Tsevan Rabtan: Si es gratis

Toda persona instruida sabe lo absurdas que son esas afirmaciones de que el dinero público no es de nadie y de que los servicios públicos no cuestan nada. Son absurdas, pero reflejan un comportamiento extendido sobre la cosa pública que sí tiene un sentido “económico”: cuando no tienes que pagar por algo es más fácil que consumas ese algo excesivamente, derrochándolo.

Naturalmente, los servicios públicos no tienen por qué ser gratuitos. Ni siquiera parcialmente gratuitos. Sin embargo, normalmente sólo tienen sentido cuando lo son porque, en caso contrario, si hay un posible beneficio a la vista por prestar el servicio casi siempre habrá quien quiera conseguirlo, y el Estado sólo debería tener actividad económica cuando no hay alternativa viable. Excluyo, claro está, supuestos en los que es precisa una enorme inversión inicial que quizá no se encuentre al alcance de los procedimientos habituales de acumulación de capital privado y aquéllos en los que la actividad estatal es resultado de un monopolio conveniente, como en el caso de las actividades de policía y defensa. Un ejemplo muy evidente es el norteamericano. En contra de lo que a veces se afirma los Estados Unidos, en numerosas ocasiones, han crecido gracias a una inversión pública de un calibre extraordinario. Una ley de 1796 fijó el precio de las tierras en dos dólares el acre (unos 4.000 m²) y además de que sólo había que pagar un 25 % de la tierra que se compraba y te daban cuatro años para pagar, se concedían créditos “blandos” para la compra. Enormes cantidades de tierras hoy valiosísimas se vendieron por este sistema. Ese dinero y el obtenido del endeudamiento público sirvió para realizar gigantescas obras públicas, sobre todo construcción de caminos y canales para aprovechar la comunicación fluvial en los grandes valles del centro y del este de Estados Unidos. El ejemplo más impactante es el famoso National Pike, que exigió una inversión de casi siete millones de dólares de la época y casi treintas leyes federales. Por cierto, varios Estados se endeudaron tanto con estas obras públicas que tuvieron que suspender pagos y muchos inversores europeos confiados en la solvencia de las administraciones americanas se tuvieron que comer sus títulos de deuda. Nihil novum.

Perdonen la digresión.

Como decía, en la mayoría de las ocasiones los servicios públicos son gratuitos o parcialmente gratuitos para sus destinatarios concretos. Incluso aquél que pague más impuestos o tasas que el contravalor de los servicios concretos que reciba es posible que “sienta” que no paga por el servicio público concreto que utiliza. Esto puede parecer paradójico, pero no lo es por una razón psicológicamente convincente: no pagará más impuestos porque use más o menos un servicio público, así que la decisión de usarlo, o no, no depende de lo que, en última instancia, haya pagado de ese servicio indirectamente mediante sus impuestos.

La solución más eficiente sería la de que se pagase por aquello que se usa. Esta solución (nunca llevada a la práctica en su totalidad, siempre hay formas de caridad) plantea muchos problemas que se pueden resumir en dos: favorece absolutamente a las clases altas e impide la movilidad social. No hablo de justicia, ese sospechoso habitual. Hablo de algo más simple, de posibilidad de evolución social.

Sin embargo, en España nos hemos acostumbrado a pensar (cuando se trata de cuestiones básicas, como la educación, la sanidad, la justicia) que sólo hay dos alternativas: o el pago, o la gratuidad total universal.

Y el asunto ha devenido en tabú. El caso es que el Estado también puede facilitar servicios públicos subvencionándolos sólo en parte, con carácter general. Y esta posibilidad produce un efecto beneficioso indiscutible: se limita el abuso por el derroche. Si tienes que pagar, algo, por usar un servicio público, el comportamiento racional del destinatario será hacerlo en aquellas ocasiones en que realmente lo necesite.

Algo tan evidente recibe un rechazo inmediato y diría además que extendido a prácticamente todas las capas sociales. Creo que la gente piensa que su dinero se malgasta, que paga demasiados impuestos, que los ricos pagan poco (y rico es siempre el que tiene más que uno) y que “sólo faltaba” que encima tuviera que pagar por la educación o por la sanidad. Lo extraordinario del asunto es que esos “prejuicios” pueden ser ciertos o tener una base real y, sin embargo, resultar económicamente disparatado mantener un sistema que incentiva el derroche.

Nos hemos reído mucho del uso del término “ticket moderador” hecho por el Presidente de la Generalidad catalana (acusándole de maquillar un “copago”), pero lo curioso es que parece que la gente prefiere que el servicio público se resienta, antes de aceptar que incluir un pago parcial por aquéllos que usan un servicio público pueda ser una manera de reducir el gasto más que de aumentar los ingresos.

Como no conozco la sanidad catalana, les voy a hablar de la justicia madrileña y de los costes de la asistencia jurídica gratuita.

En Madrid, en 2010, hubo más de 130 000 designaciones, más de 100 000 asistencias a detenidos (la mayoría terminan dando lugar a una designación) y se realizaron casi 175 000 consultas en los servicios de orientación jurídica (suele ser el paso previo a la solicitud de abogado de oficio). En el momento actual existe un problema muy importante de retraso en el pago de los honorarios a los abogados de oficio, porque la Comunidad de Madrid destina una partida insuficiente (alrededor de treinta millones de euros, cuando deberían de ser unos cuarenta millones) por ese concepto. Es una partida pequeña en relación a los más de 17 000 millones de euros del presupuesto total, pero me sirve para explicar a qué me refiero.

El servicio público prestado por los abogados de oficio se sustenta en dos pilares: el de los abogados que aceptan rebajar sus honorarios (hasta el punto de llamarlos compensación) a las cantidades fijadas por la administración (una media de unos 300 € por proceso) y el del pago de esas cantidades por la propia administración. Las razones para formar parte del turno de oficio pueden ser muchas, pero el que se garantice un mínimo de asuntos con un mínimo de ingresos supongo que estará entre las más decisivas.

Si usted acude a un abogado particular para que se encargue de su divorcio y éste le pide (por decir una cifra moderada, aunque advierto que los honorarios pueden variar mucho según a quién acuda) 1200 €, puede que ese mismo abogado esté llevando divorcio idéntico al suyo por la cuarta parte en el turno de oficio. Por cierto, a lo mejor topará usted con un abogado con poca experiencia, pero al menos llevará tres años colegiado y habrá hecho cursos hasta hartarse.

Es decir, el ciudadano que goza del beneficio de justicia gratuita (por no superar su unidad familiar el doble del salario mínimo) recibe un servicio en principio idéntico, pero el profesional que lo presta acepta cobrar mucho menos por la garantía de recibir un mínimo de asuntos.

¿Incentiva este sistema la litigiosidad? Indiscutiblemente. Por varias razones.

En primer lugar, porque el sistema supuestamente filtra a quienes tienen recursos (incluso prevé que se pueda denegar por signos externos de riqueza), pero en la práctica se carece de medios materiales para efectuar comprobaciones. Específicamente se excluye el dato de la propiedad de una vivienda habitual para no conceder el beneficio. Además, dentro del concepto de unidad familiar se incluye al cónyuge e hijos, pero no a los padres. Por tanto, alguien mayor de edad que vive con sus padres puede acceder al beneficio aunque su familia esté forrada. Esto sin considerar que hay a quienes por ley les corresponde sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos.

En segundo lugar, porque el único control previo frente al abuso, ya no en lo relativo a la suficiencia económica, sino respecto del asunto de que se trate, es el propio abogado. Si el abogado cree que lo que pretende el cliente (demandando o defendiéndose) no procede conforme a derecho, debe presentar una petición de insostenibilidad. El abogado cobra mucho menos (como la décima parte) por la insostenibilidad, por lo que le puede resultar rentable encargarse de un proceso a pesar de saber que no tiene futuro de ningún tipo.

En tercer lugar, porque hay otra consecuencia perversa del sistema: el beneficiario de la justicia gratuita, salvo que venga en menos de tres años a mejor fortuna (en cristiano, que su situación económica mejore al punto de no ser ya beneficiario) no pagará las costas, pese a que un juez le condene a ello. Les pondré un ejemplo para que comprendan qué significa esto: una persona decide demandar a otra y le pide un millón de euros en concepto de indemnización de daños y perjuicios. La demanda es simple y llanamente disparatada, pero el abogado no plantea que sea insostenible. El demandado no goza de ese beneficio de justicia gratuita por lo que tiene que buscar abogado y procurador. El abogado escogido le pide 50 000 euros por todo el pleito. La demanda se desestima con imposición de costas al demandante. Se tasan las costas, pero el demandado no recupera ni uno solo de esos 50 000 euros gastados. Este ejemplo no es un caso de laboratorio; es un caso real. Más aún, el abogado de oficio o está obligado a recurrir (en materia penal) o se verá en problemas si no lo hace. En la práctica, recurrirá a instancias superiores, agravando el problema de atasco de la Administración de Justicia.

En cuarto lugar, porque es posible que haya procedimiento aunque no haya nadie a quien defender en realidad. Por ejemplo, en los procesos de extranjería, a menudo el extranjero es expulsado y el abogado, que le ha visto en Barajas, no vuelve a tener contacto con su cliente. Esto no impide que el abogado recurra en vía contencioso-administrativa. Ni tampoco impedirá que se llegue incluso a presentar un recurso de amparo. Mientras tanto, el “cliente” hará seis años que está fuera de España.

Hace mucho tiempo que he defendido, en discusiones con compañeros, que, salvo en el caso de la justicia penal, los beneficiarios de la justicia gratuita deberían pagar los honorarios de los abogados y de los procuradores (y hay más, de los peritos, y de los anuncios en el BOE, y …) y ya saldrían beneficiados porque pagarían mucho menos que cualquier otra persona. Y que, por la misma razón, deberían estar obligados a pagar costas (al menos hasta el límite de lo que cobra su abogado). Sólo así se evitaría esa locura (tan habitual por cierto en asuntos de familia) de personas adictas al turno de oficio. Y sólo así se evitaría que aquéllos que no tienen nada que decir (algo habitual en estos tiempos de deudas) pidan abogado de oficio para ganar tiempo y retrasar demandas perfectamente legítimas.

Vuelvo al principio. Salvo en el caso del único servicio público que es inversión pura y dura, el de la educación pública (y sometiendo éste a requisitos de respuesta por parte de los educandos), en todos los demás casos, repercutir una parte al beneficiario del servicio puede servir para que éste lo valore y para que no lo malgaste.

Nos olvidamos a menudo de que los recortes afectan a personas. No, no estoy pensando en las mismas personas en las que piensa todo el mundo. Verán: un recorte en gasto farmacéutico, por ejemplo, afecta a la empresa que vende el producto, a sus directivos, a sus empleados, a sus socios, a los que le venden los envases, a los transportistas que lo reparten. Por eso, quitar dinero de ahí es bueno sólo si ese dinero se usa para producir más riqueza. Un particular tiene derecho a gastar su dinero en lo que quiera, aunque sea algo estúpido, porque el dinero es suyo. Un Estado no. Un Estado debería evitar gastar y procurar invertir cuando la inversión es necesaria y nadie está dispuesto a hacerla.

Por esa razón, y aunque nuestro primer pensamiento sea que el Estado malgasta nuestro dinero, que pagamos demasiados impuestos, que los ricos pagan poco (y rico es siempre el que tiene más que uno) y que “sólo faltaba” que encima tuviéramos que pagar por la educación o por la sanidad, no estaría de más reconocer que el estado del bienestar no es facilitar una enorme masa de pan y circo que sirva como excusa, como balance, para otros saqueos, sino la concesión de mínimos razonables que deben utilizarse de forma moderada, porque son el patrimonio de todos.