Pepe Albert de Paco: La ley de la relatividad

Anoche volvieron a pasar en TV3 el documental sobre la Crida, una organización amamantada por el pujolismo donde confluían el ardor patriótico y la mojigatería boyscout. Sus militantes se granjearon fama de ‘audaces’ por la temeridad (‘espectacularidad’, se decía por entonces) de algunas de sus acciones. Esa aureola de heroicidad llegó a empañar el rasgo primordial de los ‘cridaires’, esto es, la extorsión a empresas que no hubieran adoptado el catalán como lengua de uso preferente, una práctica que guarda parangón con la impugnación de la realidad o, por decirlo a la manera de Jorge Valdano, con la prohibición de los atardeceres. Obviamente, la emisión del reportaje en vísperas de la Diada ha de interpretarse como la cuña doctrinaria con que TV3 pretende alborotar el avispero (en Cataluña no hay ninguna otra acepción prevista para el concepto de servicio público). Sin embargo, no es eso lo que ahora me ocupa, sino las palabras que Àngel Colom dedica en el reportaje a legitimar la existencia de la Crida. Estas, concretamente: «Había una ley y esa ley se tenía que cumplir». Alude Colom a la Ley de Normalización Lingüística de abril de 1983, cuyo artículo 3, por ejemplo, decía que en «en ningún caso puede discriminarse a alguien por razón de la lengua oficial que utiliza», precepto que habría bastado para que un periodista de verdad (como esta misma semana, por cierto, lo ha sido Manel Fuentes), le hiciera notar a Colom que su entera biografía no ha sido sino fruto de un malentendido. Pasemos eso también por alto y apliquemos el zoom a su declaración, degustemos de nuevo su textura: «Había una ley y esa ley se tenía que cumplir». Bien mirado, cómo va uno a estar en desacuerdo con semejante dictamen; y menos yo, que tan cachondo me pongo con las leyes, ese vergel de castigos y sumisiones, esa epifanía del látex. Estos días, sin ir más lejos, ando de lo más sicalíptico por el auto del TSJC, ya saben, ese que concede dos meses de plazo a la Generalitat para que cumpla las tres sentencias del Supremo que establecen que la política de protección del catalán no puede privar «al castellano de su condición de lengua vehicular de la enseñanza». El Gobierno de la Generalitat (o más bien ese magma que Francesc de Carreras dio en llamar el Partido Unificado de Cataluña) ya ha exclamado por boca de Artur Mas lo que Makinavaja cuando de aplazar una reyerta se trataba: «¡Uy lo que ma dissssho!». Y estos ojos míos no habrán visto rayos C brillar en la oscuridad, pero sí a un ex consejero decir que «hay bastante consenso en la sociedad catalana para no acatar lo que diga el tribunal ése». A la vista del consenso y, sobre todo, de la connivencia del PSOE con eso que Albert Boadella llama la Cosa, no me cabe la menor duda de que la Generalitat seguirá a lo suyo. Lo que supondría, dígase ya, la cristalización en Cataluña de dos hechos capitales para entender cómo funcionan aquí las cosas. Si tres tribunales (el Constitucional, el Supremo y el Superior de Justicia de Cataluña) ordenan a la Generalitat que tome medidas para que las lenguas que son oficiales en la calle también lo sean en la escuela, el nacionalismo acude al campanario e, invocando la cohesión social, se pasa las sentencias por el forro. Si el parlamento se concede el capricho de prohibir las corridas de toros, se aplica la cláusula Colom y al que le guste bien, y al que no, que vaya desfilando para el sur de Francia.