotero ideológico de Gallardón desde que es ministro?

Probablemente está buscando un espacio político propio, que escora el PP hacia su extrema derecha, algo que este partido pretende disimular tan solo cuando se acercan las elecciones. Hasta ahora solo le consideraba un «político de chequera», que nos ha dejado a los madrileños endeudados hasta las cejas.

¿Qué le parece el estado de la libertad de expresión en España?

Pues, en fin, cada vez hay más concentración de los medios de comunicación en el mismo lado. El paisaje es cada vez más «berlusconiano».

¿Cree que los periódicos informan con objetividad o las deudas los tienen amordazados en política y economía?

Los jóvenes, muchos de los cuales tienen una formación excelente, muy superior a la mayoría de nosotros, leen poco los periódicos, al menos los de mayor tirada, y mucho algunos blogs que van por libre y otras fuentes de información similares. Por algo será. La concentración de la propiedad de los grandes medios de comunicación, su falta real de independencia económica, el encharcamiento político de nuestro país, que parece no poder dejar atrás las dos España, la poca profesionalidad de algunos periodistas, en fin, todo forma un paquete en el que la información no parece ser el objeto primordial de interés en los grandes medios de comunicación.

Finalmente, ¿piensa volver a algún cargo público?

¿Yo? Estoy muy bien donde estoy.

 

Fotografía: Begoña Rivas