El debate sobre la reforma de las pensiones en España parece encallado en la habitual discusión sobre niveles de gasto y volumen de prestaciones. Oposición, gobierno y sindicatos andan enzarzados en negociaciones sobre cómo pagar, quién cobrará y cuándo, tocando y retocando el sistema actual y todos sus detalles. ¿Hace falta retrasar la edad de jubilación? ¿Cuántos años computar para calcular la pensión? ¿Qué mecanismos de ajuste automático debe incluir la formula?
Son discusiones importantes, sin duda, y todas ellas afectarán a todos los españoles tarde o temprano. El debate, sin embargo, parece olvidar una pregunta crucial, la más importante en cualquier debate presupuestario: ¿cuáles son las alternativas de gasto al sistema de pensiones? Más concretamente, ¿qué programas estamos decidiendo no financiar por cada décima de presupuesto público que destinamos a mantener el sistema público de pensiones?
La pregunta puede parecer un tanto absurda, dado que en España (como es habitual en otros países) las pensiones se pagan de una «caja» separada del presupuesto público financiada con un impuesto específico, las cotizaciones de la seguridad social. El sistema de jubilación en teoría aislado del resto de presupuestos, y su viabilidad es calculada de forma separada. Aunque esto sea cierto sobre el papel, vale la pena recalcar que tiene mucho de ficción política: las cotizaciones sociales vienen del bolsillo del contribuyente como el resto de los presupuestos, y la factura sería exactamente la misma si pagáramos el sistema vía presupuestos generales. La «caja» de la seguridad social es casi un artificio contable; su existencia es por encima de todo una señal de los políticos de su apoyo a los pensionistas, no una realidad presupuestaria.
Cuando hablamos de viabilidad de las pensiones en el fondo estamos hablando de viabilidad del gasto público. Más concretamente, sobre qué porcentaje de los presupuestos queremos destinar a transferencias de renta a mayores de sesenta y cinco años. El problema no es que España no pueda seguir pagando las prestaciones actuales de forma indefinida; podríamos hacerlo. El problema es que para hacerlo deberíamos o bien confiar en que los trabajadores de generaciones futuras estén dispuestos a subirse impuestos para seguir pagando, o bien empezar a eliminar otras partidas de gasto tarde o temprano mientras el gasto en viejecitos fuerza recortes en el resto del presupuesto. Afortunadamente el gasto en pensiones es (relativamente) fácil de predecir, al tener un fuerte componente demográfico. Por desgracia nuestra poca predisposición a procrear hace que esos trabajadores futuros que ahora andan por guarderías y parvularios sean insuficientes para pagar ese gasto sin enfrentarse al dilema anterior.
Cualquier decisión debe responder no solo si queremos pagar menos impuestos o reducir gasto, sino también tener en cuenta el coste de oportunidad de nuestra elección. Pongamos, por ejemplo, que nos ponemos un sombrero progresista y subimos los impuestos a los ricos hoy para hacer crecer el fondo de reserva y mantener el sistema. Dejando de lado los efectos distorsionadores de cualquier impuesto, es necesario evaluar si esa recaudación adicional no estaría mejor utilizada en otros lugares. Quizá hubiera sido mejor utilizarlos para aumentar el gasto en infraestructuras, por ejemplo, llenando España de hyperloops. Quizá era mejor gastarlos en educación infantil, becas universitarias, investigación científica o exploración espacial. Quizá podríamos haber utilizado el dinero para rebajar otros impuestos más regresivos. O quizá nos podríamos haber fundido el dinero en unos juegos olímpicos, ya puestos. Lo cierto es que cada euro destinado a pensiones es un euro no gastado en otro lugar; decidir si es la partida presupuestaria más adecuada o no debería ser el primer paso antes de empezar a debatir.
La pregunta obvia, en este caso, es por qué el Estado dedica dinero a un sistema de pensiones de jubilación. No es una respuesta sencilla; a fin de cuentas, todo el mundo llega a viejo, todo el mundo debe dejar de trabajar algún día, y todo el mundo necesita ahorros para cuando ese día llegue. En un mundo de ciudadanos responsables, racionales y previsores todo el mundo haría números, calcularía cuánto dinero debe tener ahorrado al cumplir los sesenta y cinco y obraría en consecuencia, dejando al Estado solo para cubrir imprevistos (pensiones de invalidez, por ejemplo). En el mundo real, sin embargo, sabemos que esto no sucede así: los trabajadores tienden a subestimar el dinero necesario, empiezan a ahorrar demasiado tarde y además son singularmente torpes incluso cumpliendo con sus propios objetivos. Los humanos, en general, somos bastante malos planificando a treinta años vista, y aún peores portándonos bien durante todo ese tiempo.
Esta miopía seguramente podría ser solventada mediante regulación, creando cuentas de jubilación privadas obligatorias. Los problemas, sin embargo, no se quedan aquí. Por un lado, es bastante fácil imaginar un escenario donde un contribuyente responsable ahorra mucho y bien, pero mete todo su dinero en preferentes de una caja de ahorros local. Llega a los sesenta y cinco, y ahí se fue su jubilación. Podemos alegar que el Estado no está ahí para protegernos de nuestras estupideces y/o inversiones en filatelia y Lehman Brothers, ciertamente, pero no queremos un país con un cupo de jubilados medio arruinados cada crisis financiera. Por añadido, tenemos el pequeño problema de la esperanza de vida variable; uno puede ahorrar con ahínco para cubrir su vejez solo para darse cuenta de que esa vejez dura diez o quince años más de lo esperado. Y por supuesto, envejecer no es barato: nadie puede predecir con certeza si necesitará ayuda médica, y durante cuánto tiempo.
Los diseñadores de los primeros sistemas de pensiones, por tanto, trabajan con estos problemas en mente. La jubilación es una forma de compensar la falta de previsión generalizada por parte de los contribuyentes mediante un seguro social obligatorio. En ocasiones, el sistema era explícitamente uno de mínimos, con prestaciones relativamente bajas para garantizar un nivel mínimo de renta; el ahorro privado se presupone, con la seguridad social cubriendo emergencias. En algunos países como el Reino Unido la pensión básica es de hecho igual para todo el mundo; hay planes contributivos adicionales, pero son voluntarios. Uno puede hacer el sistema menos tacaño (más «a prueba de idiotas») si se quiere, aumentando los mínimos y haciendo las prestaciones más generosas para las rentas bajas, siendo consciente que los trabajadores de rentas altas son capaces de ahorrar más que el resto.
Lo que no podemos olvidar, sin embargo, es que cada euro adicional que destinamos a pagar a jubilados es un euro que no podemos gastar en otra parte, y que debemos recaudar en algún lado.
Volvamos entonces al papel del Estado. Podemos decir que las pensiones públicas cumplen un papel importante por sí solas, ya que solventan por un lado un fallo de mercado obvio (la gente ahorra menos de lo necesario) y por otro sirven de seguro universal contra imprevistos para los más vulnerables (aquellos que viven más años de lo esperado o sufren minusvalías). Lo que debemos decidir, una vez establecido esto, es si queremos invertir mucho dinero en mayores de sesenta y cinco años, o queremos destinar la capacidad fiscal del país en otro sitio. Si el Estado debe destinar el dinero a proteger a los más débiles, ¿tenemos gente más necesitada que los jubilados? Si el Estado debe invertir en aquellas políticas públicas que generan el mayor crecimiento económico posible a medio/largo plazo (ayuda a pagar las pensiones) ¿concentraremos nuestros impuestos en la caja de la seguridad social?
Mi respuesta, en ambos casos, es probablemente no. Si tengo que escoger entre subir los impuestos para mantener el sistema de pensiones en su estado actual contra viento y marea o subir esos mismos impuestos para invertir en una red de guarderías públicas gratuitas, me decantaría por lo segundo sin dudarlo. Si tengo que decidirme entre pensiones o políticas activas de empleo, pensiones o I+D, pensiones o ley de dependencia, pensiones o políticas de natalidad, pensiones o planes de ayuda a familias en peligro de marginación, me decantaré por la segunda opción en casi todos los casos. Las guarderías públicas (cualquier cosa dedicada a educación infantil de cero a tres años, de hecho) tienen efectos enormes sobre el rendimiento educativo de los niños y contribuyen a la igualdad de oportunidades. Las políticas activas de empleo (bien diseñadas) mejoran la productividad de la economía. La I+D el crecimiento a largo plazo. La ley de dependencia es enormemente redistributiva y protege a los más vulnerables. Las políticas de natalidad ayudan a pagar las pensiones a largo plazo, y generan crecimiento económico a medio. Ayudar a familias marginales protege a sus hijos y suponen un ahorro de dinero a medio plazo. Y así sucesivamente.
De un menú de políticas públicas posibles y gasto social destinado a mejorar la igualdad en una sociedad, promover la igualdad de oportunidades y ayudar a los que más sufren, dedicar más dinero al sistema de pensiones tiene unos retornos relativamente limitados. El sistema de pensiones es una pieza crucial del estado de bienestar, sin duda, pero no debemos dedicarle recursos eternamente. Si realmente nos preocupa hacer una sociedad más igualitaria y justa, hay capítulos de gasto público más importantes y efectivos. Si no nos importa la igualdad y primamos el crecimiento económico, cosas como infraestructuras, universidades o investigación tiene mucho mejores retornos.
Si todo lo dicho arriba es tan obvio, ¿por qué las pensiones siempre monopolizan la conversación de este modo? ¿Por qué no estamos hablando de igualdad de oportunidades, familias estables, niños felices, guarderías públicas y crecimiento a largo plazo? La respuesta, en este caso, es muy sencilla: los jubilados votan; los niños de tres años no. El gran problema del debate sobre las pensiones, y de cualquier política pública que favorezca a votantes presentes en contra de votantes futuros, es parecido al de la miopía de los ahorradores ante su jubilación, con el agravante que muchos votantes ni siquiera estarán por aquí para ver las consecuencias. El estado del bienestar habitualmente redistribuye entre ricos y pobres, pero al hablar de pensiones y educación lo hace entre grupos de edad. La inmensa mayoría de votantes ya han pasado por el sistema educativo, y esperan recibir una pensión. Conseguir que piensen en ciudadanos futuros y niños de parvulario por delante jubilación (esa para la que están ahorrando menos de lo necesario) es harto complicado, y acaba produciendo estructuras de gasto público a menudo disfuncionales. Todos los estados de bienestar en toda Europa, no solo en España, se están enfrentando a este dilema ahora mismo: una población cada vez más envejecida debe decidir si el gasto público en ancianos seguirá aumentando, o si el estado de bienestar debe mantener sus viejas prioridades. Políticamente, no es una cuestión fácil.
Cuando hablamos de reformar el sistema de pensiones, por lo tanto, recordad que no es una conversación sobre «derechos sociales adquiridos» o «mantener el poder adquisitivo». Estamos hablando sobre dónde vamos a invertir dinero público, y más en concreto, a quién debe ayudar y proteger el Estado.
Sí, es obvio.
No obstante, hay algo que no debemos olvidar en relación con el momento concreto en que vivimos. No tengo datos concretos, pero apostaría por que las pensiones de los jubilados españoles han funcionado como reservorio del que han extraído muchos sus recursos para sobrevivir a esta crisis.
Vete abriendo el paraguas.
La que te va a caer, los jubilados y los parados escriben más comentarios que los que van a la guardería y los investigadores.
Por cierto no he leído nada de retrasar la edad de jubilación (parece que tiene sentido si sube la esperanza de vida), y eso reduce el gasto, pudiendo mantener la calidad de la prestación.
Valiente artículo.
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como usted bien afirma, «Políticamente, no es una cuestión fácil«… bueno, el mito nos habla de algunas sociedades en el norte del norte (los esquimales concretamente), cuyos jubilados supervivientes a la «esperanza de vida» toman amablemente el camino de la tundra dejando libre la silla del comedor… creo deducir de su sesuda exposición su aspiración a algo parecido, que al fin y al cabo, corresponde a mentes (y todo lo demás) tan frías como la suya… me equivoco? si es así le ruego me corrija porque no he entendido nada… porque lo de invertir alternativamente a las pensiones en «una red de guarderías públicas gratuitas«, sirve también para acoger a Leonor y a todas las Leonores excretadas por la clase dominante?
Joder menudo truño, habrá usted desayunado fibra esta mañana.
Buen artículo, de parte de un parado.
Tienes razón. Creo que deberíamos dejar a todos nuestros hijos sin escolarización temprana gratuita para que no se aproveche la clase alta de nuestros impuestos!
Estupendo artículo, Roger. Me recuerda al chiste de los dos ministros que deciden invertir menos en colegios y más en cárceles: al fin y al cabo, ¿acaso van a volver ellos alguna vez al colegio?
Estoy totalmente de acuerdo con el autor del artículo. Sin embargo, como bien apunta él mismo, es inimaginable que un Gobierno (el de turno), el primer interés del cual es salir reelegido en las próximas elecciones, se atreva a realizar un cambio drástico en esta materia.
A los jubilados todavía se los ve con ese halo de «desfavorecidos» o «desprotegidos», lo cual es absurdo en muchos casos. ¿Quién es más desfavorecido, un jubilado de 65 cobrando la pensión máxima, con su hipoteca pagada y una salud razonablemente buena, o un joven de veintipocos que no logra encontrar trabajo y que tiene que vivir con sus padres?
En la España de hoy muchos jubilados son unos privilegiados.
Por no hablar de ese saco roto que hasta hace poco han sido los viajes del IMSERSO, algo sin parangón en el mundo civilizado.
«los trabajadores tienden a subestimar el dinero necesario, empiezan a ahorrar demasiado tarde y además son singularmente torpes incluso cumpliendo con sus propios objetivos» Es decir, que debemos pasarnos la vida trabajando no sólo para cubrir los gastos y facturas del presente si no que, también, para ahorrar para nuestra jubilación. ¿Quizá deberíamos empezar ahorrar para ello desde los 16 años? Aunque entiendo el fondo de su articulo, mejor invertir en el futuro que en el pasado, denota una falta de sensibilidad apabullante y un estar inmerso en una curiosa burbuja: La mayoría de la población, en España, no se puede ni siquiera permitir el pensar en eso de «ahorrar», suficiente tenemos con llegar a fin de mes. A la par que es pretender una población absolutamente esclavizada y sin ninguna, o poquísima, libertad real (ya que su objetivo en la vida es únicamente lograr subsistir, al presente y al futuro).
Convendría apuntar que en una economía basada en el consumo, el hecho de que el colectivo de pensionistas tenga una renta digna (que tal como la pinta el articulista tal parece que todos comen caviar, y ya le digo yo, por si no lo sabe, que no) implica una masa de población inyectando mucho dinero al tejido productivo. Ya sabe, comen, se visten, de un tiempo a esta parte van de vacaciones con los programas del abuelo turista, compran regalso a los nietos, los cuidan guardándoles las espaldas a los padres en su largas jornadas laborales, pagan a gente que les cuida y les limpia,….
Y contraponer sus prestaciones a la inversiones en I+D, y a los presupuestos educativos, es muy ladino. Podríamos sacar el dinero que necesitamos para estos proyectos de las subvenciones a los colegios privados, a la promoción del habla de no qué valle, no se dónde, de las ingentes magaconstrucciones sin utilidad que jalonan el país, y así sucesivamente.
Y como el sistema, se pongan como se pongan es solidario (con mis cotizaciones, bueno con la mía y unas cuantas más, pago la pensión de mi padre), la alternativa es capitalizarlas para nosotros, y que los pensionistas actuales empiecen a escarbar en los contenedores, o se vayan la monte a morir bajo un árbol, como en la Balada de Narayama.
Y la final, bajo todo, subyace el inmenso negocio que husmean las aseguradoras, si esto se privatiza. igualito que con la sanidad. Y para eso tienen a sus amiguitos trabajando. En la política y en la prensa.
Al debate hay que añadir, por si faltaba picante, dos aspectos más: que si bien se ha alargado la esperanza de vida no lo ha hecho tanto su calidad, y prolongar la vida activa puede ser imposible.
Vivir hasta los cien representa haber sido viejo casi la mitad de tu vida. Una persona de 60 años es mayor. Una de 70 es viejo, no hay más. Puede que esté en condiciones de seguir trabajando, según el tipo de trabajo al que se dedicase, pero es muy probable que no esté capacitado para hacerlo.
Peor aún: es muchísimo más probable que no esté capacitado para hacerlo tan bien como un jovencito de 20 años, por la tercera parte del sueldo. No tengo las cifras, pero un buen pedazo de la tarta del desempleo la constituyen prejubilados y despedidos de más de 50 años que muy probablemente no volverán a encontrar trabajo antes de llegar a la edad de jubilación. En estas condiciones ¿qué sentido tiene hablar de prolongar la fecha de la jubilación?
El problema es que el estado te abre la billetera y te quita quieras o no un 35% diciéndote: -esto para cuando te jubiles-.
Tras despilfarrar en mil cosas ahora viene con que no tiene para pagar esa jubilación.
El articulista hace de trilero y pretende convencernos que ese dinero debería gastarse en I+D y en guarderías.
Encantados con que nos deje la paga completa y luego cada uno se las apañe cuando llegue a viejo.
Un artículo sesgado y profundamente injusto.
Según un estudio de la Universidad de Las Palmas el coste social de la corrupción en España supone unos 40.000 millones de euros (http://economia.elpais.com/economia/2013/07/29/agencias/1375094611_897338.html). Antes de decidir dónde destinar la capacidad fiscal convendría establecer los mecanismos para acabar con el fraude fiscal y la corrupción (ya lo sé, a mí también me da la risa). En cuanto a la miopía de los trabajadores de cara a su jubilación, a veces tengo la sensación de vivir en una realidad paralela; una realidad que probablemente compartan millones de desempleados y precarios, especialmente los más jóvenes (y no hablo solo de aquellos que están en la veintena). Yo soy una ahorradora compulsiva porque así me educaron. Mi problema es que jamás me han hecho un contrato que no fuera precario. Desde hace diez años trabajo en un sitio que me gusta, pero con un contrato que me tipifica dentro de lo que la Unión Europea considera “europobreza”. Apenas me permite sobrevivir, como para pensar en jubilaciones futuras.
Dentro de la brutal dualidad del mercado laboral español, somos millones los que llevamos años viviendo con unas condiciones laborales que no se veían desde hace décadas pero, aun cuando somos millones, seguimos siendo una minoría con respecto a la mayoría de trabajadores con unas condiciones laborales decentes y en algunos casos extraordinarias. Lo que ha cambiado con la crisis es que la línea que separaba a los estables («insiders») de los precarios («outsiders») es cada vez más fina. Quien está fuera de la “estabilidad” difícilmente va a entrar, pero quien está dentro, cada vez se acerca más al otro lado. En las sociedades del sur de Europa, debido a la cohesión familiar y solidaridad de padres a hijos, tiene sentido que todo el peso haya recaído fundamentalmente en la gente joven (no digo que sean los únicos afectados). Pero se trata de un mero parche, una situación absolutamente insostenible de cara al futuro, absurda para cualquier país. ¿Hablamos de alargar la edad de jubilación en una sociedad con una gran parte de la juventud que ni siquiera tiene la oportunidad de poder cotizar? Tenemos unas cifras de desempleo nacional superiores a las de la ciudad de Detroit. Y “el gran elefante en la habitación” de la precariedad laboral en la que algunos llevamos años instalados está siendo convenientemente ignorado. Parece que si uno entra al «mercado laboral» la vida ya es «bella».
Cuando esa inmensa “minoría” de desempleados y precarios se convierta en mayoría, tengo la sensación de que muchas cosas van a tener que cambiar a la fuerza en España. No sé si estaré aquí para entonces. A día de hoy, no veo ningún futuro para mí en este país. A pesar de que ahorro en la medida de lo posible, no puedo pensar en la jubilación cuando ni siquiera soy capaz de ver la posibilidad de conseguir un sueldo decente, nada del otro mundo, simplemente un sueldo que me permita vivir con un poco de normalidad. Por este motivo, a veces no puedo evitar sentir que vivo en una realidad paralela a aquella de la que me están hablando.
A la piscina:
Esto es muy sencillo; se estudia el origen de los ingresos del Estado y se legisla en función de ello.
-Que la mayoría de los ingresos tienen su origen en el IRPF y las nóminas, en el consumo normal (no yates ni aviones privados, claro)…, vamos, en las clases medias; pues se prioriza el reparto de la riqueza con sueldos altos, y cargas impositivas considerables, pero que no penalicen el consumo. Una sociedad igualitaria.
Que el origen de los ingresos del Estado está en el impuesto de sociedades, en el impuesto de patrimonio, en el IVA recaudado por artículos de lujo al alcance de unos pocos; pues se priorizan salarios de subsistencia que maximicen beneficios empresariales, se eleva el IVA de los artículos de lujo, el impuesto sobre el patrimonio…
Lo contrario es pegarse un tiro en el pie, que es lo que yo creo que se está haciendo Europa con las bajadas salariales, la precariedad en el empleo, la creación de nuevas bolsas de miseria.
Hoy un informe de Intermon Oxfam, dice que en 2.025 uno de cada tres pobres europeos será español, y que en nada habrá 12 millones de pobres en España. Hoy se puede ser y de hecho se es, perfectamente pobre aún teniendo trabajo.
Si el dinero no llega a manos de la gente, no sé de donde coño piensan sacar los impuestos. ¿De las cuentas de Suiza? (esto forma parte de la segunda de las opciones indicadas, y la hace menos deseable, pues el recaudado acaba teniendo más poder que el recaudador)
«The U.S. and Europe are experiencing sluggish growth and persistently high unemployment, which for young people in countries like Spain reaches 50%. In the rich world, the older generation also has failed the young by bequeathing them crushing debts. No politician in the U.S. or Europe should look down complacently on the events unfolding in the streets of Istanbul and São Paulo. It would be a grave mistake to think, «It can’t happen here.»
«The Wall Street Journal» (Friday, June 28, 2013)
Que el propio Fukuyama escriba párrafos como este dan que pensar. Mientras tanto podemos seguir mirando a Siria como si estos países de Oriente Próximo estuviesen locos y ese tipo de cosas nos quedaran ya muy lejos. Siete meses antes del inicio de las protestas en Siria, ni yo ni los sirios con los que hablé hubieran dado el más mínimo crédito a la información si alguien les hubiera dicho que su país iba a estallar en mil pedazos. Pero como no somos, no nos importó, hasta que somos y nos echamos las manos a la cabeza.
No estoy de acuerdo con el autor en la base de su exposición. Como el bien dice, las pensiones se financian por un «impuesto», si queremos llamarlo así, finalista. Esto quiere decir que lo recaudado con ese impuesto se utiliza unicamente para el pago de pensiones. Si, llegado el caso decidieramos suprimir las pensiones, ese impuesto carece de sentido y por lo tanto también carece de sentido el decir que ese dinero se puede dedicar a otros menesteres.
Otra cosa es que digamos: «Señores se acabaron las pensiones, y ademas vamos a cascarles otro impuesto equivalente a lo que ustedes pagaban» en cuyo caso lo que estamos haciendo es meterle el marrón al ciudadano de buscarse la vida pero subiendole a su vez los impuestos.
el pago de las pensiones se realiza a cargo de lo comúnmente conocido como los Seguros Sociales que pagan las empresas y los trabajadores con un sentido finalista. El autor de éste artículo, que todo hay que decirlo pasta en las praderas universitarias norteamericanas (y líbreme dios de llamarlo burro), retuerce retóricamente los conceptos de impuestos y prestaciones sociales, para cocinarnos un pastel indigesto, que por lo leído en los comentaríos, resulta una delicatessen al gusto de casi todos los lectores intervinientes… hombre, plantee usted un debate (necesario) en términos mas precisos! si usted considera que la Caja de Pensiones es un despilfarro y que el Estado del Bienestar (vade retro!) tiene otras prioridades, tendría como mínimo que organizar la transferencia de dichos fondos (finalistas) a un consorcio de Entidades que se hicieran cargo en primer lugar de los derechos adquiridos por los trabajadores en función de lo ya cotizado y posteriormente, ofertar unos planes de jubilación al menos con el mismo contenido que el marco de prestaciones actual, con la garantía de su mantenimiento durante un periodo pactado de antemano… una marcianada? …pués anda que la suya!
Propongo una edad máxima para el voto. Ahí lo dejo
Algunos apuntes:
– La función del sistema de pensiones no es acolchar a la sociedad contra la idiotez humana sino evitar una bolsa de pobreza monumental integrada por ancianos.
– Un trabajador normal tendría que ahorrar más de 6.000 euros anuales durante 35 años para poder amasar el suficiente dinero para una jubilación muy, muy modesta. Un reto de ahorro absolutamente imposible para la mayor parte de la población.
– Aparte de que ahorrar lo suficiente para la jubilación sea imposible, es también imposible saber para qué servirán esos ahorros a 30 años vista. Si uno pone como prioridad financiarse la jubilación, lo más sensato es no consumir nada, no invertir en nada y, por supuesto, no hacer cosas locas como tener familia. Un bonito modelo de sociedad. Muy dinámico. Nos ahorramos además la red de guarderías públicas y la educación universitaria porque nadie podrá/querrá tener hijos.
– Una vez que alguien consiga acabar con el sistema de pensiones, con la ayuda de politólogos y economistas varios y sus teorías del gasto público, la red de guarderías públicas seguirá sin hacerse, la ciencia seguirá siendo despreciada, la sanidad seguirá siendo repartida entre empresaurios, las obras públicas grandiosas e inútiles se seguirán haciendo para rellenar sobres con los que financiar sobresueldos y campañas electorales. Quizá entonces veamos que el problema no eran las pensiones ni tampoco los malvados abuelos votando contra sus nietecitos.
Buena reflexión, bastante atinada. Abre un debate incómodo pero crucial
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